Fuerte rechazo social a la Ley Ómnibus: protesta frente al Congreso

Fuerte rechazo social a la Ley Ómnibus: protesta frente al Congreso

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Tras dos días de movilizaciones y represión en rechazo a la Ley Bases que se trata en la Cámara Baja diferentes organizaciones políticas y sociales, vecinos de CABA nucleados en asambleas barriales, organizaciones de derechos humanos y ambientales, entre otras, seguirán este viernes con la jornada de protesta en los alrededores del Congreso.

Por tercer día consecutivo, y pese a la fuerte represión policial, diferentes espacios sociales, de la cultura, de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, sindicatos y asambleas barriales estarán movilizándose al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de Ley Bases. Su tratamiento extraordinario pasó nuevamente a cuarto intermedio y se retomó este viernes en la Cámara Baja.

Pese al despliegue de un operativo desmedido que terminó con decenas de heridos y varios detenidos, la protesta social contra el proyecto insignia de Milei continuará sobre la zona del Congreso desde el mediodía del 2 de febrero. En los dos días que lleva tratándose la ley gendarmes y policías federales no se limitaron a despejar las calles, sino que arremetieron sobre los manifestantes que se replegaron sobre las veredas y la Plaza. La cacería no discriminó a diputados, jubilados, periodistas ni fotógrafos.

En este sentido, en medio de los disturbios que se dieron a las afueras del Congreso, el referente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, sufrió nuevamente una descompensación. Entre gases lacrimógenos y balas de goma, se descompensó en el piso y algunas personas se acercaron a socorrerlo. “Me golpearon, no me caí”, explicó el dirigente ante los medios de comunicación. “Me pegaron y empujaron”, agregó el dirigente social tras descompensarse.

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se hizo presente en las dos últimas jornadas al Congreso junto a sus delegados y centro de jubilados. “Esta ley no admite otra posibilidad más que su rechazo”, sostuvieron mediante un comunicado. “Le dejamos en claro a las y los diputados que este pueblo no va a ser cómplice del desguace de nuestra nación, a pesar de la represión y los palos de la policía de Bullrich”, sostuvieron en una publicación de Instagram.

En este sentido, el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, remarcó: “Todo el proceso estuvo marcado por graves irregularidades que deben ser investigadas”, y además, destacó el reclamo del gremio “en defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)” de la Anses. Cabe destacar, que entre los principales reclamos del sector está el rechazo tajante “a cualquier intento de reinstalación de los sistemas privados de jubilaciones (ex AFJP); anulación de los bonos; suspensión de la Ley de Movilidad; derogación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad o venta de nuestros territorios terrestres, marítimos y aéreos”.

En tanto, distintas organizaciones barriales e independientes convocadas por la Multisectorial Federal de la República Argentina y las dos CTA, estuvieron presentes frente al Congreso Nacional. Al respecto, la CTA Autónoma sostuvo que la movilización será “en defensa de la patria, la soberanía, la democracia y la clase trabajadora”. “NO al proyecto de Ley Ómnibus; NO al mega DNU 70/23; NO a las facultades delegadas”, prosigue el posteo.

Antes los fuertes incidentes que hubo en las afueras del Congreso por el avance de las fuerzas policiales sobre los manifestantes, con gases lacrimógenos y balas de gomas, que protestaban contra la Ley Ómnibus, la Confederación General del Trabajo (CGT) apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, como responsable de la violencia de esta tarde en las calles.

“El despliegue de fuerzas federales amedrentando la libertad de protesta de Pato Bullrich sólo pretende ocultar lo verdaderamente importante que es la discusión legislativa. Mientras tanto los argentinos/as están inseguros en los barrios de Argentina”, cuestionó la central obrera en su cuenta de X.

Por su parte, la referenta de la Corriente Nuestra Patria, Secretaría de Relaciones Internacionales y Soberanía de la UTEP, Fernanda “Colo” Pereyra, en diálogo con Trinchera sostuvo: “Este gobierno no cierra sin represión, ni heridos. La pelea no es solo por la comida. Se está entregando la Patria, está en peligro”.

Tras ser reprimida ayer por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Ministerio de Capital Humano en la jornada de “Olla vacías” de la UTEP, Pereyra declaró: “No son los mismos gases lacrimógenos que se han utilizado en otras manifestaciones. Sentía el gas todavía quemando, como si te estuviera prendiendo fuego”. “Hay un ensañamiento importante de las fuerzas de seguridad con las organizaciones. Hay una orden y quieren mostrar que aquellos que quieran salir a defender la Patria o los derechos, van a sufrir represión”, prosiguió la referenta y sentenció: “Se olvidan de quién es el pueblo argentino. Nuestra querida Norma Plá decía que somos mucho más pueblo que milicos“.

En consonancia, varios legisladores de Unión por la Patria (UxP) y el FIT reaccionaron ante la represión e impulsaron dos pedidos para suspender la sesión y pasar a un cuarto intermedio, pero ambos fueron rechazados. Desde la calle, la diputada nacional de UXP Cecilia Moreau sostuvo: “No se puede sesionar así. Hay que seguir debatiendo pero en un marco de paz y tranquilidad, no con este operativo desmedido que pone en riesgo la vida de la gente. Le pido a Milei que levante la sesión”.

