Mitad de tiempo en la presidencia de Luis Lacalle Pou, gestión iniciada el primero de marzo de 2020. Mitad de mandato donde las cartas están a la vista del proyecto del derechista Partido Nacional que comanda la multicolor coalición gobernante en favor de sectores empresariales nacionales y extranjeros, y en especial del agronegocio.
El nivel de aprobación de la gestión de Lacalle, apoyado publicitariamente por una permanente presión de medios y redes sociales, cayó a 37 por ciento de la población, mientras que la desaprobación se ubicó en el 42 por ciento, según los relevamientos de la Usina de Percepción Ciudadana. En tanto, 19% ni aprueba ni desaprueba la gestión.
Históricamentee, el Partido Nacional es un partido asociado al campo y al sector agroexportador, que estableció un nuevo récord en 2021 con 11.550 millones de dólares en ventas al exterior y volverá a hacerlo este año con un incremento estimado de 30%. Este es un gobierno que entiende al agro como sinónimo de país, como motor de la economía y allí es que dirige todas sus energías.
Uruguay XXI proyecta que las exportaciones de bienes alcanzarán en 2022 los 14.100 millones de dólares, esto es, un incremento interanual de 30% con relación a 2021 y de 55% en comparación a 2019, último año de gobierno frenteamplista y último año antes de la pandemia.
En sintonía, Julio Armand Ugón, expresidente y actual dirigente de la Federación Rural (FR), dijo a La diaria que la evaluación del gobierno es “totalmente positiva”. A su juicio, hay un “mejor” vínculo en comparación con el anterior gobierno del Frente Amplio (FA), con el cual “si bien había una buena relación, no te hacían caso”.
Así festejan los líderes gobernantes el dato que anunció que Uruguay tuvo un crecimiento de un 7.7% con respecto al segundo trimestre de 2021. Un dato celebrado por los empresarios y el oficialismo pero que poco condice con la realidad de la población en general. Semana a semana el salario real se ve sumergido por la suba de precios de la canasta básica.
Sindicatos desafían al Gobierno con un mes lleno de paros en Uruguay | Economía | Edición América | Agencia EFE
El 15 de setiembre se realizó un paro general convocado por la central única de trabajadores PIT-CNT. Es el cuarto desde que se inició la gestión Lacalle con la consigna “contra el modelo de la desigualdad”. Según las autoridades de la central obrera, alrededor de un millón de trabajadores y trabajadoras se plegaron a la medida, dentro de una población económicamente activa de casi un millón ochocientas mil personas.
Terminó el invierno pero el presupuesto para muchos organismos del Estado sigue estando bajo cero. La rendición de cuentas le dio presupuesto cero a la estatal Universidad de la República.
Para el senador frenteamplista Daniel Olesker, la Universidad de la República, el Fondo Nacional de Vivienda y el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay junto con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, entran en el podio de los organismos más afectados por la rendición de cuentas para 2023.
Marchas estudiantiles en Montevideo y Canelones
Estudiantes, funcionarios y docentes de la Universidad de la República (Udelar) realizaron un paro de 24 horas el miércoles 21 de setiembre en reclamo por la asignación de un presupuesto mayor para la institución. A su vez varias facultades están siendo ocupadas, como las de Ciencias Sociales, Psicología y Humanidades.
La Facultad de Ciencias está en conflicto así como tantos otros centros de estudio. La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), realizó una sentada en el anexo del Palacio Legislativo.
El rector Rodrigo Arim sostuvo que “estamos ante un enorme riesgo”, al mirar sólo lo que ocurre en el 2022 y no “lo que debería suceder en el 2030” y expresó que “no hay vida universitaria sólida y fecunda que pueda montarse con presupuestos trabajosamente construidos en bases anuales”.
En el mes de agosto un nuevo valor del índice de Precios al Consumidor de 9,5% acumulado en los últimos doce meses corrobora el aumento sostenido que se viene desarrollando desde junio del 2021. Mientras, los salarios y jubilaciones aumentan por debajo de la inflación, es decir, pierden poder de compra.
Está cada vez más claro que el crecimiento del país se lo llevan unos pocos., que están parados sobre la rebaja de salarios, sobre el recorte de la inversión pública. Hoy el Uruguay tiene 66 mil pobres más que en 2019.
Uruguay, uno de los países con menos pobreza crónica de América Latina – 09/03/2015 – EL PAÍS Uruguay
Gabriel Portillo, integrante del Frente Sindical León Duarte, señala que aprovechando la pandemia, la crisis económica fruto de la misma y el debilitamiento relativo del movimiento sindical fruto también de la situación vivida, la burguesía trata de modificar de modo duradero las correlaciones de fuerza entre las clases y de institucionalizar esta modificación, mediante reformas legislativas de las leyes y decretos de negociación colectiva y, una permanente estigmatización de los sindicatos en los medios de comunicación.
En su esencia, esta ofensiva es un intento de desmantelar las conquistas más importantes del movimiento popular y consolidar una nueva correlación de fuerzas a los efectos de fortalecer y recrear una nueva acumulación de capital de largo plazo.
Mientras se hipoteca el futuro de próximas generaciones y por ende el del propio país, el Ministro de Desarrollo Social Martín Lema, declaró que las ollas populares, que resurgieron como respuesta de organizaciones populares para paliar el hambre de los uruguayos en medio de la pandemia de la Covid-19, intentaron «fabricar un relato falso en materia de alimentación».
Todo hambre es político: Uruguay entre ollas populares y ollas de la fortuna | SurySur
El Ministro agregó que pidió datos a la coordinadora de ollas populares por su denuncia de que aumentó la demanda, pero no recibió respuesta. La Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) respondió con un comunicado contundente:
«Esto no es fantasía, lo vemos todos los días. Todos los meses más de un millón doscientas mil porciones de comida se sirven en ollas y merenderos en un país donde en la última semana se tuvo que presenciar el espectáculo insultante e indignante del festejo de quienes se han enriquecido en el marco de esta situación, exportadores de alimentos, especuladores, lavadores, desvergonzados de todo tipo», señaló.
Y contestando puntualmente al ministro: «Es lastimoso y da vergüenza que jerarcas del Mides con sueldos de seis cifras estén desde hace dos años mendigando los datos y cifras que su notoria ineptitud no ha podido arrojar». Para finalizar decidieron convocar a una movilización el día 11 de octubre bajo la consigna «A la desinformación, la mentira, la desigualdad y el hambre, le vamos a poner el cuerpo en la calle».
Y desde el mural, el escritor Mario Benedetti recuerda que sí, y no hace mucho, hubo otro Uruguay, mejor y más justo.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
El caso del narcotraficante uruguayo Sebastian Marset reviste un entramado de implicancias, delitos, corrupción y organizaciones mafiosas a nivel regional de gran envergadura y a su vez aristas geopolíticas que salpica a los países aledaños y hacen mella en la interna del Partido Colorado paraguayo monitoreado por Estados Unidos.
Por más que el apellido de Marset acapare bastante páginas en algunos periódicos y portales de noticias uruguayos, poco se habla de la pieza Marset como parte de un engranaje mucho mayor, que tiene a Uruguay como parte de un esquema de narcotráfico que implica al menos tres países sudamericanos y a Europa y África como destino de la droga.
Primero lo primero
Primero hay que remontarse a la pandemia de Covid-19. El puerto de Santos en Brasil, fue muy controlado en su momento. El trasiego, el movimiento que allí se daba, mermó significativamente y las autoridades locales estuvieron más alertas. Por eso los narcotraficantes optaron por vías alternativas. A eso se le suma la triangulación entre el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, el Primer Cartel Uruguayo, de Sebastián Marset en Uruguay y la ‘Ndrangheta italiana.
Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, máximo jefe del PCC
Marset utilizó viejas rutas donde se traficaba marihuana desde Paraguay para pasar a traficar cocaína. El PCC en el país guaraní ha ganado territorio. Una vieja disputa con el Comando Vermelho (CV), otra de las organizaciones criminales más grandes de Brasil, generó tensiones en las ciudades fronterizas Salto del Guairá y Ciudad del Este, ambas con altos niveles de criminalidad, narcotráfico, homicidios y contrabando.
El departamento de Amambay es una de las principales zonas de producción de marihuana de Latinoamérica. También es el principal fortín del PCC en Paraguay, pues la pandilla se ha consolidado como el mayor comprador de marihuana a los productores locales.
Según los investigadores Bruno Paes Manso y Camila Nunes Dias, el PCC comenzó a discutir lo que llamaron “Proyecto Paraguay” por el año 2010 para expandirse hacia dicho país. “El PCC se había dado cuenta de lo importante que era reducir o eliminar a los intermediarios en la cadena de distribución de drogas”, escriben en su libro A Guerra, obra sobre la facción criminal.
