Facebook-f Instagram Twitter Youtube Whatsapp Telegram
RADIO EN VIVO

Etiqueta: #GobiernoNacional

Con el RIGI peligra la soberanía ¿Cuál es la alternativa?

Con el RIGI peligra la soberanía ¿Cuál es la alternativa?

Eduard Paz
TIEMPO DE LECTURA: 8 min.

La política de saqueo, escudada bajo el Régimen Incentivo para Grandes Inversiones, busca fomentar la minería, la explotación de hidrocarburos y el agronegocio. Pese al respaldo del CEO de YPF, Horacio Marín, más de 50 organizaciones ambientales y diferentes políticos denunciaron la inconstitucionalidad de la norma. También el proyecto de ley GNL aparece como una variante ¿De qué se trata?

La aprobación del RIGI dentro del proyecto de Ley Bases, que se debate en el Senado, significaría una reversión del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1.993 (Ley N° 24.196). Según su escritura, busca incentivar inversiones a cambio de beneficios fiscales y garantías para las grandes empresas, pero la iniciativa tiene un objetivo específico: dar vía libre a los capitales extranjeros para entrar al país, explotar los recursos naturales y llevarse las ganancias, con beneficios fiscales y sin la obligación de generar trabajo local.

Asimismo, en la megaley libertaria, se especifica que el Régimen está destinado a la industria agropecuaria, forestal, minera, de gas y de petróleo, además de infraestructura, energía y tecnología. Entre sus beneficios más importantes están la reducción del impuesto a las ganancias en un 10%, retenciones cero a las exportaciones de las empresas inversoras, sin impuesto por la libre importación de maquinarias nuevas y usadas, y bienes de capital, no estarían obligadas ni a contratar proveedores locales ni mano de obra local, ningún requisito de compre nacional, sin requisitos para liquidación de divisas en el tercer año de la inversión.

Tales beneficios lo transforman en uno de los puntos más peligrosos de todo el paquete de leyes de la Ley Bases, ya que modificara mínimamente por 30 años el ADN de la Argentina, dejando a la soberanía de la Nación comprometida al especificar que cualquier norma y ley local o nacional es completamente nula.

Cabe destacar que hay dos artículos especialmente problemáticos: en el caso del artículo 163, que incluso el secretario de Energía admitió en el Senado que la redacción era “poco feliz”, el RIGI permite que el Gobierno nacional pueda imponer y llevar a la Justicia cualquier normativa contraria al régimen. Las provincias tienen normas específicas de control que no podrán ser aplicadas. 

El segundo artículo problemático es el 219, ya que ante controversias entre el Estado nacional y el inversor, Argentina cede soberanía jurídica y accede a que la controversia se dirima en un tribunal internacional y no en los tribunales argentinos, lo que significaría renunciar a la soberanía jurídica en pos de una instancia internacional como el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Por otra parte, las empresas no estarían obligadas a dejar las ganancias en Argentina, ni a comprar o vender en el mercado local. Además, una vez sancionada, ningún gobierno o legislación podrá derogarla, tal régimen está claro que beneficia a las empresas multinacionales.

Pese al riesgo que representa el Régimen a la Soberanía, el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, defendió el RIGI y enfatizó que “tiene que aprobarse” en el Senado para que pueda avanzar el megaproyecto para construir una planta de Gas Natural Licuado (LNG, por sus siglas en inglés). El integrante del Grupo Techint también advirtió que “sin RIGI no vamos a exportar 30 mil millones de dólares por año entre toda la industria” y aclaró que YPF podría alcanzar el 40% de esas exportaciones.

El posicionamiento de Marin no es casual, ya que va en línea con la idea del Gobierno nacional de dejar todo en mano de los extranjeros, incluso sostuvo, desde la ciudad de Nueva York donde le contó el Plan 4×4 de YPF a más de 100 inversores: “Hay que avanzar con este proyecto porque va a ser muy difícil conseguir capital”. Y agregó: “Necesitamos que vengan capitales”.

Frente a los dichos del CEO de YPF, el senador nacional Oscar Parrilli, señaló: “Lo que hacen con el RIGI es regalar Vaca Muerta. Es una privatización encubierta de YPF ¿Qué tiene que decir Nación sobre las concesiones provinciales?”. En tanto, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, sostuvo: “El RIGI es un esquema de coloniaje: da incentivos fiscales, beneficios cambiarios y no tiene en cuenta generar valor agregado nacional. Combinados, implican un enorme beneficio para los sectores extractivistas a costa del laburo y desarrollo argentino”.

El RIGI una herramienta de destrucción ambiental

Otra de las aristas que se desprende del Régimen es que aumentarían los proyectos extractivistas en la Argentina. En este sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la asociación de Abogados Ambientalistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Multisectorial Humedales, Asamblea Pucará, el Instituto de Salud Socioambiental, Fundación Cauce, Greenpeace, Fundeps, Capibara y Consciente Colectivo, entre otros, redactaron una carta que sostiene el peligro que representa tal medida.

“El RIGI profundiza este régimen de privilegio que ya tiene la minería hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las Provincias, en el caso del RIGI la aprobación del proyecto de ley Bases las incluye de manera compulsiva”, detalla la carta presentada por las organizaciones ambientales.

Al respecto, el diputado nacional por Salta de Unión por la Patria (UxP) y exministro de Economía provincial, Emiliano Estrada, mencionó: “Para qué queremos una inversión en litio si al tercer año no están obligados a liquidar y no pagan retenciones. No va a dejar dólares en el país y va en contra de toda la cadena de valor porque no habrá aranceles de importación”.

“El RIGI es la vuelta final del extractivismo, el ajuste de tuerca final para convertir a Argentina en un país sin soberanía sobre su territorio. Las provincias pierden control sobre los recursos naturales existentes en sus territorios como establece la Constitución. Por eso creemos que es inconstitucional”, declaró el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADAA), Enrique Viale.

Además, el RIGI va en detrimento de la sanción futura de nuevas leyes ambientales. Por ejemplo, si Río Negro en un futuro decide dar marcha atrás con la ley que ahora habilita la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en el Golfo San Matías (que era un área protegida hasta que se modificó la ley provincial), el Gobierno nacional puede decir que esa marcha atrás va contra el RIGI y puede llevar a la provincia rionegrina frente a la Justicia.