Además recordó la represión de diciembre de 2017 contra la movilización que se dio en repudio a la reforma previsional de Mauricio Macri. “A (Emilio) Monzó ya le pasó en 2017, que no pudo seguir sesionando por la represión. Nada bueno puede pasar cuando en la calle hay este nivel de deshumanización”, declaró Moreau.

Finalmente, en el ámbito cultural se realizará el Festival de Unidxs por la Cultura, bajo el lema: “Contra la Ley Ómnibus y el DNU, porque la cultura es necesaria y está en emergencia!”. Será en la Plaza Congreso a partir de las 16.30 horas y contarán con la presencia de: Peteco Carabajal, Arbolito, Saga, Las manos de Filippi, Invisibl3s, Juli Laso, Barbarita Palacios y Javi Casalla, Alto Guiso y Alta Gama.

Santa Fe moviliza por mejoras salariales

Santa Fe moviliza por mejoras salariales

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Con un paro que se extendió durante toda la jornada de miércoles, tanto en establecimientos públicos como privados, docentes exigen una revisión del 46% anual acordado en marzo.

Docentes nucleades en la Asociación de Magisterio de Santa Fé (AMSAFE) y en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), acompañados por profesionales de la salud, continúan con el paro de 48 horas iniciado este martes, tanto en establecimientos públicos como privados, para exigir una revisión del 46% de aumento anual acordado en marzo.

Por su parte, el gobierno de Omar Perotti se resiste a abrir las negociaciones, en tanto considera que este número “aún está por encima de la inflación”. En ese marco, los gremios decidieron continuar con el plan de lucha hasta obtener una respuesta, y aseguraron “extenderlo durante los días 10 y 11 de agosto” si es necesario.

En la misma línea, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), se acopló al paro del día martes, con movilizaciones en distintos puntos de Santa Fe, y sin asistir a los lugares de trabajo.

En diálogo con el programa “526 al fondo”, en Radio Trinchera, el Secretario de Educación de CTERA y Secretario de Cultura de AMSAFE,  Miguel Duhalde, explicó de qué manera se gestó el paro: “La semana pasada nosotros tuvimos una asamblea provincial para decidir qué medida de fuerza tomar ante la negativa del gobierno, donde pedimos la reapertura de la paritaria, para que nos convoquen a discutir varios temas, pero fundamentalmente un acuerdo salarial, ya que el acuerdo de principio de año se ve sobrepasado hoy por la situación que todos conocemos”, desarrolló.

“Sumado a las decisiones del gobierno en torno a la extensión de la jornada laboral (sin discutir con los trabajadores y trabajadoras), decidimos llevar adelante un paro de 48 horas para esta primera semana que comenzó ayer y continua hoy, porque no tuvimos ninguna novedad”, aclaró Duhalde. Según el Secretario de Educación de CTERA, el paro fue “muy masivo y hubo acatamiento en toda la provincia”, y ya existen las fechas del 10 y 11 de agosto “para continuar con el plan de lucha en tanto no haya respuesta del gobierno”.

Por otro lado, el también Secretario en AMSAFE, aclaró que llegaron al paro como última instancia, debido a la imposibilidad de diálogo: “Para nosotros la mejor manera de llevar adelante las negociaciones es con la comunicación entre el gobierno y los trabajadores, pero Omar Perotti no abre las paritarias y por eso se llega al paro, que es una medida de fuerza que se toma tras no existir el dialogo”.

Hace una semana, el gobernador Omar Perotti y el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, firmaron un acuerdo para agregar un hora más de clase a la educación primaria de gestión estatal. La toma de esta decisión, sin el consenso con les trabajadores del sistema educativo de Santa Fe, molestó a les involucrades, que además disienten en las formas.

“La extensión horaria es compleja porque depende de cómo se lleve a cabo; nosotros nos oponemos a las condiciones en las que se está llevando la extensión, porque se hace a mitad de año, de manera improvisada, y sin saber si quiera para qué, además de que es un parche que no soluciona los problemas de fondo que tenemos”, argumentó Duhalde.

Finalmente, el secretario explicó que también luchan por la extensión horaria, y de qué manera pretenden abarcarla: “Nosotros estamos luchando por llegar a la jornada completa estudiantil de 8 horas, pero contemplando todo lo que se necesita, docentes y comedores, y planifcándola por lo menos para principio del año que viene, lo que permitiría una mayor capacidad de organización para nosotros y para las familias”.

Organizaciones marchan en reclamo por los “brutales aumentos de precios”

Organizaciones marchan en reclamo por los “brutales aumentos de precios”

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Concentrarán en las Av 9 de Julio y Belgrano. Tienen como objetivo marchar a algunas fábricas productoras de alimentos y a la Sede de la Secretaría de Comercio Interior.

El Movimiento Barrios de Pie-Libres del Sur y el Frente de Lucha, que está conformado por el FOL, el MTD Aníbal Verón, el MRP y el FOB La Libertaria, marcharán en reclamo por el “abusivo aumento de los alimentos” y de los productos de la canasta básica familiar. El punto central de concentración será en Av 9 de Julio y Belgrano y desde se desplazarán hasta algunas planta productoras de alimentos y a la sede de la Secretaría de Comercio Interior.

