Lo hizo a través de la resolución 111/2022 publicada en el Boletín y se extiende desde el 1 de febrero último y hasta el 31 de enero de 2023.
El Ministerio de Agricultura declaró la emergencia agropecuaria en Santiago del Estero debido a las incesantes sequías. Por la baja de producción se prevén caídas en las explotaciones de alfalfa, algodón, sorgo, maíz, girasol, pasturas, y a las apícolas, frutihortícolas y de ganado mayor y menor, de carne y leche.
Mediante la resolución 111/2022, el documento publicado este viernes en el boletín oficial establece que durante la fecha comprendida en la emergencia, la cual se extiende desde el 1 de febrero hasta el 31 de enero de 2023, los productores afectados podrán presentar un certificado extendido por la autoridad competente de la provincia para acceder a los beneficios de dicho programa. En el certificado deberán probar que sus predios se encuentran afectados por los casos previstos.
De esta manera, el gobierno provincial presentará una copia del certificado en la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios por cada uno de los afectados, otorgándole así el acceso al programa.
Además, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la resolución gocen de los beneficios previstos.
Sí, volvemos a escribir sobre Chubut porque el abandono a les trabajadores estatales, que llevan casi cuatro años de lucha, presenta nuevos episodios, con un nuevo escenario pandémico y con les mismes actores y actrices de siempre.
Con la llegada de Mariano Arcioni a la cabeza de la provincia, la única “solución” a la deuda que se planteó fue la de seguir desfinanciando al sector estatal y plantear como única alternativa la instalación de proyectos mineros en Chubut.
El pago escalonado de sueldos tenía fecha de expiración para finales de noviembre del 2018, sin embargo, van dos años y contando. De aumentos de sueldos y aguinaldos ni hablemos. Menos de inversión en infraestructura y programas como el Transporte Estudiantil Gratuito (TEG).
Crónica de una semana más de lucha
El COVID-19 encontró a la provincia en las peores condiciones y cuando el Estado debería estar más presente ante la emergencia sociosanitaria, más lejos se encuentra.
Con 8.051 casos, 3.810 personas recuperadas y 110 muertes en la provincia que van en aumento día a día, les trabajadores de la salud se encuentran enfrentando al COVID-19 desamparades. Sin apoyo estatal, los establecimientos médicos intentan no derrumbarse para poder tratar a las personas infectadas.
“Hay trabajadoras que se han desmayado en la guardia del hospital porque no habían comido en días, muchas fueron desalojadas en su departamento por no poder sostener el alquiler; incluso, hay parte del personal que no puede pagar el colectivo o cargar nafta en el coche para ir a trabajar” comentó Andrea Leonett, delegada del Sindicato de Salud Pública SiSaP, para La Poderosa.
Luego de semanas de exigir respuestas, depositaron el sueldo correspondiente al mes de julio solo para el sector de salud; el resto de les trabajadores estatales siguen esperándolo. Pero eso no fue suficiente y no cumple con ninguno de los reclamos que se manifiestan. Se exige por parte de les trabajadores el pago de salarios y aguinaldos atrasados, de todos los meses, para todo el sector estatal. Además, se pide al gobierno hacerse cargo de las condiciones precarias en las que se encuentran los hospitales de la provincia y la falta de insumos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria. También, es necesario mencionar el incumplimiento de las paritarias, el estado de quiebra de la obra social y las amenazas al sistema jubilatorio.
Foto tomada afuera de Casa de Gobierno / Fuente: ADNSUR
Les trabajadores estatales decidieron comenzar una vigilia el pasado lunes 5 en la Casa de Gobierno. Además, por parte de Salud, se decidió realizar un paro de 120 horas, desde ese mismo lunes hasta el viernes 9 inclusive, y comenzar un acampe en el Ministerio de Salud.
Junto a esa medida se presentó una nota al presidente de la Legislatura Provincial y a diputades de los distintos bloques, solicitando que se convoque urgentemente a una sesión especial presencial para tratar el proyecto de ley que presentaron con respecto a la deuda.