Proyecto de ley del Régimen de Gas Natural Licuado (GNL): una alternativa que se asoma en el horizonte

Gran parte del peronismo en el Senado rechazará el RIGI y no buscarán hacerle modificaciones. Si bien se le podrían incluir modificaciones, como agregado de valor, desarrollo de proveedores, exigencias de I+D, o menores beneficios tributarios y cambiarios. Lo cierto es que eso hará que el proyecto vuelva a Diputados y al ser la Cámara Baja la originaria del proyecto, podrían decidir mantenerlo tal cual está, eso decantaría, para el campo nacional y popular, “la vuelta a un colonialismo del siglo XXI”, según definió la ex vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Bien se sabe que el rechazo no pasa por promocionar inversiones, sino porque el régimen no tiene ningún artículo de agregado de valor nacional. De esta manera, propondrán reflotar el proyecto de ley el régimen de promoción del GNL, para seguir adelante con el mega acuerdo de YPF y Petronas, la petrolera estatal de Malasia y darle el puntapié inicial a la industria del gas natural licuado en Argentina, allí, las inversiones podrían llegar a los U$S 30 mil millones.

En consonancia, el senador de UxP, Mariano Recalde aseveró: “Estamos más para un rechazo del RIGI que para un régimen de incentivo distinto”. En declaraciones a Futurock, agregó: “Nosotros proponemos volver a tratar la ley con beneficios para el GNL, que ya tuvo media sanción”.

Cabe recordar que en el lapso del gobierno del Frente de Todos (FdT) hubo propuestas de regímenes con beneficios sectoriales tales como: la ley de hidrocarburos, que llegó al Congreso y nunca se trató; la ley de litio apenas llegó a ser un borrador; y finalmente la ley de promoción del GNL, que en octubre del 2023 obtuvo media sanción de Diputados, le falta media sanción del Senado y mantiene estado parlamentario.

Esta iniciativa que busca ser reflotada, tiene como objetivo la licuefacción de gas natural con destino a la exportación a fin de aprovechar el recurso de Vaca Muerta e incrementar las inversiones. Además, tiene como meta incrementar la producción de GNL a gran escala, promoviendo la competitividad de su oferta y alentando su expansión, incentivando al desarrollo de toda la cadena de valor del GNL, así como la industria de bienes de capital asociada a ella, con el fin de fomentar el establecimiento de polos productivos y la generación de empleo nacional.

La ley GNL también tiene beneficios para grandes inversiones, pero sólo para este sector, y desde un mínimo de U$S 1000 millones, no U$S 200 millones como el RIGI. Además, sus retenciones no son de cero, sino móviles, según el precio internacional del GNL. No tiene acceso total al dólar, sino hasta el 50% de las divisas. Y tiene un artículo específico de integración nacional.

Esta es sin dudas una de las salidas o alternativas para generar inversiones del exterior sin avasallar nuestra soberanía. Además, es un plan que podría copiarse o amoldarse (con ciertas modificaciones), a las diferentes industrias de la Nación siendo un motor clave para el crecimiento del país, teniendo también en cuenta la protección ambiental y no avasallando las facultades de los gobiernos provinciales y locales.

Tu aporte es esencial para que el Multimedio Trinchera pueda continuar con la construcción de una comunicación por y para el pueblo. Agradecemos el apoyo de nuestra comunidad y te invitamos a suscribirte para afianzar día a día nuestra Trinchera.
¡Sumate a la Comunidad Trinchera y aportá a la Comunicación Popular!
https://revistatrinchera.com/comunidad/

Eduard Paz

Proveniente del sur, me instalé en la ciudad de las diagonales. Fiel pensante que la política y el deporte van de la mano. Siempre me vas a tener al servicio de la comunicación del pueblo y su deporte.

Más notas del autor
Fuerte golpe a la Cultura Argentina: El Gobierno ordenó el cierre del INCAA

Fuerte golpe a la Cultura Argentina: El Gobierno ordenó el cierre del INCAA

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Luego de un fuerte desfinanciamiento al sector cultural, el jefe de Estado, Javier Milei, finalmente ordenó el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con el objetivo de reestructurar sus operaciones internas. De esta manera, unas 700 personas quedarán con licencia obligatoria hasta que se complete la reorganización interna. El próximo 26 se convocó a reclamar en “las puertas del INCAA “por el funcionamiento del instituto y la reincorporación de los trabajadores despedidos”.

En el marco del fuerte ajuste que lleva a cabo el Gobierno Nacional, este lunes 22 de abril, bajo la directiva de Javier Milei, se oficializó el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y sus alas. De esta manera, al igual que lo hecho con Télam, el Gobierno estatal definió su cese temporal e indefinido del ente cultural y dieron licencia obligatoria a los trabajadores para luego reubicarlos y reasignar sus respectivas tareas. Según fuentes oficiales, la decisión se adjudica al “contexto de la crisis económica general e importante déficit fiscal que atraviesa el país desde hace décadas”.

La medida fue confirmada en el Boletín Oficial de este lunes, a través de la Resolución 62/2024, la cual sostiene que es necesaria “la supresión de Unidades Operativas de primero, segundo, tercero y cuarto nivel operativo, y con ello de las Funciones Ejecutivas y de Jefatura correspondientes a los cargos oportunamente creados, una readecuación general de acciones y una posterior revisión de la dotación del personal afectado al Instituto”.

La Resolución, que lleva la firma del flamante titular del ente, Carlos Luis Pirovano, detalla cómo quedó conformado el organigrama de la entidad. Las gerencias que se mantendrán serán la General, la de Asuntos Legales, la de Administración y Finanzas y la de Políticas Públicas. De esta manera, las gerencias de Fomento, de Asuntos Institucionales, de Exhibición y Audiencias y de Fiscalización de la Actividad Audiovisual quedan eliminadas.

En relación al ajuste coordinado por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, y como parte de la iniciativa de la Ley Ómnibus, el Ejecutivo había hecho hincapié en la alteración del respaldo financiero del INCAA, mientras que también detuvo las nuevas contrataciones, subsidios, aportes y contribuciones institucionales, así como el desembolso por horas extraordinarias.

Este avance libertario del Estado Nacional apuntó a “suprimir toda Unidad Organizativa creada en el ámbito del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que no se corresponda con las aprobadas por la presente Resolución”. En paralelo, la medida tiene el objetivo de: “Cumplir de una forma eficaz y eficiente con la responsabilidad primaria que por Ley corresponde al Instituto, resulta necesario modificar la estructura organizativa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)”. 