La movilización fue anunciada a través de un comunicado de prensa conjunto impulsado por las organizaciones antes mencionadas en el que remarcaron que se movilizarán “porque en la Argentina hay hambre y hay 20 empresas poderosas que son dueñas de la comida de los argentinos“.

En tanto el Polo Obrero concentrará a las 10 en Av San Juan y 9 de Julio con destino al Ministerio de Desarrollo Social y a distintas sedes del Anses, para exigir la extensión del pago del bono de refuerzo salarial a más trabajadores y la prorrogación de asistencia alimentaria a comedores y merenderos.

La puja por el precio de los alimentos entre el gobierno y los grandes productores es el problema principal en la agenda del Ministerio de Economía, aunque hasta ahora el gobierno no ha logrado ganarle la pulseada a la inflación a pesar de los aumentos de pisos salariales e inyecciones de dinero en programas sociales.

La avaricia de algunos sectores -que no dejan de aumentar mes a mes- sumada a una respuesta débil del gobierno para emplear distintos mecanismos que puedan poner freno a los aumentos, derivan en un imparable infierno inflacionario que golpea todos los días al bolsillo de les trabajadores.

Por ello las organizaciones movilizadas apunten el reclamos a estos dos sectores: las fábricas productoras que no dejan de aumentar sus productos y la Secretaría de Comercio Interior que no toma medidas rápidas y tajantes para poner freno a un bola de nieve que se lleva puesta a las grandes mayorías.

Marcharán por la soberanía del río Paraná y en defensa del Canal Magdalena

Marcharán por la soberanía del río Paraná y en defensa del Canal Magdalena

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La protesta planificada para este miércoles cuenta con el respaldo de escritores, periodistas y legisladores, entre otras personalidades, y se desarrollará frente a la sede del Ministerio de Transporte, avenida Paseo Colón 315, en el Bajo porteño.

Organizaciones gremiales, sociales y políticas volverán a movilizarse el miércoles próximo en una “marcha nacional en defensa del Río Paraná y el Canal Magdalena” como así también por la defensa de “la Soberanía Marítima, Fluvial y la Industria Naval y del trabajo argentino“, informaron las entidades convocantes.

La protesta cuenta con el respaldo de escritores, periodistas y legisladores, entre otras personalidades, y se desarrollará a partir de las 11, frente a la sede del Ministerio de Transporte, avenida Paseo Colón 315, en el Bajo porteño.

El 20 de abril vamos a hacer una gran marcha convocada por la mesa por la Soberanía del Río Paraná y la construcción del Canal Magdalena, que son los dos grandes ejes y que además son abarcativos de la defensa de los puertos y el trabajo de los argentinos“, adelantó el gremialista Oscar Verón (CTA Autónoma), capitán fluvial que conoce la actividad del dragado.

El escritor Mempo Giardinelli la exdiputada fueguina Alejandra Portatadino y el periodista Luciano Orellando integran junto a otros la Multisectorial convocante
El escritor Mempo Giardinelli, la exdiputada fueguina Alejandra Portatadino y el periodista Luciano Orellando integran junto a otros la Multisectorial convocante.

En la Multisectorial a cargo de la convocatoria participan el escritor Mempo Giardinelli, el extitular de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables Horacio Tettamanti, la exdiputada fueguina Alejandra Portatadino, el periodista Luciano Orellando -autor del libro “Argentina sangra por las barrancas del río Paraná“- y el dirigente Julio Urien, de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca).

También forman parte de la iniciativa ATE Nacional, Soberanos, el extitular de la Federación Agraria Pedro Peretti, el periodista Néstor Piccone, el diputado provincial de Santa Fe Carlos del Frade (Frente Social y Popular), la referente del Foro por la Recuperación del río Paraná Mónica Polidoro, la exlegisladora santafesina Mercedes Meir (Soberanía Popular) y el abogado Santiago Alí Brouchoud.

Sobre la gestación de la marcha, Verón contó que fue coordinada “con compañeros y compañeras” que se reúnen desde hace semanas con el objetivo de “confluir” en una marcha frente a la cartera de Transporte, que tiene bajo su órbita todo el proceso licitatorio para el dragado y balizamiento del Paraná.

La protesta del prximo mircoles ser de carcter nacional e incluir una marcha en CABA
La protesta del próximo miércoles será de carácter nacional e incluirá una marcha en CABA.

Entre los argumentos de la protesta, el dirigente de la CTA Autónoma enumeró: “Es importante movilizarnos el 20 de abril porque el Gobierno no nos escucha. En vez de recuperar la soberanía de los ríos y puertos y construir el Canal Magdalena, que son nuestros grandes reclamos, han optado por profundizar y seguir entregando a las multinacionales el trabajo argentino, sin que el Estado haga el control necesario sobre las riquezas que se van del país y los impuestos que no se pagan“.

