La donación incluyó drones y rastreadores GPS y forma parte de la agenda de cooperación acordada entre la Agencia Nacional Contra el Crimen y el Ministerio de Seguridad, que incluyó la visita de un agente británico a Argentina. Mientras el oficialismo acepta limosnas y juega con drones y computadoras, el imperio británico saquea los recursos pesqueros y avanza en la explotación petrolera en las Islas Malvinas, de las que nada se habló en tal reunión.
A principios de la corriente semana, el Subsecretario Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido, Philip Barton, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se reunieron para continuar con la agenda de cooperación acordada entre la Agencia Nacional Contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Seguridad.
Según informó el Gobierno británico en su página oficial y lo que trascendió mediante las redes sociales de la Embajada del país europeo: “El gobierno del Reino Unido, a través de la NCA donó a la Argentina una serie de equipamientos que servirán para reforzar el combate contra el crimen organizado”.
Tal donación forma parte de la visita de una misión de la agencia británica a la Argentina y a otros países de la región a comienzos de este año. La “generosidad” del colonialismo británico para con el país incluyó 4 computadoras portátiles resistentes marca Dell, 3 drones DJI M30T, 8 rastreadores satelitales GL300 y 22 rastreadores SPOT Track & Trace.
También se confirmó que de la reunión participaron la embajadora, Kirsty Hayes, y el Secretario de Lucha Contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martin Verrier.
Cabe señalar que Barton es el funcionario de carrera de más alto rango en la cancillería británica y oficia como jefe del Servicio Diplomático “se encuentra de visita en la Argentina llevando adelante una amplia agenda de actividades y reuniones con representantes del gobierno y la sociedad civil”, sostuvo el medio de comunicación El Observador.
La embajadora Kirsty Hayes declaró: “Esta cooperación se produce en el marco de una amplia agenda positiva entre la Argentina y el Reino Unido. Nos unen muchos objetivos e intereses en común, entre ellos la lucha contra el crimen organizado”.
En este sentido la funcionaria alegó que “el crimen organizado es un flagelo que afecta a todos los países y su combate requiere por tanto de la colaboración a nivel global. Muchas veces está vinculado a la producción y al comercio de drogas ilegales, y al extenderse puede tener impacto en la seguridad ciudadana y en la integridad de las instituciones públicas. Es en el mejor interés de todos que nuestros países tengan éxito en la erradicación de este problema”.
Cabe destacar que la visita de Barton y la “donación” se produce una semana después que Todd Robinson, secretario de Estado Adjunto para Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, visitara Uruguay y Argentina. En dicha ocasión, Robinson habló “sobre la preocupación de Washington por la globalización de las organizaciones criminales y la eventual irrupción en Sudamérica de opioides sintéticos como el fentanilo, que ha hecho estragos en Estados Unidos”.
Finalmente queda a vista de todos el poco interés de Milei y sus secuaces, en exigir y velar por la soberanía de los archipiélagos de la Nación. Nada es casual, esta visita y sobada de lomo se da en un marco de total cipayismo que maneja el oficialismo, el cual la semana pasada cometió el error garrafal de mencionar a Malvinas como lo mencionan los ingleses.
Frente a tal visita sólo queda preguntarse: ¿Por qué no se habló de las Islas Malvinas? Lo cierto es que mientras el Gobierno Nacional juega con drones y computadoras, el imperio británico saquea los recursos pesqueros, avanza en la explotación petrolera y proyecta un puerto multipropósito en las Islas Malvinas.
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La seguridad pública como botín de campaña política sigue utilizándose de manera superficial. Mera excusa para lanzarse dados con un oficialismo conservador que ha tenido una administración para el olvido, que solo lanza chicanas a su rival y una oposición socialdemócrata frenteamplista que tampoco ha lanzado propuestas concretas para frenar o saltar a este ciclo de violencias, que tiene en los homicidios como su síntoma más alarmante.
Las últimas horas
Se registraron siete homicidios en las últimas 48 horas (del viernes por la noche al domingo por la noche). Tres de ellos despertaron alarma pública ya que tres menores fueron calcinados dentro de un automóvil. Las causas se desconocen, la investigación está en curso, pero se apunta a que fue un ajusticiamiento por enfrentamiento entre bandas de delincuentes.
