La “Juana Azurduy” tuvo el objetivo de limpiar y señalizar uno de los caminos que conduce hacia Lago Escondido, en el tramo previo para llegar al Lago Soberanía, y marcar presencia en repudio a la ilegítima apropiación del suelo argentino por parte del magnate inglés Joe Lewis.
La Brigada Juana Azurduy, compuesta por distintas organizaciones sociales y militantes, estuvo durante los días 5 y 15 de febrero en la provincia de Río Negro, específicamente en las inmediaciones del Lago Escondido, tierra argentina vendida ilegítimamente al magnate ingles Joe Lewis. El camino a recorrer comprendió desde San Carlos Bariloche hacia el paraje el Foyel, para luego adentrarse en el camino de Tacuifi.
Hace años se realizan actividades políticas frente a la construcción que posee el magnate inglés en modo de protesta ante la entrega de territorio argentino y de defensa de la soberanía nacional. En esta ocasión se priorizó una puesta en orden del camino para llegar al lago, en donde se realizaron trabajos de señalización y limpieza, a fin de hacerlo más transitable, pese a las dificultades estructurales del sendero. “La única manera de llegar al lago es subiendo la montaña, una actividad excluyente para muchos argentinos que no pueden acceder a conocer las riquezas del suelo argentino”, explicó en ese sentido Ariel “Baldosa” Scalercio Ratto, integrante de la brigada y de la CTD Aníbal Verón (Corriente Nuestra Patria), en el marco de la conferencia de prensa realizada este viernes en el edificio de ATE Capital en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese sentido, Alejandro “El Vikingo” Meyer, integrante de la brigada Juana Azurduy, sintetizó: “Esta es una actividad que se realiza hace muchos años, bajo distintos nombres y organizaciones, pero que nunca se deja de lado, lo cual resume que es una lucha nacional, que no debe tener otro motivo para llevarla adelante que sea el patriotismo y la soberanía”.
“El gobierno actual cree que puede borrar 200 años de historia de un plumazo, pero en esta ocasión el campo popular, con escasos recursos y pura voluntad pasó a la ofensiva”, destacó “El Vikingo” en torno a la coyuntura política y añadió que “una vez más fuimos a la madriguera donde se juntan a repartir la torta y definir nuestro futuro los Macri, CEOs de Clarín, jueces, y por supuesto Lewis, dueño de la madriguera y delincuente confeso”.
Por su parte, Matías Marchi del Multimedio Trinchera definió: “Somos un grupo de argentinos que nos hierve la sangre de pensar que hay un grupo de nuestra sociedad que conspira para romper nuestra construcción nacional como lo hacen en Lago Escondido, en búsqueda de la extranjerización de nuestra tierra”, en referencia al artículo del mega Decreto de Necesidad y Urgencia que pretende derogar la Ley de Tierras, desprotegiendo los terrenos, exponiéndolos a su extranjerización y dejando la ley dispuesta para que casos como el de Lago Escondido se reproduzcan.
“Mientras estábamos subiendo la montaña se estaba discutiendo la Ley Ómnibus en Capital, porque el gobierno en este caso nos plantea muchos frentes simultáneos para dispersarnos, y en esa posible dispersión creemos que este frente, el de la extranjerización de nuestra tierra, es uno de los que sin duda no hay que abandonar”, reflexionó Marchi.
Entre las organizaciones participantes se encontraron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Corriente Nuestra Patria, la CTD Aníbal Verón, el Movimiento Estudiantil Liberación (MEL), la Federación Nacional Territorial (FeNaT), la CTA Autónoma, el Movimiento Somos Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el sindicato docente UnTER y de la Corriente Clasista Combativa (CCC), entre otros.
“El planteo es muy concreto, y la dimensión del enemigo es muy clara: decimos enemigo porque Lewis es un pirata británico, delincuente en su propio país, que se apropió de territorio argentino con una triangulación y además tiene la personería jurídica de su empresa bastante floja de papeles”, aseguró en la Conferencia de Prensa Franco Carignano, referente de la Corriente Nuestra Patria, y concluyó: “Esos motivos nos hace considerarlo concretamente un enemigo de nuestra patria, y por ende de este grupo y del pueblo argentino”.
