A cuarenta años del histórico Juicio a las Juntas iniciado en abril de 1985 por decisión del presidente Raúl Alfonsín, la Argentina recuerda el proceso que sentó en el banquillo a los principales responsables de la dictadura militar. Por primera vez, un país juzgaba en sede civil a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por su propio régimen.
“Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino: Nunca Más.”
El 24 de marzo de 1976, una junta militar conformada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón. Poco después, el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, fue designado presidente de facto y presentado por la prensa oficial como “un profesional moderado y ferviente católico”. Este nuevo golpe contra la democracia dio inicio a la dictadura más sangrienta de la historia argentina. El régimen dejó un saldo de miles de muertos y desaparecidos, cientos de miles de exiliados, la derrota militar en la Guerra de Malvinas, un incremento exponencial de la deuda externa, el vaciamiento de empresas públicas y la destrucción de gran parte del aparato productivo nacional.
Los crímenes perpetrados por los militares son hoy reconocidos en el derecho internacional como delitos de lesa humanidad. Treinta mil desaparecidos, alrededor de 400 niños apropiados y un país devastado constituyen el saldo de aquella ocupación militar.
La democracia argentina recién había sido recuperada en 1983, tras siete años de dictadura militar, y el gobierno de Raúl Alfonsín enfrentaba la presión de sectores castrenses que aún conservaban poder y capacidad de amenaza. En ese escenario, la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y la publicación del informe Nunca Másfueron pasos decisivos para documentar el plan sistemático de represión ilegal y legitimar la demanda social de justicia.
Durante meses, el tribunal integrado por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio escuchó más de 800 testimonios en un debate público sin precedentes. El fiscal Julio César Strassera, acompañado por Luis Moreno Ocampo, llevó adelante la acusación que culminó con su alegato y el célebre “Nunca Más”.
¿Que fue el Juicio a las Juntas?
El Juicio a las Juntas de 1985 representó un acto fundacional en la democracia argentina porque enfrentó, con las herramientas del derecho, a quienes habían instaurado el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. La decisión del presidente Raúl Alfonsín de impulsar el proceso fue una apuesta política audaz: en un contexto de tensiones militares y fragilidad institucional, eligió la vida judicial como respuesta a la demanda social de la justicia. Por primera vez en el mundo, un tribunal civil juzgó a los máximos responsables de una dictadura militar en su propio país, sin recurrir a tribunales especiales ni a la justicia militar.
El alegato del fiscal Julio Cesar Strassera, acompañado por Luis Moreno Ocampo, sintetizó la acusación en la célebre consigna “Nunca Más”, que condensó el dolor de miles de víctimas y se transformó en un pacto ético colectivo. La argumentación del juicio no se limitó a probar delitos: busco demostrar la existencia de un plan sistemático de represión ilegal, con secuestros, torturas y desapariciones, y establecer que los comandantes no podían alegar desconocimiento. De este modo, el proceso no solo condenó individuos, sino que desmanteló la lógica de impunidad y legitimó la democracia como espacio de reparación y de construcción de futuro.
Los testimonios de sobrevivientes y familiares se convirtieron en el corazón del proceso: más de 800 voces narraron secuestros, torturas, desapariciones y apropiaciones de niños, transformando el dolor privado en memoria pública. Relatos como el de Adriana Calvo, quien dio a luz esposada en un patrullero, o el de las madres que buscaban a sus hijos en los centros clandestinos, marcaron un antes y un después en la conciencia social. Cada declaración no solo aportó pruebas jurídicas, sino que también desarmó el silencio impuesto por el terror, instalando en la sociedad la certeza de que la verdad debía ser escuchada
Cuarenta años después, el Juicio a las Juntas se lee no solo como un acontecimiento jurídico, sino también como un acto cultural y político que redefinió la identidad democrática argentina. En el plano internacional, se convirtió en un modelo de justicia transicional, inspirando procesos similares en América Latina y siendo citado como antecedente en tribunales de derechos humanos. En el plano social, los testimonios de sobrevivientes y familiares transformaron el dolor en memoria colectiva, y el alegato de Strassera se volvió consigna universal de resistencia frente a la violencia estatal.
