El gobierno uruguayo liderado por Luis Lacalle ha dado un paso más, abonando el camino adoptado desde el inicio de su gestión, de retraer al Estado para que los capitales privados puedan hacer negocios. En este caso, nada más y nada menos fue el agua.
El gobierno pretende instalar una planta potabilizadora de aguas del Río de la Plata en Arazatí, sobre la costa del departamento de San José, plan presentado en octubre de 2020, con el nombre de Proyecto Neptuno, por el consorcio Aguas de Montevideo, que integran las empresas privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast.
El presidente anunció la concreción del proyecto Arazatí, mejor conocido como Neptuno, en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva en la que participaron el ministro de Ambiente, Adrián Peña, el presidente de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Raúl Montero, y la vicepresidenta del ente público, Susana Montaner.
Lacalle destacó que la inversión va a superar los 200 millones de dólares y que puede alcanzar los 500 millones de dólares en la etapa del saneamiento. Será “una inversión que hace a la seguridad de poder tener agua potable sin perjuicio de sequía, de fallas técnicas“, y suma “la posibilidad de tener saneamiento en una gran cantidad de pueblos de nuestro país, que va a alcanzar seguramente el número de 60“, sostuvo el presidente.
Prosiguió defendiendo el proyecto, y señaló que el modelo de negocio se plantea que el privado sea “quien diseña, financia, construye y mantiene la infraestructura que queda al servicio de OSE“, y que “hasta tanto no esté construida la infraestructura y al servicio de la empresa pública nacional, para que ella se encargue de la potabilización, el Estado no pagará nada; es decir, la gente no pagará nada“.
Edgardo Ortuño, representante frenteamplista en el directorio de OSE, señaló que “hay una disminución del rol de la empresa pública con la promoción de proyectos millonarios de gestión privada con escaso contralor de OSE ni contralor de la oposición“.
Además se manifestó en redes sociales tras el anuncio y criticó que no se tuviera en cuenta la advertencia de la academia sobre el impacto ambiental de la obra. “Gobierno aprobó Neptuno con cambios sustanciales y llamado a licitación, con 24 horas para su estudio, sin informes de técnicos de OSE. La Planta de Arazatí será más chica de lo previsto y la tubería de menor calidad“, indicó.
“Se harán menos obras con gestión privada, 300 millones de dólares más cara que la gestión pública. OSE operará y pagará 40 millones de dólares por año al consorcio propietario de la planta por la disponibilidad de la infraestructura. Mal negocio, contrario al Plebiscito del Agua de 2004“, señaló.
En el año 2004 la ciudadanía se enfrentó a un plebiscito en el que tenía que decidir por la privatización del agua o no. El 64.7% del padrón electoral, decidió por la opción social antes que la mercantil y ratificó mediante la voluntad popular que: “la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico“.
Federico Kreimerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, dijo a la diaria que en la conferencia Lacalle presentó el proyecto “como lo que no es”, porque dice que no es una privatización pero sí lo es “en los hechos“. “Se va a firmar un contrato con una empresa que va a hacer el proyecto en sí, el estudio ambiental, la obra, después va a mantener la infraestructura y le va a abrir la puerta a la OSE para que la opere; no deja de ser un contrato con privados“.
Ya en 2013 se generó una fuerte señal de alarma como consecuencia de elevados niveles de contaminación en la cuenca del Río Santa Lucía,uno de los principales reservorios de agua dulce del país, que abastece de agua potable a casi dos millones de personas mediante la gestión de OSE.
“La presencia de cianobacterias de gran tamaño, consecuencia del exceso de fósforo y nitrógeno, provenientes de la fertilización, además de generar episodios de mal olor y sabor en el agua potable puede llegar a producir irritación en los ojos, problemas en la piel, gastroenterocolitis“, según el informe 10 respuestas a 10 mentiras sobre la minería.
Desde 2014 se venían barajando posibilidades sobre distintos proyectos de represas, por ejemplo el proyecto de construir una sobre el arroyo Casupá, en una zona de sierras con agua mucho menos afectada por contaminación que la del resto de la cuenca del Santa Lucía.
Para esta iniciativa ya está aprobada una línea de crédito de 80 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América Latina, cuya ejecución las actuales autoridades decidieron postergar al tiempo que resucitaban la alternativa de Arazatí, antes descartada por razones técnicas.
Balneario Arazatí | Outdoor, Boat, Coastline
Un informe solicitado por la empresa estatal OSE a una consultora israelí, en el marco del Plan Neptuno considera que no es oportuno realizar el proyecto potabilizador en Arazatí. El trabajo, bajo el nombre de Mekorot, expresa entre sus conclusiones que “Se trata de un informe muy somero producto de una visita de una semana, cuyo objetivo según sus autores es “entender el abastecimiento de agua a Montevideo y analizar el proyecto Neptuno“.
Los estudios internos y externos dicen que la demanda de agua potable en 2045 va a tener un déficit. Se le dará a la empresa privada la propiedad y el mantenimiento de las obras y la infraestructura. Esto tiene un sobrecosto de 41 millones de dólares por poder operar una planta de agua potable, un costo de 1.100 millones de dólares.
“Se lo dijimos al presidente de la República: Usted va a bajar la calidad del agua del oeste de Montevideo y le va a dar mejor agua a la gente del otro lado“, expresó el presidente del sindicato de funcionarios de OSE Federico Kreimerman.
A las críticas y oposición al proyecto se sumó la intendencia de Montevideo que entiende que el directorio de OSE desconoció “el derecho fundamental de participación social” al no consultar a la sociedad civil, además de argumentar que está legitimada para reclamar que se haga efectivo este derecho.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
LiberArte suena a obra de teatro adolescente o a algún centro cultural venido a menos. Pero no, es el nombre del evento que eligieron los libertarios de ultraderecha del Río de la Plata para reunirse en Uruguay. No es ninguna de las dos cosas nombradas al principio o quizá una mezcla de las dos.
El evento se realizó el sábado 12 de noviembre de 14 a 23 horas. El costo fue de 550 pesos uruguayos (14 dólares aproximadamente. La gráfica del evento anunciaba la presencia de libertarios de ultraderecha argentinos y algunas figuras uruguayas.
Los mismos participantes lo calificaban de “un evento liberal sin precedentes”. Pero lo que pareció ser el lollapalooza de los protofascistas repetidores de la palabra libertad, fue más bien un encuentro de adolescentes rabiosos en un local de poca monta en el centro montevideano, con una participación que no alcanzó las 200 personas.
Los panelistas fueron bastante variados, desde periodistas a youtubers, Karina Mariani periodista argentina; Federico Leicht periodista y escritor uruguayo devenido en provocador de las redes sociales; Fernando Doti abogado uruguayo crítico del actual gobierno de derechas de Lacalle “por no girar hacia la libertad” y Rodolfo Fattoruso, el único (quizá junto con Carlos Maslatón) que tienen una trayectoria hecha.
Fattoruso, entre otras cosas, es periodista, escritor, fue asesor de los dos ex presidentes de la República por el Partido Colorado -Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle- e incluso ofició de portavoz del Círculo Militar entre 2006 y 2007.
En la segunda parte del evento se presentaron los autocalificados como influencers Emanuel Dannan, cantante, conductor de un programa de radio y el abogado Francisco Oneto, conocido en las redes como “el abogado nivel Dios” por sus argumentaciones sumamente rebuscadas y técnicas para defender lo indefendible.
Completó la nómina de jóvenes libertarios de ultraderecha Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como El Presto, otro influencer, quizá el más polémico. En 2020 fue denunciado por la primera dama argentina Fabiola Yáñez a raíz de tres videos publicados durante ese año. Previo a su entrada al juicio en febrero de 2022, El Presto organizó una murga con sus seguidores en las puertas del tribunal; que dictó una sentencia de treinta días de prisión domiciliaria
Estuvo involucrado en el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner. Fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria dieron a conocer audios y mensajes dando cuenta de una relación íntima que El Presto mantenía con Brenda Uliarte, detenida y procesada por ser la presunta instigadora y partícipe del hecho e integrante de la banda de “Los Copitos”.
En setiembre de 2020, Prestofelippo escribió en Twitter, refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner: “Vos no vas a salir viva de este estallido social. Te queda poco tiempo”. Inmediatamente después del hecho, Prestofelippo publicó en su perfil de Instagram un video aludiendo a que el fallido magnicidio había sido una «puesta en escena».
Lo que reúne a estos personajes es un profundo anticomunismo. Instigan a sus seguidores con el miedo del comunismo y el marxismo cultural, que ya no existe y es viejo pero que está en todos lados. Vaya razonamiento.