El magnate inglés que actualmente ocupa tierras nacionales en la patagonia e impide el paso a Lago Escondido se entregó a la justicia de Estados Unidos, luego de ser intimado por burlar al sistema de la bolsa de Nueva York.
El magnate inglés, Joe Lewis, fue intimado por la oficina fiscal del Distrito Sur de Nueva York por filtrar información confidencial sobre empresas de forma “anticipada” a su círculo íntimo, los cuales aprovecharon para realizar movimientos seguros en la bolsa de comercio de Wall Street. Lewis se entregó pero luego, fue liberado bajo fianza tras declararse “no culpable”.
Joe Lewis es un empresario de nacionalidad inglesa de 86 años que cuenta con un patrimonio de 6.000 millones de dólares. También es dueño del equipo Tottenham Hotspur, el “sexto grande” (en cuanto a infraestructura) de la liga más importante de fútbol inglés (Premier League). Y además, posee participaciones en la cadena de bares Mitchells & Butlers, entre otros bienes. Sin embargo, el título más importante que posee para las y los argentinos en cuanto a bienes es la usurpación de Lago Escondido, donde compró ilegalmente 12 mil hectáreas de la Patagonia, incluyendo una residencia que bloquea el acceso a este lago. Esto fue permitido por el juez Carlos Maqhiques, que sobreseyó a Lewis cuando fue imputado por dicho acto.
En esta ocasión, la justicia de Estados Unidos pretende, a través de una acusación de 29 páginas y que explicita 19 cargos, condenar por “fraude bursátil” a Lewis a una pena que podría ser de hasta 25 años. “Lewis abusó de su acceso a las salas de juntas de las empresas y proporcionó repetidamente información privilegiada a sus parejas sentimentales, sus asistentes personales, sus pilotos privados y sus amigos”, argumentó el fiscal acusante, Damian Williams. En ese sentido, se utilizó como ejemplo un movimiento en el que Lewis aprovechó su cercanía a un estudio clínico de una empresa de biotecnología que aún no había publicado oficialmente el documento. Las acciones de la empresa subieron en la bolsa de Nueva York una vez sucedido este hecho, y su pareja de aquel momento ya había registrado el “movimiento seguro” porque el magnate se lo contó. Así, sucesivamente.
En definitiva, Lewis fue detenido en Estados Unidos por aprovechar su ventaja de algunos conocimientos, y por ello se entregó inmediatamente, mientras que en Argentina usurpó una cantidad gigante de tierras, pero se mantiene en total libertad con respecto a ese hecho. Una vez más queda expuesto lo que representa el Poder Judicial para nuestro país, que debe lidiar con un grupo de hombres elegidos a dedo que son cómplices directos de la usurpación extranjera, y se ven envueltos groseramente en encuentros privados junto a Lewis y los grandes medios de comunicación. Mientras que en Estados Unidos con tan solo una intimación por generar ingresos extras en la bolsa de comercio alcanzan para que el británico se entregue, en Argentina burla a todos sus habitantes, se codea con el Poder Judicial que debería castigarlo, y pasa por encima de otras entidades que intentan denunciarlo, como la Inspección General de Justicia (IGJ), que requirió el año pasado la intervención de la firma “Hidden Lake”, con la que opera la gestión de Lago Escondido.
Jueces, encargados del multimedio Clarín, funcionarios y hasta un ex agentes de servicios de inteligencia, se ven envueltos en la mediatización de conversaciones en las que planifican métodos para tergiversar su reunión en las tierras del magnate inglés, Joe Lewis, en lo que se presenta como una de las mas grandes violaciones a la democracia.
A través de filtraciones realizadas por hackers al teléfono del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’alessandro, se hizo pública una serie de chats entre el dueño del teléfono y distintos personajes de un peso prominente en las riendas de poder del país, en los cuales acordaron simular distintos métodos que utilizaron para llegar a Lago Escondido, propiedad del magnate inglés Joe Lewis, ubicada en Río Negro, donde se habrían reunido.
