En octubre de 2019, en pleno fervor de campaña electoral uruguaya, se filtraron audios comprometedores del entonces Intendente del suroccidental departamento de Colonia, Carlos Moreira, dirigente del Partido Nacional, el mismo del presidente Luis Lacalle. Es abogado, fue senador por el período 2005-2010 y tres veces electo intendente coloniense, cargo que ocupó hasta el 20 de febrero del 2020, día en el que renunció.
El contenido de los audios, en un tono libidinoso, ofrecía cargos públicos a cambio de favores sexuales. El termómetro político escaló a punto de ebullición, quedaban días para la elección presidencial donde finalmente ganó el frente derechista y hubo cambio de signo de gobierno. Los audios del Moreira-Gate parecen no haber movido la aguja electoral y las listas, pasacalles y spot publicitarios se apilaron encima del escándalo.
Las casualidades del calendario hacen que la misma noche en que su causa fuera archivada, Carlos Moreira fue proclamado por la Convención del Partido Nacional como candidato a Intendente una vez más. El ahora candidato para las municipales del 2020 a realizarse a fines de setiembre, fue expulsado del sector al que pertenece, Alianza Nacional, pero no así de su partido.
La fiscal Eliana Travers archivó la causa alegando que “no existían elementos objetivos suficientes”. En marzo el ex Intendente de Colonia Walter Zimmer, también del Partido Nacional, declaró que le resultaba extraño el vínculo de la fiscal Travers con Moreira. El hermano de la fiscal y su padre, integraron la lista del sector de Moreira. El hermano incluso es edil (concejal), suplente de Moreira.
Debido a estas declaraciones, los denunciantes solicitaron que se desarchivara la causa y la misma pasó a manos de otra fiscal, Natalia Charquero. En los primeros quince días de julio la fiscal Charquero volvió a archivar la causa aduciendo que Moreira no se había salido del reglamento de contratación de las pasantías.
El periodista Carlos Peláez, a la semana siguiente, reveló vínculos entre la Fiscal Charquero y el exintendente Moreira. La fiscal es confesa militante del Partido Nacional, participó en el equipo asesor sobre seguridad de campaña de 2014 que también integraba Moreira.
La madre y el padre de la fiscal, en la nueva administración de gobierno, ocupan cargos de confianza política. A raíz de esta situación el Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz, pidió que se inicie una investigación administrativa a la Fiscal Charquero para dilucidar si existe vínculo personal entre el denunciado y la fiscal.
Hasta el momento el Moreira-gate espera tener el dictamen de la justicia acusado de concusión, abuso de funciones y abuso sexual en grado de tentativa; pero el caso ha tenido un giro inesperado con consecuencias, que de concretarse, son más que peligrosas, incluso para los marcos de la democracia republicana representativa.
“Aquí estamos los cabildantes”
El abogado y diputado Eduardo Lust, perteneciente al ultraderechista partido Cabildo Abierto, le ha solicitado al Presidente de la República Luis Lacalle Pou, la destitución del Fiscal de Corte Jorge Díaz, argumentando que se “ataca la autonomía técnica” de los fiscales y “el Estado de derecho.”
El pedido de destitución viene acompañado de un proyecto redactado por el propio Lust a pedido del líder de Cabildo Abierto, el general Guido Manini Ríos, donde le quita competencias al Fiscal de Corte. Manini Ríos, senador, dijo que destituir al fiscal Jorge Díaz sería una buena oportunidad para “encauzar” la Fiscalía General.
Por si quedaba alguna duda de la operación política, el diputado Gustavo Zubía del Partido Colorado, hijo del general de la dictadura Eduardo Zubía, que se presentó a las elecciones con número de lista 9007 y la tipografía de James Bond, presentó otro proyecto para quitarle potestades al fiscal y crear un triunvirato de fiscales.
De la coalición gobernante sólo Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, declaró que el pedido de destitución del Fiscal Díaz es “desproporcionado y excesivo.” El resto de los partidos no se ha manifestado públicamente y el Frente Amplio desde la oposición declaró su disconformidad con el pedido de destitución y brindó total apoyo al Fiscal Díaz.
La gobernante Coalición Multicolor pretende una refundación, o más bien, una restauración del orden que sienten que perdieron durante los quince años de gobierno del centroizquierdista Frente Amplio; revitalizando el proyecto trunco de los años 90 con impronta militar conservadora.
Así lo declaró una exdiputada de Colonia del propio Cabildo Abierto, donde manifestó que dicho partido es manejado por una cúpula militar que se autodenomina “El Consejo”, donde la pantalla civil “es decorativa”.
La estrategia de Cabildo Abierto es la presidencia de 2024. Así es que desgasta poco a poco la coalición, pero se fortalece a sí mismo. Recordemos que el fiscal Jorge Díaz ha sido blanco predilecto de esta nueva formación política. Su líder, el ex general Guido Manini Ríos, tiene causas pendientes con la justicia por delitos de lesa humanidad y su desafuero como parlamentario está tratándose en comisión.
Haz lo que yo digo…
El Partido Nacional pidió informes sobre un programa de televisión que no sigue la línea editorial de los medios hegemónicos. Por su lado el diario El País, oficialista y vocero de la dictadura, promueve en sus editoriales una caza de brujas a todo lo que mínimamente cuestione al gobierno, incluso dentro de la Coalición, con lenguaje de guerra fría.
Matiza todos los casos de corrupción e irregularidades y maximiz las denuncias de la oposición calificándolas como un intento de desestabilización contra el gobierno.
La Coalición Multicolor ya está cumpliendo con los designios de Donald Trump, colocando como canciller a Fernando Bustillo para que diga a voz en cuello que Venezuela es una dictadura. “Uruguay se volvió un satélite de Estados Unidos” dijo el canciller venezolano Jorge Arreaza.
El canciller renunciante, Ernesto Talvi, del Partido Colorado y segunda fuerza dentro de la coalición, se negó a decir tal sentencia sobre el país presidido por Nicolás Maduro y eso le costó el cargo.
El Frente Amplio impávido y poco propositivo desde la oposición, se va oxidando como depositario de las esperanzas populares. La hora marca el fin de la denunciología, las excusas y los lamentos. El proyecto de la oligarquía local que tiene a la Coalición Multicolor como mascarón de proa, está dando señales claras -a tono con la oligarquía continental-, que no hay obstáculo republicano que impida llevar adelante sus objetivos.
A la uruguaya, un retoño de lawfare. Una demostración de fuerza, una pulseada de los límites de la democracia y una puja con los sectores populares, hasta donde resisten, hasta donde se dejan someter. La derecha autóctona, ahora coaligada electoralmente va acorde a la línea que se traza desde la Casa Blanca.
Los cien días que nos esperan antes de la elección presidencial estadounidense reviste incógnitas no muy alentadoras para el sur del sur. Ahí está el golpe de Estado en Bolivia y el intento de proscripción del MAS, el lawfare a Rafael Correa y su partido en Ecuador, la militarización en Chile, las muertes masivas y los despropósitos por parte de Jair Bolsonaro en Brasil
A contrapelo de lo que expresaba el Manifiesto Liminar, la proclama del movimiento de reforma universitaria de Córdoba de 1918, estamos pisando sobre la reacción, estamos viviendo una hora (norte)americana.
Nota publicada originalmente en estrategia.la