Con estos siete homicidios que se suman a la nómina, la diferencia con el período anterior pasa a ser de 96 homicidios a falta de 200 días para que finalice el gobierno de la coalición de derechas.
Los números de esta administración, comandada por Luis Lacalle Pou y que hoy tiene a Nicolás Martinelli como Ministro del Interior, son peligrosos. El 62% de los uruguayos considera que la inseguridad es el principal problema del país, según la encuestadora Equipos Consultores.
En 2023 la tasa de homicidios de Montevideo superó a la de Rivera, departamento fronterizo con Brasil, que desde hace años era la más alta del país. Ese mismo año hubo un homicidio cada 23 horas. Fueron 382 casos, uno menos que el año anterior, según el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. 210 de los 382 (55%) casos fueron en Montevideo. Recordemos que este gobierno pasó dos años en pandemia donde la movilidad de los ciudadanos se redujo drásticamente.
Si miramos un poco hacia la región, vemos que la tasa de homicidios en Rosario , que es la ciudad “narco” de Argentina, es de 22,1 cada 100.000 habitantes. El promedio de Argentina es de 4.31 cada 100.000. En Montevideo es de 15.3. Rosario sigue estando cada vez más cerca.
Pesada herencia
Al ministro Martinelli poco se le puede achacar. Está claro que si ocupa ese cargo, tiene que asumir responsabilidades. Pero lo que hoy tiene encima es la pesada herencia del desidia y poco apego por resolver dichos temas de seguridad por parte de sus predecesores, Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga.
Heber se ha paseado por varios ministerios con pena y sin gloria. Un eterno parlamentario que poco ha aportado al país. Un hábil locutor y declarante, pero que sirve para ámbitos legislativos y ser una especie de perro de ataque de sus líderes políticos. Terminó su mandato en la cartera ministerial siendo reconocido por su frase: “volvieron las carteras” y semanas después fue víctima de robo.
Larrañaga por su parte, se erigió en sus últimos años de vida, como uno de los paladines de la justicia. Luego de ser aplastado en las internas del Partido Nacional en 2019 por Luis Lacalle, se aferró al plebiscito “Vivir sin miedo” como mástil en un naufragio.
La reforma constitucional “Vivir sin miedo” fue rechazada en las urnas con un porcentaje del 47% cuando tendría que haber obtenido el 50% de los votos para poder ser aprobada. Un número nada desechable y que lo catapultó a Larrañaga como Ministro del Interior. Murió en plena gestión, pero también vale destacar lo dicho por el periodista Antonio Ladra en una entrevista para Periferia Uy: “Larrañaga a una semana de asumir como Ministro no tenía los nombres de los 19 jefes departamentales de la Policía.” Con este nivel de improvisación nació esta gestión.
Ambidiestros
Desde el retorno a la democracia, los delitos han mantenido una tendencia en aumento. Así como también, las medidas que apelan a la mano dura. La hegemonía conservadora se apodera de las interpretaciones sobre la seguridad, reprimiendo la incidencia de los factores sociales y alentando un clima punitivo cada vez más asfixiante.
“La crisis estructural de larga duración, la exclusión y la fragmentación socioterritorial de las últimas décadas han alterado las claves tradicionales de la convivencia. Las fronteras sociales entre la inclusión y la exclusión se cargan de nuevas dimensiones simbólicas y culturales y jaquean a la vieja matriz de integración del país” dice el sociólogo Rafael Paternain
Se refleja una continuidad de ciertos fenómenos y relatos que reproducen lógicas y dispositivos de poder político-estatal que, independientemente del régimen existente o del partido gobernante configuran, no una repetición mecánica, sino una relación de necesidad – hasta de complementariedad- entre seguridad y delito o entre política y delito.
Desde lejos sí se ve
La hegemonía conservadora se basa en el axioma -y a su vez paradoja- de que “todo tiempo pasado fue mejor”, donde se evoca al pasado prácticamente idílico y un presente que reviste un cariz apocalíptico y de no retorno al punto al que se llegó. Lo paradójico de esto es que el presente que hoy se presenta como el cenit de la violencia y la inseguridad delictiva, mañana será evocado como un pasado idílico que fue mejor.