En los chats y audios divulgados queda expuesto cómo los distintos actores acordaron justificar su llegada hasta Bariloche mediante vuelos privados pagados por el Grupo Clarín, así como la estadía en Lago Escondido.
A priori, la situación es, no solo una mojada de oreja total al pueblo argentino, sino una maniobra diabólica que da cuenta de la impunidad con la cual trabajan los dueños del país. Es importante remarcar que dicha situación se dio en el marco de la semana en la que se definió la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner, en la que no se le dio oportunidad de defensa, y se obstruyeron distintos pasos jurídicos que son los necesarios para efectuar una condena. Básicamente, el “Partido Judicial” hizo lo que quiso: allí, antes, ahora, y seguirá, en la medida en que esta pata de la república esté manchada por la falta de democracia.
Los participantes del chat divulgado son los jueces federales Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques, y Julian Ercolini; el director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom y sobrino de Hector Magnetto (CEO de Clarín), Pablo Casey; el presidente de Grupo Clarín, Jorge Rendo; el presidente de MediaBit S.A., Tomas Reinke; y el exfuncionario de servicios de inteligencia de la SIDE, Leonardo Bergroth.
Loa audios verifican que los implicados decidieron conseguir facturas falsas para la justificación de compras de pasaje y alojamiento. Situación que, en la necesidad de encubrir, oculta otros medios por los cuales se ejecutaron las acciones. En ese sentido, los responsables de Clarín, Rendo y Casey, aseguraron en el chat que costearían el viaje. Lo que no es claro aún es el objetivo de dicha reunión, que, vista la organización y la implorante necesidad de ocultar, parece tratarse de un asunto severo.
Al mismo tiempo, los implicados debatieron los hechos por los cuales su visita a Lago Escondido fue divulgada, y dialogaron sobre cómo presionar a los medios de comunicación más importantes del país para que no se haga público el caso, sumado a una estrategia futura en la cual acordaron utilizar el papel de “victimas de un espionaje ilegal”. Está claro que su preocupación más clara en cuanto a la mediatización fue por el multimedio C5N, sobre el cual los implicados desarrollaron que, a través de Julián Leunda (asesor del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que renunció tras el escándalo), consiguieron el nexo con Fabián de Souza, responsable del medio, quien les aseguró que no tratarían el tema.
En cuanto a los motivos de las filtraciones, los “huemules” nombraron a José Glinski, jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), como posible culpable de que su viaje se haya hecho público. Esto fue nombrado por Yadarola, quien anunció en tono amenazante que “ya se cruzaría con él”. Al mismo tiempo, D´alessandro aseguró que si fuese ministro del gobierno Nacional, disolvería la PSA.
Y, si no alcanzaba con que un ministro de Seguridad pretenda destruir para su conveniencia una unidad de fuerza que regula los aeropuertos, el mismo se superó y le contestó a Yadarola: “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”, refiriéndose al momento en el que podría cruzárselo, y pidiéndole que le haga un nexo para realizar esta acción, como si de una mafia se tratase. ¿O de eso se trata?
Los chats y audios develan la manera en que operan estos “peces gordos” del país, y cómo logran tapar sus agujeros ilegales mediante contactos, extorsiones y mecanismos de poder como lo es el mayor multimedio de comunicación de la Argentina; o con los instrumentos del poder judicial que poseen y conservan de generación en generación debido a la anti democracia que existe en este sector del poder argentino.
El “lawfare” en su estado puro se desenmascara sin más en esta situación tan extraordinaria, y denota fehacientemente que el mismo es causa y consecuencia de una opinión pública dominada por un medio de comunicación que concentra la masividad de visualización, pauta y poder, y que puede fabricar cualquier engranaje necesario para instalar un discurso armado, una causa inventada, y prácticamente, intentar dominar un país.