Son antifeministas y contrarios a la diversidad sexual, su estandarte es otro invento como el marxismo cultural, en este caso “la ideología de género”. Portan una prédica antisindicalista de las más rancias. Son también antiestatistas,
Carlos Maslatón y Javier Milei
En el caso de los argentinos son antiperonistas al hueso y forman parte del armado que apoya a Javier Milei como candidato a la presidencia de Argentina. Son liberales en lo económico y conservadores en lo social. Arengadores de odio, segregación y discriminación, varios de ellos negacionistas de la dictadura y los desaparecidos.
Por último y con una pequeña separación coloco a Carlos Maslatón. Un liberal de la primera hora. Se define como capitalista manchesteriano. Tuvo su pasaje por la política y luego se dedicó al mundo financiero. Por más que sea liberal no comparte todos los puntos con los anteriores. No es un instigador de las redes ni es antiperonista e incluso reconoce logros del peronismo a lo largo de la historia del vecino país.
La importancia que le dio Maslaton a esta charla la graficó en su tuiter personal: “Sí, hoy hablo aquí en Montevideo. Pero no sé de qué ni la hora. Estoy en el bus de Colonia Express. Llego y pregunto de qué quieren hablar y procedo. Puede ser de muchas cosas, pero lo que cuenta es el gusto de la audiencia.”
Las pocas intervenciones que se divulgaron son simplemente una repetición de lo que expresan día a día por redes estos personajes. Sus dardos van dirigidos hacia un Estado opresor que todo lo controla y no permite la libertad. La libertad entendida para ellos es la individual, la de hago lo que quiero sin importar el de al lado y si tengo que vender mis órganos para subsistir, qué viva el mercado de órganos, como se le ocurrió a Javier Milei.
Si bien llaman la atención estos movimientos libertarios y aparentan tener formación, basta con escarbar un poco la superficie y se encuentra un discurso de barricada muy llamativo, pero con escasa consistencia conceptual, señala el medio derechiosta argentino Infobae.
Están en contra del globalismo, algunos son negadores del cambio climático; George Soros posa sus garras por detrás de cualquier organización que no sea de su agrado. Para ellos, los gobiernos de izquierda por más livianos y socialdemócratas que sean, son la reencarnación del Unión Soviética y un regenerado Stalin doblemente vil. Y los gobiernos de derechas son demasiados blandos y laxos con sus políticas liberales.
Son grandes repetidores de frases de Milton Friedman, Friedrich Von Hayek, Ludwig Von Mises, Murray Rothbard, pero su praxis está más a la altura del escritor devenido en propagandista Mario Vargas Llosa.
Ojo, tampoco hay que subestimarlos, porque si algo han sabido hacer las ultraderechas europeas y latinoamericanas últimamente, con prolífico financiamiento, es construir programas, discursos, plataformas y un sentido de pertenencia dado hacia un enemigo en común a pesar de las fronteras y la distancia.
Allí tenemos el ejemplo de lo que sucederá en México este 17 de noviembre, en los días previos al 20 de noviembre, fecha en la que se conmemora y celebra el inicio de la Revolución Mexicana. donde la ultraderecha internacional se congregará en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), un evento con actores de la talla de Lech Wallesa, Steve Bannon y poniendo a Javier Milei como estrella en este lollapalooza del fascismo.
Milei ya es diputado, en Europa hay gobiernos de esta calaña y aunque en Uruguay todo llegue tarde, las cosas llegan. ¿Alguien está poniendo las barbas en remojo?
Como dice un rapero: “por amor y por vicio…se convirtió en mi oficio.” La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
De país ejemplo en políticas antitabaco a favorecer a empresa de cigarrillos. La tabacalera que opera en Uruguay tiene línea directa con el gobierno y logró que el presidente neoliberal Luis Lacalle firme un decreto que la beneficia gracias a un aporte de campaña. El contrabando es la excusa, pero los argumentos se hacen humo.
Humo entre pasaportes
Uruguay por estas semanas ha sido foco internacional por varias noticias alarmantes. Primero el caso del narcotraficante Sebastián Marset, donde la cancillería de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos le expidió un pasaporte con celeridad siendo que estaba detenido justamente por portar un pasaporte falso. Marset es señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia.
Luego, el caso de Alejandro Astesiano, efe de custodia del presidente Lacalle que montó una asociación para delinquir en plena Torre Ejecutiva, en las narices del Presidente, de la secretaría de Inteligencia y de altos funcionarios de gobierno. Otra vez los pasaportes. Esta vez se fraguaron documentos públicos para poder obtener pasaportes uruguayos legítimos. En esta operativa están involucrados ciudadanos rusos con una operativa que denota años de existencia.
Pero entre medio de estos dos casos, donde el eco en portales de noticias internacionales sigue resonando, Uruguay retrocedió varios pasos en una política de Estado de la que había sido granjeado el país a nivel mundial: políticas antitabaco en beneficio de la salud de la población y por ende conflictos con grandes tabacaleras.
El presidente Lacalle, el 2 de setiembre, firmó un decreto que modifica la Ley de Protección del Derecho al Medio Ambiente Libre de Humo de Tabaco y su Consumo (18.256), reglamentada por el decreto 120 de 2019, relativa al empaquetado y etiquetado de cigarrillos.
El decreto flexibilizó la política antitabaco para “competir más efectivamente” con el contrabando. A partir de ese momento se permite la venta de cigarrillos en cajillas blandas, que fueron prohibidas durante la presidencia del médico centroizquierdista Tabaré Vázquez.
Mediante ley, Uruguay corrige errores y cambia reglas para etiquetar cigarrillos – CRC 891
Entonces se suprimió de la redacción la prohibición de incluir en los cigarrillos logos o inscripciones de las marcas, que ahora podrán “incorporar la identificación” que las caracteriza. Según informó el diario conservador El Observador, el decreto fue aprobado sin contar con la opinión de la Comisión asesora para el control de tabaco del Ministerio de Salud Pública.
En 2014 ya se había consagrado en la Ley 19.259 el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, el que “establece el camino a seguir para combatir el contrabando, entre las cuales se definen medidas para regular la cadena de suministro, con la máxima transparencia posible respecto de toda relación que puedan mantener con la industria tabacalera”.
Especialistas tanto dentro de Uruguay como de fuera han señalado que esta política es un retroceso desde todo punto de vista. La Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) presentó primero un recurso de revocación contra el decreto y un recurso de amparo.
La Facultad de Medicina le ha recordado al gobierno que esta “política de Estado” posibilitó que disminuyera “la prevalencia de consumo de tabaco en adultos uruguayos de 32% en el año 2001 a 19% en la actualidad, siendo la disminución aún más pronunciada en las generaciones jóvenes, impactando favorablemente en indicadores de salud de nuestro país”.
Lacalle Pou, con un escueto decreto, destrozó la ponderada política antitabaco del FA
Once días después de firmar el decreto, es decir el 13 de setiembre, ante medios informativos Lacalle admitió que ese decreto fue a pedido de la empresa tabacalera Montepaz S.A. En palabras del presidente que contestó en modo irónico: “»¿Quién se dedica a producir cigarros en Uruguay? Montepaz y, ¿quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz» y remató «No, si me lo pidió una fábrica de chicles».
Seguidamente el presidente adujo no recibir presiones por parte de la tabacalera y lo calificó de “una falta de respeto” y esgrimió su ya clásico argumento del “ya me conocen” con intenciones de generar complicidad en los periodistas y de manera práctica no habilitar al debate. Ese mismo argumento fue usado en el Caso Astesiano y las contradicciones pasaron a ser mentiras. Los mandatarios deben rendir cuentas y su gestión es la que habla.
Varios medios de prensa publicaron que la empresa tabacalera Montepaz contribuyó a la campaña electoral de Lacalle de 2019 que a la postre lo colocara como presidente de la República, con 14 mil quinientos dólares. ¿Eso es lo que vale la salud de los uruguayos?
Bocanada de humo
Atrás quedó el combate a las tabacaleras y específicamente el litigio que tuvo el Estado uruguayo contra la multinacional Philip Morris, juicio que fue ganado por el Estado uruguayo, reconocido internacionalmente y tomado como “leading case”.
Histórico fallo a favor de Uruguay en el juicio contra la tabacalera Philip Morris – BBC News Mundo
El contrabando de cigarrillos mueve cientos de miles de millones de dólares alrededor del mundo y en el Mercosur tiene uno de sus puntos de mayor concentración. La principal ruta de contrabando de tabaco y cigarrillos tiene su origen en Uruguay y Paraguay y termina en la Zona Económica Especial del municipio de Maicao, en La Guajira, Colombia. El cargamento hace escala en Aruba, desde donde se reenvía a Maicao, e incluso a Venezuela.