Al respecto, Revista Trinchera diálogo con el docente de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), dependiente del INCAA, Francisco Rizzi, quien sostuvo: “Este avance del gobierno no me toma por sorpresa, porque es otro escalón en una serie de ataques que venimos sufriendo en la industria audiovisual y en el INCAA en particular”. “El gobierno y este presidente designado para el instituto en particular, Carlos Pirovano, vienen cerrando áreas y procediendo con despidos desde que comenzaron sus funciones. Por lo tanto, esta nueva medida no nos sorprende en absoluto” agregó el profesor.

“El cierre de todos los departamentos y las áreas que se están anunciando augura nuevos despidos, por lo tanto la suspensión que anuncian como transitoria del INCAA, en la medida en que no haya una respuesta y una reacción frente a este ataque del gobierno, augura un achicamiento del instituto y por supuesto de todas las funciones que dependen, como los festivales internacionales”, alegó Rizzi. 

En tanto los trabajadores y trabajadoras (alrededor de 700 personas) recibirán una licencia obligatoria, hasta que finalice la reorganización interna de la entidad, que se llevará a cabo en los próximos días. En este sentido, el docente del ENERC señaló: “Queda realmente todo en un limbo porque este proceso de vaciamiento y despidos se suma a las vinculaciones contractuales que existen entre trabajadores y el instituto, que son muy irregulares. Hay una gran cantidad de trabajadores que están con contratos precarios o en planta transitoria, también conocido como Artículo 9, y los primeros despidos como sucedió ya en el gobierno de Macri fueron por la no renovación de estos”.

“Luego siguieron estas cesantías, pases a disponibilidad de trabajadores que incluso están en planta permanente. Tanto los trabajadores que están con modalidades contractuales más precarias como los que están en planta permanente, son trabajadores que tienen por ahí decenas de años trabajando en el instituto, y de un día para otro los cesantean, por supuesto con el impacto que esto conlleva en las áreas en las que trabajan y la imposibilidad de seguir funcionando en muchos ámbitos del instituto”, prosiguió Rizzi.

Representantes sindicales afirmaron que tampoco funcionarán las salas que dependen del organismo, en cuanto a la exhibición comercial y de estrenos, pero sí están aseguradas las funciones correspondientes al Festival Bafici 2024 previstas para este lunes en el cine Gaumont, uno de los principales lugares del evento.

En lo que respecta a los eventos y funciones, Rizzi describió: “Ya se anunció que el festival de Mar del Plata, el más importante del país y de Latinoamérica, está en peligro de que siga su funcionamiento y su fomento en particular, ya que la resolución 27 lo que hace es frizar la posibilidad de que haya nuevas películas, por lo tanto no solamente el problema es con las fuentes de trabajo directas del instituto, sino con todas las fuentes de trabajo que el fomento a la industria audiovisual genera en esa propia industria”.

Finalmente, el docente del ENERC confirmó en Trinchera que en principio estarán el 23, en la marcha educativa y para el próximo 26 se está convocando a los distintos sectores vinculados a la actividad cinematográfica, a las puertas del INCAA para garantizar el funcionamiento del instituto y que los trabajadores despedidos sean reincorporados. “Además de que vuelvan a poner en funcionamiento el fomento para que todos esos despidos (que no se cuentan pero que están sucediendo) de quienes trabajamos en la industria audiovisual también volvamos a tener garantizados nuestros puestos de trabajo”, concluyó Rizzi.

Tu aporte es esencial para que el Multimedio Trinchera pueda continuar con la construcción de una comunicación por y para el pueblo. Agradecemos el apoyo de nuestra comunidad y te invitamos a suscribirte para afianzar día a día nuestra Trinchera.
¡Sumate a la Comunidad Trinchera y aportá a la Comunicación Popular!
https://revistatrinchera.com/comunidad/

La Libertad Atrasa: erradicaron un plan que redujo en un 50% los embarazos adolescentes no deseados

La Libertad Atrasa: erradicaron un plan que redujo en un 50% los embarazos adolescentes no deseados

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

La finalización del programa, notificada por el vocero presidencial, tenía una estructura de abordaje integral con servicios gratuitos de consejería para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. Además, fue el más exitoso en la reducción de la tasa de embarazos adolescentes de la historia de Argentina y sentó un precedente en Latinoamérica por su obtención de resultados a corto plazo.

El Gobierno nacional finalizó y no renovó los contratos de los profesionales que conforman hace seis años el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). El programa federal abarcaba a 12 provincias: Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy y Buenos Aires. En este contexto, diferentes organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre “las políticas libertarias de desmantelamiento sobre programas que tienen un funcionamiento óptimo y fácil de comprobar”.

La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien indicó: “Se finalizó el contrato de 619 consultores por 1.150 millones de pesos, en el marco del rediseño del Plan ENIA”. Sin embargo, el libertario no detalló el por qué de tal decisión, ya que las últimas estadísticas disponibles del programa estatal exponen que la tasa de fecundidad adolescente, que mide la cantidad de hijos nacidos vivos por año, se redujo de 49% a 27% en chicas de 10 a 19 años. Es decir, hubo 23.567 chicas menos que se convirtieron en madres.

Cabe destacar que el programa se puso en marcha durante el gobierno de Mauricio Macri y continuó en la gestión de Alberto Fernández. Empezó en las jurisdicciones con indicadores más altos de embarazo en adolescentes como por ejemplo, Jujuy, donde la tasa de embarazo juvenil supera la media nacional, y programa mediante, en los últimos años se redujo a más de la mitad.

El desarrollo de este programa consistía en ofrecer servicios gratuitos de consejería sobre anticoncepción a las adolescentes de escuelas secundarias y espacios comunitarios, como también en sectores vulnerables y la opción de colocarse un implante anticonceptivo subdérmico de larga duración que no requiere un seguimiento diario por parte de ellas, como las pastillas orales. Además, ampliaba el trabajo en las comunidades fortaleciendo la Educación Sexual Integral (ESI) y la ILE/IVE en escuelas, centros de salud y otros espacios, tanto para los y las adolescentes como para profesionales.

Diferentes organizaciones referentes en la temática señalaron que “el contexto de crisis social y económica es la excusa para el ajuste”, y agregaron: “No hay plata y la motosierra de Milei no para ni para evaluar el impacto positivo de las políticas que recorta”. Dado que, ahora, al quedar desmantelado por decisión del gobierno libertario, las consecuencias podrían ser más costosas a largo plazo, ya que el programa ENIA permitía ahorrar 0,16% del PBI si se contabilizan los costos asociados a la atención de una gestación y el parto en chicas de 10 a 19 años.