El ejemplo perfecto de ello yace en la continuación de la conversación sobre Glisnki, que de solo leerlo expresa esta idea: “Pasen alguna info de este personaje que le escribimos una notita”, expresó Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto. En concreto: añade a la serie de ideas extorsivas sobre la figura de José Glinski, que le acerquen información sobre él, para construir una nota en el multimedio que tienen a su disposición, y de esa forma generar sentido negativo sobre su figura, que lo difame y le quite peso a su palabra, ya que este sería el presunto denunciante del viaje.
Esa es la mecánica por excelencia que tienen los medios de comunicación para generar sentido, convencer a una mayoría y sentar las bases a quienes instrumentan el poder del derecho para obstruir ideas y cuadros políticos, y darle vía libre a otros. Quedó perfectamente ejemplificado y a la luz a través de estos chats, que tienen muchísima tela para cortar, y darían para extenderse en un análisis largo y con infinitas posibilidades de vinculación de temas.
Por lo mismo, también es necesario poseer el testimonio de algunos implicados en el tema, como es el caso de Luciano Ortiz Almonacid, abogado penalista que denunció el viaje de los jueces durante los últimos días del pasado mes de octubre, cuando se filtró la información: “Esto no es un escándalo, es el hecho más grave en la historia democrática después de lo sucedido el primero de septiembre. Hay jueces, fiscales, ex espías, ministros y dueños de medios tramando denuncias falsas, aprietes, detenciones, y persecuciones, no quiero saber qué están hablando sobre mi vida en este momento”, declaró para Radio Provincia. En aquella ocasión, el abogado solicitó “la apertura del procedimiento de remoción” de los magistrados que habrían estado en la estancia que el empresario inglés Joe Lewis posee en Río Negro.
“Hice la denuncia por pura vocación, no formo parte del gobierno, tengo ideología, pero eso no me vincula a hacer la denuncia, acá hay un hecho de gravedad institucional que tiene que ver con conductas inapropiadas de magistrados que hoy fueron ratificadas y que deben ser investigadas por el Consejo (de la Magistratura) y los órganos pertinentes, por eso hice investigaciones vinculadas a la empresa, aporté la foto del avión, y expliqué los antecedentes y la gravedad institucional del tema”, desarrolló Almonacid sobre los inicios de la causa.
“Estos jueces y el ministro de Seguridad estaban en horario laboral, que esto suceda en el marco de un gobierno democrático de otro color demuestra que el poder real lo tiene este grupo, y también traduce cómo gente que está en el gobierno está operando también con ellos, y deberían ser investigados, porque hay funcionarios que están tratando de entregar a la persona que había estado en el momento y lugar cuando este grupo pasó por el aeropuerto de Bariloche”, insistió el abogado, quien hizo fuerte hincapié en el poder real que representa el Lawfare, y la posibilidad de que este hecho sea hoy una vitrina del hecho para la sociedad.
Almonacid hizo la respectiva denuncia ante el Consejo de la Magistratura, ente que dicta los reglamentos internos del Poder Judicial y que funcionaría como instancia superior a los jueces implicados, para que se lleven adelante las investigaciones a los mismos.
En ese sentido, el especialista en cuestiones penales expresó ser consciente de las complejidades del asunto: “Estamos ante un Consejo de la Magistratura totalmente parado, que no actúa con jueces del Lawfare ni con causas como el atentado a la vicepresidenta, pero creo que esto tiene que ser un antes y un después en la acción y la mirada sobre el Poder Judicial”. Y agregó que “los ciudadanos que no formamos parte de la política tenemos que tener más injerencia sobre estas situaciones y repudiar a estos jueces”.
El link en el que se podían leer las conversaciones completas ya no está disponible. No obstante, solo es necesario ver cómo y para quién trabajan estos jueces en su día a día, como en el caso de Pablo Gabriel Cayssials, que acarrea antecedentes extensos que demuestran que opera en beneficio del poder, y nunca a favor de las grandes mayorías:
+ Anuló la adecuación obligatoria del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
+ Permitió al ex jefe de gabinete Marcos Peña Braun utilizar la base de datos de la ANSES para sus comunicaciones publicitarias.
+ Declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto.
+ Convalidó el aumento del 300% en las tarifas del agua.
+ Le ordenó a la AFIP que se abstuviera de aplicar la resolución 4838 porque violaría el secreto profesional de abogados y contadores, al obligarlos a informar las maniobras de supuesta elusión o evasión fiscal de sus clientes.
Que el poder judicial funcione como un órgano super poderoso y antidemocrático en la conformación de los poderes del Estado es lógico en un marco en el que los representantes del mismo no son elegidos mediante el voto popular, como en los otros dos poderes (ejecutivo y legislativo). A raíz de esto, el ejercicio de este poder que se traspasa a dedo, presenta irregularidades y empleos a favor de ciertos intereses, dentro de los que se encuentra el Lawfare. Este asunto no es ninguna novedad, pero los instrumentos mediáticos pueden cegarlo a los ojos de quienes no se interesen en estar informados, por lo que esta situación necesita y merece una gran difusión para demostrar el poder del Lawfare tanto en nuestra sociedad, como en toda Nuestra américa.
En el mismo sentido se expresó Almonacid, al concluir en la importancia de la divulgación de este hecho: “A mí me gustaría explicarle a los ciudadanos que la justicia no tiene control, hoy estamos en un gobierno de jueces, y si hoy la política no toma el control sobre esto, vamos a un lugar donde la democracia no va a tener sentido”.
El conocimiento público de estos hechos, y el silencio de los grandes medios masivos de comunicación, llevó a que el Presidente de la Nación realice una cadena nacional en la que sostuvo que “lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios”, y comunicó las medidas que ordenó para tomar cartas en el asunto. Este posicionamiento se materializó este miércoles con la denuncia penal a los jueces, funcionarios y empresarios involucrados, presentada por el ministro de Justicia, Martín Soria, ante la fiscalía federal de Bariloche.
Es urgente no reproducir la lógica instalada por los medios hegemónicos que encubrieron el caso Y a pesar de ya ser un hecho mediático, es importante recalcar el repudio hacia estas maniobras que desestabilizan por completo un país, y lo deja a merced de los núcleos económicos y mediáticos. Un pueblo jamás será soberano y nacional mientras existan estos mecanismos que le facilitan más poder a un grupo reducido, que a quienes ganaron mediante el voto popular. Las acciones deben ser inmediatas y enérgicas, ya que el modus operandi de violación a la democracia por parte de quienes quieren ser dueños de un país a costa de las grades mayorías, cruzó todo tipo de línea, y se presenta de una manera abusiva, obscena y extorsiva.
Joaquín Bellingeri
Militando desde la información y la palabra contra el amarillismo oportunista y por una sociedad en la que predomine la equidad social.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche confirmó una sentencia de 2013, en un amparo que lleva casi dos décadas. El magnate británico tiene tres meses para liberar el camino original al lago.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche, Río Negro, ratificó una sentencia de 2013, en un amparo que lleva casi dos décadas, y ordenó habilitar ese sendero cordillerano. El fallo expresa que Joe Lewis tiene un plazo de tres meses para garantizar que la población pueda transitar un camino de acceso al Lago Escondido, lindante con la propiedad del magnate inglés. Diferentes referentes que lucharon para el acceso al lago festejan el fallo.
En este sentido, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familiar, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por les jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia (que votó en disidencia), resolvió ratificar la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, que en febrero de 2013 ordenó al Estado provincial de Río Negro que realizara los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el lago Escondido a través del camino Tacuifí.
Luego de 17 años de lucha legal desde que se inició el amparo, 25 jueces y juezas pasaron por la causa, entre recusaciones y denuncias ante el Consejo de la Magistratura. Hubo una primera sentencia favorable 13 años atrás, pero fueron innumerables apelaciones, idas y vueltas entre el juzgado y el Superior Tribunal de Justicia provincial, e intentos de llevar la causa al fuero federal, hasta la Corte Suprema de la Nación.