Solución institucional frente a la impunidad
Este Juicio ofreció una salida inédita a un dilema histórico: cómo enfrentar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado sin recurrir a la venganza ni a la justicia militar. La decisión de llevar a los comandantes ante un tribunal civil fue, en sí misma, una solución institucional que reafirmó la primacía del derecho sobre la violencia. En un contexto de tensiones políticas y amenazas de levantamientos militares, el juicio demostró que la democracia podía responder con firmeza y legitimidad, evitando la impunidad y consolidando la confianza en las instituciones.
El hecho trascendió las fronteras argentinas y se convirtió en un referente mundial de justicia transicional. Su carácter pionero —al juzgar en sede civil a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos por un régimen propio— inspiró procesos similares en países como Chile, Perú y Sudáfrica, y fue citado como antecedente en tribunales internacionales de La Haya y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, la experiencia argentina no sólo consolidó su democracia, sino que ofreció al mundo una solución ética y jurídica.
Con la excusa de la “amenaza terrorista”, el oficialismo envió a la Cámara Baja la iniciativa que habilita a que las FFAA hagan patrullaje, operativos de control e incluso detenciones. El texto firmado por Milei, Francos, Petri y Bullrich se da en el marco de una polémica reforma a la ley de Seguridad Interior. Esta capacidad está vedada desde el retorno de la democracia.
El Gobierno nacional liderado por Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior, que habilita a las Fuerzas Armadas (FFAA) a actuar fronteras adentro y le habilita la participación en asuntos de seguridad interna. De esta manera, los libertarios oficializaron su intención de que los militares vuelvan a hacer operativos callejeros e incluso puedan detener personas con la excusa de que actúen para evitar amenazas o repeler hechos “terroristas”.
El escrito presentado en la Cámara de Diputados lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri. La reforma a la ley 24.059 tiene que ver con la modificación del Artículo 27, que fija que las FFAA se sumen a un Comité de Crisis que ya establece la norma vigente para situaciones de emergencia, con representantes de la Nación, las fuerzas federales y de la provincia involucrada.
“En caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal en el marco del artículo 41 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA-LEY 11.179 (T.O. 1984 actualizado), el Comité de Crisis podrá ampliar el requerimiento al MINISTERIO DE DEFENSA para que las FUERZAS ARMADAS realicen: a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia”, sostiene el articulado de la reforma que propone el Gobierno.
Uno de los fundamentos del oficialismo es plantear tal reforma como “una alternativa intermedia” para que los militares apoyen a las fuerzas de seguridad sin que se requiera la declaración del estado de sitio. También sería por lo que ocurre actualmente en Rosario a partir de la violencia del narcotráfico.
“En los casos en que el personal militar designado para las acciones definidas en los artículos precedentes, se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance”, agrega uno de los artículos.
De esta forma, el cambio libertario es la incorporación de la amenaza terrorista, a partir de la cual los militares podrían hacer patrullaje, control de personas, vehículos y edificios, e incluso detenciones. Además, la reforma no ofrece una explicación de qué se reconoce como hecho terrorista ni con qué criterios se determinará la zona geográfica en que se aplique.
En tanto a los fundamentos que propone el Gobierno para su aplicación, además de considerarla una “salida intermedia (…) sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”, el proyecto pondera que la Constitución Nacional no inhabilita a que las FFAA actúen en seguridad interior.
Tampoco plantea antecedentes como el rol protagónico que tuvieron los militares en la última dictadura o los riesgos a que se vulneren los derechos humanos. Asimismo, evita mencionar la imposibilidad de que las armas puedan seguir enfocadas en el control fronterizo.
“La Constitución Nacional no contempla -ni contempló nunca- una diferenciación entre las cuestiones de Seguridad Interior y las de la Defensa Nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las FFAA”, fundamenta la iniciativa.
Lo que sí reconoce es que la ley de Seguridad Interior es la que limita el accionar de los militares, modificaciones fruto del consenso democrático post-dictadura (la ley 24.059 se sancionó en 1991).
Otro de los justificaciones es que hay otros países donde las fuerzas armadas “se encuentran habilitadas a intervenir en la lucha contra el terrorismo”, allí menciona a Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Francia, Alemania, Turquía, India, España y Australia. En consonancia con lo ejemplificado, el texto tomaba como ejemplos la militarización en Colombia, Brasil, Uruguay y México, sin embargo no se contempla cómo son las situaciones particulares en dichos países.
