Producción orgánica: se reglamentó la ley que otorga beneficios fiscales

Producción orgánica: se reglamentó la ley que otorga beneficios fiscales

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La iniciativa busca promover la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de diez años. Los productores que se sumen a la medidas obtendrán beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal por un monto al 50% de las contribuciones patronales, entre otros aspectos.

El Gobierno reglamentó la Ley 27.734, que tiene como objetivo crear un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal por un monto equivalente al 50% de las contribuciones patronales, entre otros aspectos. 

La medida se sancionó en el Senado a finales de septiembre y se reglamentó mediante el Decreto 519/2023 publicado este jueves en el Boletín Oficial. La iniciativa establece que los productores orgánicos que adhieran al régimen podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible el 50% de la totalidad de las contribuciones patronales que hayan abonado sobre la nómina salarial.

Con respecto al beneficio de los bonos, estos podrán ser útiles en caso de querer cancelar impuestos nacionales y sus anticipos, también tributos aduaneros, indica la normativa, al tiempo que aclara que no serán válidos para cancelar el impuesto a las Ganancias, deudas anteriores a la incorporación al régimen o de terceros.

Además, los adherentes a la normativa también tendrán una reducción de 50% en el monto total del tributo a las Ganancias determinado en cada ejercicio respecto de las actividades productivas y de elaboración abarcadas, que será válida para los ejercicios fiscales posteriores a la fecha de ingreso al régimen.

Por otra parte, quienes realicen otras actividades, más allá de la de alimentos orgánicos, deberán llevar la contabilidad de la forma en que se puedan evaluar las mismas de manera separada, respetando criterios objetivos de reparto en el caso de que haya gastos compartidos.

Para ser beneficiario de la ley, se deberá acreditar al menos un año de permanencia en la actividad y cuyos montos de facturación no superen los parámetros establecidos para las empresas medianas tramo I. También podrán acceder las personas y firmas alcanzadas por la Ley de Producción Ecológica, Biológica u Orgánica, ya que el régimen incluye tanto a los productores de productos orgánicos como a los elaboradores que industrializan posteriormente la materia prima, fraccionándola o transformándola.

Por otro lado, en lo que respecta al ámbito de financiamiento, la medida establece que la Jefatura de Gabinete, durante el primer año, tendrá la facultad de modificar el Presupuesto para asignar una suma equivalente a 12.500 módulos que en la actualidad ascienden a $100 millones.

Asimismo, el Fondo de Promoción del Producto Orgánico, que será aprovechado para financiar el esquema, estará integrado por los recursos asignados anualmente por la Ley de Presupuesto, ingresos por donaciones, y fondos de organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.

En paralelo, ese Fondo tendrá la facultad de financiar programas de asistencia técnica o financiera para aumentar el número de productores primarios en las distintas regiones del país, proyectos de investigación y desarrollo, con especial foco en la mejora de semillas y el agregado de valor. También subvencionara programas de asistencia para productores de menor escala y para constituir nuevos emprendimientos, además, de la conversión de áreas periurbanas a producción orgánica, y programas educativos en la escuela.

Además, financiará la promoción comercial en el mercado interno de productos orgánicos, con la posibilidad de espacios específicos en los canales comerciales, y también programas de incentivos a empresas para desarrollar tecnologías productivas y de la información y las comunicaciones (TIC).

Cabe recordar que para adherirse al régimen, los beneficiarios se tendrán que inscribir en un registro que será instrumentado por la Secretaría de Agricultura en la modalidad que eventualmente establezca, presentando con la solicitud la constancia de certificación de productos orgánicos emitida por una entidad autorizada, por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y una copia del CUIT y de la inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que comprobará que el inscripto esté al día con el cumplimiento de cargas laborales y previsionales.

Recorrido del proyecto

La discusión sobre este proyecto, impulsado por Agricultura junto con el diputado nacional por el Frente de Todos y presidente de ese cuerpo asesor, Ramiro Fernández Patri, quien además es el autor del texto de ley, empezó en abril de este año en la Comisión de Economía y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados.