Y a modo de ejemplo, planteó: “No es posible que las empresas que operan en los puertos de la mal llamada Hidrovía facturen más de 52.000 millones de dólares al año, por ejemplo en el año 2020. ¿Quiénes controlan las toneladas cargadas y el pago de impuestos? ¿Por qué esas ganancias no quedan en el Estado nacional?“, reprochó.

Además, anunció que la protesta del próximo miércoles “será de carácter nacional” ya que en paralelo a la marcha en CABA “habrá movilizaciones a la Bolsa de Comercio de Rosario y en los puertos ubicados a lo largo del río Paraná“, detalló.

En la Multisectorial a cargo de la convocatoria participan distintas personalidades del quehacer social cultrual y poltico
En la Multisectorial a cargo de la convocatoria participan distintas personalidades del quehacer social, cultrual y político.

En los últimos días, la iniciativa de confluir en una marcha nacional sumó más adhesiones, como la de la Organización Social y Política “Los Pibes” que conduce el dirigente Ángel “Lito” Borello, quien remarcó que participarán de la movilización “en defensa de los intereses nacionales y del trabajo de los argentinos”.

Desde siempre estamos en todo lo que sea la lucha y defensa de nuestra soberanía, como la defensa del río Paraná y el Río de la Plata“, agregó Borello.

En tanto, el diputado del Parlasur y secretario general del Movimiento Octubres, Gastón Harispe, anunció que desde su espacio se sumaron a la convocatoria ya que -advirtió- “mientras Argentina multiplica su producción y exportación de alimentos, tiene a una porción de la comunidad con hambre“.

La protesta cuenta con el respaldo de escritores, periodistas y legisladores, entre otras personalidades, y se desarrollará a partir de las 11, frente a la sede del Ministerio de Transporte, avenida Paseo Colón 315, en el Bajo porteño

 “Los precios de los alimentos y la inflación en general expresan, entre otras cosas, falta de soberanía sobre nuestras vías navegables y enormes costos de una logística o transporte al servicio de las multinacionales en vez de servir para producir más y mejor“, argumentó.

El legislador asoció la necesidad de profundizar los controles del transporte fluvial con el impacto de la guerra en Ucrania, sobre todo en materia de alimentos y energía, lo que obligará a la Argentina a administrar el comercio exterior para “proteger los precios y la producción nacionales”, exhortó.

Para alcanzar esos objetivos, añadió Harispe, “el Estado y la comunidad deben asumir la conducción de los puertos, nacionalizar el dragado de nuestros ríos y concretar el Canal Magdalena, para conectar la Patagonia con las provincias del norte y recuperar la navegación a lo largo del país, recuperando la flota de barcos argentinos“.

Impulsan también la la iniciativa ATE Nacional, Soberanos, el extitular de la Federación Agraria Pedro Peretti, el periodista Néstor Piccone, el diputado provincial de Santa Fe Carlos del Frade (Frente Social y Popular)

Este tipo de propuestas constituyen el eje de la declaración que difundió hace un mes la Coordinadora por la Soberanía del Río Paraná y el Canal Magdalena, en la que llaman a “defender la soberanía de nuestros ríos y el trabajo de los argentinos“.

El río Paraná y el Río de la Plata representan nuestra principal vía navegable y nuestros dos ríos más importantes. Ambos están en peligro. A través del decreto 949, el Gobierno nacional ha decidido reprivatizar esta vía troncal de navegación por donde se llevan todos nuestros bienes comunes naturales y por donde se desangra la Argentina“, señala el manifiesto.

Hacemos un llamado a toda la ciudadanía y a todas sus organizaciones políticas, territoriales, ambientales, feministas, sindicales, gremiales y de toda índole para que sean parte de este justo y soberano reclamo por todo lo que nos pertenece y nos fue arrebatado por políticas antipopulares en desmedro de nuestra madre naturaleza y nuestra soberanía“, destacan los espacios y personalidades que forman parte de la campaña.

Artículo publicado originalmente en Telam

Marcelo Cena
Marcelo Cena
Entidades agrarias entrerrianas se movilizan ante la suba de retenciones al aceite y la harina de soja

Entidades agrarias entrerrianas se movilizan ante la suba de retenciones al aceite y la harina de soja

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Productores rurales de Entre Ríos anunciaron una marcha y tractorazo para este lunes. 

Luego del anuncio del gobierno en relación a la suba de retenciones del aceite y la harina de soja, y la creación de un un Fondo de Estabilización del Trigo, productores rurales de Entre Ríos anunciaron una marcha y tractorazo que se tendrá lugar este lunes en esa provincia. 

La convocatoria se hizo luego de las protestas en Córdoba, Rosario y San Pedro (Prov. de Bs As). La misma fue comunicada por la Filial Crespo de la Federación Agraria Argentina, la cual también señaló que el tractorazo se realizará en el distrito de Ceibas.

El pasado domingo productores rurales convocaron una asamblea en la Rotonda de Crespo, entre las intersecciones de la ruta 12 y 131, donde definieron medidas de acción y evaluaron la posibilidad de extender las manifestaciones hacia la ciudad de Buenos Aires. 

En este sentido, Jorge Chemes, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, Señaló que “esto genera un clima de incertidumbre y desconfianza“. Además, consideró que la situación va camino a una protesta nacional.