Asimismo, el costo anual por embarazo prevenido es de alrededor de 60 dólares anuales. Es decir, que es un programa barato si se compara con su impacto: mejorar las trayectorias educativas de las adolescentes, mejorar la inserción en el mercado laboral y ganar mejores salarios. En este sentido, la socióloga e investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y coordinadora de diseño del ENIA, Silvina Ramos, detalló: “El Estado ahorra también porque deja de pagar las prestaciones vinculadas a la atención del embarazo, el parto, los riesgos del embarazo y el parto en edades tempranas”.

“Los resultados del estudio MILENA son clarísimos. Si dejas de invertir en prevención de embarazo en la adolescencia lo que sucede es que reforzás los factores que reproducen la pobreza. El abandono escolar está a la vuelta de la esquina cuando una muchacha queda embarazada a temprana edad. Entonces, su inserción en el mercado de trabajo va a ser más precaria”, agregó la socióloga.

En consonancia, según el estudio Milena, realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), el Estado pierde grandes contribuciones porque estas mujeres terminan en menor proporción la escuela secundaria y en su adultez estarán más desempleadas que aquellas que no tienen hijos a edades tempranas.

En tanto, desde Amnistía Internacional sostienen: “Hay evidencia contundente de que la ESI puede contribuir a dar respuesta a problemas estructurales que han afectado a nuestras sociedades durante décadas: desde las violencias y desigualdades de género hasta los problemas vinculados con la salud sexual y reproductiva.” “Además, es una herramienta clave para la prevención de abusos sexuales y tiene el potencial de cambiar la vida de niños, niñas y adolescentes que cuenten con herramientas para pedir y recibir ayuda a tiempo; así como para el disfrute de otros derechos humanos”, agregó la organización.

Un ataque a las políticas de género

El desguace del plan se concreta en una avanzada del gobierno libertario, que atrasa al rechazar la Educación Sexual Integral y ataca permanentemente a la Ley de IVE y el derecho al aborto, ya que no está efectivizando el envío de medicación para garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo. Esto último, está en manos de los gobiernos de las provincias, quienes diseñan diversas estrategias para tratar de garantizar la ley.

Sin dudas esto se suma a otras acciones concretas y provocaciones simbólicas que propician desde La Libertad Avanza. La determinación del cierre del Plan ENIA no parece casual o meramente presupuestario, ya que en febrero de este año, la diputada de La Libertad Avanza, Rocio Bonacci, presentó un proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el que incluso planteaba la punibilidad del aborto en casos de violación.

En consonancia y en este contexto de ataque permanente, el presidente de la Nación también se manifestó en varias ocasiones en contra de la IVE, dado que la considera “un asesinato agravado por el vínculo”. Además, en reiteradas oportunidades, mencionó que no está a favor de la ESI porque “atenta contra la familia”.

Para este gobierno, la agenda de género es un tema combatido. “Pareciera que se lleva puestas a las mujeres en su lucha contra el feminismo. Pero las mujeres tenemos derechos, obligaciones, necesidades y tenemos un rol importantísimo en la Argentina”, concluyó Ramos.

Tu aporte es esencial para que el Multimedio Trinchera pueda continuar con la construcción de una comunicación por y para el pueblo. Agradecemos el apoyo de nuestra comunidad y te invitamos a suscribirte para afianzar día a día nuestra Trinchera.
¡Sumate a la Comunidad Trinchera y aportá a la Comunicación Popular!
https://revistatrinchera.com/comunidad/

 

Tras los 330 despidos en Andis alertaron que hay más de 60 mil pensiones por discapacidad frenadas

Tras los 330 despidos en Andis alertaron que hay más de 60 mil pensiones por discapacidad frenadas

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Mientras la Agencia Nacional de Discapacidad se encuentra paralizada por el despido del 25% del personal y la falta de gestión de las nuevas autoridades, sus trabajadores advirtieron que tal situación provoca que haya “entre 60 mil y 80 mil pensiones paradas porque no hay nadie que las firme”, además, de provocar diferentes complicaciones en servicios fundamentales del área.

En el marco de desfinanciamiento y recorte presupuestario que lleva el Gobierno liderado por Milei, trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) advirtieron que el ente estatal “se encuentra paralizado” por el despido del 25% del personal y la falta de gestión de las nuevas autoridades. Tal situación, generó el parate en la asignación de más de 60 mil pensiones, en la emisión de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y en otros servicios fundamentales que debe brindar la Andis para la inclusión de todas las personas.

Actualmente, el país se encuentra a merced de las políticas libertarias de Milei, que genera un contexto de recorte presupuestario, de despidos masivos en todo el territorio nacional, de entidades públicas al borde del cierre, y ANDIS no es la excepción, ya que fue uno de los primeros organismos del Estado que comenzó con la ola de despidos a fines de febrero. Hasta el momento se despidió al 25% de la planta laboral de la agencia, que estaba compuesta por unos 1300 trabajadores en toda Argentina.

Al respecto, el secretario adjunto de la delegación Andis de la Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN), Ramiro Unamuno, en diálogo con Somos Télam sostuvo que “en total hubo 330 compañeros despedidos en dos tandas”. Algo no casual, es que más de la mitad de los despedidos se encuentran en el interior del país, por lo que “las personas ya no tienen dónde tramitar las pensiones, llegan a las oficinas y se encuentran con la cortina cerrada”, criticó Unamuno.

Cabe destacar que de los 330 trabajadores despedidos se encuentran personas con discapacidad; mujeres embarazadas; personas trans; delegados sindicales y hasta trabajadores con más de 20 años de antigüedad. “Nosotros somos el organismo que promueve que se cumpla con el cupo laboral para personas con discapacidad en todas las dependencias del Estado y ahora tenemos la contradicción de que estamos despidiendo a gente con certificado de discapacidad”, declaró Unamuno.

Actualmente, Argentina cuenta con un estimado de cinco millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, según los datos correspondientes al 2023 de Andis, solo 1.594.888 cuentan con el CUD. A tal situación, se le suma la desarticulación de la presencia estatal federal que va de la mano del cierre de 59 Centros de Referencia (CDR), dispuesto por el Ministerio de Capital Humano, en distintos puntos del país en los que funcionaban delegaciones de Andis y otros organismos. De esa manera, la asignación de pensiones no contributivas a personas con discapacidad está “frenada hasta en tanto no se audite”, alegó el delegado de UPCN.