Más de la mitad de las marcas ilegales provienen de Uruguay y Paraguay, considerados los ‘reyes’ del cigarrillo de contrabando en la región. Solo a Uruguay, entre 2014 y 2021, la tabacalera del ex presidente paraguayo Horacio Cartes transfirió 43 millones de dólares.
Y es de conocimiento público que las rutas de contrabando de tabaco y cigarrillos son usados por los narcotraficantes de la región para transportar cocaína, entre otras drogas.
Resta saber las conexiones profundas de la política uruguaya con las tabacaleras. ¿Este decreto firmado por Lacalle es solo una devolución de favores por la campaña? ¿Es solo negocios para que Montepaz comercialice más o hay otras cuestiones que aún se nos escapan?
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
Mitad de tiempo en la presidencia de Luis Lacalle Pou, gestión iniciada el primero de marzo de 2020. Mitad de mandato donde las cartas están a la vista del proyecto del derechista Partido Nacional que comanda la multicolor coalición gobernante en favor de sectores empresariales nacionales y extranjeros, y en especial del agronegocio.
El nivel de aprobación de la gestión de Lacalle, apoyado publicitariamente por una permanente presión de medios y redes sociales, cayó a 37 por ciento de la población, mientras que la desaprobación se ubicó en el 42 por ciento, según los relevamientos de la Usina de Percepción Ciudadana. En tanto, 19% ni aprueba ni desaprueba la gestión.
Históricamentee, el Partido Nacional es un partido asociado al campo y al sector agroexportador, que estableció un nuevo récord en 2021 con 11.550 millones de dólares en ventas al exterior y volverá a hacerlo este año con un incremento estimado de 30%. Este es un gobierno que entiende al agro como sinónimo de país, como motor de la economía y allí es que dirige todas sus energías.
Uruguay XXI proyecta que las exportaciones de bienes alcanzarán en 2022 los 14.100 millones de dólares, esto es, un incremento interanual de 30% con relación a 2021 y de 55% en comparación a 2019, último año de gobierno frenteamplista y último año antes de la pandemia.
En sintonía, Julio Armand Ugón, expresidente y actual dirigente de la Federación Rural (FR), dijo a La diaria que la evaluación del gobierno es “totalmente positiva”. A su juicio, hay un “mejor” vínculo en comparación con el anterior gobierno del Frente Amplio (FA), con el cual “si bien había una buena relación, no te hacían caso”.
Así festejan los líderes gobernantes el dato que anunció que Uruguay tuvo un crecimiento de un 7.7% con respecto al segundo trimestre de 2021. Un dato celebrado por los empresarios y el oficialismo pero que poco condice con la realidad de la población en general. Semana a semana el salario real se ve sumergido por la suba de precios de la canasta básica.
Sindicatos desafían al Gobierno con un mes lleno de paros en Uruguay | Economía | Edición América | Agencia EFE
El 15 de setiembre se realizó un paro general convocado por la central única de trabajadores PIT-CNT. Es el cuarto desde que se inició la gestión Lacalle con la consigna “contra el modelo de la desigualdad”. Según las autoridades de la central obrera, alrededor de un millón de trabajadores y trabajadoras se plegaron a la medida, dentro de una población económicamente activa de casi un millón ochocientas mil personas.
Terminó el invierno pero el presupuesto para muchos organismos del Estado sigue estando bajo cero. La rendición de cuentas le dio presupuesto cero a la estatal Universidad de la República.
Para el senador frenteamplista Daniel Olesker, la Universidad de la República, el Fondo Nacional de Vivienda y el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay junto con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, entran en el podio de los organismos más afectados por la rendición de cuentas para 2023.
Marchas estudiantiles en Montevideo y Canelones
Estudiantes, funcionarios y docentes de la Universidad de la República (Udelar) realizaron un paro de 24 horas el miércoles 21 de setiembre en reclamo por la asignación de un presupuesto mayor para la institución. A su vez varias facultades están siendo ocupadas, como las de Ciencias Sociales, Psicología y Humanidades.
La Facultad de Ciencias está en conflicto así como tantos otros centros de estudio. La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), realizó una sentada en el anexo del Palacio Legislativo.
El rector Rodrigo Arim sostuvo que “estamos ante un enorme riesgo”, al mirar sólo lo que ocurre en el 2022 y no “lo que debería suceder en el 2030” y expresó que “no hay vida universitaria sólida y fecunda que pueda montarse con presupuestos trabajosamente construidos en bases anuales”.
En el mes de agosto un nuevo valor del índice de Precios al Consumidor de 9,5% acumulado en los últimos doce meses corrobora el aumento sostenido que se viene desarrollando desde junio del 2021. Mientras, los salarios y jubilaciones aumentan por debajo de la inflación, es decir, pierden poder de compra.
Está cada vez más claro que el crecimiento del país se lo llevan unos pocos., que están parados sobre la rebaja de salarios, sobre el recorte de la inversión pública. Hoy el Uruguay tiene 66 mil pobres más que en 2019.
Uruguay, uno de los países con menos pobreza crónica de América Latina – 09/03/2015 – EL PAÍS Uruguay
Gabriel Portillo, integrante del Frente Sindical León Duarte, señala que aprovechando la pandemia, la crisis económica fruto de la misma y el debilitamiento relativo del movimiento sindical fruto también de la situación vivida, la burguesía trata de modificar de modo duradero las correlaciones de fuerza entre las clases y de institucionalizar esta modificación, mediante reformas legislativas de las leyes y decretos de negociación colectiva y, una permanente estigmatización de los sindicatos en los medios de comunicación.
En su esencia, esta ofensiva es un intento de desmantelar las conquistas más importantes del movimiento popular y consolidar una nueva correlación de fuerzas a los efectos de fortalecer y recrear una nueva acumulación de capital de largo plazo.
Mientras se hipoteca el futuro de próximas generaciones y por ende el del propio país, el Ministro de Desarrollo Social Martín Lema, declaró que las ollas populares, que resurgieron como respuesta de organizaciones populares para paliar el hambre de los uruguayos en medio de la pandemia de la Covid-19, intentaron «fabricar un relato falso en materia de alimentación».
Todo hambre es político: Uruguay entre ollas populares y ollas de la fortuna | SurySur
El Ministro agregó que pidió datos a la coordinadora de ollas populares por su denuncia de que aumentó la demanda, pero no recibió respuesta. La Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) respondió con un comunicado contundente:
«Esto no es fantasía, lo vemos todos los días. Todos los meses más de un millón doscientas mil porciones de comida se sirven en ollas y merenderos en un país donde en la última semana se tuvo que presenciar el espectáculo insultante e indignante del festejo de quienes se han enriquecido en el marco de esta situación, exportadores de alimentos, especuladores, lavadores, desvergonzados de todo tipo», señaló.
Y contestando puntualmente al ministro: «Es lastimoso y da vergüenza que jerarcas del Mides con sueldos de seis cifras estén desde hace dos años mendigando los datos y cifras que su notoria ineptitud no ha podido arrojar». Para finalizar decidieron convocar a una movilización el día 11 de octubre bajo la consigna «A la desinformación, la mentira, la desigualdad y el hambre, le vamos a poner el cuerpo en la calle».
Y desde el mural, el escritor Mario Benedetti recuerda que sí, y no hace mucho, hubo otro Uruguay, mejor y más justo.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
El caso del narcotraficante uruguayo Sebastian Marset reviste un entramado de implicancias, delitos, corrupción y organizaciones mafiosas a nivel regional de gran envergadura y a su vez aristas geopolíticas que salpica a los países aledaños y hacen mella en la interna del Partido Colorado paraguayo monitoreado por Estados Unidos.
Por más que el apellido de Marset acapare bastante páginas en algunos periódicos y portales de noticias uruguayos, poco se habla de la pieza Marset como parte de un engranaje mucho mayor, que tiene a Uruguay como parte de un esquema de narcotráfico que implica al menos tres países sudamericanos y a Europa y África como destino de la droga.
Primero lo primero
Primero hay que remontarse a la pandemia de Covid-19. El puerto de Santos en Brasil, fue muy controlado en su momento. El trasiego, el movimiento que allí se daba, mermó significativamente y las autoridades locales estuvieron más alertas. Por eso los narcotraficantes optaron por vías alternativas. A eso se le suma la triangulación entre el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, el Primer Cartel Uruguayo, de Sebastián Marset en Uruguay y la ‘Ndrangheta italiana.
Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, máximo jefe del PCC
Marset utilizó viejas rutas donde se traficaba marihuana desde Paraguay para pasar a traficar cocaína. El PCC en el país guaraní ha ganado territorio. Una vieja disputa con el Comando Vermelho (CV), otra de las organizaciones criminales más grandes de Brasil, generó tensiones en las ciudades fronterizas Salto del Guairá y Ciudad del Este, ambas con altos niveles de criminalidad, narcotráfico, homicidios y contrabando.
El departamento de Amambay es una de las principales zonas de producción de marihuana de Latinoamérica. También es el principal fortín del PCC en Paraguay, pues la pandilla se ha consolidado como el mayor comprador de marihuana a los productores locales.
Según los investigadores Bruno Paes Manso y Camila Nunes Dias, el PCC comenzó a discutir lo que llamaron “Proyecto Paraguay” por el año 2010 para expandirse hacia dicho país. “El PCC se había dado cuenta de lo importante que era reducir o eliminar a los intermediarios en la cadena de distribución de drogas”, escriben en su libro A Guerra, obra sobre la facción criminal.
El Clan
Otra organización criminal vinculada con Marset, es la familia Cartes. Sabido es el vínculo de éste con el tío del expresidente paraguayo, Vivero Cartes alias “Papacho”.
Cartes y Mauricio Macri
También eran muy sabidos los antecedentes de Horacio Cartes y sus actos delictivos incluso antes de ser presidente. Lo sorprendente es que con todo esa información sobre la mesa, recién a mediados de 2022 el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió declarar a Cartes Horacio como “significativamente corrupto” y congelar sus activos en dicho país.
En 2017 un informe del Servicio de Investigación del Congreso de EEUU consideraba a Cartes como «el magnate multimillonario del tabaco» y en 2022 señalan «acusaciones de participación en lavado de dinero y tráfico de narcóticos» y «corrupción significativa».
Este golpe a Cartes no deja más que abierto el abanico de especulaciones. Primero, ¿qué pasó en el medio para dicho cambio de opinión? Segundo, ¿es un mensaje no solo a Cartes sino a todo su andamiaje mafioso, así como también al resto de actores criminales en dicho país?
Hay demasiadas cosas en juego y que tienen a Paraguay como centro, y no estamos hablando solo de narcotráfico. Paraguay, por ejemplo, es el único país de Sudamérica que reconoce a Taiwán como país independiente.
Para EEUU, Hugo Velázquez es ‘significativamente corrupto’ al igual que Horacio Cartes
«El hecho que Paraguay es ahora el único país en América del Sur que sigue manteniendo relaciones diplomáticas con Taiwán demuestra claramente la dependencia de esta relación bilateral con EEUU, el gran aliado que, sin embargo, hasta hoy ni permite la importación de carne paraguaya», enfatizó Andrew Nickson, historiador y especialista en estudios latinoamericanos de la Universidad de Birmingham.
Para Julieta Heduvan, licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en Política Exterior de Paraguay, a partir de las acusaciones contra Cartes y el exvicepresidente Hugo Velázquez, se podría hablar de una «centroamericanización» de la política exterior de EEUU. hacia Paraguay. El combate a la corrupción es el punto de conexión entre Paraguay y Centroamérica, según Heduvan.
Otro de los puntos de conflicto donde Estados Unidos se ha metido está ligado a la construcción de la Pastera Paracel, ubicada en la zona de Concepción. Esta obra, con una inversión de 3.200 millones de dólares, cuenta con el capital del grupos sueco Girindus Investments (Suecia) y Copetrol, propiedad del empresario paraguayo Blas Zapag que logró formar parte gracias a una inversión de 1.400 millones de dólares del banco Goldman Sachs. Esto demuestra un primer interés de los estadounidenses.
Versus / La particular foto del festejo de los Zapag tras el clásico
Los Zapag juegan geopolíticamente: uno de los hermanos es uno de los dueños del club Cerro Porteño, tiene negocios en el agro y otros frentes y cuando se privatizó Petrobras, el que compró la franquicia fue Raul Zapag. Blas Zapag y Cartes eran socios pero ahora se especula con que quiere aprovecharse de la caída en desgracia de Cartes para comprar sus empresas.
Tanto la pastera como otros negocios precisan de la Hidrovía Paraná-Paraguay para exportar sus productos. La disputa es por el control del territorio y de los capitales que están ahí. Es un punto fuerte de conflicto inter-elites porque al haber intereses trasnacionales, desde la punta más alta hacia abajo se requiere más control de la hidrovía y eso tensiona la Triple Frontera (Brasil-Argentina.Paraguay).
Un argentino en Brasil: “Hito Tres Fronteras” | Diario de Cultura
«EEUU tiene un interés concreto de instalar una base militar en la Triple Frontera. El Comando Sur viene haciendo operaciones porque entiende que es una zona de riesgo por la presencia de Hezbolá y el lavado de dinero, tráfico de personas, drogas y cigarrillos» señala Leonardo Gómez Berniga, analista político paraguayo.
Estados Unidos pega en la línea de flotación del Clan Cartes con el tema de las tabacaleras y su contrabando. Solo a Uruguay, entre 2014 y 2021, la tabacalera de Cartes transfirió 43 millones de dólares. La Justicia uruguaya había investigado al expresidente por ingresar avionetas con dinero en efectivo, que luego se enviaba desde el Aeropuerto de Carrasco hacia Estados Unidos y Europa.
Las rutas de tráfico de marihuana y contrabando de cigarrillos que se superponen como en papel de calco, hoy son las utilizadas por el PCC brasileño para el narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas.
Las balas pican cerca. Uruguay mira hacia un costado haciéndose el distraído. No solo el PCC está cerca, también el Departamento de Estado.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
Se ha destapado en tierras uruguayas una caja de Pandora de los vínculos y operaciones del narcotraficante Sebastián Marset con el poder político, empresarial y delictivo del Cono Sur. La responsabilidad de las autoridades uruguayas en la fuga del narco, es una papa caliente que se la pasan de mano en mano.
El nombre de Sebastián Marset empezó a ser reconocido a nivel mundial por razones non sanctas. Desde el reciente presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, pasando por cadenas internacionales de prensa y sobre todo en las de Paraguay y Uruguay, se ha hecho conocer.
El caso ha levantado polvareda en altas esferas del gobierno involucrando al propio presidente Lacalle, que el 18 de agosto debió reunirse con su canciller, Francisco Bustillo, y la vicecanciller, Carolina Ache. para pedirles explicaciones por su proceder.
Es que Marset estando detenido en Dubái por problemas con un pasaporte paraguayo adulterado, buscó ayuda para solucionar el impasse contactando a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, e incluso llegando supuestamente a un colaborador del número dos del Palacio de gobierno de Paraguay, el vicepresidente Hugo Velázquez.
Al final, la solución llegó por manos uruguayas, aunque fue en Dubai donde se desarrolló este operativo o cúmulo de coincidencias más que llamativas.
Marset fue detenido en Dubai el 28 de octubre de 2021 por portar un pasaporte apócrifo de Paraguay. Finalmente, la Cancillería uruguaya generó un pasaporte para Marset en noviembre de 2021, quien luego quedó en libertad y, ya advertido de las pesquisas en su contra, no volvió a Paraguay.
Pasaporte a Marset se dió en forma express y desde el servicio exterior uruguayo viajaron especialmente a tomarle las huellas dactilares, cuestionó Bergara – M24 · La radio que nos mueve
Prado Fabra fue la funcionaria que procedió a tomarle las huellas dactilares a Marset en persona y pidió al menos en dos oportunidades que se le indicara cómo proceder con la solicitud de tramitación del documento al narco uruguayo, debido a las advertencias que le habían llegado, informó el diario El Observador, con base en tres fuentes de Cancillería. VTV noticias confirmó que la diplomática había pedido instrucciones a Montevideo para proceder.
Por esas casualidades, el presidente Lacalle Pou, su exesposa Lorena Ponce de Leon y una comitiva de empresarios se encontraban en Dubai al momento en el que a Marset le hacían el pasaporte de manera personal.
Luego, su pasaporte fue retirado por el abogado penalista Alejandro Balbi, un abogado mediático en Uruguay que se caracteriza por tener clientes siempre poderosos e involucrados en causas turbias.