El Clan
Otra organización criminal vinculada con Marset, es la familia Cartes. Sabido es el vínculo de éste con el tío del expresidente paraguayo, Vivero Cartes alias “Papacho”.
Cartes y Mauricio Macri
También eran muy sabidos los antecedentes de Horacio Cartes y sus actos delictivos incluso antes de ser presidente. Lo sorprendente es que con todo esa información sobre la mesa, recién a mediados de 2022 el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió declarar a Cartes Horacio como “significativamente corrupto” y congelar sus activos en dicho país.
En 2017 un informe del Servicio de Investigación del Congreso de EEUU consideraba a Cartes como «el magnate multimillonario del tabaco» y en 2022 señalan «acusaciones de participación en lavado de dinero y tráfico de narcóticos» y «corrupción significativa».
Este golpe a Cartes no deja más que abierto el abanico de especulaciones. Primero, ¿qué pasó en el medio para dicho cambio de opinión? Segundo, ¿es un mensaje no solo a Cartes sino a todo su andamiaje mafioso, así como también al resto de actores criminales en dicho país?
Hay demasiadas cosas en juego y que tienen a Paraguay como centro, y no estamos hablando solo de narcotráfico. Paraguay, por ejemplo, es el único país de Sudamérica que reconoce a Taiwán como país independiente.
Para EEUU, Hugo Velázquez es ‘significativamente corrupto’ al igual que Horacio Cartes
«El hecho que Paraguay es ahora el único país en América del Sur que sigue manteniendo relaciones diplomáticas con Taiwán demuestra claramente la dependencia de esta relación bilateral con EEUU, el gran aliado que, sin embargo, hasta hoy ni permite la importación de carne paraguaya», enfatizó Andrew Nickson, historiador y especialista en estudios latinoamericanos de la Universidad de Birmingham.
Para Julieta Heduvan, licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en Política Exterior de Paraguay, a partir de las acusaciones contra Cartes y el exvicepresidente Hugo Velázquez, se podría hablar de una «centroamericanización» de la política exterior de EEUU. hacia Paraguay. El combate a la corrupción es el punto de conexión entre Paraguay y Centroamérica, según Heduvan.
Otro de los puntos de conflicto donde Estados Unidos se ha metido está ligado a la construcción de la Pastera Paracel, ubicada en la zona de Concepción. Esta obra, con una inversión de 3.200 millones de dólares, cuenta con el capital del grupos sueco Girindus Investments (Suecia) y Copetrol, propiedad del empresario paraguayo Blas Zapag que logró formar parte gracias a una inversión de 1.400 millones de dólares del banco Goldman Sachs. Esto demuestra un primer interés de los estadounidenses.
Versus / La particular foto del festejo de los Zapag tras el clásico
Los Zapag juegan geopolíticamente: uno de los hermanos es uno de los dueños del club Cerro Porteño, tiene negocios en el agro y otros frentes y cuando se privatizó Petrobras, el que compró la franquicia fue Raul Zapag. Blas Zapag y Cartes eran socios pero ahora se especula con que quiere aprovecharse de la caída en desgracia de Cartes para comprar sus empresas.
Tanto la pastera como otros negocios precisan de la Hidrovía Paraná-Paraguay para exportar sus productos. La disputa es por el control del territorio y de los capitales que están ahí. Es un punto fuerte de conflicto inter-elites porque al haber intereses trasnacionales, desde la punta más alta hacia abajo se requiere más control de la hidrovía y eso tensiona la Triple Frontera (Brasil-Argentina.Paraguay).
Un argentino en Brasil: “Hito Tres Fronteras” | Diario de Cultura
«EEUU tiene un interés concreto de instalar una base militar en la Triple Frontera. El Comando Sur viene haciendo operaciones porque entiende que es una zona de riesgo por la presencia de Hezbolá y el lavado de dinero, tráfico de personas, drogas y cigarrillos» señala Leonardo Gómez Berniga, analista político paraguayo.
Estados Unidos pega en la línea de flotación del Clan Cartes con el tema de las tabacaleras y su contrabando. Solo a Uruguay, entre 2014 y 2021, la tabacalera de Cartes transfirió 43 millones de dólares. La Justicia uruguaya había investigado al expresidente por ingresar avionetas con dinero en efectivo, que luego se enviaba desde el Aeropuerto de Carrasco hacia Estados Unidos y Europa.
Las rutas de tráfico de marihuana y contrabando de cigarrillos que se superponen como en papel de calco, hoy son las utilizadas por el PCC brasileño para el narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas.
Las balas pican cerca. Uruguay mira hacia un costado haciéndose el distraído. No solo el PCC está cerca, también el Departamento de Estado.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
Se ha destapado en tierras uruguayas una caja de Pandora de los vínculos y operaciones del narcotraficante Sebastián Marset con el poder político, empresarial y delictivo del Cono Sur. La responsabilidad de las autoridades uruguayas en la fuga del narco, es una papa caliente que se la pasan de mano en mano.
El nombre de Sebastián Marset empezó a ser reconocido a nivel mundial por razones non sanctas. Desde el reciente presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, pasando por cadenas internacionales de prensa y sobre todo en las de Paraguay y Uruguay, se ha hecho conocer.
El caso ha levantado polvareda en altas esferas del gobierno involucrando al propio presidente Lacalle, que el 18 de agosto debió reunirse con su canciller, Francisco Bustillo, y la vicecanciller, Carolina Ache. para pedirles explicaciones por su proceder.
Es que Marset estando detenido en Dubái por problemas con un pasaporte paraguayo adulterado, buscó ayuda para solucionar el impasse contactando a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, e incluso llegando supuestamente a un colaborador del número dos del Palacio de gobierno de Paraguay, el vicepresidente Hugo Velázquez.
Al final, la solución llegó por manos uruguayas, aunque fue en Dubai donde se desarrolló este operativo o cúmulo de coincidencias más que llamativas.
Marset fue detenido en Dubai el 28 de octubre de 2021 por portar un pasaporte apócrifo de Paraguay. Finalmente, la Cancillería uruguaya generó un pasaporte para Marset en noviembre de 2021, quien luego quedó en libertad y, ya advertido de las pesquisas en su contra, no volvió a Paraguay.
Pasaporte a Marset se dió en forma express y desde el servicio exterior uruguayo viajaron especialmente a tomarle las huellas dactilares, cuestionó Bergara – M24 · La radio que nos mueve
Prado Fabra fue la funcionaria que procedió a tomarle las huellas dactilares a Marset en persona y pidió al menos en dos oportunidades que se le indicara cómo proceder con la solicitud de tramitación del documento al narco uruguayo, debido a las advertencias que le habían llegado, informó el diario El Observador, con base en tres fuentes de Cancillería. VTV noticias confirmó que la diplomática había pedido instrucciones a Montevideo para proceder.
Por esas casualidades, el presidente Lacalle Pou, su exesposa Lorena Ponce de Leon y una comitiva de empresarios se encontraban en Dubai al momento en el que a Marset le hacían el pasaporte de manera personal.
Luego, su pasaporte fue retirado por el abogado penalista Alejandro Balbi, un abogado mediático en Uruguay que se caracteriza por tener clientes siempre poderosos e involucrados en causas turbias.
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La Cancillería uruguaya negó haber hablado con Balbi. Luego Balbi dijo que habló con la subsecretaria de Cancillería sobre el tema del pasaporte. Siguiente escena, la número dos de la cartera cambió su declaración y dijo que se había contactado con el abogado de Marset pero que no hablaron por el tema del pasaporte. Para Bustillo, la entrega del pasaporte al narco Marset no afecta “para nada” la reputación del Estado.
Actualmente, Marset está en la lista roja de Interpol debido a sus vínculos con el narcotráfico; concretamente, es buscado por el transporte de al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa, a través de la hidrovía Paraná-Paraguay.
En las últimas horas, Marset envió un video al noticiero de canal 4 de Uruguay negando todo tipo de acusación en su contra y prácticamente saliendo a defender al gobierno uruguayo. Incluso el narcotraficante criticó públicamente al expresidente José Mujica por la legalización de la marihuana.
Los periodistas de canal 4 concluyeron que Marset estaba llamando desde un teléfono con la característica de Sudáfrica. ¿Vale tanto la pena para los gobiernos uruguayo y paraguayo salir a defender al abogado, , a costa de dar cuenta del país donde está, siendo que está requerido por Interpol y la DEA?
El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani apuntó contra el presidente Luis Lacalle y lo criticó por no haber hecho ninguna declaración respecto al escándalo del narcotráficante Marset y cuestionó que el mandatario no le haya pedido la renuncia al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. «Cada vez es peor (…) A partir de una decisión política el Uruguay queda metido en un escándalo internacional muy complejo que desprestigia al país», señaló.