En este sentido, Unamuno señaló que “hay entre 60 mil y 80 mil pensiones paradas porque no hay nadie que las firme en el área. No hay un director nombrado”, y detalló que Natalia Basil, quien se hizo conocida por ser la directora de medios de La Derecha Diario, está a cargo de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, aunque todavía no fue designada oficialmente.

En consonancia, el delegado confirmó: “El organismo está paralizado en el sentido político, no hay una política en discapacidad ni ningún tipo de gestión. El director ejecutivo es Diego Spagnuolo, que es el único funcionario que fue nombrado, pero no entiende nada de discapacidad”. En paralelo, el delegado de ANDIS señaló que con el despido de muchos profesionales se “está muriendo” el predio de Andis dedicado a actividades deportivas, recreativas y de rehabilitación gratuitas que se ubica en la calle Ramsay 2250, en el barrio porteño de Núñez.

Por otro lado, la situación crítica que atraviesa el área se hizo viral en las redes, ya que durante un móvil de La Nación +, una maestra integradora que trabaja con personas con discapacidad enfrentó al gobierno libertario y aseguró que las medidas del Gobierno de ultraderecha están “vaciando” el área. Además, criticó a los medios masivos al señalar que “nadie habla” sobre el tema.

Asimismo, la entrevistada también desnudo las consecuencias del feroz recorte en discapacidad que acciona el gobierno libertario y sostuvo:“Yo trabajo en discapacidad, soy maestra integradora y siempre pensando en que hay otro que te necesita y vos le pones la mejor”, introdujo la profesional y agregó con mucho dolor: “A discapacidad la están vaciando, tampoco nadie habla de eso”.

Asimismo, la maestra integradora hizo alusión al conflicto salarial entre el gobierno y los gremios de trabajadores de transporte público e invitó al presidente a despegarse de las redes sociales, además, declaró: “Mientras el señor presidente viaja tranquilo, con custodia, seguridad… vos volvete a tu casa como puedas”, y agregó: “Hay que aguantar, dicen. Sí, yo te aguanto pero dame un respiro. No podemos seguir así. Mientras me dicen “aguantá, vos tenés la comida segura en tu mesa”.

Finalmente, esta semana el nuevo director de la Agencia Nacional de Discapacidad, envió al director de Recursos Humanos de la agencia una nota con la indicación de renovar algunos contratos, ya que “por un error material se consignó personal cuya actividad resulta indispensable”. En este sentido, Unamuno advirtió que “hubo 16 reincorporaciones, pero no estamos conformes con nada porque son solo migajas”.

Fuerte operativo de seguridad en dependencias del Estado tras la ola de despidos

Fuerte operativo de seguridad en dependencias del Estado tras la ola de despidos

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

La semana pasada el Gobierno nacional realizó, al azar, miles de despidos en todos los organismos, secretarías y ministerios. Al respecto, ATE advirtió que realizarán ingresos masivos y pacíficos a los puestos de trabajo. La respuesta del Gobierno fue militarizar los edificios.

Luego de que el Gobierno de Javier Milei despidiera a más de una decena de miles de trabajadores en todas las áreas del Estado, la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) publicó la semana pasada diferentes comunicados en los que detalló que iban a ingresar de forma masiva y pacífica a los puestos laborales. La delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional (SNM), Ana Saralegui, denunció la intromisión de efectivos de la Policía, Prefectura y Gendarmería en distintos ministerios y organismos del Estado.

La semana pasada, por decisión del Gobierno nacional, el SNM tuvo 48 despidos. Al respecto, Saralegui planteó: “A lo mejor ahora no se nota, pero sacaron 15 observadores. Para preparar a un observador primero lo preparas en el Servicio un año o dos, depende la carga que haya hecho y después, mínimo está seis meses entrenando con otro observador para poder trabajar solo. A este personal lo han sacado con la excusa de que hay mucha gente pero no prevén que las estaciones se estaban preparando porque hay gente que se jubila y no es que sacas a uno y ponés a otro instantáneamente, así que cuando esa gente se jubile no sabemos qué va a pasar”.

Pese a las advertencias y las diferentes voces, la respuesta del Gobierno nacional volvió a ser la misma: intentar instalar el temor mediante la presencia de fuerzas de seguridad y, en el peor de los casos, reprimir toda protesta laboral y social como ya lo ha hecho desde que asumió. Saralegui ironizó: “El director (del SNM) se había comprometido a que no vendría nadie de seguridad y sin embargo, acá estamos. Se ve que somos todos muy peligrosos”. “Los despedidos podrían ingresar a retirar sus cosas y que no iban a militarizar el Servicio. El director no cumplió con su palabra”, enfatizó la trabajadora del SNM.

Además, la delegada relató que al llegar se encontraron “con gendarmes que entraron al SNM, les dieron un aula para que estén cómodos, que no se mojen y bueno, estaban esperando a que hagamos la asamblea, la verdad que no entendemos, no creemos que seamos tan peligrosos como para merecer que diez gendarmes estén cuidándonos a nosotros y no que estén en otro lugar”.

El secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, en comunicación con Radio Trinchera, declaró: “Estamos en un escenario complicado porque se nos está imposibilitando el derecho a hacer una asamblea pacífica, a un laburante que está acá hace 15 años se le complica que recursos humanos lo notifique, que pueda entrar a buscar sus cosas. Que impida el acceso a la Secretaría de la Niñez y la Familia es una salvajada y demuestra una irresponsabilidad. En términos jurídicos veremos más adelante como estamos, ahora hay que ver de llevar adelante las asambleas”.

En dialogo con Revista Trinchera la secretaria general de ATE CONICET-CABA, Nuria Giniger, sostuvo: “Hoy amanecimos con el CONICET militarizado, el hall de entrada del CONICET con la Policía Federal, con la Infantería, amedrentando a los trabajadores y trabajadoras que como todos los días vienen a cumplir sus labores acá a los edificios del Polo Científico”.