El fallo destierra la posibilidad de que se abra un cuarto camino, tal como propuso en un momento del largo pleito la empresa Hidden Lake S.A., algo que hubiera implicado intervenir fuertemente sobre zonas vírgenes de un parque natural. El motivo: la mansión de Lewis, una construcción de 3.200 metros cubiertos en la que se alojó Mauricio Macri en el momento que fue a visitarlo, con helipuerto, pistas de karting y equitación, canchas de fútbol y tenis, hipódromo, zoológico, anfiteatro y catarata artificial, entre otras excentricidades fue levantada literalmente, arriba del camino histórico que el lunes la Justicia ordenó desbloquear.
Radio Trinchera dialogó con el médico sanitarista y dirigente peronista, Jorge Rachid, que al respecto remarcó: “Lewis es la punta de un iceberg muy claro. No nos olvidemos que además de apropiarse del Lago Escondido y de tener miles de hectáreas ahí a seis kilómetros de la frontera de Chile, lo cual está prohibido por legislación y para tenerlas tuvo que mentir con los papeles, algo que hoy investiga Inspección General de Justicia (IGJ); tiene otra estancia muy grande en Sierra Grande, con una pista de aterrizaje igual a la de Aeroparque”.
“Si a esto le agregamos las 800 mil hectáreas de Benetton, las 400 mil de Tamer y las 400 mil de Tompkins hablamos de proceso preocupante que tiene que ver con un diseño estratégico de la OTAN en Islas Malvinas para continuar ocupando colonialmente y controlar el Mar territorial argentino, la Antártida Argentina y los pasos bioceánicos. Así que imagínense la importancia que tiene este pequeño fallo, pero gran paso, que le ordena a Lewis que tanto los lagos y los ríos como los caminos que lo rodean tengan acceso público y pleno”, agregó el médico sanitarista.
Por otra parte, Rachid sostuvo que “este fallo devuelve eso que estaba faltando en la Justicia Argentina, ser un poco más patriota y no entregarse a estos personajes”, y resaltó que las acciones de Lewis tienen que ver con una apropiación de soberanía sobre la Patagonia. “Por eso es importante recuperar ese sentido patriótico que nos fue arrebatado por ese colonialismo”, sostuvo.
En febrero, mientras participaba de la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido, Rachid debió ser rescatado en helicóptero de la zona de Lago Escondido luego de haber sufrido una descompensación producto del “hostigamiento” perpetrado por la custodia privada de Lewis. “La única diferencia entre la patota y la Policía rionegrina fue que la policía tenía uniforme y los otros tenían capucha. Esto obviamente no compete a todos los policías o bomberos de la provincia, hubieron muchos de ellos que nos ayudaron y fueron compatriotas muy valiosos”, sostuvo sobre la situación el dirigente peronista.
Con respecto a los manejos de la política y la policía, Rachid afirmó: “Acá hay un poder político opositor que cuando hay un fallo de la Justicia dice que es un fallo kirchnerista y unas fuerzas policiales públicas, en este caso de Río Negro, que obviamente defienden lo privado y más si los mandantes políticos están más cerca del poder real que del poder constitucional y legítimo de las mayorías populares”.
Por su parte, el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, Julio César Urien, diálogó con Radio Provincia y consideró que el fallo “es muy importante porque nos anima a continuar con estas movilizaciones que realizamos a pesar de los amedrentamientos, amenazas y atentados que sufrimos”. En el marco de la Marcha por la Soberanía del Lago Escondido apuntó que “también demuestra la fortaleza de la unidad de los sectores populares que integran las columnas que nosotros organizamos”.
Además, Urien denunció que “Lewis es la expresión del poder financiero internacional que está muy articulado con sectores locales y eso condiciona al poder político y judicial en Río Negro”, y dijo que el territorio que domina el amigo de Mauricio Macri “es un enclave británico donde no rigen las leyes argentinas y las fuerzas de seguridad de la Provincia están subordinadas al empresario”.