¿Quién es Marset?
Marset es el principal señalado como autor intelectual por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo pasado en Colombia, en plena luna de miel. Este hecho ha dejado a la luz una maraña de vínculos políticos, empresariales, del mundo del fútbol y gobiernos con el narcotráfico a nivel continental.
Sebastián Marset
El fiscal paraguayo estaba encargado de la causa “A ultranza py”. Según medios guaraníes, era la causa de narcotráfico y lavado más grande de la historia del país. De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, la principal motivación para el crimen surgió en abril pasado, cuando se dio la orden de captura en Paraguay contra cinco de los siete hermanos Insfrán; Miguel Ángel Insfrán asumió que Pecci era quien estaba detrás de la investigación y ordenó las capturas..
Pecci, fiscal especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, había investigado a bandas de Brasil, además de lavadores de dinero libaneses de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. También estuvo a cargo de casos sonados como el secuestro y asesinato en 2005 de la hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999), y el enjuiciamiento en 2020 del astro del fútbol Ronaldinho, detenido en Asunción por falsificación de documentos
Ordenan captura internacional de prófugos de la operación “A Ultranza Py”
La Operación A Ultranza Py, realizada en febrero de 2022, implicó 107 allanamientos y la incautación de más de 100 millones de dólares, 98 inmuebles, 28 vehículos, diez avionetas, un helicóptero, 12 carretas, 41 tractores, 48 motos y siete embarcaciones.
“El objetivo Sebastián Marset tendría una participación activa en cada una de estas etapas en las que se desarrollan las actividades ilícitas, por lo cual se lo considera el principal ideólogo, organizador y supervisor de las operaciones ilícitas. Además, sería uno de los destinatarios mayoritarios de las ganancias generadas por el esquema de tráfico internacional de drogas”, revela el informe de inteligencia de A Ultranza Py, según reveló el diario paraguayo La Nación.
Es importante mencionar que los miembros de la organización califican al uruguayo como ‘El Jefe’. Sin embargo, se presume que por encima de él estaría ‘El Jefe Mayor’, que en el proceso de la investigación no fue identificado, refieren los investigadores.
La justicia paraguaya acusa al uruguayo de ser quien organizó la partida por la hidrovía de tres cargamentos por un total de 16 toneladas, descubiertos el año pasado en los puertos de Villeta (Paraguay), de Rotterdam (Holanda) y Amberes (Bélgica).
Contrabando, drogas y un acuerdo trabado: la Hidrovía en alerta roja – Infobae
Para eso, tuvo que generar alianzas con mafias de Europa como la Corsa y la ‘Ndrangheta, organización a la que estaba asociado Rocco Morabito, fugado de la ex Cárcel Central de Montevideo y detenido en las playas de Brasil. Además de la investigación que se realizó en Colombia y Paraguay, Marset es investigado por varias causas en Uruguay.
La primera investigación contra Marset en la Justicia uruguaya fue iniciada el 1º de febrero de 2012 por el delito de receptación. En septiembre de 2013 Marset fue investigado por tenencia de estupefacientes no para su consumo. En octubre de 2013 fue procesado por tres delitos de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de organización y en calidad de coautor, tras la incautación de 170 kilos de marihuana.
En octubre de 2013 una investigación coordinada entre la Unidad de Investigación Sensitiva de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay logró el procesamiento del tío del expresidente de Paraguay Juan Domingo Viveros Cartes.
Juan Domingo “Papacho” Viveros Cartes en ABC Color
Viveros, conocido como Papacho, fue procesado luego de la incautación, en el marco de la operación Wayra, de 450 kilos de marihuana en una avioneta que pertenecía a Horacio Cartes, que aterrizó en un campo cercano a la localidad de José Pedro Varela, en Lavalleja, el 29 de julio de 2012. Marset declaró ante la Justicia ser el destinatario del cargamento incautado.
Otra causa en su legajo es sobre la amenaza que recibió la fiscal Mónica Ferro, la que fue realizada a través de un celular con base en Perú. En este caso también fue imputado el hijo del contratista de futbolistas Gerardo Arias (Uruguay).
La vía del narco
El jefe de los fiscales antidrogas de Paraguay, Marco Alcaraz. Calificó a Marset como “el gerente de la hidrovía”. Prácticamente armó un mercado común del sur de cocaína o un mercasur. Marset tiene vínculos en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay al menos. Sabemos que sus tentáculos llegan hasta Colombia también.
Alcaraz afirmó que la Hidrovía se transformó en un nodo logístico en 2020, en plena pandemia, “luego de que el puerto de Santos, en Brasil, reforzara los controles con escáneres para los contenedores que salían rumbo a Europa y a África”.
Argentina – PTP Group
Las filtraciones de información y protecciones en pro y contra de Marset, son dardos que se tiran por elevación -y no tan velados- entre los sectores que acompañan a Horacio Cartes y Mario Abdo. Este último, junto con Lacalle han querido relanzar la hidrovía del Paraná-Paraguay. Este punto y la flexibilización del Mercosur han sido dos de los insistentes tópicos de ambos mandatarios en cada cumbre de dicho organismo.
Allan de Abreu, periodista brasilero de investigación para la revista Piauí, ha señalado que la vía fluvial es ampliamente utilizada para transportar cocaína boliviana y peruana a Uruguay, y de allí a Europa.
Menciona específicamente a la empresa PTP Group, de capitales argentinos, que gestiona varios puertos en la hidrovía analizada y que, además, opera en Nueva Palmira (Colonia) y Montevideo. Según la página web del grupo, ofrece “sus servicios desde Montevideo, Uruguay; hasta Puerto Murtinho en Brasil, cubriendo así más de 2.232 kilómetros de la Hidrovía Paraná-Paraguay.”
El senador paraguayo Pedro Santa Cruz apuntó contra la empresa Gregser–PTP Warrant, a la que el expresidente Horacio Cartes –según él– le dio la concesión por 20 años.
Bonus track
Como si le faltara algo a este collar de perlas que tiene sumido al gobierno uruguayo en un incendio que se le cuela por todos lados, dado el alcance internacional que está teniendo este caso; en las últimas horas el periodista Gabriel Pereyra soltó en la red social Twitter otra arista del Marset-gate.
Francisco Sanabria con Pedro Bordaberry en la sede de Maldonado de Vamos Uruguay, del Partido Colorado
«Cuando el dueño de Cambio Nelson, Francisco Sanabria, estuvo preso en la cárcel de Campanero, quedó estampado varías veces en el registro de visitas un nombre que con el tiempo se haría famoso: Sebastián Marset Cabrera.”
Según el semanario Brecha, en abril de 2017 Sanabria fue procesado con prisión por delitos de apropiación indebida, libramiento de cheques sin fondo y falsificación de documento privado. El pedido de condena quedó en suspenso por interposiciones de la defensa, a cargo del abogado Jorge Barrera, íntimo de Alejandro Balbi, abogado de Sebastián Marset.
Las flagrantes contradicciones del gobierno en las pocas declaraciones que ha efectuado, el silencio sepulcral de consuetudinarios defensores del oficialismo y el curioso video del narco requerido, hacen pensar que en esta trama todavía queda mucho por navegar.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
En el combo deficitario del capitalismo, las inseguridades (en todas sus expresiones) no son más que síntoma y consecuencia de su sistema económico. Si a eso le sumamos un gobierno que repite sus recetas, cree en el Dios Mercado y repite los salmos del derrame como una trama, los resultados están a la vista.
En la campaña para derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC) el gobierno derechista uruguayo liderado por Luis Lacalle desenvainó el clásico recurso de la polarización y quiso enfrentar a los que estaban a favor de la derogación contra la policía. Incluso se llegó a manifestar, por parte del oficialismo, que sin la LUC los delincuentes iban a tener todo servido para poder delinquir.
Parece que causó efecto la jugada y hoy con la LUC en mano, el gobierno no le puede poner el cascabel al gato. En Uruguay los homicidios aumentaron 39 por ciento en el primer semestre de 2022 según un informe del propio Ministerio del Interior: pasaron de 135 entre enero y junio del año anterior a 188 en este 2022.
Esta cifra supera también al primer semestre de los dos años anteriores, con 179 asesinatos en 2020 y 173 en 2019, último año de gestión del centroizquierdista Frente Amplio (FA).
Además del aumento en cantidad, es el incremento en la violencia, los modus operandi de los homicidios y los femicidios. Por un lado los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, el avance de toma de territorio y por el otro modos crueles de violencia en los hogares con descuartizamientos, cuerpos prendidos fuego, enterramientos en fincas, secuestros y más.
Todas estas noticias ocupan (quizá no tanto como en otros momentos) los minutos centrales de los noticieros radiales y televisivos. Pero al terminar el show mediático esas personas van a parar a algún lugar y su vida sigue.