“Es un acto de disciplinamiento y de una voluntad de aterrorizar porque los despidos ya fueron notificados, estamos haciendo desde ATE CONICET y desde ATE en general, acciones de protesta, lógicamente tenemos casi 15 mil trabajadores sin empleo con un gobierno decidido a destruir el Estado Nacional y también a destruir la soberanía científico-tecnológica, despedir a los trabajadores que cumplen las funciones de sostener el CONICET en su cotidianeidad todos los días haciendo tareas administrativas científico-técnicas, implica la parálisis del CONICET y evidentemente el Gobierno no tiene ningún pudor en destruir líneas de trabajo tanto en ciencia y tecnología como en el resto de las áreas del Estado que impactan directamente sobre el bienestar de nuestra sociedad”, alegó Giniger.

Con respecto a la protesta, Saralegui concluyó: “Estamos sin palabras, esperamos poder hacer la asamblea planificada y que no haya ningún lastimado. La verdad es esa porque si hay alguien lastimado acá va a ser culpa de (Luis) Petri, que es nuestro ministro”, indicó. “Trabajamos con los aviones, todo va a empezar a decaer. El servicio estaba bajo el plano mínimo de personal. En los aeropuertos la gente trabaja por turnos. Si se empiezan a enfermar, por ejemplo, no tenés con qué reemplazarlos y tenés que tener gente con todas las luces prendidas, hacen turnos de doce horas y no podés tenerlos todos los días trabajando en esos turnos. Realmente no se dan cuenta de lo que están haciendo. No se dan cuenta o les importa un pito”, concluyó Saralegui.

En consonancia, Nuria Giniger concluyó: “El viernes iremos a una gran movilización de estatales donde esperamos que todos y todas nos acompañen, el momento de defender el CONICET llegó. Así que les esperamos a todos el viernes acompañándonos en la movilización por la reincorporación de los casi 15 mil compañeros y compañeras despedidas”.

El Gobierno busca iniciar en marzo la quita de subsidios en gas y energía

El Gobierno busca iniciar en marzo la quita de subsidios en gas y energía

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

La Secretaría de Energía agiliza la implementación de la nueva canasta que reemplazará la segmentación. La reformulación se da luego de haber pospuesto la quita de subsidios a los hogares de los segmentos medios y bajos para evitar una judicialización.

El Gobierno Nacional busca iniciar la quita y reformulación de los subsidios a las tarifas de gas y luz para los hogares de los segmentos medios y bajos en marzo. Según fuentes oficiales, el oficialismo estima que eso será posible luego de la oficialización de la convocatoria a la audiencia pública del próximo 29 de febrero.

Mediante la Resolución 8/2024 publicada en el Boletín Oficial del miércoles, la Secretaría de Energía anunció la convocatoria a una audiencia pública. En esta instancia se presentará el sistema de “canasta energética básica” con el cual el gobierno de Milei buscará reemplazar el actual esquema de segmentación entre hogares de ingresos altos, medio y bajos, que se implementó el año pasado.

Desde el Ministerio de Economía están tratando de acelerar el paso del ajuste de los subsidios, ya que días atrás implementó un incremento del precio estacional de la energía eléctrica para comercios, industrias, entidades públicas. Según estimaciones del economista Julián Rojo, integrante del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, esto tendría impactos, que en algunos casos, se ubicarían entre el 200% y el 400% de aumento, pero en el caso de los usuarios residenciales solo lo aplicó a los del nivel 1 (altos ingresos).

En principio se trató de aplicarlo para los tres segmentos, sin embargo, se decidió posponer el aumento de los hogares medios y bajos hasta que se apruebe la nueva canasta básica energética por el simple hecho de evitar una judicialización. El gobierno libertario recordó el fallo CEPIS de 2016 que trabó los planes de Mauricio Macri y Juan José Aranguren. Es la única forma de frenar el proceso de quita de subsidios, ya que en caso de sacar los tres no cumpliría con los topes de incrementos establecidos en la normativa que implementó la segmentación vigente. 

En este sentido, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, mencionó que la audiencia pública se haría en marzo y que comenzaría a regir en abril, pero ahora buscan apurar el trámite para no demorar el ajuste. De esta manera, con el reemplazo del esquema actual de “segmentación de subsidios” por el de “canasta básica energética” les permitirá sortear las eventuales complicaciones en la Justicia.

Con respecto al temario de la audiencia pública, también se dio a conocer el informe del Boletín. Por un lado, estará la redeterminación de la estructura de subsidios a la luz y el gas, que abarca la consideración de los subsidios destinados a aquellos usuarios que carecen de conexión a la red de gas natural (Programa Hogares con Garrafa). En otro apartado, se encontrará la redefinición de su incidencia sobre el precio estacional (PEST) en el Mercado Mayorista Eléctrico (MEM), el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y el precio del gas propano indiluido por redes.

Cabe destacar, que la audiencia será el próximo 29 de febrero a las 10 horas en modalidad virtual por videoconferencia. Solo necesitarán inscripción aquellos que quieran participar en carácter de “oradores”. La misma estará abierta en la página web de Energía entre el 7 y el 27 de febrero. El Palacio de Hacienda pondrá a disposición los materiales de consulta previos a las alocuciones a partir del 15 de febrero, entre ellos el Informe Técnico de la Secretaría que se expondrá en la audiencia. Para los demás, las alocuciones se transmitirán vía streaming por el canal de la Secretaría de Energía.

Con respecto al nuevo esquema de recortes de los subsidios, enmarcados en el plan de ajuste hacia el equilibrio financiero, la idea central del Gobierno es reducir este año un 0,7% del PBI los subsidios a la energía y el transporte, de los cuales 0,5 puntos corresponden a la luz y el gas.

Es así, que se propone pasar a un esquema más acotado que establezca una canasta básica energética con volúmenes indispensables de consumo de gas y electricidad por zona bioclimática que permanecerán subsidiados y despojarse de la segmentación por ingresos familiares. De esta manera, el volumen que exceda esa canasta pagará la tarifa plena.

Por último, también revisarán la superposición de estos subsidios con los beneficiarios de planes sociales, la mayoría de los cuales fueron categorizados como Nivel 2 (ingresos bajos). Este cambio radical de esquema implicará el inicio de un fuerte incremento de tarifas para los hogares de ingresos medios y bajos, es decir, para los sectores más vulnerables. La magnitud de ello dependerá de la letra chica de la nueva canasta básica energética. 

En enero la consultora Economía y Energía estimó que, entre la quita de subsidios y la suba de los componentes tarifarios que corresponden a la remuneración por el servicio que prestan las empresas distribuidoras y transportistas, las boletas de gas podrían subir hasta 697% para los usuarios del nivel bajo y hasta 666% para los de ingresos medios hacia el final del proceso.