Luego, en mayo obtuvo el último dictamen favorable en comisiones, mientras que en julio Diputados la aprobó y envió al Senado. Finalmente, con 54 votos afirmativos y uno negativo, se convirtió en ley el 29 de septiembre. “Argentina tiene Ley de Promoción de la Producción Orgánica”, celebró el subsecretario de Alimentos, Luis Contigiani, en Twitter (hoy X).

Además, Contigiani resaltó que “el Senado convirtió en ley el Régimen de Promoción Orgánica que promovimos desde la Secretaría de Agricultura, junto a los productores orgánicos y Ramiro Fernández Patri”. De esta manera, la sanción significará más economías regionales, producción, calidad y alimentos para la Argentina.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca destacaron que la promulgación de la ley permitirá “controlar el cumplimiento de los procesos y le da reconocimiento internacional”, al tiempo que se seguirá “potenciando la sostenibilidad de la agrobioindustria nacional”.

Finalmente, según datos del área de Agricultura, en el país hay 1.376 productores primarios, 505 elaboradores, 126 comercializadores, 3,6 millones de hectáreas (M/ha) de producción ganadera y 296 M/ha de producción vegetal orgánica. Al respecto, el área a cargo de Juan Bahillo subrayó que Argentina es el tercer país exportador de productos orgánicos en América y “su producción tiene como destino a 65 países, generando divisas y manteniendo un crecimiento sostenido”.

Producción orgánica: Avanza el proyecto de ley

Producción orgánica: Avanza el proyecto de ley

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En la Cámara de Diputados de la Nación se debate un régimen de promoción del sector con el que se busca dar una estabilidad y previsibilidad por un plazo de 10 años. La propuesta apunta a diversificar la matriz y generar condiciones más favorables para la exportación y competitividad en los mercados internacionales.

Mediante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación se buscará, en el día de hoy, avanzar en la emisión de un dictamen a un proyecto de ley que busca crear un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos. Con esta medida se busca dar al sector estabilidad y previsibilidad por un plazo de 10 años.

En este sentido, las comisiones de Economías y Desarrollo Regional y de Agricultura Ganadería y Pesca, que presiden Ramiro Fernández Patri (FDT) y Ricardo Buryaile (UCR) se reunieron en el dia hoy para avanzar en este dictamen e incluirlo en una sesión que se podría realizar el próximo miércoles 17 de mayo, donde el FDT quiere tratar un conjunto de iniciativas consensuadas.

La iniciativa diseñada por Fernández Patri fue examinada junto a funcionarios y empresarios el pasado 12 de abril en una reunión de la comisión de Economías y Desarrollo Regional. Además de promover al sector por un plazo de una década, la resolución busca generar beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal, entre otros puntos.

Asimismo, la propuesta apunta a diversificar la matriz y generar condiciones más favorables para la exportación y competitividad en los mercados internacionales. Otros de los fines de la medida es establecer el régimen de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y la que declara Monumento Histórico nacional al conjunto Parque de la Constitución Nacional, situado en la ciudad de Santa Fe.

Cabe recordar que antes de la reuniones hubo un encuentro informativo y se puntualizó que Río Negro y Neuquén son las provincias con mayor cantidad de establecimientos de producción orgánica, principalmente frutícola (pera y manzana), y que durante los últimos cinco años mermó la actividad (20% y 13%, respectivamente).

En paralelo se alertó sobre que un productor, para certificar como orgánico, necesita mucho tiempo (hasta tres años) y trabajo y que tiene costos elevados. Por eso, uno de los temas que se valoran como importantes son los beneficios impositivos, en el entendimiento de que alentarán a los emprendedores que ya trabajan con producción orgánica a seguir en actividad y que propiciará que muchos más se sumen.

Al respecto, el encargado de propulsar la medida recalcó: “Estamos avanzado en un proyecto de ley que genere posibilidades para revertir las asimetrías que tiene la Argentina, mediante la producción orgánica, que contribuye a empleos de inclusión”. En esa línea, subrayó: “La norma propone un fondo que brinde financiamiento para asistencia técnica a la producción orgánica”.