ONU pide a Uruguay mejorar las condiciones de vida en las cárceles – Noticias Uruguay, LARED21 Diario Digital
El lado oscuro de la luna, del que poco se habla y casi nada se hace, es el sistema carcelario. Uruguay acabó el tramo inicial de la era Lacalle con 13.700 presos en sus cárceles (más de 386 personas por cada 100 mil habitantes), un número aterrador para un país de poco más de tres millones de habitantes.
Las muertes en las cárceles de Uruguay aumentaron un 79% en 2021, advirtió en mayo último el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, que además se mostró preocupado por las condiciones de detención en las prisiones y por la falta de una definición de tortura en la legislación uruguaya.
La ONU exigió adoptar “medidas legislativas y de otra índole” que garanticen que cualquier empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acate “los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad” e instó a velar por la apertura de “investigaciones prontas, imparciales y efectivas de todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden y seguridad pública,” y garantizar que se enjuicie a los presuntos autores.
En particular el Comité de la ONU pidió adoptar medidas urgentes para corregir las deficiencias en los centros penitenciarios, especialmente en el “suministro de agua en las celdas, la falta de camas, los problemas de calefacción e iluminación y el mal estado de las instalaciones eléctricas”; permitir las actividades al aire libre, como el ejercicio físico, las de rehabilitación y las psicosociales y .garantizar la estricta separación entre los reclusos preventivos y los condenados.
Mientras, el informe que el Ministerio del Interior elevó a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Congreso incluyó un dato que augura un explosivo fin de año, con cárceles atestadas: cada semana ingresa un promedio de 100 condenados al Centro de Diagnóstico y Derivación, el órgano encargado de determinar el futuro sitio de reclusión.
Los rescatados del módulo ocho – 24/06/2017 – EL PAÍS Uruguay
Según a un asesor de la Comisión Legislativa en materia carcelaria, “muchos presos entran descalzos o semidesnudos” al recinto carcelario. Son algo más de 14 por día, lo que preanuncia que 2022 cerrará con 5.200 nuevos reclusos, llevando el total de presos a casi 20 mil.
Esto seguramente hará estallar a un sistema que ya padece un nivel de hacinamiento que en algunas cárceles supera el 120%. Con 14 presos en celdas que son para cinco. De las 24 horas del día solo una ven la luz del sol.
¿Así se pretende rehabilitar a una persona? ¿De esta manera se pretende que luego de cumplir su condena salgan a pedir trabajo, estando en condiciones infrahumanas, con adictos en abstinencia, con violencia extrema, enfrentamientos, casi cero programas de educación y de una historia personal, en su gran mayoría, que exhibe una educación formal mínima?
Al menos un 70% de la población carcelaria está en la lista de los “adictos a algo”. De esos miles, “sólo 254 reciben algún tipo de tratamiento de parte de equipos de trabajo altamente especializados pero que tienen carencias de todo tipo para abordar una tarea de semejante entidad”, dijo el experto en cárceles Jaime Saavedra.
En lo que va del año 252 presos se quisieron suicidar y cinco lo lograron. En 2021 se reportaron 16 suicidios en cárceles uruguayas, una más que en 2020 y el doble que 2019.
El Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por el incremento en el número de muertes registradas en las cárceles, que fue de un 79% en 2021. El examen observa un número muy alto de muertes “por falta de asistencia y tratamiento médico” en las personas con problemas de salud mental y pide investigar “de forma imparcial por un órgano independiente” todos los fallecimientos durante la privación de libertad.
Juan Miguel Petit. Foto: Marcelo Bonjour
El comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo que el sistema es como «una manguera agujereada» y «pierde agua por todos lados». Petit plantea que el presupuesto carcelario debe aumentarse en un 20%. Por otro lado el Ministro de Interior Luis Alberto Heber, declaró que no hay recorte presupuestal sino que aumentó la población carcelaria. El chiste se cuenta solo.
Consultado sobre el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, también presentada por el ultraderechista Cabildo Abierto, integrante de la coalición de gobierno, Petit dijo: «Yo entiendo que ya existe en el Código del Proceso Penal todos los mecanismos para dar prisión domiciliaria. Yo creo que el Uruguay ya tiene mecanismos liberales, de Derechos Humanos, muy abiertos y posibles de usar”.
Reiteró que la propuesta planteada no es necesaria ya que es «un mecanismo que ya existe». Otra muestra de que cuando hay voluntad política se pueden lograr cosas. Lástima que en este caso Cabildo Abierto lo planteaba con el fin de liberar a represores de la dictadura.
El cuplé de la murga Diablos Verdes del 2003, “La cárcel de ricos y la cárcel de los pobres” sigue estando más vigente que nunca: «Donde el sistema penitenciario se desdobla /según su apellido y «clase social / «coronitas para algunos/ y para otros no hay piedad»
Quizá habría que preguntarse y reflexionar la inseguridad como un todo y no como un mecanismo lineal de un individuo que comete un delito (signado y definido por las leyes y la moral de la época, parafraseando a Michel Foucault), la policía lo detiene y la justicia lo envía a la cárcel. ¿Y después?
Petit lo plantea claro: “Tenemos la inseguridad que tenemos por el sistema penitenciario que tenemos.”
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
La crisis del 2002 es el embudo y la condensación de la conjunción del poder político, financiero; la corrupción, los familiares, los favores, la vista gorda, el aprovechamiento y la dependencia de un país como el Uruguay.
La crisis del 2002 es ícono de un país que tocó fondo, pero también de la capacidad que tienen los poderes fácticos de lavarse culpas, de matizar sus delitos, de generar un blindaje, aunque el daño que hicieron fue mayúsculo, de alcance nacional e incluso trascendió fronteras.
A 20 años de la crisis hay signos y señales que nos retrotraen a aquella época: ollas populares, caída del salario real, apertura comercial indiscriminada, dependencia de la inversión extranjera directa, Argentina en crisis, blancos y colorados en el gobierno.
Por si faltaba algo, apellidos calcados. Alfie, Bensión, Talvi, Lacalle, Sanguinetti y actores secundarios que también cumplieron su papel desestabilizador y corrupto tras bambalinas. Hoy a 20 años, ¿Uruguay aprendió la lección o está condenada a tropezar dos y tres veces con la misma piedra?
La crisis cíclica
Uruguay ha sorteado crisis con una periodicidad llamativa. Veinte años (más, menos) es la media de distancia entre una catástrofe y la otra. Desde 1873, pasando por 1890; 1913 previa a la Primera Guerra Mundial; 1931 llegando dos años después del crack del 29 en tiempos donde no existía la globalización. El período entre guerras y el post segunda guerra mundial fue favorable para esta nación agroexportadora de materias primas de escaso valor agregado.
Otra crisis se fue cocinando hasta que en el período pachequista que se inició en 1968 se empezó a gestar uno de los proyectos más sangrientos de nuestra historia, que no solo tenía un componente moral y militar (teoría de los dos demonios, la nación en peligro o los militares como última reserva moral de la patria) sino que también uno de los fuertes componentes de la dictadura fue el económico. Hacia 1982, en las postrimerías de la misma, implosiona “la crisis de la tablita”. Exactamente veinte años después se desató la crisis financiera de 2002.
Fue la peor crisis socio-económica, solo comparada con la propia dictadura en cuanto a destrucción del tejido social y productivo; y marcas indelebles a nivel país. Las ollas populares volvieron (como volvieron a volver en el 2020 con la pandemia de Covid-19 y el gobierno de la Coalición Multicolor presidida por Luis Lacalle Pou.)
La migración fue brutal, el desempleo, la pobreza, la marginalidad y la tasa de suicidios alcanzaron niveles históricos.
BBC Mundo | AMÉRICA LATINA | Argentina: “Nada funciona bien”
El relato oficial es que el mundo estaba convulsionado y que Uruguay fue víctima pasiva del Efecto Tequila por la crisis mexicana; de la crisis del real en Brasil y del país hermano Argentina por la crisis del 2001 de similares características a la nuestra.
Es cierto que ante toda crisis existen factores externos e internos. Estos últimos han querido barrerse debajo de la alfombra o más bien reducirlos a su mínima expresión. Sin embargo, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) en 1999 ya advertía en un informe anual, la vulnerabilidad del sistema financiero uruguayo y la falta de controles.
En el libro “2002 – La historia no oficial de la crisis y una lección pendiente” de Carlos Luppi podemos encontrar datos que son contundentes.
El PBI se desplomó un 11%. Pasó de 25.385 millones de dólares en 1999 a 13.603 en 2002. La tasa de desempleo alcanzó un escalofriante 22%, el trabajo informal ascendía a 450.000 personas. 35 mil personas emigraron hacia distintos puntos del globo, principalmente a Estados Unidos y España.