Finalmente el dirigente social convocó a recuperar espacios de soberanía: “Venimos planteando la defensa del Río Paraná y del Canal de Magdalena” y valoró que la semana pasada el Gobernador de la provincia de Buenos Aires se reuniera con el Presidente para que empiecen las obras de dragado en el Canal.
Por otra parte, la CTA Autónoma de la Provincia de Río Negro manifestó su satisfacción por el fallo emitido y lo consideró “un triunfo del pueblo”. “Debemos festejar y defender este fallo que le pone freno a la conquista de la colonia británica en nuestra cordillera”, señaló el Secretario General de la Central Obrera, Rodolfo Aguiar.
Por segunda vez en menos de un mes, un fallo consideró inválidas las aprobaciones para el avance de un mega proyecto inmobiliario sobre una región de humedales en El Bolsón.
La lucha de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Ahogado lleva más de una década y la Justicia comenzó a darles la razón a aquellos que militan la causa en la zona de la Comarca Andina del Paralelo 42, en contra del llamado “Nordelta Patagónico”. Por segunda vez en menos de un mes, un fallo consideró inválidas las aprobaciones para el avance de un mega proyecto inmobiliario sobre una región de humedales en El Bolsón, clave para la provisión de agua en la región. La obra está vinculada al magnate británico Joe Lewis, aunque los papeles digan otra cosa.
A través de la Resolución 295/16 del Poder Ejecutivo y las Ordenanzas 165/16 y 194/16 del Concejo Deliberante, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativa resolvió dejar sin efecto las actuaciones de la Municipalidad de El Bolsón del año 2016 en relación al loteo en Pampa de Ludden.
Antes, a mediados de mayo, la Cámara en lo Civil y Comercial de Bariloche también resolvió en favor de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Ahogado, en Río Negro, y declaró la nulidad de las decisiones gubernamentales provinciales y municipales que desde 2011 avalaban el avance de la obra Laderas de Perito Moreno S.A., empresa propietaria del complejo de esquí del cerro Perito Moreno, con fuertes y claros lazos con el magnate inglés Joe Lewis.
El integrante de la Asamblea, Guillermo Colares, resaltó que “hicimos juicio en 2011 por resoluciones y ordenanzas que daban vía libre al loteo del cerro, que de seguir adelante nos va a dejar sin agua. Todo estaba trabado en la justicia y finalmente se anularon esas resoluciones. Ellos siempre infringieron los diferentes logros judiciales que íbamos teniendo, pero este sería el parate más fuerte desde que empezó todo”.
En este sentido aclaró que se trabaja de dos juicios: el primero por un amparo colectivo contra las resoluciones que daban vía libre a la obra, y el segundo por un acta-acuerdo del gobierno municipal en 2016 que vulneró la orden de no innovar vigente y dio impulso al cuestionado proyecto. En ese año surgió la movilización popular más masiva en defensa del agua y Colares recordó que “fue cuando se copó una plaza, con acampe; fueron las marchas más grandes; hubo cerca de 15 mil personas marchando, el turismo a full apoyando. Fue el momento más álgido de la lucha”.
El proyecto fue catalogado como un “Nordelta Patagónico” por sus dimensiones ya que contaría con 1072 parcelas con canchas de rugby, polo, golf y una laguna artificial para pesca con mosca. Sin embargo, tras los dos últimos fallos, todo eso quedó “sin anclaje administrativo alguno y no puede llevarse a cabo”, celebró Colares. Aún resta saber si habrá apelación al caso.
Si bien Lewis no figura como titular del emprendimiento Laderas, la comunidad señala que las vinculaciones con el acusado de apropiarse el acceso al Lago Escondido están a la vista. En este sentido Colares destacó: “No hay una conexión donde haya un papel, pero hay cuestiones de vínculos familiares, la zona es la misma que la de Lago Escondido y en 2005 Lewis quiso quedarse con este lugar. Hay un montón de vínculos, pagan las multas en conjunto, se manejan así”.