Allí se plantea la suspensión del pago de la deuda para que el Estado garantice salud, educación y seguridad alimentaria, pagando en tiempo y forma el sueldo a les trabajadores; una reforma tributaria con el objetivo de obtener ingresos que hoy están fuera de la recaudación, como el impuesto inmobiliario rural y a actividades como la pesca, el aluminio y el petróleo; y que se soliciten informes correspondientes a los ingresos propios de la provincia.
La nota finaliza denunciando: “No hay salida posible en la megaminería. Reiteramos que no es no. No a la megaminería. Sí a que la crisis (responsabilidad del gobierno) la paguen los que siempre han ganado a costa del pueblo trabajador”.
La primera respuesta al comienzo de esta semana de manifestaciones fue la del ministro de Salud, Fabián Puratich, para Télam, en donde se mostró descontento con las medidas acatadas y las calificó como “terribles en un contexto de pandemia” en el que la provincia está “al borde de la cantidad de camas de atención disponibles”.
Acampe afuera del Ministerio de Salud / Fuente: SiSaP
El martes 6, la jornada comenzó con cortes de ruta por parte de las fuerzas de seguridad: en la Ruta 7 estaba infantería y en la Ruta 25 gendarmería y Policía de la Provincia junto con el ministro de Seguridad, Federico Massoni. También se decretó asueto administrativo, por lo que la Casa de Gobierno y el Ministerio de Salud se encontraban prácticamente vacíos.
Como si el sabotaje a las manifestaciones fuera poco, el gobierno recurrió a la represión. En la puerta de Casa de Gobierno, efectivos policiales golpearon al Secretario General del Sindicato de Salud Pública SiSaP, Carlos Sepúlveda.
El acampe continuó en el Ministerio de Salud tal como se había previsto: hasta que no pasaran 120 horas no se iban a ir y hasta que no se entablara una conversación y se resolvieran los reclamos, las diferentes medidas de fuerza se darían por tiempo indeterminado.
El jueves 8, trabajadores de la salud que estaban acampando en el Ministerio se dirigieron al Cine Teatro de Rawson en donde estaban el ministro Puratich y el Intendente de Rawson Dámian Biss por una conferencia enmarcada en el Plan Detectar, que llegó a la provincia por el gran aumento de casos. La conversación con el ministro no fue para nada resolutiva ya que éste se limitó a irse sin dar respuestas.
El viernes 9, se esperaba finalizar la semana con la reunión en la Secretaría de Trabajo a la que el SiSaP había sido citado, sin embargo, tuvo que suspenderse por estar cerrado el edificio por tareas de desinfección por posibles contactos estrechos por COVID-19.
El acampe se levantó, pero la lucha persistirá hasta que reciban soluciones concretas a la desidia que viven les trabajadores desde hace años.
“A partir de la próxima semana veremos con qué acciones seguimos adelante. Esto puede cambiar minuto a minuto”, comentó Noelia Domenez, delegada General del SiSaP.
¿Qué significa ser trabajador esencial?
Con casi 300 casos diarios de nuevos positivos de COVID-19 y con la ocupación casi completa de las camas de los hospitales de la provincia, les trabajadores de la salud deben estar preparades para afrontar la situación de la mejor manera. La situación es otra.
Plantear por un lado que la salud debe ser prioritaria y por el otro deberle a los trabajadores dos meses de sueldo, no cumplir con las paritarias y ni siquiera mantener a los establecimientos en condiciones para recibir pacientes, es sumamente contradictorio.
Se pide responsabilidad y que les trabajadores vuelvan a los hospitales, pero sin comer, sin poder transportarse con cuidados, sin poder pagar las cuentas, sin tener obra social en medio de una emergencia sanitaria mundial.
Además, los reclamos se comunican con soluciones. Como mencionamos previamente, se presentaron proyectos para aminorar la gran deuda causante de todos los problemas, pero al parecer el lobby minero no se rinde tan fácil.