El derrotero de la crisis dejó la industria de la vestimenta desplomada. De 140 empresas que existían en la década del 90, solo quedaron cinco. El salario real cayó un 10.9%. La pobreza arañó el 40%. Los suicidios: un 21.5 por cada 100.000 habitantes. Incluso se conoció la existencia de una “Asociación de suicidas” con 57 miembros.
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La inflación pasó del 3.6% al 25.9%. La devaluación del peso uruguayo fue del 93.7%. El riesgo país alcanzó los 3000 puntos básicos. Los bonos nacionales cayeron su valor nominal en un 65%. Los activos de reserva del Banco Central cayeron de 3.100 millones de dólares a 772. Las exportaciones se redujeron un 38% y las importaciones un 15%. La deuda pública alcanzó un 101%. El sistema bancario perdió el 48% de sus depósitos. Estamos hablando de unos 7.400 millones de dólares. Uruguay cayó al puesto número 46 en el índice de desarrollo humano. El índice de aprobación del difunto y ex presidente Jorge Batlle pasó de un 58% en marzo de 2000 al 5% en 2004.
Suspendieron su actividad cinco bancos privados: Galicia, Crédito, Comercial, Montevideo y Caja Obrera. El extinto Banco de Crédito, fundado a inicios del siglo XX y que en la dictadura fue adquirido por el grupo inversor surcoreano Moon, asociado a la Iglesia de la Unificación; el Banco Montevideo, propiedad de la familia Peirano, que lo adquirió en los 90, aunque desde inicios del siglo estuvo ligada al negocio financiero y ya tenía antecedentes de haber fundido en la década del 70 los bancos Popular y Mercantil.
La Caja Obrera, fundado un siglo atrás por el Círculo Católico de Obreros, incorporado al grupo de negocios de los Peirano; y el Banco Comercial, que registra actividad desde hace un siglo y medio, llegando a escena en los 90 los hermanos Carlos y José Rohm, banqueros argentinos que asumieron la gestión, aunque la propiedad era compartida con bancos internacionales como JP Morgan y Credit Suisse.
“Una manga de ladrones del primero hasta el último”
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Si hablamos de oligarquía, linaje y negocios, el clan Peirano es el que reúne todas las condiciones. En 1902 el comerciante Pedro Facio fundó junto a otros accionistas el Banco Popular del Uruguay.
El clan Peirano, que desde los 60 venía haciendo desfalcos y estafas, eran ministros, grandes abogados, profesores encumbrados de la Universidad de la República. Terminaron su derrotero de ladrones, estafando a un país entero.
Jorge Peirano Facio, el patter totum del clan, en 1971 su Banco Mercantil fue intervenido por excesivo endeudamiento, por tener una cartera de colocaciones concentrada fraudulentamente y por maniobras ilícitas diversas con una red de financieras, con testaferros al frente, ocupada en el vaciamiento de la institución de origen.
Hermanos Peirano buscan archivar causas y reparar imagen dejada en la crisis de 2002
En febrero de 1973, el juez penal Héctor Amilivia detuvo y procesó a Jorge Peirano Facio ―por entonces presidente del Banco Mercantil― por delitos bancarios (había pergeñado varias quiebras fraudulentas). El banquero tenía por abogados, entre otros, a Ramón Díaz y Adela Reta. Jorge continuó en el Banco Central. Mediante sus negocios y quiebras acumuló durante toda la dictadura una fortuna en tres países.
En diciembre de 2002 volvió también a ser procesado por fraude, treinta años después de su primera quiebra fraudulenta en el Caso Peirano. Encarcelado en Uruguay por el delito de «insolvencia societaria fraudulenta», una estafa bancaria de 800 millones de dólares estadounidenses.
El martes 6 de agosto de 2002 la Justicia uruguaya detuvo a Jorge y Dante Peirano Basso y a tres gerentes de los Bancos Montevideo y Caja Obrera. Estaban acusados de haber defraudado a cientos de ahorristas. Los hermanos Juan y José Peirano, responsables del vaciamiento de esta entidad seguían prófugos. Aunque dos días después se entregó José Peirano Basso.
Según documentos que pudieron acceder varios medios de comunicación, el gobierno Uruguayo sabía al menos desde Febrero de 2002 que el Grupo Peirano realizaba maniobras irregulares desde el Banco de Montevideo y Caja Obrera que podrían conducir a la entidad a una situación de insolvencia.
Los Rohm
Carlos Puchi Rohm, dueño del Banco General de Negocios, amigo de Henry Kissinger y socio de David Mulford, a su vez socio de Domingo Cavallo, Puchi Rohm había sido procesado por coimas pagadas en el escándalo IBM-Banco Nación y figuraba en los expedientes que el Congreso argentino investigaba en torno a la mafia del oro y la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
El presidente argentino Carlos Menem (2R) está con los ex presidentes George Bush, de los Estados Unidos, (R), y Luis Lacalle (C), de Uruguay, y los presidentes electos de Argentina, Fernando de
A pesar de sus antecedentes, Puchi Rohm había recibido del gobierno de Menem el Banco de Santa Fe, en cuyo directorio figuraba José Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura militar, que transcurrió entre los años 1976 y 1983.
El 1º de diciembre de 1999 en una importante residencia de La Recoleta se realizó una reunión, que si no hubiera sido por una oportuna foto publicada por Página 12, hubiera pasado inadvertida. Allí estaban los expresidentes George Bush (padre), Luis Alberto Lacalle y Carlos Menem, junto al presidente Fernando De la Rúa y el electo Jorge Batlle. También estaban el banquero David Mulford y los anfitriones Carlos y José Rohm.
Según trascendidos de la época, “en la reunión se habló sobre lavado de dinero”. En el año 2004, Lacalle (padre), entrevistado por el periodista Daniel Figares en el programa Ciudad oculta (Canal 12), dijo que “había sido una reunión social en la que se encontraron viejos conocidos”. Pero repreguntado recordó “que los banqueros estaban preocupados por una posible legalización del consumo de drogas, asunto en carpeta de Batlle, y cómo ello afectaría la circulación de dinero por el sistema bancario”, relata el periodista Carlos Pelaez.
Caso Rohm: prescribió una causa clave de corrupción por fuga de dólares en 2001
De libretos y banqueros
Apellidos “ilustres” reaparecen, se duplican, re-protagonizan capítulos aciagos con desenlaces que ya conocemos. Da la sensación que cada generación empieza de cero, desgarrada de la anterior y de la siguiente, y ellos, que parece que son los únicos que siguen el hilo del argumento de la historia; o muchas veces son libretistas y directores de la misma, se pasean por el teatro de la realidad en bata, anunciando una nueva crisis.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
Esta semana en Uruguay se escribió un nuevo capítulo de impunidad. La Fiscalía pidió el archivo de la causa que investigaba espionaje en democracia. La investigación concluyó que existió espionaje ilegal y “debilidad de los controles institucionales y democráticos”, pero el fiscal consideró que los delitos prescribieron. Las cloacas del Estado, los servicios de inteligencia, los herederos de la dictadura cívico-militar (1973-1985) salieron indemnes una vez más.
El Archivo Castiglioni
En octubre de 2015 el fiscal Carlos Negro y la jueza Beatriz Larrieu incautaron 60 cajas que contenían archivos de la dictadura reunidos por el exdirector de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Víctor Castiglioni.
Castiglioni es señalado como el cuadro de los Comando Caza Tupamaros, y uno de los coordinadores de los escuadrones de la muerte junto a Armando Acosta y Lara, Oscar Delega, Hugo Campos Hermida, y Ernesto Motto. Era uno de los nexos uruguayos con la triple A argentina incluso antes de que tomara forma el Plan Cóndor con las demás dictaduras del Cono Sur, lo que se dice un “pesado” de la represión antisubversiva.
El voluminoso archivo (65 cajas de papel, 500 disquetes y más de 100 CDs) reúne documentos oficiales, registros de seguimientos y notas de Castiglioni que llegan hasta 2015, es decir que los aparatos de inteligencia militar continuaron operando más de 30 años luego del retorno democrático.
Este archivo fue heredado por su sobrino, Elmar Castiglioni, quien además de docente del Centro de Altos Estudios Nacionales CALEN fue el vocero del Foro Libertad y Concordia, organización que se ha destacado por hacer una abierta defensa de golpistas y torturadores, siempre bajo la mirada tolerante de los distintos partidos políticos que fueron gobierno (colorados, blancos y frenteamplistas), incapaces de dictar mínimas sanciones ante diversas declaraciones de reivindicación de la dictadura y el terrorismo de Estado.
Junto a documentos calificados como reservados hay recortes de prensa, audios e informes nacionales e internacionales sobre distintos temas. El archivo cuenta con información sobre lo sucedido en dictadura, y también sobre el periodo democrático, mostrando la continuidad de estas prácticas aún luego del retorno de la democracia.