Los árbitros denuncian a Alejandro Balbi que tendrá que ir ante el Tribunal de Ética – Grupo R Multimedio
La Cancillería uruguaya negó haber hablado con Balbi. Luego Balbi dijo que habló con la subsecretaria de Cancillería sobre el tema del pasaporte. Siguiente escena, la número dos de la cartera cambió su declaración y dijo que se había contactado con el abogado de Marset pero que no hablaron por el tema del pasaporte. Para Bustillo, la entrega del pasaporte al narco Marset no afecta “para nada” la reputación del Estado.
Actualmente, Marset está en la lista roja de Interpol debido a sus vínculos con el narcotráfico; concretamente, es buscado por el transporte de al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa, a través de la hidrovía Paraná-Paraguay.
En las últimas horas, Marset envió un video al noticiero de canal 4 de Uruguay negando todo tipo de acusación en su contra y prácticamente saliendo a defender al gobierno uruguayo. Incluso el narcotraficante criticó públicamente al expresidente José Mujica por la legalización de la marihuana.
Los periodistas de canal 4 concluyeron que Marset estaba llamando desde un teléfono con la característica de Sudáfrica. ¿Vale tanto la pena para los gobiernos uruguayo y paraguayo salir a defender al abogado, , a costa de dar cuenta del país donde está, siendo que está requerido por Interpol y la DEA?
El senador del Frente Amplio Daniel Caggiani apuntó contra el presidente Luis Lacalle y lo criticó por no haber hecho ninguna declaración respecto al escándalo del narcotráficante Marset y cuestionó que el mandatario no le haya pedido la renuncia al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. «Cada vez es peor (…) A partir de una decisión política el Uruguay queda metido en un escándalo internacional muy complejo que desprestigia al país», señaló.
¿Quién es Marset?
Marset es el principal señalado como autor intelectual por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo pasado en Colombia, en plena luna de miel. Este hecho ha dejado a la luz una maraña de vínculos políticos, empresariales, del mundo del fútbol y gobiernos con el narcotráfico a nivel continental.
Sebastián Marset
El fiscal paraguayo estaba encargado de la causa “A ultranza py”. Según medios guaraníes, era la causa de narcotráfico y lavado más grande de la historia del país. De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, la principal motivación para el crimen surgió en abril pasado, cuando se dio la orden de captura en Paraguay contra cinco de los siete hermanos Insfrán; Miguel Ángel Insfrán asumió que Pecci era quien estaba detrás de la investigación y ordenó las capturas..
Pecci, fiscal especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, había investigado a bandas de Brasil, además de lavadores de dinero libaneses de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. También estuvo a cargo de casos sonados como el secuestro y asesinato en 2005 de la hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999), y el enjuiciamiento en 2020 del astro del fútbol Ronaldinho, detenido en Asunción por falsificación de documentos
Ordenan captura internacional de prófugos de la operación “A Ultranza Py”
La Operación A Ultranza Py, realizada en febrero de 2022, implicó 107 allanamientos y la incautación de más de 100 millones de dólares, 98 inmuebles, 28 vehículos, diez avionetas, un helicóptero, 12 carretas, 41 tractores, 48 motos y siete embarcaciones.
“El objetivo Sebastián Marset tendría una participación activa en cada una de estas etapas en las que se desarrollan las actividades ilícitas, por lo cual se lo considera el principal ideólogo, organizador y supervisor de las operaciones ilícitas. Además, sería uno de los destinatarios mayoritarios de las ganancias generadas por el esquema de tráfico internacional de drogas”, revela el informe de inteligencia de A Ultranza Py, según reveló el diario paraguayo La Nación.
Es importante mencionar que los miembros de la organización califican al uruguayo como ‘El Jefe’. Sin embargo, se presume que por encima de él estaría ‘El Jefe Mayor’, que en el proceso de la investigación no fue identificado, refieren los investigadores.
La justicia paraguaya acusa al uruguayo de ser quien organizó la partida por la hidrovía de tres cargamentos por un total de 16 toneladas, descubiertos el año pasado en los puertos de Villeta (Paraguay), de Rotterdam (Holanda) y Amberes (Bélgica).
Contrabando, drogas y un acuerdo trabado: la Hidrovía en alerta roja – Infobae
Para eso, tuvo que generar alianzas con mafias de Europa como la Corsa y la ‘Ndrangheta, organización a la que estaba asociado Rocco Morabito, fugado de la ex Cárcel Central de Montevideo y detenido en las playas de Brasil. Además de la investigación que se realizó en Colombia y Paraguay, Marset es investigado por varias causas en Uruguay.
La primera investigación contra Marset en la Justicia uruguaya fue iniciada el 1º de febrero de 2012 por el delito de receptación. En septiembre de 2013 Marset fue investigado por tenencia de estupefacientes no para su consumo. En octubre de 2013 fue procesado por tres delitos de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de organización y en calidad de coautor, tras la incautación de 170 kilos de marihuana.
En octubre de 2013 una investigación coordinada entre la Unidad de Investigación Sensitiva de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay logró el procesamiento del tío del expresidente de Paraguay Juan Domingo Viveros Cartes.
Juan Domingo “Papacho” Viveros Cartes en ABC Color
Viveros, conocido como Papacho, fue procesado luego de la incautación, en el marco de la operación Wayra, de 450 kilos de marihuana en una avioneta que pertenecía a Horacio Cartes, que aterrizó en un campo cercano a la localidad de José Pedro Varela, en Lavalleja, el 29 de julio de 2012. Marset declaró ante la Justicia ser el destinatario del cargamento incautado.
Otra causa en su legajo es sobre la amenaza que recibió la fiscal Mónica Ferro, la que fue realizada a través de un celular con base en Perú. En este caso también fue imputado el hijo del contratista de futbolistas Gerardo Arias (Uruguay).
La vía del narco
El jefe de los fiscales antidrogas de Paraguay, Marco Alcaraz. Calificó a Marset como “el gerente de la hidrovía”. Prácticamente armó un mercado común del sur de cocaína o un mercasur. Marset tiene vínculos en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay al menos. Sabemos que sus tentáculos llegan hasta Colombia también.
Alcaraz afirmó que la Hidrovía se transformó en un nodo logístico en 2020, en plena pandemia, “luego de que el puerto de Santos, en Brasil, reforzara los controles con escáneres para los contenedores que salían rumbo a Europa y a África”.
Argentina – PTP Group
Las filtraciones de información y protecciones en pro y contra de Marset, son dardos que se tiran por elevación -y no tan velados- entre los sectores que acompañan a Horacio Cartes y Mario Abdo. Este último, junto con Lacalle han querido relanzar la hidrovía del Paraná-Paraguay. Este punto y la flexibilización del Mercosur han sido dos de los insistentes tópicos de ambos mandatarios en cada cumbre de dicho organismo.
Allan de Abreu, periodista brasilero de investigación para la revista Piauí, ha señalado que la vía fluvial es ampliamente utilizada para transportar cocaína boliviana y peruana a Uruguay, y de allí a Europa.
Menciona específicamente a la empresa PTP Group, de capitales argentinos, que gestiona varios puertos en la hidrovía analizada y que, además, opera en Nueva Palmira (Colonia) y Montevideo. Según la página web del grupo, ofrece “sus servicios desde Montevideo, Uruguay; hasta Puerto Murtinho en Brasil, cubriendo así más de 2.232 kilómetros de la Hidrovía Paraná-Paraguay.”
El senador paraguayo Pedro Santa Cruz apuntó contra la empresa Gregser–PTP Warrant, a la que el expresidente Horacio Cartes –según él– le dio la concesión por 20 años.
Bonus track
Como si le faltara algo a este collar de perlas que tiene sumido al gobierno uruguayo en un incendio que se le cuela por todos lados, dado el alcance internacional que está teniendo este caso; en las últimas horas el periodista Gabriel Pereyra soltó en la red social Twitter otra arista del Marset-gate.
Francisco Sanabria con Pedro Bordaberry en la sede de Maldonado de Vamos Uruguay, del Partido Colorado
«Cuando el dueño de Cambio Nelson, Francisco Sanabria, estuvo preso en la cárcel de Campanero, quedó estampado varías veces en el registro de visitas un nombre que con el tiempo se haría famoso: Sebastián Marset Cabrera.”
Según el semanario Brecha, en abril de 2017 Sanabria fue procesado con prisión por delitos de apropiación indebida, libramiento de cheques sin fondo y falsificación de documento privado. El pedido de condena quedó en suspenso por interposiciones de la defensa, a cargo del abogado Jorge Barrera, íntimo de Alejandro Balbi, abogado de Sebastián Marset.