Por su parte, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina manifestó en su cuenta de twitter que “las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho derecho“, al tiempo que afirmaron que la resolución perjudica la industrialización de la soja en el país.

Las protestas se dan ante las medidas adoptadas por el gobierno nacional que fueron publicadas el pasado sábado en los decretos 131 y 132 del Boletín Oficial. De esta manera, establecieron la suba de retenciones a la exportación del aceite y la harina de soja, que pasó de un 31% a un 33%.

La disposición comenzó a regir este pasado 19 de marzo y estaría vigente hasta el 31 de diciembre del corriente año. Además contemplan el incremento de la alícuota del derecho de exportación que pagan determinados alimentos como el aceite y la harina de soja.

Ante el rechazo de las entidades agrarias, desde Casa Rosada sostuvieron que era necesario llevar adelante una medida “transitoria y temporal” que aumente las retenciones de otras mercancías. En la misma línea afirmaron que la finalidad de dicha medida es que “el excedente que se recaude se destine a garantizar políticas tendientes a evitar un costo adicional en los alimentos para la población en general y, particularmente, para los sectores de menores ingresos“.

Triunfo histórico para un cambio de raíz

Triunfo histórico para un cambio de raíz

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La derrota se dibujaba en los rostros de los miembros de este gobierno presidido por el multimillonario chileno, que desde el 18 de octubre del año 2019 a la fecha viene cuesta abajo en la rodada, a una velocidad que hace imparable, no sólo en la caída en sus índices de popularidad, sino también en la desconfianza en su gobierno, aquellos que lo rodean, su sostén político y económico y que ha contagiado además, al resto de la casta política.

El 78,91% del apruebo, con una participación cercana al 50,88% con 7.558.261 votos – en un universo electoral de 14.855.719 chilenos y chilenas – es una cifra que los marca a fuego. Un número brutal,¡ para la marcha de este gobierno, y que además signa lo que queda de su período presidencial. Creo que el gobierno de Sebastián Piñera ha llegado a su término político, agoniza y su desenlace será doloroso, ya que desde este lunes 26 de octubre, sólo podrá dedicar su acción a llevar adelante el proceso constitucional

Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, tres de las comunas más ricas y opulentas de la capital chilena, donde vive la elite política y económica del país fueron los únicos lugares donde el rechazo obtuvo una votación considerable. Este hecho, es la expresión territorial de la desigualdad, el ejemplo indesmentible de la absoluta desconexión entre la casta política y económica del país con el porcentaje mayoritario de la población. Allí, en esos guetos, viven los dueños del país, los que aún creen que hay que conservar esta esclavitud moderna que representa el modelo político y económico neoliberal.

Igual situación es posible distinguirla en las principales ciudades del país, donde las elites viven en un país irreal, donde son los privilegiados y los que reciben ese PIB vergonzoso que la diferenciadel resto del país. Un Chile donde el 1% de la población se lleva el 26,7% del PIB, según señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)y el 66,5% reúne sólo el 2,1% de este producto. Esas comunas son la expresión más brutal de una minoría que rechaza ver a la mayoría, que la desprecia, que la esconde como la basura bajo la alfombra. Una minoría que a sangre y fuego defenderá sus privilegios.

Piñera administra un gobierno sacudido por cifras, que le gritan en la cara, que el país debe cambiar estructuralmente, en forma medular, que este Chile no puede seguir siendo el que es sin que reviente en mil pedazos y termine encendido de norte a sur y de cordillera a mar. La escasa confianza en su administración de un gobierno derechista, amigo de los gobiernos más golpistas y desestabilizadores del continente, sometido a los designios de Washington.

Un gobierno enemigo de los procesos progresistas de los pueblos hermanos latinoamericanos. Un gobierno amigo de los dueños de la salud, de la educación, del comercio mayorista, de los que administran nuestros fondos de pensiones. Una administración preocupada de acrecentar las utilidades de bancos y financieras, de las instituciones de salud privada, del incremento del lucro de la educación superior privada. Muy preocupado del incrementar patrimonios y no de buscar caminos de equidad social.

Un gobierno sacudido, además, en el plano sanitario, económico, con cientos de miles de desempleados, con una fuerte represión social, con una campaña del terror por parte de la derecha que llamó, mayoritariamente, al rechazo de este plebiscito. Un gobierno que constató, que parte importante del pueblo chileno le dice con esta histórica votación, que incluso debería pensar seriamente en renunciar, como un eje reivindicativo que las organizaciones sociales, los movimientos y el pueblo en general debe tomar como línea de trabajo. Es un hito histórico, evidentemente, ya que por primera vez en desde el lejano año 1833 la Constitución será redactada por una convención elegida a través del voto popular. Una constitución con verdaderas raíces sociales.

Las preguntas de este plebiscito fueron dos: ¿Quiere usted una Nueva Constitución? Con dos alternativas: Apruebo o Rechazo. La segunda pregunta fue ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución? Las alternativas eran: Mediante una “convención mixta Constitucional” es decir una asamblea conformada en un 50% por constituyentes elegidos directamente y 50% por miembros del actual Congreso. La otra alternativa de esta segunda pregunta fue si el mecanismo debía ser una “convención constitucional” que es una asamblea conformada por 100% de constituyentes elegidos.