En tanto, la reforma aun no fue girada a ninguna comisión de Diputados, el camino lógico sería un tratamiento inicial, al menos, en las comisiones de Seguridad Interior (conducida por José Nuñez, del PRO) y de Defensa (con Ricardo López Murphy, del bloque de Miguel Pichetto, a la cabeza). Tampoco se sabe el apuro del Gobierno para su discusión, sin embargo, la iniciativa había sido anunciada a principios de año en una conferencia conjunta entre Petri y Bullrich.
Cabe recordar, que este rol adjudicado a las FFAA, está vedado desde el retorno de la democracia en 1983, con el objetivo de que los militares retornen a los cuarteles y no se involucren en cuestiones de seguridad interior. En la actualidad, la ley de Seguridad Interior admite el despliegue de unidades militares en seguridad interna pero únicamente bajo declaración de estado de sitio, en presencia de circunstancias excepcionales de extrema gravedad y conmoción. Asimismo en su momento, es un extremo al que llegó, por ejemplo, Fernando de la Rúa en diciembre de 2001 y que generó una represión con casi 40 muertos.
Lo cierto es que esta reforma se da en una actualidad compleja en la que los militares de hoy se ven reflejados en un espejo que muestran una mirada de los ‘70. Además, en marzo, la activista Cecilia Pando, que suele ser una vocera del sector más rancio de las Fuerzas Armadas expresó sus dudas y el reclamo de tales sectores es evidente ya que le demuestran al oficialismo que, si quiere sacar a los militares de los cuarteles, antes tiene que sacar de las cárceles a los que todavía están presos por crímenes de lesa humanidad.
Vale destacar que un sector del oficialismo ya está abocado a esa tarea, y quedó a la vista de todos con la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) al penal de Ezeiza, en el cual están Alfredo Astiz y otros represores de la última dictadura. Incluso, se buscan iniciativas para voltear las causas y tratar de obtener una rápida prisión domiciliaria para los que se encuentran presos.
También se da días después de que se conociera el asesinato de Beatriz Montoya, ex pareja de un militante desaparecido y madre de un militante de DDHH. Tal hecho sucedió tras meses de amenazas constantes que persistieron incluso tras el asesinato, ya que dejaron un cartel que asegura: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.
En diciembre, tras la asunción de LLA al gobierno nacional, se encontraron carteles con amenazas de gravedad similar, que iban de lleno contra el militante por los derechos humanos Fernando Albareda, (hijo de Beatriz): “Se te terminaron los amigos en la Policía”, y “te vamos a juntar con tu papito”, además de “vas a morir”, junto a cruces esvásticas y seis balas calibre 22 que acompañaban el mensaje denunciado por la familia.
Como se denuncia desde hace varios meses, tanto en Trinchera como en otros medios, los discursos negacionistas enarbolados por el actual oficialismo surten efecto y no pueden ser despegados de un espacio político que sin dudas da vía libre al envalentonamiento de prácticas similares a las de los genocidas condenados tras el gobierno de facto. Albareda no es el único militante que ha sido amenazado desde la asunción de los libertarios, y es responsabilidad del Estado nacional garantizar el cuidado y la tranquilidad de todos sus ciudadanos.
Por otra parte, tal reforma ya fue cuestionada por el ex titular de Defensa, Agustín Rossi, quien afirmó que el Gobierno está sentando las bases para un “estado de sitio encubierto”. “No tienen razón y se preparan para usar la fuerza. Los problemas económicos se agravan y la imagen de Milei cae. Todo lo que están haciendo se orienta para la persecución y la represión. Cuando no hay pan, este gobierno además de circo quiere meter miedo”, manifestó el dirigente peronista.
“Para enfrentar al terrorismo se necesita investigación e inteligencia, no fuerzas pidiendo documentos o patrullando calles. La libertad no avanza, retrocede a los lugares más oscuros“, concluyó Agustín Rossi.
Finalmente, diferentes organismos de derechos humanos sostuvieron la presunción de que el Gobierno puede justificar así la represión de manifestaciones, como ocurrió con los episodios violentos alrededor del Congreso cuando se votó la ley Bases en el Senado. En aquel momento la policía avanzó sobre los manifestantes y detuvo a una treintena, a quienes Bullrich y Milei acusaron públicamente de “terroristas”.