Los documentos revelan, entre otras cosas, la presencia en Uruguay de Licio Gelli, líder de la logia Propaganda Due (P2), organización criminal italiana con vínculos con todo el sistema político de aquel país y que varios miembros de la masonería uruguaya, que fueron también miembros de la logia.
Castiglioni también mostró su interés por la situación en Centroamérica (Nicaragua, Cuba, etc.), por la organización separatista vasca ETA y por el caso Berrios, militar pinochetista que fabricaba armas letales y fue asesinado por militares chilenos y uruguayos.
El semanario Brecha, sostiene que entre los objetivos de este esquema de inteligencia paraestatal estuvieron Jorge Batlle, Liber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti, Gustavo Penadés, Azucena Berrutti, la fiscal Mirtha Guianze, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Setelich, Jorge Vázquez.
Víctor Castiglioni, titular de la Dirección General de Información e Inteligencia entre 1971 y 1982
Asimismo, los jueces penales Alberto Reyes y Rolando Vomero, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Colorado, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, el Partido Comunista, la Unión de Trabajadores del Metal y el sindicato de la estatal telefónica Antel.
Se comprobó además que los archivos tienen información que llega al año 2015 con documentos referidos al plebiscito del 2009 por la derogación de la ley de Caducidad, referencias a actividades de políticos y gremialistas y posiciones de los partidos sobre diversos temas.
Archívese
El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Enrique Rodríguez, archivó la causa que investigaba actividades ilegales de inteligencia militar y policial en democracia. Para Rodríguez, “es contundente la evidencia obtenida” en cuanto a la existencia de “acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y, en principio, hasta 2005, por agencias de inteligencia del Estado”, pero planteó que los delitos que podrían imputarse, prescribieron.
Fiscalía pidió el archivo de la causa que investigaba espionaje en democracia | la diaria | Uruguay
La denuncia penal fue presentada en noviembre de 2018 por el entonces diputado frenteamplista Luis Puig, tras el trabajo de la comisión investigadora que estudió entre noviembre de 2016 y agosto de 2018 los “Archivos Berruti”, hallados en el Ministerio de Defensa, en 2006. Por unanimidad, los legisladores decidieron presentar los antecedentes a la Justicia.
En la causa declararon 20 personas, principalmente, integrantes de las Fuerzas Armadas, y se incorporaron los 63 testimonios de jerarcas, funcionarios, militares y autoridades que comparecieron ante la comisión investigadora. Rodríguez coincidió con el informe final de la comisión que concluyó que después de 1985 se mantuvieron las estructuras de inteligencia de la dictadura cívico-militar y destacó la debilidad de las instituciones para controlarlas.
En esa línea, destacó las omisiones de los actores políticos y recordó que el expresidente Julio María Sanguinetti “negó categóricamente” que hubiera existido el espionaje en democracia y “después [lo] tuvo que aceptar”.
Entre las declaraciones realizadas en la Fiscalía entre mayo de 2019 y julio de 2021, está la del exagente de Inteligencia Jorge Charleta Guldenzoph, quien admitió haber trabajado en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) hasta 1996 e incluso relató que, en 1990, las autoridades de inteligencia policial le pidieron que se quedara. Charleta comenzó a colaborar con la dictadura tras ser detenido como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas
El 20 de mayo de 2019 declaró ante el fiscal el excapitán Héctor Erosa, quien denunció que entre 1990 y 1996 existió espionaje ilegal contra partidos políticos desde el Batallón de Ingenieros de Combate 2 de Florida.
Democracia tutelada, espionaje y persecusión. | Partido por la Victoria del Pueblo
Erosa identificó al coronel retirado Eduardo Ferro como uno de los principales impulsores de esas prácticas y aseguró que fue él quien ordenó operativos contra militantes políticos y llevó a la unidad militar archivos de inteligencia para conformar una estructura de contrainteligencia encargada de investigar a los propios militares.
En su dictamen, el fiscal Rodríguez concluye que las “acciones irregulares e ilícitas de espionaje” se cometieron desde 1985 y, “en principio, hasta 2005”. También señala que persiste la duda de si esas actividades continuaron.
En esa línea, el dictamen hace referencia a un pasaje de la sesión de la comisión investigadora del 29 de agosto de 2018, en la que se alude al robo de archivos de la dictadura y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, cuando se estaba discutiendo el contenido del informe final de la comisión, y particularmente las responsabilidades institucionales de los gobiernos entre 1985 y 2005, por la falta de control de sus servicios de inteligencia.
Aquí no ha pasado nada
Los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y los exministros del Interior de Lacalle, Juan Andrés Ramírez, y de Defensa de Jorge Batlle, Yamandú Fau, aseguraron que no estaban en conocimiento de ninguna actividad de espionaje a políticos y activistas sociales.
El tictac de la política: los vínculos de cada partido con el tiempo y el reloj de los presidentes
Lacalle Herrera, padre del actual mandatario, negó, en diálogo con la radio Universal, haber ordenado actividades de espionaje y afirmó que lo que se hizo fue “recopilar información, que es distinto”. Sanguinetti, por su parte, apuntó contra el fiscal: en diálogo con el diario El País, dijo que sus conclusiones son “un disparate” y que “nunca” ordenó “espiar a nadie”, si bien señaló que los servicios de inteligencia “siempre” deben estar atentos a lo que pasa en los ámbitos políticos y sindicales.
Curiosas declaraciones del exmandatario, ya que la práctica del espionaje se intensificó notablemente entre 1987 y 1989, período de su primera presidencia en el que primero se juntaron firmas para el referéndum y después se produjo la consulta popular para derogar la ley de caducidad. El objetivo de la inteligencia militar estuvo perfectamente alineado con los propósitos presidenciales, que, por supuesto, coincidían con los de los militares.
Samuel Blixen, analista del semanario Brecha, señaló que el dictamen del fiscal Rodríguez “revela la apatía del sistema por saber quién, cómo y por qué las prácticas de la dictadura se mantuvieron intactas. Y también la sospechosa indiferencia por conocer hasta dónde permeó esa vigilancia, para qué sirvieron los resultados de ese espionaje y en qué se utilizó la información recabada. Ese no querer saber tiene tufo a complicidad.” remató.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
Los homicidios aumentaron 39 por ciento en el primer semestre de 2022 según un informe del propio Ministerio del Interior: pasaron de 135 entre enero y junio del año anterior a 188 en este 2022, cifra que supera también al primer semestre de los dos años anteriores, con 179 asesinatos en 2020 y 173 en 2019, último año de gestión del centroizquierdista Frente Amplio (FA).
Para el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, la política de seguridad es “acertada porque las cifras de los delitos bajan”, aunque “no han podido dar con los homicidios”. Planteó que “estamos en el buen camino” y atribuyó “el éxito” a la presencia policial y la «política contra el narcotráfico”. Vale destacar que del total de homicidios del semestre, 47% no fueron aclarados.
Luego, el jerarca expresó: “Ni estamos en el mejor de los mundos en junio, ni estábamos en un infierno en mayo. Hay que ver toda la secuencia de los meses”. En realidad, toda la carrera política del ministro Heber se ha caracterizado por ser un parlamentario destacado por su oratoria: embarullar, embaucar y hablar mucho para terminar diciendo nada.
Desde la salida de la dictadura estuvo en el Parlamento y suma cero gestión en sus espaldas. El único momento en el que estuvo al frente de un cargo ejecutivo fue en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en ese lapso regaló el puerto a la multinacional belga Katoen Natie por 60 años, en un acuerdo demasiado vidrioso, por cierto.
Sobre las causas de los homicidios, se determinó que 50% fueron por “conflicto entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas”, es decir que 94 personas fueron asesinadas en este contexto en el primer semestre.
El 15% de los homicidios –28 casos– fueron por violencia intrafamiliar y situaciones relacionadas, y otro 15% –29 casos– por motivos que se desconocen. A su vez, por altercados espontáneos no domésticos hubo 20 homicidios, lo que representa 11% de los casos.
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“Tenemos un récord de desbaratar organizaciones y tapiar bocas de pasta base”, declaró Heber, un ministro que se ufana de combatir el narcomenudeo. Se incautan unos pocos gramos, se encarcela a algún responsable de esa boca y otro de la familia sigue a las pocas horas con el negocio, pero no se ataca a los distribuidores de la droga, mientras los puertos europeos reciben toneladas de cocaína provenientes de Uruguay.
Según el Ministro del Interior, “hoy la gente está más segura que en 2019”, aunque “no todo lo que quisiéramos”. Siempre su referencia es hacia los gobiernos anteriores, los del Frente Amplio, tapando la realidad de un país bajo el gobierno de la coalición derechista que preside Luis Lacalle.