Alternativa que significa una fuerte derrota a la partidocracia chilena tanto de izquierda, centro como derecha.  Frente al triunfo de la opción apruebo y que el mecanismo de llevar a cabo la elaboración de la nueva constitución sea mediante una convención constitucional, con el 100% d ellos constituyentes elegidos por votación directa, se realizarán el 11 de abril de 2021. Esto,  conjuntamente con las elecciones municipales y de gobernadores regionales bajo sufragio universal con el sistema electoral que rige la elección de la Cámara de Diputados.

El mecanismo de convención constitucional tendrá un plazo de trabajo, determinado en 9 meses, que será el tiempo para que presente una propuesta de constitución. Hay que tener presente que esta Convención constitucional, en su trabajo, deberá aprobar los diferentes aspectos del contenido de la carta fundamental, por al menos dos tercios de sus integrantes lo que obliga entonces a la búsqueda de acuerdos. 

Otra posibilidad de fracaso para tener una nueva constitución, además de la falta de acuerdos es que el nuevo texto sea rechazado en el plebiscito ratificatorio o de salida que se realizará al finalizar este proceso con voto obligatorio (a diferencia del plebiscito que fue con voto voluntario). Un evento, que por los propios plazos de la elaboración del texto constitucional no tiene fecha definida para el año 2022 y que depende de factores tales como: No se haga ni en enero ni en febrero. Tampoco antes de 60 días de una elección. Ni dos meses después de una elección.

En caso de que se apruebe la propuesta, Chile tendrá una nueva Constitución y el texto que data de 1980 será derogado. Encaso de que se rechace, seguirá vigente la actual constitución pinochetista. Requerimos como el agua para el sediento de dar paso a nuevos protagonistas, donde estén abiertos los canales de participación para aquellos que se lo ganaron en la lucha sostenida, diaria, heroica, que cuando hablemos de representación ella se consiga con la necesaria cercanía hacia aquellos mundos que han estado invisibilizados: movimientos y organizaciones sociales, culturales, pobladores, grupos feministas, pueblos originarios, entre otros.

Esta es una oportunidad histórica para entrar de lleno en la exigencia social (con un pueblo movilizado) de otro eje con el cual exhorta la población:  una asamblea constituyente, frente a un gobierno que pierde legitimidad y que con este plebiscito ha recibido un mazazo del cual va a ser difícil recuperarse. Un plebiscito que aumentó la participación ciudadana, que ha dado una señal muy potente para la legitimidad de los cambios necesarios; con un triunfo indesmentible de la opción del apruebo y el mecanismo determinado, que será la convención constitucional paritaria. Y hablo de pueblo movilizado porque la única manera de obligar a que los cambios se lleven a cabo es con la presión de la pobalación, de otro modo la ceguera, la sordera y la mudez seguirán siendo características de este gobierno y de aquellos que vengan en el futuro.

Uno de los resultados visibles de este proceso plebiscitario es la tremenda caída en la votación histórica de la derecha, que mayoritariamente se inclinó por la defensa del rechazo, en especial la UDI que ve mermada las posibilidades de aquel que elijasu representante y candidato presidencial. Es tal la desorientación en el sector derechista, que ya están apelando a que este mundo comience a salir de sus trincheras, entender que ya nada es lo mismo y que al menos, en el plano de la elección de constituyentes logren poner algunos de sus nombres en la elección del día 11 de abril del año 2021.

En esta postura, que algunos llaman pragmática, pero que en mi caso denomino “oportunista” se ubica el sempiterno pre candidato presidencial de la UDI (partido ultraderechista) Joaquín Lavín quien habla de “una nueva etapa que hay que mirar con optimismo.” Un personaje que hace un llamado a la paz y a salir de las trincheras derechistas, que habla de construir una nueva constitución pero…no desde cero, que es hablar de no enterrar la constitución de Pinochet. Un demagogo, que habla de “crear un gobierno de convivencia nacional, que no sea de derecha ni izquierda, donde se imponga el consenso, que elija a los mejores constituyentes”

Resulta evidente, que los resultados del plebiscito de este 25 de octubre nos demuestran que debemos dar un salto cualitativo, que deje atrás los resabios pinochetistas. Esto, con la claridad que la derecha va a apelar a todo de tipo de maniobras, que suele usar cuando ve que el control se le escapa de las manos: uso de los medios de información gráficos, radiales, televisivos, redes sociales. El poder financiero, el poder militar que incluso le haga avanzar por la posibilidad que sus mentes más termocéfalas piensen incluso en un autogolpe. No hay peligro mayor que una fiera herida.

Hay que estar muy atento a las maniobras de la derecha que hará del gatopardismo su estrategia prioritaria, tratando sibilinamente de presentarse como un sector que incluso tuvo a representantes derechistas por el apruebo, como muestra de esa mentalidad de cambio que dicen poseer. Es el comienzo del reacomodo que la casta política transversalmente – aquella que firmó el famoso pacto del 15 de noviembre del año 2019 para apagar el fuego social – está fraguando para no ser arrastrada por el carro de la historia, aquel que pasará por encima de todo aquel que no crea que Chile cambió.