El Gobierno lanza cambios en el monotributo: amplían derechos a trabajadores vulnerables

El Gobierno lanza cambios en el monotributo: amplían derechos a trabajadores vulnerables

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

El Estado Nacional estableció una serie de cambios en el régimen de monotributo para el trabajador independiente promovido, con una reducción de las cargas obligatorias para que los trabajadores informales y vulnerables puedan acceder a la cobertura social.

El Gobierno nacional oficializó el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, y formalizó una serie de cambios en el régimen de monotributo para el trabajador independiente promovido. El Decreto 444/2023 publicado este martes 5 de septiembre en el Boletín Oficial resalta la reducción de las cargas obligatorias con el objetivo de que los trabajadores informales y vulnerables puedan acceder a la cobertura social.

De este modo el nuevo monotributo, consiste en una modificación del régimen previsto para el trabajador independiente promovido, es decir, personas que realizan actividades que no configuran una relación de dependencia, y que representan su única fuente de ingreso, sin capital propio y con la sola ayuda de los útiles y herramientas necesarias.

En un acto previo a las elecciones primarias, el titular del Palacio de Hacienda y candidato presidencial, expuso: “No vamos a esperar al 10 de diciembre para poner en marcha el monotributo productivo. A fin de agosto lo vamos a poner en marcha en un gran trabajo con todos los movimientos sociales, con un DNU. Lo primero que tenemos que hacer es darle a ese trabajador el derecho a una obra social, un seguro de riesgo de trabajo, aporte jubilatorio, porque tenemos que visibilizar para ponerlos en el circuito formal de la economía”.

El decreto de este martes establece que, durante los primeros 36 meses a la adhesión al régimen, sólo se pagará 1% de los ingresos brutos mensuales o el equivalente al 25% del aporte mensual al sistema previsional correspondiente, lo que resulte menor. Tras el vencimiento del plazo, la cuota de inclusión social aumentará a 2,25% de los ingresos brutos mensuales.

Con respecto a les trabajadores que se enmarcan en la norma, se encuentran aquelles que elaboran o transforman materias primas en la vía pública o en la casa del trabajador, es decir, sin un local estable. Algunas de las actividades contempladas son: acopiadores, agricultores, artesanos, albañiles, apicultores, arrieros, canasteros, cementistas, changadores, chapistas, costureros, cocineros y cuidadores de vehículos.

Además, podrán acceder a dicha norma: dibujantes, enfermeros, esquiladores, floricultores, jardineros, lustradores, leñadores, pequeños productores agropecuarios, pintores, serenos, zapateros y vendedores ambulantes, entre otros. Cabe destacar que en este régimen, las personas están exentas del pago del impuesto integrado y sólo se contempla el pago de una cuota del cinco por ciento mensual de lo facturado mensualmente que se destina a cuenta de los aportes jubilatorios. Además, de forma opcional, podrán realizar un aporte para acceder a una obra social.

Por otro lado, la iniciativa señala que una vez finalizado el año, les trabajadores cuyas cuotas hayan resultado inferior al aporte mínimo anual de jubilaciones, tengan la posibilidad de pagar la diferencia para ser considerados aportantes regulares. A partir del decreto de hoy, dicha diferencia, será financiada por el Ministerio de Desarrollo Social en el caso de aquellos trabajadores que estén inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP).

Del mismo modo, el régimen será compatible desde ahora con los programas de carácter alimentario de Desarrollo Social. Anteriormente la medida no permitía su acceso a aquellos trabajadores que “perciban otros ingresos de cualquier naturaleza”.

Si bien la norma impide la adhesión a aquellos trabajadores que obtuvieron ingresos brutos superiores a la suma máxima prevista en la Categoría A del monotributo, la ley estipulada de hoy permite el “diferimiento del pago de parte de las cotizaciones” a las que se encuentran obligados los contribuyentes que, si bien reúnen las condiciones de vulnerabilidad previstas por el esquema, poseen ingresos que superan la suma máxima de la Categoría A, pero son inferiores a los de la Categoría B.

Con respecto a los considerandos, los cambios remarcan y buscan “otorgar a más personas trabajadoras la posibilidad de incorporarse al circuito formal de la economía y promover la igualdad de oportunidades mediante el goce de prestaciones de la seguridad social”. Asimismo el documento oficial anticipa que esta medida será “reforzada con las propuestas que oportunamente elevará el Poder Ejecutivo” en el proyecto de ley del Presupuesto 2024.

El Gobierno informó la intervención de Edesur por 180 días

El Gobierno informó la intervención de Edesur por 180 días

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la intervención de la distribuidora de energía eléctrica y el interventor será Jorge Ferraresi. Además, el Estado bonificará el pago de la factura a los miles y miles de usuarios afectados.

Tras los reiterados y prolongados cortes de luz en el suministro de dos tercios de la Ciudad de Buenos Aires y la zona sur del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) que hubo en el verano en medio de una escalada de olas de calor, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la intervención por 180 días de la distribuidora de energía eléctrica Edesur para controlar la realización de obras que mejoren su prestación.

En ese marco, el ministro anunció: “Hemos instruido al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para la intervención por 180 días para la fiscalización de las obras y de las mejoras en el servicio”. Massa estuvo acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal; y el interventor en el ENRE, Walter Martello.

En la primera quincena de marzo hubo dos récords de demanda de energía a nivel nacional por una histórica ola de calor. Según fuentes del mercado, solamente en los primeros días de este mes se consumió un 60% más que en todo marzo de 2022.

Además, el titular del Palacio de Hacienda informó que el intendente de Avellaneda y ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, “será el encargado de fiscalizar y controlar” las obras que se llevarán adelante para mejorar la prestación del servicio. Sin embargo, no participará en las operaciones técnicas de la empresa.

“Situaciones como las que le han tocado vivir a miles de argentinos no se pueden volver a repetir”, resaltó Massa en referencia a los prolongados cortes de energía que sufrieron miles de usuarios en la zona de concesión de Edesur, en el sur de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, en las dos últimas semanas.

Asimismo, el ministro adelantó que a los usuarios se les bonificará el pago de la factura con el uso de los $2.700 millones que el Estado le impuso de multa a la empresa por diversos incumplimientos de contrato. También, en su mensaje, Massa se encargó de dejar en claro que la decisión de intervenir “no afecta el contrato de concesión” que tiene la compañía Enel.