Su consenso será de suma importancia en el aspecto socioeconómico, ya que tiene un anclaje territorial y porque integran el sector productores o pymes que agregan valor en el lugar donde desarrollan sus actividades.

Por su parte, el director de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Pablo Morón, apoyó el proyecto y sostuvo que “la producción orgánica está diseminada y es sumamente federal, tiene un potencial enorme, el cual se visibilizó aún más a partir de la pandemia y viene creciendo año tras año”.

Asimismo, Morón enfatizó en que “este instrumento de políticas públicas va a traccionar mucho más a la producción orgánica”, y agregó que el sector reúne a unos dos mil productores y más de cuatro millones de hectáreas certificadas y 110 mil cosechadas.

“Argentina es un formidable productor de agroalimentos pero también tiene una posibilidad enorme de agregar valor y diferenciar su producción”, sumó el funcionario de Agricultura. Asimismo, sostuvo que tiene un potencial de desarrollo enorme para generar empleos y estimó que la futura ley es un “instrumento de políticas públicas” que va a traccionar más a la producción orgánica.

Además, el proyecto contó con el aval del presidente de la Cámara Argentina de Certificadoras, Gabriel Berardinelli, y al respecto ratificó que “la iniciativa busca seguir un proceso de construcción de la argentina orgánica”. En ese sentido, les pidió a los legisladores que apoyen el proyecto para “seguir fortaleciendo el sector orgánico”.

Sin dudas el aval del proyecto termina por ser muy importante, ya que la agricultura orgánica contribuye a amortiguar el calentamiento global debido a la mejora en la capacidad de capturar carbono de la tierra y mediante la eliminación del uso de fertilizantes nitrogenados inorgánicos, cuya síntesis y aplicación implica la emisión de gases de efecto invernadero tales como el óxido nitroso o el amoníaco.

Barrios Populares: Diputados aprobó la suspensión de los desalojos

Barrios Populares: Diputados aprobó la suspensión de los desalojos

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En una sesión especial la Cámara Baja aprobó la iniciativa por amplia mayoría y giró el proyecto al Senado. Establece una prórroga de diez años de la ley vigente. Sólo votaron en contra Carolina Píparo y Francisco Sánchez. 

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado, el proyecto que modifica la Ley de Integración Socio-Urbana de Barrios Populares, en una sesión especial. La iniciativa, que se sancionó en 2018, prorroga por diez años la suspensión de los desalojos.

El plenario legislativo aprobó la iniciativa por 227 votos aportados por el Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda. Hubo tres abstenciones que correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-Juntos por el Cambio). En tanto Francisco Sánchez, del PRO, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad, votaron de manera negativa. 

La sesión especial, presidida por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, inició a las 13 hs. En el primer tramo se aprobó la renuncia de la ahora ex diputada, Victoria Tolosa Paz, dado que asumió como ministra de Desarrollo Social, y se le tomó juramento a la dirigenta massista, Micaela Morán, que cumplirá su mandato hasta diciembre de 2025.

La iniciativa de modificar la ley de Integración Socio-Urbana, que impulsó el Poder Ejecutivo Nacional, propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (que declara la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios populares), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y agilizar los procesos administrativos. También promueve fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Además, la iniciativa busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, además de apuntar a declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

En este sentido, Radio Trinchera diálogo con Gildo Onorato, Secretario Gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), quien sostuvo: “Es muy importante, ya que en la Argentina hay más de cinco mil villas y asentamientos, que albergan alrededor de seis millones de personas que son las que demandan el reconocimiento de estos espacios como viviendas familiares. Después la posibilidad de acceder a los servicios, lo que genera fuentes de trabajos y construir condiciones de habitabilidad de esos lugares“. 

Después lo más importante es evitar los desalojos de estos asentamientos y que nosotros conocemos como barrios populares, que están hace mucho tiempo instalados pero con muy poco reconocimiento y sabemos que hay situación de vulnerabilidad extrema y demanda que el Estado se haga cargo de estos problemas. Un dato importante de estos es que casi el 68% de los hogares están a cargo de mujeres y da cuenta de una enorme feminización de la pobreza en los lugares más vulnerables de nuestro país, por eso para los movimientos populares tiene una gran importancia y es una victoria para los sectores“, agregó Onorato.