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En el marco de la causa Automotores Orletti, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la decisión y rechazó los planteos de las defensas.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a prisión perpetua contra dos represores por el homicidio de Mario Roger Julien Cáceres, cometido el 26 de septiembre de 1976, durante la última dictadura cívico, eclesiástica y militar. Según informaron fuentes judiciales, el litigio se investigó en el marco de la causa conocida como “Automotores Orletti”.
La resolución fue aprobada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, por mayoría, con los votos de Alejandro W. Slokar y Javier Carbajo, quienes rechazaron los planteos de las defensas de los represores condenados, detallaron los voceros consultados.
Cabe recordar, que se trata de un caso por el cual el Estado argentino fue sancionado por las demoras Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que le recordó la obligación internacional asumida frente los crímenes contra la humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado.
En este sentido, el Tribunal de Casación integrado por los jueces Carbajo, Slokar y Angela Ledesma, esta ultima votó en disidencia, rechazó los recursos de las defensas de Oscar Roberto Gutiérrez y Rolando Oscar Nerone contra las condenas a prisión perpetua impuestas por el asesinato cometido en septiembre de 1976.
Ambos imputados, fueron absueltos en septiembre de 2017, y la sala cuarta de Casación, que contaba con otros integrantes, anuló esa decisión y reenviaron al Tribunal para un nuevo pronunciamiento en febrero de 2019.
No obstante el pronunciamiento de esa nueva decisión se demoró, dado que las defensas presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante ese tiempo, el caso llegó a la Corte IDH, y el 23 de septiembre de 2021 condenó al Estado argentino por las demoras en el proceso.
Luego de una semana, de comunicada la condena internacional, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja que supo tener por más de dos años a estudio. Según recordaron fuentes que siguen el caso, esto permitió que el Tribunal Oral avance en el trámite y finalmente condene a los ex Inspectores del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina.
Con respecto a la sentencia que llegó a revisión de Casación, el juez Carbajo señaló que “los jueces de mérito han llevado a cabo un exhaustivo y pormenorizado análisis de las pruebas e indicios colectados en el expediente para determinar la participación de los imputados en el hecho que culminara con la vida de Julien Cáceres”.
Finalmente, en base al plan criminal el juez recalcó que, “contrariamente a lo invocado por los recurrentes y a lo afirmado por los imputados en sendas declaraciones indagatorias, se advierte que efectivamente existió una planificación para llevar a cabo ese operativo en el hogar de Julien Cáceres.”
Este agosto del 2023 nos encuentra revisando la historia para poder hacer una lectura para el futuro, para todes, todas y todos, una forma de acercarnos desde la historia al presente, y del presente al pueblo. Acercarnos desde la carrera de Psicología a la historia del país con una mirada emancipadora vuelve imposible la reconstrucción histórica de la disciplina sin mencionar a Beatriz Perosio, psicóloga militante de la Vanguardia Comunista, quien atravesada por el contexto histórico, estaba convencida de que el deterioro de la asistencia sanitaria argentina era una consecuencia directa de la penetración del imperialismo norteamericano y sus agentes dentro del aparato estatal. Por esta razón se comprometió con la organización profesional de psicólogos y psicólogas en el contexto de la salud pública. A su vez, militaba un abordaje colectivo e interdisciplinario de la salud mental participando de la coordinadora de trabajadores de la Salud Mental.
En esta línea, es necesario reivindicar su tarea gremial que desplegó desde un posicionamiento crítico, desempeñándose en primer lugar como secretaria de Asuntos Profesionales en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires a partir de 1975. Además, en 1977 en el contexto de la última dictadura cívico militar, asumió y ejerció la presidencia tanto de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA) como de la Federación de Psicólogos de la República Argentina siendo la primera mujer en ocupar esos cargos.
El 8 de agosto de 1978 Beatriz fue secuestrada en el jardín de infantes que había fundado con el objetivo de formar infancias con pensamiento crítico. Beatriz continúa desaparecida hasta la actualidad, y en ese sentido es necesario preguntarse: ¿Qué quisieron desaparecer?
