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Este martes ex combatientes de la guerra de Malvinas marcharon a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que fije posición sobre la causa judicial que investiga las torturas en el conflicto bélico. 

A pocos días de cumplirse 40 años de la guerra entre Argentina y Gran Bretaña, veteranos le exigieron a la Corte Suprema de Justicia de La Nación que se pronuncie sobre la causa que investiga a ex militares por presuntas torturas efectuadas a soldados de su misma tropa durante el conflicto de Malvinas.

De igual modo, denunciaron que la investigación que se tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, ubicado en la provincia de Tierra del Fuego, está en suspenso hace 11 meses. Por su parte, la Fiscalía de Tierra del Fuego y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideraron que en la causa se investigan delitos de lesa humanidad.

La manifestación, en tanto, estuvo encabezada por la Comisión Provincial por la memoria -querellante en el proceso judicial-, miembros del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata, el Grupo por la Soberanía, la CTA Autónoma de Buenos Aires, el Centro el Veteranos y Excombatiente Islas Malvinas y el centro de estudiantes de la escuela Normal 1 de la Plata. 

Ernesto Alonso, ex combatiente y secretario de Derechos Humanos del Cecim La Plata, organismo que también oficia de querellante desde 2007, sostuvo: “Pedimos a la Corte el pronto despacho de la causa que se encuentra allí por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra de Malvinas durante la dictadura militar”. 

Por su parte, el abogado del Cecim Jerónimo Guerrero Iraola manifestó: “Lo que queremos es que se los caracterice como crímenes de lesa humanidad para que se pueda investigar y habilitar el juzgamiento a los artífices del horror en Malvinas”, y agregó que parte de los militares denunciados han intentado que se declare la prescripción de la acción penal.

La causa judicial se inició hace 15 años y cuenta con 170 declaraciones de víctimas y cientos de militares denunciados.  En este sentido, la Corte integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, deberá determinar si los hechos denunciados, como la imposición de tormentos o la privación ilegítima de la libertad, serán catalogados o no como delitos de lesa humanidad, De ser así, los mismos no prescribirían. 

Durante el conflicto de 1982, los oficiales del ejército argentino cometieron múltiples crimines contra los jóvenes soldados que fueron a luchar a las islas del Atlántico Sur. El principal medio de tortura que denunciaron los veteranos fue el estaqueamiento a soldados a la intemperie por prolongados lapsos, sin ropa de abrigo, en el medio de un clima prácticamente helado.

Los ex combatientes también contaron que fueron golpeados, que ante faltas disciplinarias los hacían pasar hambre, y que también sufrieron el dolor de las picanas que los militares descargaban sobre sus cuerpos.   

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