Asimismo, el referente de la UTEP enfatizó que “se vienen haciendo enormes mejoras en estos barrios, el acceso al agua potable, la luz, el gas o la red de conectividad, el mejoramiento de los accesos y que puedan acceder a los transportes públicos“. Sin embargo subrayó que “hay un gran déficit en la construcción de viviendas, donde se frenó dichas acciones para privilegiar las articulaciones con empresas privadas, más que todo en la provincia de Buenos Aires“.

Con respecto al cambio de gabinete, más específicamente en el ministerio de Desarrollo Social, Onorato remarcó: “Sabemos que va a haber continuidades, pero nosotros sí necesitamos que haya cambios en algunas políticas: la política alimentaria ha sido perjudicada en estos años, los alimentos con que el Estado acompaña al desarrollo comunitario ha sido escaso. También habría que dar un salto de carácter productivo de la economía popular, hay que frenar la subsidiaridad y las asistencias, que haya una valoración verdadera de esto. Sabemos que en Desarrollo creció el porcentaje de inversión del 5% al 13%, y la desigualdad, la pobreza y la indigencia no se redujo de forma sustancial“.

En la apertura del debate en la Cámara, el presidente de la comisión de Legislación General, Lucas Godoy (FdT), afirmó que el proyecto “es una política pública que se desarrolla a largo plazo y tiende a brindar las soluciones que propone la normativa“, y agregó que mejorará las “condiciones dignas y de calidad para los sectores populares“. “La modificación propuesta tiene que ver con ampliar de 4.416 barrios a 5.687, prorrogar la suspensión de los desalojos por el plazo de 10 años, declarar la emergencia socio-sanitaria y ambiental por dos años e incorporar la perspectiva de género“, sostuvo Godoy.

Por su parte, uno de los principales impulsores de la medida, el diputado del FdT-Patria Grande, Federico Fagioli, remarcó: “Esta política surgió del pueblo y de compañeros que salieron a exigir sus derechos. La integración socio-urbana es discutir y pensar cómo queremos que se desarrolle nuestro barrio, por eso se necesita una planificación a largo plazo“.

Cabe destacar que el proyecto formó parte de un paquete de iniciativas consensuadas que incluye un dictamen sobre tecnología y la expropiación del edificio donde funcionó el local bailable Cromañón, en el que en 2004 ocurrió una tragedia en la que murieron 194 personas.

Presentan proyecto de ley para reparar a Ex Combatientes de Malvinas

Presentan proyecto de ley para reparar a Ex Combatientes de Malvinas

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Les diputades del Frente De Todos, Victoria Tolosa Paz y Aldo Adolfo Leiva, presentaron un proyecto de ley para resarcir los 10 años posteriores a la guerra de Malvinas, momento en que no se reconoció a los ex combatientes.

Les pido perdón, en nombre de las legisladoras y legisladores nacionales, que en más de 40 años, en 480 meses, en más de 500 sesiones ordinarias, no hemos tenido la valentía para plantar esta bandera”, fue la frase con la que la diputada del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, presentó y fundamentó, un proyecto de ley que busca reparar a los ex combatientes de Malvinas por los crímenes a los cuales fueron sometidos por el último gobierno de facto y sus gestores.

El proyecto fue presentado por la diputada nacional junto a su par (y ex combatiente), Aldo Adolfo Leiva, bajo el nombre de “Reparación histórica de Malvinas”. Los beneficios del mismo se otorgarían a quienes participaron del conflicto bélico en defensa de la soberanía de las Islas Malvinas en 1982, mientras cumplían con la Ley de Servicio Militar Obligatorio.

La presentación se realizó mediante una conferencia de prensa realizada en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados, junto a participantes en la causa como el Director del Museo de Islas Malvinas, Edgardo Esteban, y Ernesto Alonso, integrante del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECyM), entre otros.