Las flagrantes contradicciones del gobierno en las pocas declaraciones que ha efectuado, el silencio sepulcral de consuetudinarios defensores del oficialismo y el curioso video del narco requerido, hacen pensar que en esta trama todavía queda mucho por navegar.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
En el combo deficitario del capitalismo, las inseguridades (en todas sus expresiones) no son más que síntoma y consecuencia de su sistema económico. Si a eso le sumamos un gobierno que repite sus recetas, cree en el Dios Mercado y repite los salmos del derrame como una trama, los resultados están a la vista.
En la campaña para derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC) el gobierno derechista uruguayo liderado por Luis Lacalle desenvainó el clásico recurso de la polarización y quiso enfrentar a los que estaban a favor de la derogación contra la policía. Incluso se llegó a manifestar, por parte del oficialismo, que sin la LUC los delincuentes iban a tener todo servido para poder delinquir.
Parece que causó efecto la jugada y hoy con la LUC en mano, el gobierno no le puede poner el cascabel al gato. En Uruguay los homicidios aumentaron 39 por ciento en el primer semestre de 2022 según un informe del propio Ministerio del Interior: pasaron de 135 entre enero y junio del año anterior a 188 en este 2022.
Esta cifra supera también al primer semestre de los dos años anteriores, con 179 asesinatos en 2020 y 173 en 2019, último año de gestión del centroizquierdista Frente Amplio (FA).
Además del aumento en cantidad, es el incremento en la violencia, los modus operandi de los homicidios y los femicidios. Por un lado los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, el avance de toma de territorio y por el otro modos crueles de violencia en los hogares con descuartizamientos, cuerpos prendidos fuego, enterramientos en fincas, secuestros y más.
Todas estas noticias ocupan (quizá no tanto como en otros momentos) los minutos centrales de los noticieros radiales y televisivos. Pero al terminar el show mediático esas personas van a parar a algún lugar y su vida sigue.
ONU pide a Uruguay mejorar las condiciones de vida en las cárceles – Noticias Uruguay, LARED21 Diario Digital
El lado oscuro de la luna, del que poco se habla y casi nada se hace, es el sistema carcelario. Uruguay acabó el tramo inicial de la era Lacalle con 13.700 presos en sus cárceles (más de 386 personas por cada 100 mil habitantes), un número aterrador para un país de poco más de tres millones de habitantes.
Las muertes en las cárceles de Uruguay aumentaron un 79% en 2021, advirtió en mayo último el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, que además se mostró preocupado por las condiciones de detención en las prisiones y por la falta de una definición de tortura en la legislación uruguaya.
La ONU exigió adoptar “medidas legislativas y de otra índole” que garanticen que cualquier empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acate “los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad” e instó a velar por la apertura de “investigaciones prontas, imparciales y efectivas de todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden y seguridad pública,” y garantizar que se enjuicie a los presuntos autores.
En particular el Comité de la ONU pidió adoptar medidas urgentes para corregir las deficiencias en los centros penitenciarios, especialmente en el “suministro de agua en las celdas, la falta de camas, los problemas de calefacción e iluminación y el mal estado de las instalaciones eléctricas”; permitir las actividades al aire libre, como el ejercicio físico, las de rehabilitación y las psicosociales y .garantizar la estricta separación entre los reclusos preventivos y los condenados.
Mientras, el informe que el Ministerio del Interior elevó a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Congreso incluyó un dato que augura un explosivo fin de año, con cárceles atestadas: cada semana ingresa un promedio de 100 condenados al Centro de Diagnóstico y Derivación, el órgano encargado de determinar el futuro sitio de reclusión.
Los rescatados del módulo ocho – 24/06/2017 – EL PAÍS Uruguay
Según a un asesor de la Comisión Legislativa en materia carcelaria, “muchos presos entran descalzos o semidesnudos” al recinto carcelario. Son algo más de 14 por día, lo que preanuncia que 2022 cerrará con 5.200 nuevos reclusos, llevando el total de presos a casi 20 mil.
Esto seguramente hará estallar a un sistema que ya padece un nivel de hacinamiento que en algunas cárceles supera el 120%. Con 14 presos en celdas que son para cinco. De las 24 horas del día solo una ven la luz del sol.
¿Así se pretende rehabilitar a una persona? ¿De esta manera se pretende que luego de cumplir su condena salgan a pedir trabajo, estando en condiciones infrahumanas, con adictos en abstinencia, con violencia extrema, enfrentamientos, casi cero programas de educación y de una historia personal, en su gran mayoría, que exhibe una educación formal mínima?
Al menos un 70% de la población carcelaria está en la lista de los “adictos a algo”. De esos miles, “sólo 254 reciben algún tipo de tratamiento de parte de equipos de trabajo altamente especializados pero que tienen carencias de todo tipo para abordar una tarea de semejante entidad”, dijo el experto en cárceles Jaime Saavedra.
En lo que va del año 252 presos se quisieron suicidar y cinco lo lograron. En 2021 se reportaron 16 suicidios en cárceles uruguayas, una más que en 2020 y el doble que 2019.
El Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por el incremento en el número de muertes registradas en las cárceles, que fue de un 79% en 2021. El examen observa un número muy alto de muertes “por falta de asistencia y tratamiento médico” en las personas con problemas de salud mental y pide investigar “de forma imparcial por un órgano independiente” todos los fallecimientos durante la privación de libertad.
Juan Miguel Petit. Foto: Marcelo Bonjour
El comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo que el sistema es como «una manguera agujereada» y «pierde agua por todos lados». Petit plantea que el presupuesto carcelario debe aumentarse en un 20%. Por otro lado el Ministro de Interior Luis Alberto Heber, declaró que no hay recorte presupuestal sino que aumentó la población carcelaria. El chiste se cuenta solo.
Consultado sobre el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, también presentada por el ultraderechista Cabildo Abierto, integrante de la coalición de gobierno, Petit dijo: «Yo entiendo que ya existe en el Código del Proceso Penal todos los mecanismos para dar prisión domiciliaria. Yo creo que el Uruguay ya tiene mecanismos liberales, de Derechos Humanos, muy abiertos y posibles de usar”.
Reiteró que la propuesta planteada no es necesaria ya que es «un mecanismo que ya existe». Otra muestra de que cuando hay voluntad política se pueden lograr cosas. Lástima que en este caso Cabildo Abierto lo planteaba con el fin de liberar a represores de la dictadura.
El cuplé de la murga Diablos Verdes del 2003, “La cárcel de ricos y la cárcel de los pobres” sigue estando más vigente que nunca: «Donde el sistema penitenciario se desdobla /según su apellido y «clase social / «coronitas para algunos/ y para otros no hay piedad»
Quizá habría que preguntarse y reflexionar la inseguridad como un todo y no como un mecanismo lineal de un individuo que comete un delito (signado y definido por las leyes y la moral de la época, parafraseando a Michel Foucault), la policía lo detiene y la justicia lo envía a la cárcel. ¿Y después?
Petit lo plantea claro: “Tenemos la inseguridad que tenemos por el sistema penitenciario que tenemos.”
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
La crisis del 2002 es el embudo y la condensación de la conjunción del poder político, financiero; la corrupción, los familiares, los favores, la vista gorda, el aprovechamiento y la dependencia de un país como el Uruguay.
La crisis del 2002 es ícono de un país que tocó fondo, pero también de la capacidad que tienen los poderes fácticos de lavarse culpas, de matizar sus delitos, de generar un blindaje, aunque el daño que hicieron fue mayúsculo, de alcance nacional e incluso trascendió fronteras.
A 20 años de la crisis hay signos y señales que nos retrotraen a aquella época: ollas populares, caída del salario real, apertura comercial indiscriminada, dependencia de la inversión extranjera directa, Argentina en crisis, blancos y colorados en el gobierno.
Por si faltaba algo, apellidos calcados. Alfie, Bensión, Talvi, Lacalle, Sanguinetti y actores secundarios que también cumplieron su papel desestabilizador y corrupto tras bambalinas. Hoy a 20 años, ¿Uruguay aprendió la lección o está condenada a tropezar dos y tres veces con la misma piedra?
La crisis cíclica
Uruguay ha sorteado crisis con una periodicidad llamativa. Veinte años (más, menos) es la media de distancia entre una catástrofe y la otra. Desde 1873, pasando por 1890; 1913 previa a la Primera Guerra Mundial; 1931 llegando dos años después del crack del 29 en tiempos donde no existía la globalización. El período entre guerras y el post segunda guerra mundial fue favorable para esta nación agroexportadora de materias primas de escaso valor agregado.