En el año 1987 el 80% de los uruguayos se sentían inseguros en su barrio. En el año 1994 según la encuestadora Vox, el principal tema de los uruguayos era la inseguridad. Según Cifra, el 80% de los uruguayos creía que el país era más violento que 10 años atrás.
En el año 1997, la Empresa Datos constataba que el 93% de los montevideanos evaluaba que la delincuencia había aumentado y el 80% que la delincuencia de los menores había crecido con respecto a la de los adultos. Además el 54% se posicionaba a favor de bajar la edad de imputabilidad. En 2004 el 51% confesó miedo ante personas pobres que habitan ciertos barrios o asentamientos. El 8% ante desocupados o marginales.
Es la economía también
A pesar que en la década del 90 hubo aumento de la riqueza y el tamaño del PBI, no sucedió así con la distribución de la riqueza y el aumento de salarios. Recordar que en el gobierno del Partido Nacional, se eliminaron los Consejos de Salarios, dejando en mayor desventaja aun a los trabajadores con respecto a las patronales en lo que refiere a negociación salarial y condiciones laborales.
La década del 90 fue la antecesora a la crisis del 2002, donde se fue gestando un proceso de pauperización de la población y en varios ámbitos de la sociedad, como ser la educación, la seguridad pública, la salud, etc.
Los otros
“El Estado crea nuevos delitos, agrava las penas, incrementa el aparato policial, utiliza cada vez con más ímpetu la tecnología para establecer extrema vigilancia y control y utiliza el encierro como estrategia de neutralización de los peligrosos” como dice Foucault
La propuesta de reforma constitucional por la baja de la edad de imputabilidad, que la propuso el ex senador Pedro Bordaberry (que hoy ha vuelto a la política) y que otrora paradójicamente también la impulsara su padre, el entonces presidente de la república y luego dictador, Juan María Bordaberry; no proponía nada en materia de derechos para los menores, sino que era regresivo en su forma y solo se los quería imputar como adultos pero no se le concedían derechos como tales. Por ejemplo tener libreta de conducir, consumir alcohol, ingresar a casinos, poder casarse sin consentimiento de un adulto justamente, etc.
La reforma por la baja de la edad de imputabilidad colocó en el centro a los jóvenes que cometieron delitos como los responsables y culpables de todo el complejo sistema de inseguridad. Los “menores” fueron calificados como inimputables, que tenían prácticamente inmunidad ante delitos cometidos y que entraban por una puerta del sistema que los tenía presos y salían por otra. Nada más alejado de la realidad cuando en ese entonces, por ejemplo, los homicidios cometidos por los menores de 18 años no alcanzaban el 5% del total de los homicidios a nivel nacional.
La baja de la edad de imputabilidad como la de “Vivir sin miedo”, así como la nueva propuesta a plebiscitar en octubre sobre los allanamientos nocturnos, son más que viejas propuestas punitivistas que apenas atacan al síntoma mientras la metástasis es inminente.
Si entendemos que primero se tipifica el delito, luego se “crea” al delincuente o mejor expresado, cuando se define un delito se define qué conductas son delictivas. ¿Quienes son los que definen los delitos? Los grupos hegemónicos del poder que tipifican ciertas conductas que contravienen el status quo como delito para preservar su condición.
Siguiendo a Foucault: “la sentencia que condena o absuelve no es simplemente un juicio de culpabilidad, una decisión legal que sanciona; lleva en sí una apreciación de normalidad y una prescripción técnica para una normalización posible.”
Existen distintos tipos de violencias e inseguridades en nuestra sociedad. Las causas son varias pero existe una matriz primera que es la fuente de toda inseguridad y violencia: el sistema económico-financiero, político y cultural en el que estamos insertos.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio». La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
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Hay hambre en Uruguay: suena tan fuerte, como increíble. Es un país donde se produce alimento para 30 millones de personas, con una población de poco más de tres millones y donde hay casi cuatro vacas por persona. La pandemia de covid-19 y la del gobierno neoliberal liderado por Luis Lacalle dejan al desnudo un sistema voraz e insaciable que deja a miles con la panza vacía.