El CECyM es una agrupación que nuclea a ex combatientes de Malvinas, que en la actualidad luchan por esclarecer las violaciones a los derechos humanos a las que fueron sometidos, por repudiar y visibilizar a quienes las cometieron, además de exigir las reparaciones correspondientes.

En este sentido, el presidente de la organización, Rodolfo Carrizo, explicó a Revista Trinchera cómo se fue gestando esta incitativa: “Este proyecto es un trabajo colectivo que esta estimulado y promovido por la Mesa de Coincidencia Malvinas, que es una expresión de distintas organizaciones de ex combatientes de la Provincia de Buenos Aires y del país. La idea de este proyecto es que el Estado nacional repare a los ex combatientes con un producido económicos por los 10 años que no se percibieron pensiones, porque desde que volvimos de Malvinas hasta que obtuvimos la primea pensión, pasaron 10 años”.

Se trata de reparaciones que, representan un plano moral y ético por sobre lo económico, mas allá de que es una ayuda importante para los ex combatientes, es un gasto muy mínimo a nivel fiscal y de Estado”, detalló Carrizo.

La diputada Victoria Tolosa Paz pidió disculpas en nombre de todos los que, a 40 años de la guerra, no ejecutaron la planificación de un proyecto que se haga cargo de esos primeros 10 años posteriores al conflicto bélico, en los que los soldados no tuvieron reconocimiento alguno.

Este proyecto da una respuesta que omitió la democracia, y, como se dijo ayer, en 500 sesiones del parlamento, nunca estuvo en la discusión púbica, y hemos sido las organizaciones de ex combatientes las que hemos estado peleando para que el Estado repare estos problemas”, destacó Carrizo.

El 14 de julio del año corriente el CECyM repudió un acto ejecutado por el municipio de la Ciudad de La Plata en la Plaza Malvinas, en el cuál se homenajeó con placas al cabo Darío Rolando Ríos y al subteniente Juan Domingo Baldini, acusados de cometer torturas contra soldados argentinos durante la guerra.

El secretario de Derechos Humanos de la organización, Ernesto Alonso, aseguró en aquella ocasión que desde la organización se narraron distintas historias de abusos y violaciones por parte de Ríos y Baldini: “Ríos usaba una de las prácticas más aberrantes, que era encerrar a un soldado en el calabozo, esposarlo a los barrotes y hacer que lo abusen sexualmente quienes se encontraban detenidos; Baldini disparó a sus propios soldados tras una orden del comandante Oscar Yofre, que exigió disparar contra quienes se encontraban fuera de su sector en aquel momento”.

En la misma línea, Carrizo recalcó que “en la guerra de Malvinas se produjeron las mayores violaciones de los Derechos Humanos a los soldados de la propia tropa”, a lo cual añadió que “no hubo una respuesta de parte del Estado, como lo podría haber sido un programa de contención, ejecutado a través de las aéreas de salud, trabajo o educación“.

El presidente del CECyM, concluyó: “Hemos sido las organizaciones de ex combatientes las que hemos peleado por estos derechos, y entendemos esta reparación como una respuesta y reconocimiento, para que quienes pusieron el cuerpo además, puedan, por lo menos, gozar de una mejor vejez”.

El Senado aprobó el proyecto para ampliar la Corte Suprema

El Senado aprobó el proyecto para ampliar la Corte Suprema

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La Cámara Alta aprobó la iniciativa impulsada por el oficialismo, que incrementa el número de integrantes a 15. La reforma, que obtuvo 36 votos a favor y 33 rechazos, deberá contar con paridad de género.

Tras un debate de ocho horas, el Senado de la Nación aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que amplía de cinco a quince el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Además, establece una representación máxima ocho integrantes del mismo sexo.

La sesión especial, en la que la oposición votó en contra, obtuvo 36 votos a favor, 33 en contra y tres ausencias. A favor de la reforma votaron los 34 representantes del Frente de Todos (FdT) presentes, el misionero Maurice Closs; Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro; y la riojana María Clara Vega, de Hay Futuro Argentina.