Otra crisis se fue cocinando hasta que en el período pachequista que se inició en 1968 se empezó a gestar uno de los proyectos más sangrientos de nuestra historia, que no solo tenía un componente moral y militar (teoría de los dos demonios, la nación en peligro o los militares como última reserva moral de la patria) sino que también uno de los fuertes componentes de la dictadura fue el económico. Hacia 1982, en las postrimerías de la misma, implosiona “la crisis de la tablita”. Exactamente veinte años después se desató la crisis financiera de 2002.
Fue la peor crisis socio-económica, solo comparada con la propia dictadura en cuanto a destrucción del tejido social y productivo; y marcas indelebles a nivel país. Las ollas populares volvieron (como volvieron a volver en el 2020 con la pandemia de Covid-19 y el gobierno de la Coalición Multicolor presidida por Luis Lacalle Pou.)
La migración fue brutal, el desempleo, la pobreza, la marginalidad y la tasa de suicidios alcanzaron niveles históricos.
BBC Mundo | AMÉRICA LATINA | Argentina: “Nada funciona bien”
El relato oficial es que el mundo estaba convulsionado y que Uruguay fue víctima pasiva del Efecto Tequila por la crisis mexicana; de la crisis del real en Brasil y del país hermano Argentina por la crisis del 2001 de similares características a la nuestra.
Es cierto que ante toda crisis existen factores externos e internos. Estos últimos han querido barrerse debajo de la alfombra o más bien reducirlos a su mínima expresión. Sin embargo, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) en 1999 ya advertía en un informe anual, la vulnerabilidad del sistema financiero uruguayo y la falta de controles.
En el libro “2002 – La historia no oficial de la crisis y una lección pendiente” de Carlos Luppi podemos encontrar datos que son contundentes.
El PBI se desplomó un 11%. Pasó de 25.385 millones de dólares en 1999 a 13.603 en 2002. La tasa de desempleo alcanzó un escalofriante 22%, el trabajo informal ascendía a 450.000 personas. 35 mil personas emigraron hacia distintos puntos del globo, principalmente a Estados Unidos y España.
El derrotero de la crisis dejó la industria de la vestimenta desplomada. De 140 empresas que existían en la década del 90, solo quedaron cinco. El salario real cayó un 10.9%. La pobreza arañó el 40%. Los suicidios: un 21.5 por cada 100.000 habitantes. Incluso se conoció la existencia de una “Asociación de suicidas” con 57 miembros.
Uruguay, el país real que se trata de ocultar, pero se sufre a diario – LoQueSomos
La inflación pasó del 3.6% al 25.9%. La devaluación del peso uruguayo fue del 93.7%. El riesgo país alcanzó los 3000 puntos básicos. Los bonos nacionales cayeron su valor nominal en un 65%. Los activos de reserva del Banco Central cayeron de 3.100 millones de dólares a 772. Las exportaciones se redujeron un 38% y las importaciones un 15%. La deuda pública alcanzó un 101%. El sistema bancario perdió el 48% de sus depósitos. Estamos hablando de unos 7.400 millones de dólares. Uruguay cayó al puesto número 46 en el índice de desarrollo humano. El índice de aprobación del difunto y ex presidente Jorge Batlle pasó de un 58% en marzo de 2000 al 5% en 2004.
Suspendieron su actividad cinco bancos privados: Galicia, Crédito, Comercial, Montevideo y Caja Obrera. El extinto Banco de Crédito, fundado a inicios del siglo XX y que en la dictadura fue adquirido por el grupo inversor surcoreano Moon, asociado a la Iglesia de la Unificación; el Banco Montevideo, propiedad de la familia Peirano, que lo adquirió en los 90, aunque desde inicios del siglo estuvo ligada al negocio financiero y ya tenía antecedentes de haber fundido en la década del 70 los bancos Popular y Mercantil.
La Caja Obrera, fundado un siglo atrás por el Círculo Católico de Obreros, incorporado al grupo de negocios de los Peirano; y el Banco Comercial, que registra actividad desde hace un siglo y medio, llegando a escena en los 90 los hermanos Carlos y José Rohm, banqueros argentinos que asumieron la gestión, aunque la propiedad era compartida con bancos internacionales como JP Morgan y Credit Suisse.
“Una manga de ladrones del primero hasta el último”
La peor crisis: la ola que nos tapó a todos – Especiales – 14/09/2018 – EL PAÍS Uruguay
Si hablamos de oligarquía, linaje y negocios, el clan Peirano es el que reúne todas las condiciones. En 1902 el comerciante Pedro Facio fundó junto a otros accionistas el Banco Popular del Uruguay.
El clan Peirano, que desde los 60 venía haciendo desfalcos y estafas, eran ministros, grandes abogados, profesores encumbrados de la Universidad de la República. Terminaron su derrotero de ladrones, estafando a un país entero.
Jorge Peirano Facio, el patter totum del clan, en 1971 su Banco Mercantil fue intervenido por excesivo endeudamiento, por tener una cartera de colocaciones concentrada fraudulentamente y por maniobras ilícitas diversas con una red de financieras, con testaferros al frente, ocupada en el vaciamiento de la institución de origen.
Hermanos Peirano buscan archivar causas y reparar imagen dejada en la crisis de 2002
En febrero de 1973, el juez penal Héctor Amilivia detuvo y procesó a Jorge Peirano Facio ―por entonces presidente del Banco Mercantil― por delitos bancarios (había pergeñado varias quiebras fraudulentas). El banquero tenía por abogados, entre otros, a Ramón Díaz y Adela Reta. Jorge continuó en el Banco Central. Mediante sus negocios y quiebras acumuló durante toda la dictadura una fortuna en tres países.
En diciembre de 2002 volvió también a ser procesado por fraude, treinta años después de su primera quiebra fraudulenta en el Caso Peirano. Encarcelado en Uruguay por el delito de «insolvencia societaria fraudulenta», una estafa bancaria de 800 millones de dólares estadounidenses.
El martes 6 de agosto de 2002 la Justicia uruguaya detuvo a Jorge y Dante Peirano Basso y a tres gerentes de los Bancos Montevideo y Caja Obrera. Estaban acusados de haber defraudado a cientos de ahorristas. Los hermanos Juan y José Peirano, responsables del vaciamiento de esta entidad seguían prófugos. Aunque dos días después se entregó José Peirano Basso.
Según documentos que pudieron acceder varios medios de comunicación, el gobierno Uruguayo sabía al menos desde Febrero de 2002 que el Grupo Peirano realizaba maniobras irregulares desde el Banco de Montevideo y Caja Obrera que podrían conducir a la entidad a una situación de insolvencia.
Los Rohm
Carlos Puchi Rohm, dueño del Banco General de Negocios, amigo de Henry Kissinger y socio de David Mulford, a su vez socio de Domingo Cavallo, Puchi Rohm había sido procesado por coimas pagadas en el escándalo IBM-Banco Nación y figuraba en los expedientes que el Congreso argentino investigaba en torno a la mafia del oro y la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
El presidente argentino Carlos Menem (2R) está con los ex presidentes George Bush, de los Estados Unidos, (R), y Luis Lacalle (C), de Uruguay, y los presidentes electos de Argentina, Fernando de
A pesar de sus antecedentes, Puchi Rohm había recibido del gobierno de Menem el Banco de Santa Fe, en cuyo directorio figuraba José Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura militar, que transcurrió entre los años 1976 y 1983.
El 1º de diciembre de 1999 en una importante residencia de La Recoleta se realizó una reunión, que si no hubiera sido por una oportuna foto publicada por Página 12, hubiera pasado inadvertida. Allí estaban los expresidentes George Bush (padre), Luis Alberto Lacalle y Carlos Menem, junto al presidente Fernando De la Rúa y el electo Jorge Batlle. También estaban el banquero David Mulford y los anfitriones Carlos y José Rohm.
Según trascendidos de la época, “en la reunión se habló sobre lavado de dinero”. En el año 2004, Lacalle (padre), entrevistado por el periodista Daniel Figares en el programa Ciudad oculta (Canal 12), dijo que “había sido una reunión social en la que se encontraron viejos conocidos”. Pero repreguntado recordó “que los banqueros estaban preocupados por una posible legalización del consumo de drogas, asunto en carpeta de Batlle, y cómo ello afectaría la circulación de dinero por el sistema bancario”, relata el periodista Carlos Pelaez.