Para aquellos que seguirán viendo este plebiscito y sus efectos como una votación más, parte de los crónicos espectáculo electorales en Chile, donde se jugaba al cambio de administrador peor se mantenía igual ese 1% de una elite dueña del país, creo que deben hacerse una urgente introspección. Analizar con mayor profundidad lo que ha pasado en este país sudamericano. Un país donde se exige un cambio medular de la relación de la ciudadanía con la política.  Un requerimiento acompañado de transformaciones cardinales, no sólo en el mencionado campo político, sino que avanzar en el paso de una democracia representativa a una democracia participativa.

Requerimos un país donde haya una transformación cultural, económica, que de satisfacción global a nuestras necesidades. Donde exista un cambio a fondo en ese estado subsidiario que se impuso en Chile, desde que se plasmó la constitución del año 1980. Donde la salud no puede seguir siendo una mercancía segregadora y la educación un negocio para el enriquecimiento de mercachifles. Donde el fin de nuestro ciclo laboral signifique un descanso merecido, con una justa retribución frente a décadas de trabajo y no la indignidad de ver a nuestros adultos mayores sometidos a jubilaciones misérrimas mientras los que administran nuestros fondos previsionales se enriquecen hasta la indecencia.

Tal como lo sostuvo mi entrevistado, el político chileno y candidato presidencial Daniel Jadue en segundopaso.es “el Plebiscito es el evento político más importante de los últimos 30 años” y ello implica, no sólo romper con esta democracia de consensos que se impuso en Chile tras el fin de la dictadura, sino también borrar todo resabio dictatorial donde la constitución del 80 es el símbolo de aquello que hay que enterrar en el basurero de la historia y cuyo primer impulso se ha dado este 25 de octubre del año 2020. 

Pablo Jofré Leal
Pablo Jofré Leal

Periodista y escritor chileno. Analista internacional, Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. especialista en temas de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. Creador de revista digital www.politicaycultura.cl

Neoliberalismo: la otra peste en Chile

Neoliberalismo: la otra peste en Chile

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POR MIRANDA CERDÁ CAMPANO*

En octubre del 2019, el gobierno de Sebastián Piñera debió enfrentar una ola de protestas masivas que se extendió durante meses. Si bien el detonante fue el incremento del precio del pasaje de metro, las demandas sociales de los manifestantes tuvieron un carácter heterogéneo y abarcaban asuntos como el acceso a la salud, a la educación, la reducción de las disparidades de género, lo insuficientes que son los ingresos para la mayoría de la población y el fin del sistema privado de pensiones, entre otros.

De la creciente movilización popular, se desprendió que las inequidades socioeconómicas eran insostenibles, y que además estaban íntimamente relacionadas a las reglas del juego institucionales consagradas en la Constitución Política de Chile, diseñada durante la dictadura, que protegen el statu quo y obstaculizan la adopción de cambios que promuevan una mayor equidad.

En ese sentido, fue tomando fuerza la idea de producir un nuevo texto constitucional, y los principales partidos políticos de gobierno y oposición sellaron un acuerdo mediante el cual se disponía que la ciudadanía chilena iba a poder decidir, mediante un plebiscito a celebrarse el 25 de octubre, si apoyaba o rechazaba la idea de una nueva constitución. 

En esa misma instancia, les chilenes también podrían emitir su voto en torno al mecanismo de redacción de esa nueva constitución, si el resultado fuese positivo. Las dos opciones en este caso, serán si se conforma una convención constitucional compuesta por ciudadanes elegides para ese propósito o una convención mixta que incluya también a un 50% de les legisladores del país.

Pese a que el Gobierno accedió a este acuerdo, los niveles de legitimidad de la gestión de Piñera siguieron cayendo. Hoy, en contexto de pandemia, según un estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), 7 de cada 10 chilenes evalúa negativamente las medidas del Presidente frente a la crisis del coronavirus. 

Respecto a los cambios constitucionales, la misma encuesta asegura que 6 de cada 10 encuestades creen que Chile está viviendo una transformación política, y 9 de cada 10 apuestan por un cambio constitucional: un 61% cree que debería promulgarse una nueva constitución y un 39% aboga por cambios en la actual Carta Magna.

¿El faro político?

La irrupción de la pandemia de coronavirus tuvo lugar en medio de un estallido social de grandes proporciones. Si bien durante enero y febrero habían mermado las movilizaciones iniciadas en octubre, a principios de marzo hubo grandes manifestaciones y ese descontento social volvía a sonar con fuerza. Pero ¡PUM¡ Llegó el Covid-19 y el gobierno y la clase política, que ya exhibían bajísimos niveles de legitimidad, tuvieron que hacerse cargo de una de las crisis sanitarias más importantes de la historia.

Las personas acataron bastante las medidas de distanciamiento social y por lo tanto se depusieron las masivas movilizaciones. De alguna manera, la pandemia vino a darle un poco de aire a un gobierno que se encontraba sofocado por la movilización popular. Pero para el pueblo chileno, el coronavirus aparece como un problema más: ahora tienen dos pestes, la sanitaria y la sistémica. 