En tanto en contra votaron los 32 integrantes de Juntos por el Cambio que estaban en el recinto (el cordobés Luis Juez estuvo ausente) y la oficialista puntana María Eugenia Catalfamo. También se ausentó la representante de Córdoba Federal, Alejandra María Vigo. 

Revista Trinchera dialogó con la abogada y docente de UBA-UNPAZ, Natalia Salvo, quien destacó que “la ampliación de la Corte Suprema de la Justicia es importantísima por una cuestión cuantitativa y numérica. Tenemos cuatro jueces, que deberían ser cinco, para resolver la problemática de 48 millones de argentinos y argentinas. Después tenemos un aporte sin integración efectivamente federal, más allá de que algunos procedan de otras provincias, los resultados de sus fallos y el contenido es absolutamente centralista y porteño-céntrico”. 

Respecto a la mirada federal de la iniciativa, la media sanción tiene un gran valor dado que es instada por los gobernadores y gobernadores, por lo que hay una motivación federal. Además, está atravesada por un criterio y una perspectiva de género, ya que “hoy en día tenemos una Corte de cuatro varones y sin ninguna mujer”, agregó la abogada.

Salvo, además, sostuvo que “es fundamental en una clave de política y de época, porque tenemos una Corte Suprema de Justicia que se constituye por encima de los otros poderes. Esto lo vimos con el fallo en el que se establece una ley derogada por el Congreso y puso al presidente de la Corte en la presidencia del Consejo de la Magistratura, violentando el orden institucional y constitucional”.

Según la afirmación de la letrada, en la actualidad tenemos una Corte que está por encima de los otros poderes del Estado, no solo del Legislativo sino del Ejecutivo. En este sentido, Salvo remarcó que la Corte “falla a través de sus sentencias y obturando las políticas de Estado que se implementan en el Poder Ejecutivo. Digo que es una clave de época porque la Corte Suprema es el representante mayor del Poder Judicial de la Nación y tiene como función constitucional administrar justicia y efectivizar derechos, y lo que está haciendo es gobernar y legislar mediante sus fallos”.

El proyecto original del oficialismo, presentado por los jefes de la bancada del Frente de Todos, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y que contaba con el apoyo de los gobernadores peronistas, establecía la ampliación a 25 del número de integrantes del máximo tribunal. Esa iniciativa obtuvo dictamen de comisión el 29 de junio, pero no pudo ser debatida en el recinto porque el bloque mayoritario no tenía el número necesario.

En la última semana, el FdT aceptó bajar de 25 a 15 el número de integrantes de la Corte, lo que le valió el respaldo de dos de sus aliados, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana María Clara Vega; y el de uno de sus integrantes, el puntano Adolfo Rodríguez Saá. Los tres legisladores habían presentado proyectos vinculados a la composición de la Corte: Weretilneck, uno que dejaba en 16 el número de jueces; Rodríguez Saá, uno de nueve miembros; y Vega otro que sostenía la paridad de género.

En clave de los ajustes que se le hizo al proyecto para conseguir su aprobación, y las disputas con la oposición, Salvo destacó: “Primero lo hay porque lo que es el bloque opositor no tiene contenido jurídico al momento de señalar la procedencia de este proyecto. Lo que señalan son otras cuestiones como la económica y dicen que lo que se quiere manejar es la justicia; no tienen un efectivo debate jurídico que es lo que debería haber en estos momentos. Básicamente, no hubo una argumentación por parte de la oposición que permita abrir el diálogo jurídico más allá de la reducción numérica”.

No obstante, la letra del proyecto de ley aprobado oficialmente, no se conoció hasta algunos minutos antes de que finalice el debate en el recinto, ya que el FdT ajustó detalles hasta último momento. Al comenzar la discusión, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, dio un anticipo de lo que contendría el documento final cuando mencionó a los quince integrantes, así como la idea de la paridad de género.

Esperemos que salga pronto la fecha en la que se debate en Diputados y que no sea en octubre porque la oposición tiene un mecanismo de discusión sin contenido que es simplemente oponerse. El gran desafío estará en formar y establecer consensos en otros bloques aliados para poder hacer que esto se transforme en ley”, concluyó Salvo.

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