Caso Rohm: prescribió una causa clave de corrupción por fuga de dólares en 2001
De libretos y banqueros
Apellidos “ilustres” reaparecen, se duplican, re-protagonizan capítulos aciagos con desenlaces que ya conocemos. Da la sensación que cada generación empieza de cero, desgarrada de la anterior y de la siguiente, y ellos, que parece que son los únicos que siguen el hilo del argumento de la historia; o muchas veces son libretistas y directores de la misma, se pasean por el teatro de la realidad en bata, anunciando una nueva crisis.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
Esta semana en Uruguay se escribió un nuevo capítulo de impunidad. La Fiscalía pidió el archivo de la causa que investigaba espionaje en democracia. La investigación concluyó que existió espionaje ilegal y “debilidad de los controles institucionales y democráticos”, pero el fiscal consideró que los delitos prescribieron. Las cloacas del Estado, los servicios de inteligencia, los herederos de la dictadura cívico-militar (1973-1985) salieron indemnes una vez más.
El Archivo Castiglioni
En octubre de 2015 el fiscal Carlos Negro y la jueza Beatriz Larrieu incautaron 60 cajas que contenían archivos de la dictadura reunidos por el exdirector de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Víctor Castiglioni.
Castiglioni es señalado como el cuadro de los Comando Caza Tupamaros, y uno de los coordinadores de los escuadrones de la muerte junto a Armando Acosta y Lara, Oscar Delega, Hugo Campos Hermida, y Ernesto Motto. Era uno de los nexos uruguayos con la triple A argentina incluso antes de que tomara forma el Plan Cóndor con las demás dictaduras del Cono Sur, lo que se dice un “pesado” de la represión antisubversiva.
El voluminoso archivo (65 cajas de papel, 500 disquetes y más de 100 CDs) reúne documentos oficiales, registros de seguimientos y notas de Castiglioni que llegan hasta 2015, es decir que los aparatos de inteligencia militar continuaron operando más de 30 años luego del retorno democrático.
Este archivo fue heredado por su sobrino, Elmar Castiglioni, quien además de docente del Centro de Altos Estudios Nacionales CALEN fue el vocero del Foro Libertad y Concordia, organización que se ha destacado por hacer una abierta defensa de golpistas y torturadores, siempre bajo la mirada tolerante de los distintos partidos políticos que fueron gobierno (colorados, blancos y frenteamplistas), incapaces de dictar mínimas sanciones ante diversas declaraciones de reivindicación de la dictadura y el terrorismo de Estado.
Junto a documentos calificados como reservados hay recortes de prensa, audios e informes nacionales e internacionales sobre distintos temas. El archivo cuenta con información sobre lo sucedido en dictadura, y también sobre el periodo democrático, mostrando la continuidad de estas prácticas aún luego del retorno de la democracia.
Los documentos revelan, entre otras cosas, la presencia en Uruguay de Licio Gelli, líder de la logia Propaganda Due (P2), organización criminal italiana con vínculos con todo el sistema político de aquel país y que varios miembros de la masonería uruguaya, que fueron también miembros de la logia.
Castiglioni también mostró su interés por la situación en Centroamérica (Nicaragua, Cuba, etc.), por la organización separatista vasca ETA y por el caso Berrios, militar pinochetista que fabricaba armas letales y fue asesinado por militares chilenos y uruguayos.
El semanario Brecha, sostiene que entre los objetivos de este esquema de inteligencia paraestatal estuvieron Jorge Batlle, Liber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti, Gustavo Penadés, Azucena Berrutti, la fiscal Mirtha Guianze, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Setelich, Jorge Vázquez.
Víctor Castiglioni, titular de la Dirección General de Información e Inteligencia entre 1971 y 1982
Asimismo, los jueces penales Alberto Reyes y Rolando Vomero, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Colorado, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, el Partido Comunista, la Unión de Trabajadores del Metal y el sindicato de la estatal telefónica Antel.
Se comprobó además que los archivos tienen información que llega al año 2015 con documentos referidos al plebiscito del 2009 por la derogación de la ley de Caducidad, referencias a actividades de políticos y gremialistas y posiciones de los partidos sobre diversos temas.
Archívese
El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Enrique Rodríguez, archivó la causa que investigaba actividades ilegales de inteligencia militar y policial en democracia. Para Rodríguez, “es contundente la evidencia obtenida” en cuanto a la existencia de “acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y, en principio, hasta 2005, por agencias de inteligencia del Estado”, pero planteó que los delitos que podrían imputarse, prescribieron.
Fiscalía pidió el archivo de la causa que investigaba espionaje en democracia | la diaria | Uruguay
La denuncia penal fue presentada en noviembre de 2018 por el entonces diputado frenteamplista Luis Puig, tras el trabajo de la comisión investigadora que estudió entre noviembre de 2016 y agosto de 2018 los “Archivos Berruti”, hallados en el Ministerio de Defensa, en 2006. Por unanimidad, los legisladores decidieron presentar los antecedentes a la Justicia.
En la causa declararon 20 personas, principalmente, integrantes de las Fuerzas Armadas, y se incorporaron los 63 testimonios de jerarcas, funcionarios, militares y autoridades que comparecieron ante la comisión investigadora. Rodríguez coincidió con el informe final de la comisión que concluyó que después de 1985 se mantuvieron las estructuras de inteligencia de la dictadura cívico-militar y destacó la debilidad de las instituciones para controlarlas.
En esa línea, destacó las omisiones de los actores políticos y recordó que el expresidente Julio María Sanguinetti “negó categóricamente” que hubiera existido el espionaje en democracia y “después [lo] tuvo que aceptar”.
Entre las declaraciones realizadas en la Fiscalía entre mayo de 2019 y julio de 2021, está la del exagente de Inteligencia Jorge Charleta Guldenzoph, quien admitió haber trabajado en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) hasta 1996 e incluso relató que, en 1990, las autoridades de inteligencia policial le pidieron que se quedara. Charleta comenzó a colaborar con la dictadura tras ser detenido como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas
El 20 de mayo de 2019 declaró ante el fiscal el excapitán Héctor Erosa, quien denunció que entre 1990 y 1996 existió espionaje ilegal contra partidos políticos desde el Batallón de Ingenieros de Combate 2 de Florida.
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Erosa identificó al coronel retirado Eduardo Ferro como uno de los principales impulsores de esas prácticas y aseguró que fue él quien ordenó operativos contra militantes políticos y llevó a la unidad militar archivos de inteligencia para conformar una estructura de contrainteligencia encargada de investigar a los propios militares.
En su dictamen, el fiscal Rodríguez concluye que las “acciones irregulares e ilícitas de espionaje” se cometieron desde 1985 y, “en principio, hasta 2005”. También señala que persiste la duda de si esas actividades continuaron.
En esa línea, el dictamen hace referencia a un pasaje de la sesión de la comisión investigadora del 29 de agosto de 2018, en la que se alude al robo de archivos de la dictadura y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, cuando se estaba discutiendo el contenido del informe final de la comisión, y particularmente las responsabilidades institucionales de los gobiernos entre 1985 y 2005, por la falta de control de sus servicios de inteligencia.
Aquí no ha pasado nada
Los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y los exministros del Interior de Lacalle, Juan Andrés Ramírez, y de Defensa de Jorge Batlle, Yamandú Fau, aseguraron que no estaban en conocimiento de ninguna actividad de espionaje a políticos y activistas sociales.
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Lacalle Herrera, padre del actual mandatario, negó, en diálogo con la radio Universal, haber ordenado actividades de espionaje y afirmó que lo que se hizo fue “recopilar información, que es distinto”. Sanguinetti, por su parte, apuntó contra el fiscal: en diálogo con el diario El País, dijo que sus conclusiones son “un disparate” y que “nunca” ordenó “espiar a nadie”, si bien señaló que los servicios de inteligencia “siempre” deben estar atentos a lo que pasa en los ámbitos políticos y sindicales.
Curiosas declaraciones del exmandatario, ya que la práctica del espionaje se intensificó notablemente entre 1987 y 1989, período de su primera presidencia en el que primero se juntaron firmas para el referéndum y después se produjo la consulta popular para derogar la ley de caducidad. El objetivo de la inteligencia militar estuvo perfectamente alineado con los propósitos presidenciales, que, por supuesto, coincidían con los de los militares.
Samuel Blixen, analista del semanario Brecha, señaló que el dictamen del fiscal Rodríguez “revela la apatía del sistema por saber quién, cómo y por qué las prácticas de la dictadura se mantuvieron intactas. Y también la sospechosa indiferencia por conocer hasta dónde permeó esa vigilancia, para qué sirvieron los resultados de ese espionaje y en qué se utilizó la información recabada. Ese no querer saber tiene tufo a complicidad.” remató.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
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