¿Y el pan para hoy?
En las últimas semanas empezaron a circular por medios de prensa, informes y noticias sobre casos de hambre y mala alimentación en centros educativos de Montevideo. Los titulares se esparcieron como pólvora y el debate se instaló en medios oficiales y redes sociales. La primera reacción del gobierno fue negar y desacreditar tales situaciones.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, consideró al respecto que “estamos asistiendo a la construcción de un nuevo relato por parte de la oposición”. “Se llegó a hablar de hambruna, se llegó a hablar de fracaso en las últimas horas. Seguramente, en breve también alguien puede llegar a comer pasto, como se nos dijo alguna vez”, comentó el 18 de mayo en una rueda de prensa.
La referencia a comer pasto es a la crisis del 2002. Un docente de esa época relató que conoció casos de gente que comía pasto en una especie de caldo del mismo. El caso resonó por todo el país e internacionalmente. La derecha desde allí se encargó sistemáticamente de que dicho episodio se convirtiera en un mito y una leyenda de mala fe por parte de la izquierda.
“Acá hay gente que, en lugar de buscar que los niños coman, busca salir en el diario”, dijo el consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Juan Gabito en el programa radial En perspectiva, con suma frivolidad.
Números fríos, realidad caliente
Según la encuestadora Cifra, un 52% de la población entiende que el desempleo aumentó, un 62% que la inseguridad aumentó y un 84% que la inflación también, pese a la sempiterna mueca-sonrisa de Lacalle..
Inseguridad(es) a la uruguaya – Por Nicolás Centurión – NODAL
Un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana, buscó recoger la opinión de la población sobre seguridad y hambre, y arrojó que la mayoría de la población entiende que el hambre y el desborde de la situación de la seguridad son una realidad palpable a diario.
Frente a la pregunta sobre cuán de acuerdo está con la afirmación “Hay mucha gente pasando hambre en Uruguay”, 63% de la población estuvo de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que 15% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo y 20% estuvo en desacuerdo. Dos por ciento no sabe o no contesta.
Mientras el acuerdo con la frase alcanza a 75% en los sectores socioeconómicos bajos, en los sectores medios alcanza a 64% y en los altos a 55%. Las mujeres tienen un nivel de acuerdo mayor (71%) en relación a los hombres (55%).
Seguridad pública
La inseguridad volvió a ser la principal preocupación de los uruguayos, según la última encuesta de Opción. La preocupación por el tema aumentó 11 puntos porcentuales en el último trimestre (pasó de 18% a 29%) y el mayor incremento se dio entre los votantes de la coalición multicolor de derecha, en el gobierno.
Diez muertos en una guerra entre dos familias narco que ya lleva seis años – Información – 16/03/2021 – EL PAÍS Uruguay
Aunque si se suman las distintas temáticas consultadas, la realidad económica es la que más preocupa. Un 14% menciona la suba de precios, otro 14% el desempleo, 10% los bajos salarios y 9% la pobreza.
La encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana también consultó sobre la seguridad con la frase “La seguridad pública está desbordada”. Los resultados arrojan que 66% de la población se encuentra de acuerdo con la afirmación, mientras que 16% no está de acuerdo ni en desacuerdo y 16% está en desacuerdo. 2% no sabe o no contesta.
Dato mata relato
El sociólogo y director de opinión pública de la consultora Opción, Rafael Porzecanski, advierte en base a las últimas mediciones que el gobierno enfrenta “un trimestre complicado”. Ve “caída” en aprobación de Lacalle por encima de fluctuaciones habituales. “Una de las grandes piedras en el zapato del gobierno, y con la que le ha costado lidiar, es la tarifa de los combustibles”, opinó.
La encuesta de Opción, consultó sobre de quién se cree que es la responsabilidad de los problemas económicos. Para casi la mitad de los encuestados, 48%, los problemas económicos mundiales son la principal causa de los que tiene el país; 27% cree que la responsabilidad es del gobierno, mientras que 17% la atribuye al gobierno previo.