En nuestro país la política del orden (la dictadura) implementó la desaparición como método e intentó desaparecer las desapariciones. El ataque fue más allá de los casos singulares, de las víctimas mismas, apuntó a la sociedad toda, al conjunto social, a la cultura. En ese contexto, Beatriz apostaba a un proyecto para construir entre todes. “Cuando más aislados podemos estar, más hay que intentar comunicarse; cuando más dudas existen, más realizaciones hay que concretar”, afirmaba en Octubre de 1977 a través del órgano de difusión de la APBA.
El impulso de un nuevo orden social, que culminó con la última dictadura cívico militar, afectó a todos y cada uno de los espacios de formación colectiva e individual, en un clima en el que estaba en juego el camino que tomaria la orientación del psicoanálisis en nuestro país, la APA (Asociación Psicoanalítica Argentina) ya no enmarcaba todas las posturas respecto al psicoanálisis, reinterpretado al calor de la revolución.
La disciplina de la psicología y su formación se encontraba en el eje de disputa entre quienes poseían una mirada elitista del ejercicio profesional y aquelles que creían necesaria una nueva lectura del marco teórico adaptada a un mundo convulsionado. De esta manera se empezó a concebir un paradigma de Salud Mental indisociable de una práctica política activa asociada a la izquierda, razón por la cual el psicoanálisis fue blanco de la Triple A y la dictadura que se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional”. Acdel Vilas, oficial militar que comandó la Operación Independencia en 1975, expresa el necesario foco de persecución de la disciplina en su concepción de la batalla cultural: “Hubo que olvidar las leyes de la guerra convencional para sustanciarse con este nuevo tipo de lucha. Una guerra eminentemente cultural. Si los militares permitimos la proliferación de elementos disolventes, psicoanalistas, psiquiatras freudianos, etc. Soliviantado las conciencias poniendo en tela de juicio las raíces nacionales y familiares estábamos vencidos, por lo tanto se planteaba la destrucción física para encubrir acciones subversivas”.
El nuevo orden tenía como objetivo principal instaurar un sujeto modelo, un estudiante modelo, negador de la política, era necesario atentar físicamente para poder disolver y destruir aquellas ideologías que cuestionaban los valores sagrados. Este modelo de ciudadano contrasta fuertemente con la concepción psicoanalítica de la subjetividad, cuyo Trabajo fundante fue recobrar la memoria, escribir la historia como movimiento para acercarse a la verdad: asumir una herencia, reconocer una deuda, todo esto enmarcado en la lucha de fuerzas dentro del campo psíquico. Este campo de fuerzas no está situado en un lugar en vacío, sino que tiene un contexto, sino que necesita de otro para poder dar inicio a este conflicto, porque el ser humano es un cachorro inválido que con otro que libidinice un cuerpo, un nombre, un lugar en la historia, llega a constituirse como sujeto.
Cuando hablamos de dictadura debemos tener presente que operaban sobre los cuerpos persiguiendo subjetividades, siguiendo esta línea y adentrándonos directamente en el campo de formación académica debemos recuperar la historia teniendo presente la persecución y desaparición de compañeres que defendían una Psicología crítica y comunitaria, proyectando un pueblo organizado, que organice políticas gremiales para una salida colectiva. No se trata solamente de recuperar los hechos del pasado a la manera de un registro de memoria maquinaria, sino de contribuir a disminuir sus efectos deletéreos; cooperar a de-construir las operaciones de silencio y negación que dejaron marcas inconscientes en cada uno; pues la Memoria tiene sus blancos, sus agujeros y sus deformaciones, no es una simple reproducción de lo sucedido.
Escrito por la Agrupación Beatriz Perosio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata
El 27 de junio se cumplieron 49 años del último golpe de Estado cívico-militar en Uruguay (1973-1985). Plan Cóndor, desapariciones, torturas, expropiación de bebés y una larga lista de aberraciones. Todo eso y más, para instalar un proyecto económico a sangre y fuego.
Se inauguraba una nueva etapa del capitalismo y los poderes fácticos no titubearon un segundo en aplicarlo. Sus consecuencias y sostenimiento a lo largo del tiempo perduran hasta el día de hoy, a pesar de haber retornado la democracia y haber pasado por la ola progresista a principios del siglo XXI.