Todo parece claro cuando se ordena de esta manera, las cuentas cierran. Ahora le toca al gobernador Mariano Arcioni y a les ministres hacerse cargo de les 63 mil trabajadores estatales que no solo deben preocuparse por el COVID-19, sino también por comer.
Agustina Flores
Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
La derrota en las elecciones primarias de la alianza macrista ante la fórmula del Frente de Todos encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández, fue abrumadora. En este contexto, amanece un futuro con renovadas esperanzas y fuerzas, pero a su vez, con importantes desafíos; la reconstrucción de la tierra arrasada que dejó Cambiemos.
En esta nota busco promover algunos debates que considero[1] fundamentales para una nueva política educativa a nivel nacional, y a nivel provincial. Sin dudas estas líneas no agotan ninguno de estos debates, sino que son un simple disparador, con la intención de comenzar a forjar desde abajo las luchas que tenemos por delante, y de qué manera deberíamos encararlas. En este sentido, es fundamental que las organizaciones sindicales, las agrupaciones, los colectivos docentes, discutan cuáles son las políticas que hay que implementar en el corto, mediano y largo plazo en materia educativa. Sólo de esa forma las transformaciones podrán ser consistentes y ejecutadas concretamente en la compleja trama de la institucionalidad escolar y la práctica docente.
Paritaria Nacional Docente
Es fundamental una perspectiva nacional que apunte a nivelar las desigualdades educativas y presupuestarias existentes en nuestro país federal. La herramienta principal para construir esta política es la Paritaria Nacional Docente. Hay que actualizar los fondos que invierte el Estado Nacional en el salario a través del incentivo docente[2]. Este se encuentra aproximadamente en $1200 congelado desde el 2015. Si comparamos con la inflación acumulada de más del 200%, y una devaluación de la moneda del 300% vemos como esta suma es prácticamente irrisoria ante una canasta básica que asciende $33.000 para una familia. La carga más importante del salario docente se ha trasladado significativamente hacia las provincias. Por eso es necesario que sea el Estado Nacional quien se haga cargo del derecho constitucional a la educación y garantice salarios y condiciones de trabajo dignos.
Emergencia alimentaria: con hambre no se puede estudiar
Una de las más trágicas consecuencias del modelo de saqueo del gobierno de Macri, es el deterioro en las condiciones de vida del pueblo trabajador. Derechos básicos insatisfechos, como el acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, se ven primeramente vulnerados ante la falta de comida. Lo primero que debe hacer el nuevo gobierno es implementar un plan de recomposición del consumo de las clases populares y el aumento de las partidas de los comedores escolares. Las escuelas son un bastión de resistencia y de solidaridad con la comunidad. Con hambre no se puede estudiar.
Emergencia edilicia
No podemos esperar que suceda otra terrible tragedia como la que pasó en la EP nº49 de Moreno, donde la compañera Sandra Calamano y el compañero Rubén Rodríguez perdieron la vida en una explosión de gas mientras estaban por preparar el desayuno para los pibes. La tragedia de Moreno no fue un accidente, sino un asesinato por la desidia y la consecuencia inevitable del ajuste de Vidal y Sánchez Zinny. Las penosas condiciones de infraestructura de los edificios escolares en la provincia de Buenos Aires, no son aptas para la enseñanza y el aprendizaje, y se han vuelto un peligro para docentes, auxiliares y alumnxs. Esto no se puede permitir nuevamente. Se deben restablecer las partidas que fueron borradas de un plumazo para calefacción y mantenimiento en las escuelas. Estas deben ser un lugar apto y seguro, deben ser una prioridad. Asimismo, es importante que se avance en un plan de construcción de jardines para dar respuesta a la creciente demanda. También es fundamental la construcción de nuevas escuelas secundarias, sobre todo aquellas que fueron creadas en el marco de la Ley Nacional de Educación y que actualmente se encuentran compartiendo edificio con otros establecimientos.