Ollas populares en Uruguay trabajan sin pausa para saciar el hambre ante la crisis económica a un año de pandemia | Video | CNN
El informe de Opción Consultores aclara que, por primera vez desde que se aplica esta pregunta (segundo trimestre de 2020), “quienes atribuyen mayor responsabilidad al gobierno actual superan a quienes atribuyen mayor responsabilidad al gobierno anterior”.
El oficialismo se ha parado siempre sobre dos pilares en su relato y justificación de acción de gobierno. La primera es echarle la culpa de todo al centroizquierdista Frente Amplio. Según dicha encuesta, esta táctica empieza a hacer agua. La segunda sigue más firme y es la de mostrarse indemne e indefenso ante las condiciones externas.
Es cierto que Uruguay es un punto en el concierto internacional y no gravita. Pero si todo es culpa del afuera, que entreguen la llave de la casa de gobierno y se dediquen a hacer negocios, que de eso saben.
Niega niega que algo quedará
Como en el 2002, la coalición gobernante de derecha se escuda en las causas externas, que existen, pero no explican todo el panorama. La actitud pasiva del gobierno, como si se estuviera maniatado de pies y manos, no condice con las sucesivas subas de combustible y los recortes en varias áreas del Estado.
Lacalle y Heber, el ministro del interior:¿de qué se rién?
En el 2002 fue la aftosa, la corrida cambiaria en Argentina. Hoy la excusa exterior para ajustar a la interna es la pandemia y la guerra en Ucrania. La premisa es negar; como se negó a los niños que comían pasto en la última catástrofe socio-económica del país. Toda crítica es tomada como “traición a la patria” como diría una senadora incontinente y verborrágica.
Se pide “no poner palos en la rueda” desde el gobierno, pero el propio palo en la rueda son los gobiernos oligárquicos que condenan a otra generación al hambre, a la desnutrición, a desarrollarse en condiciones indignas, mientras las exportaciones no paran de engordar al gran empresariado.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
Esta mañana el Presidente de la Nación condujo, junto al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y el jefe de gabinete Juan Manzur, el acto que dio inicio al Consejo Federal de Seguridad Interior.
El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana el encuentro del Consejo Federal de Seguridad Interior que se desarrolló en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Lo acompañaron el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
Al mismo también asistieron mandatarios provinciales, ministros de Seguridad de distintas regiones del país, representantes del Poder Judicial, como también miembros de la seguridad federal, provincial e internacional.
El principal objetivo de la reunión fue la elaboración y articulación en conjunto de una agenda de trabajo contra el delito organizado. En esa línea, la misma continuará su desarrollo el próximo el jueves 31 en vistas de abogar por la construcción de planes de acción y el establecimiento de lineamientos contra la inseguridad.
En su discurso de apertura, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, destacó: “El objetivo es ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos, y no podremos cumplirlo sin la coordinación y la articulación intergubernamental de encuentros como este, en los que participan expertos que comparten sus experiencias de manera trasversal”.
En ese sentido, el Ministro afirmó que el delito se nutre de factores comunitarios y políticos criminales que están presentes tanto en la región como en países vecinos. Al respecto, consideró: “Nuestras propias agendas deben incorporar las dimensiones geográficas de la criminalidad, Argentina puede y debe estar preparada para asumir esa responsabilidad; la agenda de este gobierno refleja la acción simultanea de combatir el delito y la inseguridad ciudadana en cada región del país”.
“Si no comprendemos esta acción bidireccional llevaríamos al fracaso un sector de nuestras políticas publicas en el que no esta permitido fallar”
Aníbal Fernández.
Durante el evento se hizo especial hincapié en el crimen organizado, eje sobre el que está puesta la mirada del jefe de la cartera de Seguridad. En esa línea, Fernández declaró: “El crimen organizado es una de las más grades amenazas trasnacionales de compleja configuración para la seguridad pública de todo el planeta. Por eso participamos de un pacto de la Unión Europea para discutir estas cuestiones”.