Marcha del Silencio recuerda a víctimas de la dictadura uruguaya | Noticias | teleSUR
Cara o cruz
La década del 70 en América Latina tuvo las dos caras de una moneda. Por un lado un movimiento social, popular, sindical de fuste, robusto y combativo; pero por el otro se desplegaron las alas y las garras de las peores dictaduras de nuestra historia. Uruguay no fue la excepción. Mientras en las calles y en los centros clandestinos se torturaba, en fatuos escritorios se pergeñó el ajuste y la persecución a la clase trabajadora. La moneda se decantó por el lado del neoliberalismo.
La misma madrugada del golpe la Central Nacional de Trabajadores (CNT) se declaró en huelga, que duró 15 días. El 30 de junio fue ilegalizada la CNT y requeridos sus principales dirigentes, que pasaron a la clandestinidad o fueron capturados.
El 4 de julio de 1973 el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 518/73, habilitó el despido sin indemnización “por notoria mala conducta” en la órbita pública y privada. Esto facilitó la persecución de los huelguistas por parte de las patronales, así como la eliminación de mano de obra “improductiva”, como personas próximas a jubilarse y con problemas de salud.
La dictadura “significó un descenso del salario y las pasividades a menos del 50% de su valor en 1968, la destrucción de 50.00 productores agropecuarios, el cierre de centenares de pequeñas y medianas industrias, y un sideral aumento del endeudamiento externo que pasó de 716 millones de dólares en 1973 a 6.000 millones de dólares en 1985”, señala Miguel Carrió en su libro “País vaciado”.
Uruguay volverá a ser plaza financiera para recibir evasión de dinero de la región – RSmedios
El modelo de plaza financiera se instauró en el Uruguay en 1974. En mayo de 1979 se eliminaron los encajes bancarios, culminando un proceso de progresiva reducción, y se eliminaron los regímenes promocionales de financiamiento de las exportaciones.
La dictadura liberalizó la economía en medio de la crisis mundial del petróleo. La expansión del endeudamiento externo bruto pasó de 478 millones a 3.919 millones de dólares entre 1973 y 1985. Agregado a esto, la reducción del poder de compra de los salarios en un 60%, comparando 1984 con 1971.
Finalmente, en noviembre de 1979 comenzó a regir una reforma tributaria en la que se generalizó la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, se rebajaron los aportes patronales a la seguridad social y se derogó el Impuesto a las Actividades Financieras y el Impuesto Único a la Actividad Bancaria, que gravaba la actividad financiera.
La transferencia fue del orden de 5.000 millones de dólares de 1981: ese fue aproximadamente el valor del PIB al fin de la dictadura y esa fue la magnitud de la deuda externa del país. Es decir, trabajadoras y trabajadores perdimos en los años de dictadura ingresos equivalentes a la deuda externa uruguaya.
Aun con la crisis de 1981 a 1984, el producto interno Bruto (PIB) al final de la dictadura era mayor que el del inicio, y junto a ese mayor crecimiento de la riqueza, el salario bajó a la mitad.
El complejo escenario para el mercado laboral en 2021 – 01/02/2021 – EL PAÍS Uruguay
La falta de garantías para los reclamos laborales, las dificultades para conseguir un empleo, la incorporación de mano de obra sin experiencia en tareas especializadas y el multiempleo contribuyeron a que las patronales tuvieran mejores condiciones para aumentar la productividad del trabajo con la trágica consecuencia de muertes por accidentes laborales y mutilaciones que incapacitaban a los trabajadores.
El hoy es tan ayer
La política aperturista al mercado internacional conllevó un aumento de las exportaciones con déficit en la balanza comercial, ya que las importaciones eran superiores. Como consecuencia de la falta de negociación colectiva y las dificultades para el accionar sindical reivindicativo, hubo una caída sostenida del salario real, pasando a la mitad entre 1973 y 1985, lo que se sumaba a la caída del período anterior. ¿Década del 70 o 2022?
Los patriarcas del mercado. Apuntes sobre los orígenes del neoliberalismo en Uruguay (1955-1973)
La dictadura no solo fue una máquina de muerte. El golpe de Estado en Uruguay fue la inauguración de un proyecto económico implantado a sangre y fuego. La corrupción, el aumento de la deuda pública y el manejo de los fondos públicos de manera irregular estuvieron a la orden del día y siguieron derramando su efecto en la transición democrática o más bien en la democracia tutelada por los militares que tuvo el país desde 1985.