Educar para un proyecto nacional
Debemos darnos un debate acerca de hacia dónde debe dirigirse la formación básica, media, terciaria y universitaria. Necesariamente hacia un proyecto de país con desarrollo industrial, de ampliación de derechos, de construcción de soberanía, con una perspectiva decolonial y nuestroamericana. Los valores de mercado, la competencia, la meritocracia, el individualismo, la apoliticidad, deben ser contrarrestados por valores de conocimiento crítico, de perspectiva histórica y conciencia nacional, de trabajo colectivo, de solidaridad y de justicia social. Deben darse de baja los convenios con ONG’s y fundaciones que han inundado la política educativa durante estos años. Además de su perfil empresarial, estos convenios han resultado en cuantiosas sumas de dinero que el Estado otorgó en función de servicios que perfectamente pueden brindar equipos con profesionales y técnicos que tenemos en nuestro país.
Condiciones de trabajo docente
Es necesario avanzar en una restructuración del trabajo docente. Esto implica: avanzar en la concentración horaria, en reconocer como jornada de trabajo un cargo docente, habilitando un salario justo, que permita acceder a la canasta básica y de bienes culturales. Redefinición de la jornada laboral con horas frente a alumnos y horas destinadas a la planificación, formación y construcción colectiva de conocimiento. En estos años, Vidal destruyó una de las conquistas más interesantes en los últimos años del kirchnerismo: la formación docente en servicio. Esto debe ser una realidad y debe orientarse hacia la formación en una perspectiva culturalmente soberana.
Democratizar el sistema educativo
Hay que convocar nuevamente a un Congreso Pedagógico Nacional donde se logre debatir con lxs docentes, las organizaciones sindicales, las universidades, los institutos de formación docente y técnica, los centros de formación profesional, los referentes barriales y de organizaciones de educación, los centros de estudiantes, la comunidad a través de diversas organizaciones, acerca de las transformaciones necesarias. Uno de los principales desafíos es redefinir un paradigma educativo inclusivo y de calidad. Construir instancias territoriales, distritales o regionales de discusión, convocando a la comunidad educativa.
Llenar las escuelas
El mejor lugar para nuestrxs niñxs y jóvenes es la escuela pública. La perspectiva general debe plantear una escuela inclusiva, sin que por ello se le reste calidad a la enseñanza y el aprendizaje. Todo lo contrario, para nosotrxs la calidad debe ser entendida con todxs adentro. De otro modo se reproduce un modelo elitista de formación meritocrática. La escuela debe ser un espacio de construcción de igualdad y de potenciamiento de las condiciones personales y colectivas. Para ello se precisa de inversión en materiales de estudio, computadoras, internet, libros. Con equipos de orientación escolar completos, en todos los niveles y en cada escuela. A su vez, es muy importante el acompañamiento de los procesos de aprendizaje con políticas socio-educativas que construyan en las escuelas espacios de identificación de la comunidad educativa. En este sentido, son muy significativos los logros que ha obtenido el programa Fines de educación de adultos, una de las cuentas pendientes sigue siendo el reconocimiento de los referentes y el pleno derecho de lxs docentes, así como de las condiciones edilicias de las sedes.
Para poder desarrollar estas transformaciones y hacerlas realidad concreta, se precisa de grandes esfuerzos, de debates, de consensos, de disputas. Y por supuesto, seguir profundizando eso que tanto le duele al neoliberalismo y que el macrismo intentó desaforadamente romper y no pudo: la alianza potente y creativa de la escuela pública y el pueblo.
* Docente, Delegado de SUTEBA Ensenada y colaborador de Revista Trinchera y Agencia Timón.
Referencia: [1] Por supuesto estos debates son elaborados en esta nota a partir de los procesos de discusión entre compañerxs de la Corriente de Trabajadorxs 19 de Diciembre, de SUTEBA y de la CTA donde venimos participando también junto a otros sectores.
[2] Cabe recordar que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) fue una de las conquistas más importantes de la lucha docente en la década del ’90. En este sentido se conquistó un aporte nacional en el salario docente, en un contexto de descentralización del Estado Nacional.
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