En el mismo sentido, destacó el rol de los países latinoamericanos que se comprometieron a trabajar en amenazas prioritarias, tales como la trata de personas, el narcotráfico, el trafico de armas y el lavado de dinero. “No se puede hablar de estos temas si no se habla de lavado de dinero”, resaltó.
De esa manera, el seminario propuso que la seguridad nacional, provincial y municipal articule, junto agencias de seguridad extranjeras del FBI, la DEA y agencias europeas de seguridad, una agenda de acción que tenga por finalidad el establecimiento de políticas publicas enfocadas a la erradicación de delitos como el tráfico de armas, la trata de personas, el cibercrimen, entre otros.
Sobre el evento, Aníbal Fernández ironizó: “No es una reunión de un club, es la responsabilidad que nos cabe a todos para hacernos fuertes en la lucha contra delitos complejos que requieren del máximo nivel técnico de las fuerzas federales”. En relación a ello, agregó: “Queremos un Estado inteligente, activo, serio y ágil en el desarrollo de nuevas estrategias para combatir la criminalidad organizadas”.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández, celebró el desarrollo del Consejo Federal en una Argentina que, según sus palabras, tiene un gran problema en materia de seguridad. “El delito es un problema de distintas causalidades. Una de ellas es la desigualdad: el delito prospera menos en las sociedades donde la igualdad es más clara, no en las más ricas, sino en las que distribuyen mejor; hay que buscar soluciones que en vez de atacar los resultados del delito ataquen las causas”, afirmó.
Alberto Fernández, encabezó un acto en la provincia de Tucumán donde se firmaron importantes convenios en materia de Seguridad. El presidente de la Nación analizó los desafíos que enfrenta el país en esta materia y remarcó la importancia del trabajo conjunto con las provincias.
Esta mañana el presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó un acto en la Casa de Gobierno de la provincia de Tucumán en el marco del convenio que firmaron el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a partir del cual se otorgaron 100 patrulleros a la policía provincial.
Del evento también participaron el Jefe de Gabiete, Juan Manzur; el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa; ministres, concejales, intendentes, miembres del Poder Judicial y otres integrantes del Frente de Todos.
Luego de una invocación religiosa en la que se bendijeron las camionetas, el gobernador Jaldo agradeció el acompañamiento y la presencia del mandatario. “Nos acompaña quien nos da la posibilidad, quien nos ayuda, quien esta permanentemente a la par de nosotros para que los tucumanos/as, en un área tan importante como la seguridad, podamos cumplir nuestras metas“, enfatizó.
Finalmente, el gobernador enumeró las inversiones y los avances que se hicieron para mejorar el trabajo de la fuerza policial a quienes expresamente les pidió un mayor sacrificio. “Desde los generales hasta el último policía, necesitamos más policías en las calles cuidando la vida y los bienes de los tucumanos, sigamos dando la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el narcomenudeo, vamos hasta donde tengamos que ir,todo dentro de la ley y nada fuera de la ley“, concluyó.
Por su parte, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández -recientemente designado presidente del Comité latinoamericano de Seguridad Interior- celebró el acuerdo y destacó que “hay que dejar de pensar en el delito como una sustancia que perseguimos. Lo que tenemos que perseguir es el dinero que le importa a este sector de la sociedad que queremos erradicar. Para eso tenemos que tener en cuenta otras expresiones delictuales como la trata, y que debemos acotarlas“.
Fernández también agradeció el acompañamiento del presidente y en muestra apoyo afirmó: “No es fácil su tarea, son 600 mil problemas que tiene que resolverlos en un minuto, y al minuto siguiente empiezan otros 600 mil problemas“, a lo cual agregó que “son muchas las cosas para hacer, pero esto no es para cagones“.
Luego de la firma de este convenio interjurisdiccional de colaboración entre el Ministerio de Seguridad y el gobierno Tucumano (contemplado en el decreto 1177/2013) y que además establece la construcción de dos alcaldías, el presidente Alberto Fernández se dirigió a los presentes: “Vinimos a resolver un problema que en la Argentina existe, el delito es un fenómeno social complejo porque ante las respuestas que el Estado propone el delito trata de perfeccionarse“.