El jefe de la cartera económica anticipó que pedirán a la Justicia que los directores de Edesur no puedan salir del país o deban pedir permisos temporarios, de manera preventiva, tras la denuncia penal por abandono de persona, malversación de fondos y fraude.

Cabe destacar que los dueños italianos de la distribuidora, Enel, dejaron en venta a Edesur, en un proceso que comenzará en los próximos días. Se realizará mediante el Banco Santander y tiene como principales interesados a empresarios nacionales. Asimismo, la empresa madre anunció que se llevaba los activos del país y que es algo que estaba programado. Algo que no solamente está ocurriendo aquí, sino que también en otros países de Latinoamérica.

Desde YPF, la empresa estatal que conduce Pablo González, un directivo cercano a Cristina Fernández, se preparan para avanzar con la compra de una de las dos centrales que genera energía y que estaba en manos de Enel y se puso en venta a fines de 2020. De esta manera, se hará uso de lo que se llamaba el derecho preferencial para quedarse con parte de este negocio a través de una subsidiaria eléctrica que se llama YPF Luz. De este modo, YPF obliga a su socia, porque Enel lo es, a vender la central Dock Sud en vez de hacerlo a central Puerto.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Personal Superior de Energía (APSEE), Carlos Minucci, exigió que el Estado intervenga Edesur, luego de los cortes de electricidad. Además, advirtió que Nación debe tomar el control antes de que se produzca la venta la venta de la empresa y señaló que “no podemos estar diez días sin luz”.

“Una empresa que avisa que vende sus activos la tengo que intervenir, porque ahí está la riqueza de la Argentina y se la están llevando”, remarcó el dirigente. Sin embargo, el Gobierno Nacional aclaró que no estatizará la empresa energética. Sobre la propuesta de municipalizar el servicio, evaluó que “son buenos intendentes, pero de energía no entienden nada. imagínense la red nuestra, que es un desastre, tercerizada en municipios y sin capital”.

Después de 30 años el tren de pasajeros vuelve a Mendoza

Después de 30 años el tren de pasajeros vuelve a Mendoza

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Luego de más de tres décadas Trenes Argentinos realizó el primer viaje entre las estaciones Libertador General San Martín y Palmira con el objetivo de restituir el servicio entre Buenos Aires y Mendoza.

Después de más de tres décadas -y mediante un tren de prueba-, Trenes Argentinos realizó el primer viaje entre las estaciones Libertador General San Martín y Palmira, con el objetivo de restituir el servicio entre Buenos Aires y Mendoza y para conocer el estado de las vías en ese trayecto. El retorno definitivo de este tramo ferroviario se espera para marzo de 2023.

La iniciativa forma parte del plan de modernización ferroviaria que lleva adelante el Ministerio de Transporte, que conduce Diego Giuliano. La recorrida a bordo de la formación estuvo encabezada por el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; el gerente general operativo de la empresa, Marcelo Sánchez; el gerente de la línea San Martín, Luciano Hass; la directora Bice Fideicomisos, Gabriela Lizana; y la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti.

Actualmente, la empresa argentina de trenes se realiza tareas para el mejoramiento integral sobre los casi 400 kilómetros de tendido que separan la localidad de Justo Daract, en San Luis, con la estación Gutiérrez en Mendoza. Asimismo, trabajan en la puesta en valor de las vías de ingreso en la estación Gutiérrez, y en la infraestructura de Palmira.

Cabe recordar que el pasado 22 de julio, este tren volvió a conectar los distritos de Laboulaye, General Levalle, Vicuña Mackenna (Córdoba) y Justo Daract (San Luis) con la terminal porteña de Retiro. El recorrido desde Justo Daract a Retiro se demora unas 15 horas y desde la ciudad puntana a Mendoza se sumarían cerca de ocho horas más.

En este sentido, Marinucci destacó: “Trabajamos para unir Buenos Aires con Mendoza, para que cada habitante de esta provincia tenga a disposición un medio de transporte previsible, amigable con el medio ambiente y accesible“.

En diálogo con Radio Trinchera, el titular de la Regional Cuyo de Trenes Argentinos y ex intendente de San Martín, Jorge Giménez, destacó que “esta noticia y avance tuvo un impacto en la provincia muy bueno, así que ya nos estamos preparando para el 10 de marzo, esa sería la idea, ya que en esa fecha se cumple 30 años de la partida del último tren desde Mendoza a Retiro y es una fecha muy importante para la gente vinculada al mundo del ferrocarril. Recordemos que hace 30 años se argumentaba la idea del cierre de los ferrocarriles porque dejaba mucho déficit y aun ahora sostienen este argumento“.

“Esperemos que esto que sucede en Mendoza vaya sucediendo a lo largo de todo el país, para que la gente viaje de una forma más cómoda y barata. Porque esta es una decisión política de este Gobierno fuerte y de alto impacto, que empezó con una decisión de Néstor Kirchner. Es compleja su vuelta porque no es algo que suceda en una semana, recuperar vías o buscar máquinas es algo complejo. Ojala que sostenga en el tiempo más allá del cambio de los gobiernos, ya que esto hace una Argentina federal y brinda un servicio público necesario“, agregó el titular de trenes de la región Cuyo.

Asimismo, Giménez sostuvo que “se espera que el tren, que viene desde Justo Daract (San Luis) partiendo en Capital Federal, llegue hasta Gutiérrez, Maipú. Allí se podría hacer trasbordo con el metro tranvía para acceder al centro de la ciudad de Mendoza. Para eso se deben construir entre 700 y 800 metros de vías en el distrito maipucino“.

Por otra parte, el ex intendente de San Martín indicó que “el tren tendrá tres categorías de precios. Primera clase, pullman y camarote con cucheta para dos personas. El valor de este último, el más caro, ronda los tres mil pesos para el recorrido entre San Luis y Buenos Aires. Los otros dos actualmente están alrededor de mil pesos“.

Finalmente, Giménez remarcó que “en todas partes del mundo el tren existe y es muy fuerte. Seguramente algunos dicen que esto no sirve porque tienen otros intereses. Lo cierto es que el tren une a la Argentina en este país tan enorme. Las familias trabajadoras pueden viajar. Alguno seguramente dirá que no sirve porque tiene los recursos para irse en avión y estar en dos horas en Buenos Aires, pero son pocos los casos y esto apunta a todos los sectores“.

1