En ese sentido planteó: “Tenemos que seguir trabajando en materia de homicidios. Los planes territoriales que hemos venido ejecutando están dando buenos resultados, y vamos a continuar con ellos”. Como ejemplo, dijo que tras los varios homicidios ocurridos durante mayo en el barrio montevideano de Peñarol, se puso “presencia policial, un plan territorial no sólo en Peñarol sino en toda la zona, que ha generado mayor seguridad”.
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Curioso que cite el caso de Peñarol, porque luego del despliegue policial y mediático, luego que los gendarmes, helicópteros y cámaras inundaran la pantalla y el barrio, a la hora de retirarse, apareció un cadáver en el mismo lugar del operativo policial.
Por su parte, Gustavo Leal, exdirector de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior en la última gestión del Frente Amplio, declaró en radio Universal: “[Heber] dijo que la política es acertada porque los delitos bajan. Yo creo que está recorriendo un camino similar al del capitán del Titanic, no quiere reconocer que hay un fracaso”.
También sostuvo que “no se puede decir que la política es acertada si hay 39% de incremento de los asesinatos”, y añadió que “ya ni siquiera el 2019 es excusa”.
Pasaportes hackeados
A partir de un pedido de informes de la senadora del Frente Amplio Silvia Nane, trascendió que en 2020 hubo un ataque electrónico en el que hackearon 84 mil pasaportes electrónicos, que fue calificado como “intrusión” de “severidad alta” por el Ministerio del Interior.
Hackearon 84.000 pasaportes electrónicos, pero desconocen alcance total del ataque
Para Heber, el hackeo de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) fue por “computadoras viejísimas; eso es lo que heredamos”. El exdirector general del Ministerio del Interior, Federico Laca lo niega y señala que “se hizo la mayor inversión en tecnología de la historia”
Para Laca es llamativo que esto se sepa un año después de que sucedió el incidente. “El gobierno dice ser muy transparente, pero tuvo que existir un pedido de informes de Nane y luego pasar más de un año para estar hablando sobre información personal de 84 mil personas”, sentenció.
En línea con lo planteado por Laca, Rubén Amato, que dirigió la DNIC desde 2007 hasta el cambio de gobierno en marzo de 2020, cuestionó al ministro Heber en Twitter: “¿Computadoras obsoletas? ¿Por qué no revisan las dos últimas auditorías en seguridad y el informe del BID sobre seguridad, previo a comenzar la emisión de los nuevos pasaportes en el 2015?. Hay que hacerse cargo de una vez”, sentenció.
Hackeo en 2020 comprometió la información de, al menos, 84.000 pasaportes electrónicos – Gente d’Italia
Por su parte, Enrique Amestoy, experto en Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), publicó un hilo en Twitter en el que explica la renovación de equipamiento que hubo en el MI y también desmintió al actual ministro.
“Desde 2010 el Ministerio del Interior ha hecho un cambio total de sus servidores e infraestructura. Doy fe de ello. Hardware de última generación, todo muy bien planificado. Hágase responsable ministro Luis Alberto Heber. Si la DNIC tuviera los datos en Data Center del MI, esto no pasaba”. “Investigue”, señaló.
Más allá de temas técnicos y afrentas, esta es otra perla de este gobierno en materia de seguridad y en cualquier otro tema. El hacerse cargo de sus actos y decisiones no es algo que esté en sus agendas. Hace más de dos años que gobiernan y cualquier problema se lo achaca al Frente Amplio.
Las excusas están a la orden del día. En plena pandemia se dijo que los delitos bajaron por políticas del gobierno, cuando la cuarentena mundial dictaba otra realidad. Según un estudio de la ONU la pandemia incidió en la baja de delitos. El ministro del Interior en ese momento decía que eso “es falso.” Ahora con la salida a la luz de nuevas cifras de delitos y homicidios Heber dijo: “Siempre he dicho que incidió la pandemia en la baja de delitos.”
Si hay algo en lo que se puede trazar una línea transversal a lo largo de las últimas tres décadas (al menos), es en el tema de la inseguridad. El saldo es que todos los gobiernos fracasaron. Y no es por caer en “son todos lo mismo” o “izquierda y derecha no existen más”. Es que han aplicado prácticamente las mismas políticas, la derecha con su “mano dura” y el progresismo con su pragmatismo punitivista, no han salido del enredo.
Si se sigue comparando mes a mes, trimestre a trimestre, año a año pero no se proyecta con visión a futuro y una perspectiva sistémica: los jóvenes pobres de este país envejecido, van a seguir poblando las cárceles, los últimos con los penúltimos van a seguir enfrentándose y teniéndose miedo entre sí, mientras señores que no le conocemos el rostro, van a seguir lucrando con el negocio del que tiene miedo y se protege.
Y con aquellos que no tienen nada, siquiera miedo.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
Una nueva rendición de cuentas (re)confirma por enésima vez el carácter regresivo del gobierno neoliberal encabezado por Luis Lacalle. Salvo en las exportaciones, – de las que aún se espera por su efecto derrame- el resto de áreas del Estado han sufrido recortes, vaciamientos o desfinanciación.
Estamos hablando de áreas sensibles como OSE, encargada del agua potable; de UTE, la estatal de energía eléctrica, de la salud, tan ponderada en pandemia y tan recortada luego de que los flashes y las cámaras apuntaran hacia otro lado. Incluso dentro de la propia policía el ajuste llegó, a pesar de ser uno de los caballos de batalla de campaña del actual gobierno. El sindicato en varios departamentos reclama aumento salarial, porque de arengas televisivas y mano dura no vive la gente.
Nuevamente es el turno de la educación. De los 100 millones de dólares en recortes desde que inició este gobierno, ahora el ajuste vuelve en la rendición de cuentas. “Están recortando el futuro”, alertó la Federación Nacional de Profesores (Fenapes).
A esto se agrega el artículo 431 de la Rendición de Cuentas, que elimina el adicional del pago del Fondo de Solidaridad, que se destina a la Universidad de la República (Udelar). Se desoyó a la institución en su pedido de aumento. Es una reducción permanente, para todos los años, del orden de 15 millones de dólares
La Udelar, única institución pública terciaria y universitaria, recibirá 0% de presupuesto, tendrá que campear lo que queda de este período de gobierno como pueda. En ella se desarrolla el 80% de la investigación científica del país, fundamental para paliar la pandemia y para el desarrollo del país en general.
El gobierno anunció que la ciencia recibirá un aumento de 26 millones de dólares. Cifra que por la propia comunidad científica fue estimada como insuficiente. Al revisar los artículos de la rendición de cuentas disponibles en la página web del gobierno, constataron que el aumento en realidad era de 0,0006% del PBI, es decir unos cuatro millones de dólares.
En dos años le recortaron a la Udelar un 5.9% de su presupuesto y ahora las autoridades declaran que tendrá un incremento de cero. Interesante oxímoron, muy usado por los neoliberales. Además del error estratégico de cualquier nación para su desarrollo, deja en evidencia el proyecto de país que quiere el gobierno de Lacalle Pou: educación sólo para los ricos.
El discurso del presidente siempre versa sobre lo moderno, el futuro, el avance. Habla de “subirnos al tren de los países desarrollados, abrirnos al mundo, liberalizar la economía, que vengan los capitales privados y así el país crecerá”.
Ese es el discurso, el relato. Ahora vienen los hechos. Es verdad que se ha liberalizado la economía. Se cree en la teoría del derrame, pero lo único que ha crecido en Uruguay son las exportaciones de los grandes productores de materias primas. Seguimos siendo, en el concierto internacional, un país de productos primarios a merced del vaivén del precio de las commodities. Soja, lana, carne, madera, por ejemplo.
No docentes, docentes y estudiantes de la UdelaR paran hoy por más presupuesto – Grupo R Multimedio
Entonces, ¿dónde queda ese país moderno, de avanzada? Porque si algo ha tenido el gobierno del padre de Lacalle Pou (Luis Lacalle Herrera) y él mismo, es hablar de futuro y modernidad. ¿Dónde queda el futuro cuando se le da 0 peso a la educación terciaria universitaria y todo lo que ello implica?
El Presidente Lacalle defendió proyecto de Rendición de Cuentas y dijo que atiende necesidad educativa no con «dinero frío sino con dinero humano».
Quitar del medio la ley de medios
Este proyecto de país es para algunos pocos y deja a mucha gente afuera, y solo cierra con garrote y represión, pero antes de esta etapa es necesario saltar el cerco mediático, que a esta altura ya es un dique de contención. Por eso se pretende modificar la ley de medios, brindándole regalías a los canales privados de comunicación.
Los corrillos palaciegos dicen que esta ley tiene nombre y apellido. Es más conocida como Ley Romay, en referencia al dueño de canal 4 y miembro de una de las familias oligarcas de Uruguay.