En esa línea, sostuvo que como sociedad “debemos reconocer a hombres y mujeres de las fuerzas de seguridad el empeño que hacen por cuidarnos“. Además, sostuvo que “la seguridad es un problema de los ciudadanos y debemos resolverlo, debemos resolver el crimen que se organiza a modo de una empresa para conseguir sus resultados“.
De igual forma, se refirió a la tarea de trabajar conjuntamente para erradicar la inseguridad: “Debemos inaugurar en la Argentina el tiempo de trabajar unidos, ya tuvimos demasiados años para distanciarnos, hay cuestiones donde ya no tiene sentido que marquemos diferencias porque el problema ciudadano tiene otra magnitud y nos está reclamando que cada uno ceda lo que tiene que ceder para poder lograr los resultados que hacen falta que alcancemos“.
“Hemos dejado todo de nosotros para ir sorteando problemas que la Argentina tenía, y problemas que aparecieron como la pandemia, hemos resuelto la deuda con los acreedores privados, ayer empezamos a resolver la deuda con el FMI que nosotros no tomamos.”
Alberto Fernández
El presidente Fernández afirmó que “ante cada dificultad que se presenta, nosotros que nacimos peronistas, cuando aparece un problema le ponemos el pecho y lo enfrentamos“. Finalmente concluyó señalando que “tenemos un pueblo que mil veces ha podido levantarse de tragedias increíbles, como la Guerra de Malvinas, vamos a levantarnos una vez más, estamos comenzando un nuevo tiempo“.
Hoy se cumple un año de la desaparición -por 107 días- seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. El último testimonio sobre él cuenta que se encontraba demorado sobre la ruta, junto a un patrullero de la Policía Bonaerense.
En el 2020 la historia me helaba la sangre, porque bajo su gorra, Facundo dejaba brillar un par de ojos de 22 años, la misma edad que hasta el día de hoy tengo yo. El problema es que todavía el plasma y los glóbulos rojos no calientan, porque Facundo tendría que haber aparecido y festejado su cumpleaños abrazado junto a Cristina, su mamá, el 23 de agosto del año pasado. Pero eso nunca ocurrió, porque una semana antes de esa fecha, el 15 de agosto de 2020, su cuerpo fue encontrado sin vida en un cangrejal, en la localidad de General Daniel Cerri.
A Facundo lo mató la policía.
El campo nacional y popular tiene que sacar sin miedo la basura de abajo de la alfombra y rediscutir las fuerzas de seguridad. Porque las mismas vienen con un modus operandi y con una estructura heredada directamente de la dictadura: no es muy distinta la bonaerense de hoy a la policía de Ramón Camps y Etchecolatz. El verdugueo, la violencia, el abuso sexual, las recorridas en patrulleros mechadas con tortura, el submarino seco, la picana, la violación y la muerte, son prácticas heredadas que siguen ocurriendo sistemáticamente hasta el día de hoy, en todas las fechas del calendario, en todos los barrios de la Argentina.
Andrés Nuñez, Walter Bulacio, Miguel Bru, Luciano Arruga, Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco, Nehuen Rodríguez, toda la Doctrina Chocobar, las masacres de Olmos, Pergamino, Esteban Echeverría y Magdalena, entre tantas otras, les pibes de Monte y tantos casos que nunca tendrán ni un cuarto de hoja en la prensa hegemónica o ni un espacio en nuestras charlas cotidianas, demuestran que el terror mutó de falcon a patrullero.
Si los militantes populares forjados en las enseñanzas de Madres, Abuelas e Hijos, que hoy conformamos el Frente de Todes, no ponemos en tensión la continuidad de un modelo represivo y asesino de las fuerzas internas de seguridad, no lo va hacer nadie y los Facundos que no pasan de los 22 años, seguirán siendo moneda corriente.
Felipe Bertola
Cuando estaba en la panza, mi vieja me cantaba «Significado de Patria» para tranquilizarme. En la comunicación y organización popular encontré la clave para poder «ser la revancha de todxs aquellxs». Como todo buen platense, sé lo que es ganar una Copa Libertadores.
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