Cabe destacar que en la región no se hablaba de humedales sino de mallines: zonas “esponjosas” que retienen agua en la tierra. En este sentido, otra de las integrante de la Asamblea, Silvia Rojas aclaró: “La palabra humedal para nosotros es nueva en la Patagonia. Pero empezamos a plantearlo como un humedal de alta montaña, es como una suerte de esponja en un valle de altura. Si eso se pierde, si esa esponja no hace de esponja, deja de haber posibilidad de que el agua se pueda encauzar en los arroyos y el canal”.
El último fallo hizo lugar al informe pericial ordenado en la causa y elaborado por profesionales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). Entre los puntos señalados por el informe académico, el fallo plantea que “entre las conclusiones a resaltar encontramos que el emprendimiento se proyecta sobre una corredor biológico regional habitado por una especie protegida y declarada Monumento Nacional, el huemul. Que no se ha considerado la afectación de la biodiversidad”.
El documento además señala: “Que el incremento de población y de actividad humana que se producirá a partir de la implementación de los proyectos no ha sido analizado en profundidad. Que el manejo de los recursos hídricos tampoco fue analizado en toda su dimensión, soslayando además que en el Cerro Perito Moreno se ubican dos glaciares de montaña que alimentan cursos de agua”. También resalta que se trata de una zona periglaciar y que no fue considerada en la Ley de Glaciares 26.639 (art 2°).
La Inspección General de Justicia pidió la intervención judicial a la empresa Hidden Lake S.A., propiedad del magnate británico. En paralelo se solicitó la nulidad de la compañía y la liquidación de su patrimonio.
La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó este martes la intervención judicial de la empresa Hidden Lake S.A., propiedad del magnate británico Joseph Charles Lewis. En paralo, pidieron por la nulidad de la compañía y la posterior liquidación de su patrimonio, incluyendo los terrenos que encierran el Lago Escondido, en la provincia de Río Negro.
El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, firmó la Resolución Particular 393/2022 que requiere “la intervención judicial de la entidad comercial” y solicita “la declaración de nulidad de la misma y la posterior liquidación de su patrimonio, el cual podría incorporarse al conjunto de los bienes estatales para el fomento de la educación común”. A su vez, los artículos 18 y 19 de la Ley General de Sociedades así lo establecen en el caso de la liquidación de bienes de sociedades en condiciones de irregularidad como las detectadas en Hidden Lake.
El sumario inició en marzo pasado, luego de los episodios de principios de febrero en los que unas 20 personas reclamaron por la apertura de una vía de acceso al Lago Escondido y fueron interceptados y reducidos por la guardia privada que responde al magnate. En este sentido la IGJ destacó que “se requirió a las autoridades de la sociedad mercantil mencionada una serie de documentación e informaciones, a resultas de lo cual se concluyó que la compañía era controlada por el Sr. Lewis y presentaba un sinnúmero de irregularidades”.
El expediente resalta la existencia de causas judiciales con varias resoluciones firmes del Superior Tribunal De Justicia de la Provincia de Río Negro e incluso de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2005, pese a las cuales “a más de 17 años todavía sigue sin materializarse el acceso público al Lago Escondido”. También explica que la empresa de Lewis presentó “múltiples recursos procesales dilatorios” evitando el cumplimiento de los fallos que obligan a extender un paso público hacia el conocido lago.
Asimismo la IGJ estableció que “la sociedad de Lewis no realizó durante décadas actividad comercial alguna que le permitiera sufragar, entre otras cuestiones, la construcción de la mansión en las proximidades del Lago Escondido, ni mucho menos auto-sostenerse como entidad mercantil genuina”, y sostuvo que “Hidden Lake, en realidad, resulta ser una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio, la producción o prestación de bienes o servicios, sino que se la está utilizando para disfrazar el cuantioso patrimonio del Sr. Lewis en la Patagonia”.
La resolución del expediente dispuso “promover de inmediato la acción judicial tendiente a obtener la declaración de nulidad de la sociedad”. Asimismo, solicitó “la intervención judicial de la administración de dicha sociedad, en evidente resguardo del interés público habida cuenta del gravísimo incumplimiento en que ha incurrido respecto de sentencias judiciales firmes”.
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