De aprobarse las disposiciones contenidas en la rendición, volvería a quedar vigente la posibilidad de establecer sanciones a las emisoras por “perturbar la tranquilidad pública” o “menoscabar la moral y las buenas costumbres”, normativa establecida por la dictadura (1973-1985).
El proyecto de la nueva ley de medios (parte I) | La Mañana
La iniciativa del Ejecutivo propone derogar toda la normativa anticoncentración mediática dispuesta por la ley de medios. Esta establece que una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad, total o parcial, de más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión.
El gobierno también propone derogar los mecanismos de asignación de frecuencias de radio y televisión que establecía la ley de medios anterior, que si bien mantenían la decisión final en manos del Poder Ejecutivo, incorporaban concursos y procedimientos transparentes. Estos se eliminarían y el otorgamiento de frecuencias volvería a ser potestad discrecional del Ejecutivo, sin asesoramiento previo más que el de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec).
Además, se deroga una disposición que generaba perjuicios económicos a los medios, como el pago de canon y precio por uso de espectro, si bien esta nunca llegó a aplicarse. Asimismo, se elimina el Consejo de Comunicación Audiovisual y los procedimientos administrativos y judiciales para que los ciudadanos hagan valer sus derechos, entre otros a la no discriminación y a la no exhibición de violencia excesiva dentro del horario de protección al menor.
La desigualdad no para y los precios siguen al alza. La inflación reporta un 10.9% en alimentos, 8% en vestimenta, 7.2% en vivienda, 8.1% en hogar, 8.5% en salud y 13.6% en transporte. Por esta razón- y muchas otras más- es que la central única de trabajadores PIT-CNT , realizó este jueves 7 de julio un paro general parcial con movilización desde Plaza Independencia y concentración en el Palacio Legislativo, bajo la consigna: “Con el pueblo. Por nuestros derechos, contra el ajuste regresivo”.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
El 27 de junio se cumplieron 49 años del último golpe de Estado cívico-militar en Uruguay (1973-1985). Plan Cóndor, desapariciones, torturas, expropiación de bebés y una larga lista de aberraciones. Todo eso y más, para instalar un proyecto económico a sangre y fuego.
Se inauguraba una nueva etapa del capitalismo y los poderes fácticos no titubearon un segundo en aplicarlo. Sus consecuencias y sostenimiento a lo largo del tiempo perduran hasta el día de hoy, a pesar de haber retornado la democracia y haber pasado por la ola progresista a principios del siglo XXI.
Marcha del Silencio recuerda a víctimas de la dictadura uruguaya | Noticias | teleSUR
Cara o cruz
La década del 70 en América Latina tuvo las dos caras de una moneda. Por un lado un movimiento social, popular, sindical de fuste, robusto y combativo; pero por el otro se desplegaron las alas y las garras de las peores dictaduras de nuestra historia. Uruguay no fue la excepción. Mientras en las calles y en los centros clandestinos se torturaba, en fatuos escritorios se pergeñó el ajuste y la persecución a la clase trabajadora. La moneda se decantó por el lado del neoliberalismo.
La misma madrugada del golpe la Central Nacional de Trabajadores (CNT) se declaró en huelga, que duró 15 días. El 30 de junio fue ilegalizada la CNT y requeridos sus principales dirigentes, que pasaron a la clandestinidad o fueron capturados.
El 4 de julio de 1973 el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 518/73, habilitó el despido sin indemnización “por notoria mala conducta” en la órbita pública y privada. Esto facilitó la persecución de los huelguistas por parte de las patronales, así como la eliminación de mano de obra “improductiva”, como personas próximas a jubilarse y con problemas de salud.
La dictadura “significó un descenso del salario y las pasividades a menos del 50% de su valor en 1968, la destrucción de 50.00 productores agropecuarios, el cierre de centenares de pequeñas y medianas industrias, y un sideral aumento del endeudamiento externo que pasó de 716 millones de dólares en 1973 a 6.000 millones de dólares en 1985”, señala Miguel Carrió en su libro “País vaciado”.
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El modelo de plaza financiera se instauró en el Uruguay en 1974. En mayo de 1979 se eliminaron los encajes bancarios, culminando un proceso de progresiva reducción, y se eliminaron los regímenes promocionales de financiamiento de las exportaciones.
La dictadura liberalizó la economía en medio de la crisis mundial del petróleo. La expansión del endeudamiento externo bruto pasó de 478 millones a 3.919 millones de dólares entre 1973 y 1985. Agregado a esto, la reducción del poder de compra de los salarios en un 60%, comparando 1984 con 1971.
Finalmente, en noviembre de 1979 comenzó a regir una reforma tributaria en la que se generalizó la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, se rebajaron los aportes patronales a la seguridad social y se derogó el Impuesto a las Actividades Financieras y el Impuesto Único a la Actividad Bancaria, que gravaba la actividad financiera.
La transferencia fue del orden de 5.000 millones de dólares de 1981: ese fue aproximadamente el valor del PIB al fin de la dictadura y esa fue la magnitud de la deuda externa del país. Es decir, trabajadoras y trabajadores perdimos en los años de dictadura ingresos equivalentes a la deuda externa uruguaya.
Aun con la crisis de 1981 a 1984, el producto interno Bruto (PIB) al final de la dictadura era mayor que el del inicio, y junto a ese mayor crecimiento de la riqueza, el salario bajó a la mitad.
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La falta de garantías para los reclamos laborales, las dificultades para conseguir un empleo, la incorporación de mano de obra sin experiencia en tareas especializadas y el multiempleo contribuyeron a que las patronales tuvieran mejores condiciones para aumentar la productividad del trabajo con la trágica consecuencia de muertes por accidentes laborales y mutilaciones que incapacitaban a los trabajadores.
El hoy es tan ayer
La política aperturista al mercado internacional conllevó un aumento de las exportaciones con déficit en la balanza comercial, ya que las importaciones eran superiores. Como consecuencia de la falta de negociación colectiva y las dificultades para el accionar sindical reivindicativo, hubo una caída sostenida del salario real, pasando a la mitad entre 1973 y 1985, lo que se sumaba a la caída del período anterior. ¿Década del 70 o 2022?
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La dictadura no solo fue una máquina de muerte. El golpe de Estado en Uruguay fue la inauguración de un proyecto económico implantado a sangre y fuego. La corrupción, el aumento de la deuda pública y el manejo de los fondos públicos de manera irregular estuvieron a la orden del día y siguieron derramando su efecto en la transición democrática o más bien en la democracia tutelada por los militares que tuvo el país desde 1985.
La década de los 90 estuvo gobernada por los tradicionales Partido Nacional y Colorado, como históricamente sucedió hasta el 2004 con el ascenso del centroizquierdista Frente Amplio. Fue una década donde se iniciaron procesos que hasta el día no han tenido freno. Por un lado la infantilización de la pobreza, mientras la percepción de la corrupción creció a pasos agigantados. El narcotráfico era tapa de diarios, junto al lavado de dinero en Punta del Este, las SAFIs (Sociedades Anónimas Financieras) y el vaciamiento de bancos.
Los intentos privatizadores se instalaron por doquier, algunos truncos, algunos exitosos. Las zonas francas crecieron a mansalva, mientras se verificaba el desmantelamiento de la industria nacional. Los gobiernos “neoliberales” avanzaron sobre el salario indirecto, desfinanciando, privatizando y tercerizando los servicios públicos como la salud, la educación y la vivienda. La antesala de la crisis del 2002 estaba lista.
Si muchas veces se habla de oleadas en el campo progresista, hay que hablar también de oleadas neoliberales que a veces también vienen como mareas. Se puede trazar un hilo conductor desde los 70 hasta el presente. La macroeconomía sigue su rumbo sin variación alguna, lo dijo el mismísimo Ministro de Economía de la dictadura Alejandro Vegh Villegas, al ser consultado por la política económica del Frente Amplio.
Hoy asistimos a otra entrega de soberanía mayúscula: el puerto, las tierras, la rambla costanera, el agua, cada vez más zonas francas para que no tributen aquí, cada vez más mega proyectos inmobiliarios, ghettos de ricos, “cantegriles” de pobres. Cada vez más ollas populares, aunque las exportaciones no paren de aumentar.
Cada veinte años, nuevas crisis para que viejos dilemas no se resuelvan y los capitalistas de siempre vuelvan a acumular y concentrar riqueza y poder. La dictadura no fue un delirio de hombres malos.
Hoy no se precisa un golpe de Estado para dominar. La institucionalidad republicana cobija en su seno dicha explotación. Esa misma dictadura de la que hablamos, debilitó de manera contundente al campo popular. Preestreno para arrasar con todo lo público. Obra que, lamentablemente, aún no se vislumbra su final.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
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