La década de los 90 estuvo gobernada por los tradicionales Partido Nacional y Colorado, como históricamente sucedió hasta el 2004 con el ascenso del centroizquierdista Frente Amplio. Fue una década donde se iniciaron procesos que hasta el día no han tenido freno. Por un lado la infantilización de la pobreza, mientras la percepción de la corrupción creció a pasos agigantados. El narcotráfico era tapa de diarios, junto al lavado de dinero en Punta del Este, las SAFIs (Sociedades Anónimas Financieras) y el vaciamiento de bancos.
Los intentos privatizadores se instalaron por doquier, algunos truncos, algunos exitosos. Las zonas francas crecieron a mansalva, mientras se verificaba el desmantelamiento de la industria nacional. Los gobiernos “neoliberales” avanzaron sobre el salario indirecto, desfinanciando, privatizando y tercerizando los servicios públicos como la salud, la educación y la vivienda. La antesala de la crisis del 2002 estaba lista.
Si muchas veces se habla de oleadas en el campo progresista, hay que hablar también de oleadas neoliberales que a veces también vienen como mareas. Se puede trazar un hilo conductor desde los 70 hasta el presente. La macroeconomía sigue su rumbo sin variación alguna, lo dijo el mismísimo Ministro de Economía de la dictadura Alejandro Vegh Villegas, al ser consultado por la política económica del Frente Amplio.
Hoy asistimos a otra entrega de soberanía mayúscula: el puerto, las tierras, la rambla costanera, el agua, cada vez más zonas francas para que no tributen aquí, cada vez más mega proyectos inmobiliarios, ghettos de ricos, “cantegriles” de pobres. Cada vez más ollas populares, aunque las exportaciones no paren de aumentar.
Cada veinte años, nuevas crisis para que viejos dilemas no se resuelvan y los capitalistas de siempre vuelvan a acumular y concentrar riqueza y poder. La dictadura no fue un delirio de hombres malos.
Hoy no se precisa un golpe de Estado para dominar. La institucionalidad republicana cobija en su seno dicha explotación. Esa misma dictadura de la que hablamos, debilitó de manera contundente al campo popular. Preestreno para arrasar con todo lo público. Obra que, lamentablemente, aún no se vislumbra su final.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
Apuntes para un análisis comparativo de la democracia ¿Qué es la democracia en el siglo XXI? ¿Dónde hay una verdadera democracia?
Dicen que todas las comparaciones son odiosas, pero a la vez son inevitables. En el caso de Colombia y Venezuela, la comparación entre sus sistemas políticos es hecha permanentemente por la clase política colombiana, y por supuesto, es apoyada por los carteles que conforman sus corporaciones mediáticas y su poderosa industria del entretenimiento, que no dudan en establecer que mientras la democracia colombiana es antigua, fuerte y goza de buena salud, Venezuela ha degenerado en una dictadura.
Esta caricatura es irreflexivamente repetida incluso, por amplios sectores de la oposición colombiana por ignorancia, por temor o por simple pereza de analizar críticamente la propaganda con la que diariamente se les bombardea y, con ese velo, será imposible trazar el rumbo de las transformaciones profundas que requiere el país.
La guerra mediática contra la Revolución Bolivariana que tiene como ejes Miami, Madrid y Bogotá; el lawfare en construcción contra el propio presidente Nicolás Maduro y las directrices políticas emanadas de los Estados Unidos que sostienen esa propaganda, derivan del complejo contexto geopolítico generado por la crisis capitalista mundial, la herida mortal del mundo unipolar y el consecuente relanzamiento de la Doctrina Monroe sobre Nuestra América.
Es por ello que hemos decidido hacer esta comparación partiendo de la afirmación que rompe con lo que habitualmente dicen: ni Colombia está tan bien como la pintan ni Venezuela tan mal como dicen.
Con esa intención contrahegemónica tampoco se pretende decir que la democracia venezolana es perfecta porque, como todo proceso social, la Revolución Bolivariana es imperfecta y siempre perfectible.
Hoy, la gravedad que reviste esa creencia tan instalada en la opinión pública colombiana toma más importancia ante los sucesos de esta semana, cuando el ministro de la Defensa Diego Molano volvió a dar declaraciones que pretenden generar un conflicto binacional ya que, la afirmación de que en Venezuela hay una dictadura y en Colombia una democracia digna de exportar es uno de sus argumentos centrales.