Durante los primeros días de marzo, cuando Chile comenzó a registrar casos de Covid-19,  el mandatario aseguró que su gobierno contaba con las herramientas para enfrentar la pandemia, pero en mayo dio marcha atrás y reconoció que “tampoco estaban preparados”. 

Asimismo, Chile fue aplaudido por la comunidad internacional en tanto se constituyó como el país de la región que más testeos realizaba cada millón de habitantes, pero eso nunca le garantizó un buen manejo de la pandemia.

En las últimas 24 horas, Chile registró 6.405 nuevos casos y 96 muertes, y sigue siendo el tercer país de América Latina con más positivos de coronavirus por detrás de Brasil y Perú, aunque su tasa de mortalidad es menor a la de otros países con menos casos como Ecuador y Colombia.

Por otra parte, no se han tomado medidas efectivas para el beneficio de la mayoría de la población en este contexto. De hecho se pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional de 23 mil millones de dólares y hay que resaltar dos cuestiones: primero, que el gobierno de Piñera intentó encubrir el préstamo y salieron a decir que no lo habían pedido; fue el Banco Central el que tuvo que admitir la información, luego de que el FMI lo publicara en su página web; y segundo, que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones salió a decir que el préstamo no estaba diseñado para resolver los problemas con el gasto público, por que “no es un préstamo para el gobierno chileno”. ¿Para quién es la guita, entonces? Lo que distintos analistas apuntan es que el préstamo se propone evitar un corte en la cadena de pagos de bancos y grandes empresas.

Es en este sentido que hay una abismal diferencia entre lo que se destina para salvar a las grandes corporaciones, que lo que se dedica para ayudar a los grupos más vulnerabes socialmente, que son los más afectados por la pandemia.

Se han ofrecido planes de asistencia que son insuficientes. También se lanzó una Ley de Protección al Empleo, que evidentemente sirvió para permitir a las empresas despedir trabajadores sin tener que justificarlo o suspender temporalmente los contratos, y el desempleo ha aumentado considerablemente en el último trimestre.

Como si esto fuera poco, sumado a los estragos que está causando el Covid-19, debe añadirse la violencia que ejerce el aparato represivo del régimen neoliberal. La cuarentena obligatoria ha venido como anillo al dedo para imponer un estado de sitio. En este sentido, la bestialidad del modelo se manifiesta con violencia y terrorismo estatal sobre quienes disienten y resisten las políticas económicas y sociales y se han manifestado, respetando el distanciamiento social, en contra del hambre.

De lo que se observa en los barrios populares, se entiende que el hambre no puede ser saciado con una caja de alimentos no perecederos, que es lo que de manera clientelar empieza a distribuir el Gobierno. La crisis sanitaria causada por la pandemia está profundizando las desigualdades económicas y sociales, y los culpables son los que siguen perpetrando este modelo de miseria.

De alguna manera, en su afán por aferrarse al poder y salvar la calamidad neoliberal, el gobierno de Piñera está dispuesto, como lo hace desde aquel 18 de octubre del año pasado, a descargar la barbarie represiva que ha caracterizado históricamente a la derecha. La novedad en este punto tiene que ver con la decisión del Gobierno de dar suma urgencia a un proyecto de ley que modifica la Ley 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, ya aprobada en el Senado y también en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

Basta con analizar lo que dijo el ministro de Defensa, Alberto Espina, para entender que el objetivo de la iniciativa es reprimir la movilización social: “Si hubiésemos tenido un sistema de inteligencia moderno, los actos de violencia que ocurrieron en el mes de octubre se podrían haber impedido”.

En lugar de pensar políticas sociales y económicas que den respuesta a las causas estructurales de la protesta popular, el Gobierno y parte del Congreso optan, una vez más, por la represión y el debilitamiento de los derechos humanos.

Las más graves modificaciones de la iniciativa del ejecutivo apuntan a centralizar, concentrar y ampliar las atribuciones de los órganos de inteligencia. Con este proyecto, se pretende una concentración del poder incompatible con un sistema que se dice democrático, y se impide la participación de otros órganos y de la sociedad en la definición de las políticas de defensa e inteligencia, que tan profundamente pueden afectar los derechos humanos de la población chilena. 

Básicamente, se diseña un sistema de Inteligencia que liderará Piñera con sus ministros de Defensa e Interior, la Agencia Nacional de Inteligencia, la Policía y las Fuerzas Armadas, sin ningún control de otro poder del Estado y en sesiones secretas. En otras palabras, el Presidente se transforma en el Jefe de la Inteligencia Policial y Militar.

A medida que avanza la pandemia y por extensión, la crisis social, se va confirmando la imperiosa necesidad de masificar el debate en torno al papel del Estado en todos los ámbitos estratégicos de la economía, la seguridad social, la educación y la salud. Que deje de prevalecer el lucro por sobre la vida.


* Chubutense de nacimiento y militante porque no hay mejor manera de transformar el mundo. 
En la escuela le hablaron de la colonización y las guerras. Cuando la militancia le mostró
la historia de las resistencias, empuñó el mejor arma: la pluma.
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