En este momento en que el uribismo se sabe perdido, pues dos décadas en el poder ejecutivo están a punto de llegar a su fin en tan solo cinco meses, bien sea por el esperado triunfo de los sectores progresistas y de izquierda que se han unido en el Pacto Histórico, o por el triunfo de otras alternativas de centroderecha y derecha que responden a intereses más tradicionales de la oligarquía colombiana, todos lejos de Uribe; solo la agudización del conflicto interno y la amenaza de un conflicto internacional podrían tal vez cambiar el resultado que ya parece inminente. Por lo que nuevamente es tarea urgente derrotar el lenguaje guerrerista del gobierno uribista.
De este lado de la frontera, la afirmación de que en Venezuela hay una dictadura mientras en Colombia existe una democracia ejemplar lo refrenda la oposición venezolana, legitimándolo en algunos sectores populares con el apoyo permanente de las corporaciones mediáticas trasnacionales y la industria del entretenimiento colombiana que tiene amplia difusión por redes sociales.
Explicadas las razones de este análisis, que se hace en defensa de ambos pueblos y procura de la paz, aportamos nueve puntos desde los que se puede iniciar un análisis comparativo de la salud de la democracia en ambos países.
Es importante aclarar que la comparación siguiente se centra en las acciones de los Estados y sus gobiernos, pues sin duda desde las organizaciones populares colombianas hay experiencias reales y nutritivas que avanzan en la construcción verdaderamente democrática. Los nueve puntos propuestos para el análisis comparativo
1. Relación con los Estados Unidos como centro del imperio capitalista
Colombia es un Estado subordinado a los Estados Unidos. Eso implica una entrega absoluta de sus recursos naturales, minero-energéticos, su gran fuerza de trabajo y la concesión de su importancia geoestratégica regional para convertir al país en un centro de la acumulación por desposesión, principal enclave militar de los Estados Unidos y uno de los dos enclaves del narcotráfico en el continente. La injerencia estadounidense en asuntos internos es absoluta y la palabra “soberanía” ha desaparecido de las alocuciones políticas, incluso del llamado progresismo, quedando solo en las voces minoritarias de la verdadera izquierda.
El Estado venezolano, por su parte, es un Estado insubordinado, desde su propia doctrina bolivariana confrontada históricamente a la doctrina Monroe. Esta insubordinación le ha costado un asedio político, económico y hasta militar desde la potencia del Norte. Acoso que en 2015 llegó al extremo de declararla “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de los Estados Unidos. Esa orden ejecutiva ha sustentado un brutal bloqueo, con graves consecuencias para el pueblo venezolano y es la raíz del fenómeno de emigración.
2. Poder político de las oligarquías
El poder político en Colombia está en manos de las familias económicamente más poderosas del país desde hace siglo y medio aproximadamente, lo que cada vez más la convierte en una plutocracia. Con el agravante de que, en las últimas tres décadas, esa oligarquía se ha imbricado en mayor o menor grado con el narcotráfico y el paramilitarismo.
En cambio, hace apenas veintidós años irrumpió la Revolución Bolivariana, y con ella se desplazó del poder político a la oligarquía venezolana que tradicionalmente lo había ostentado también en el siglo XX y gran parte del XIX.
3. Conflicto armado
Colombia es un país en guerra. Está inmersa en un conflicto social y armado que continúa sin resolverse y nuevamente tiende a agudizarse. La solución democrática sería la salida política y negociada que desde amplios sectores del pueblo colombiano se ha venido exigiendo, sin embargo, la apuesta de la oligarquía ha sido la de una solución militar con la que procura pacificar al pueblo y ganar la guerra, es decir apuesta a la pacificación que es muy distinta a la paz.
Al contrario, Venezuela se mantiene en paz a pesar del asedio militar de los Estados Unidos, la invasión paramilitar del territorio venezolano desde Colombia, la incursión de mercenarios y la reiterada ejecución de operaciones terroristas de control territorial llamadas popularmente “guarimbas”. Lo más relevante para esta comparación es que ante la violencia que generaron las últimas guarimbas en 2017, el presidente Maduro acudió a la máxima expresión de la democracia que es la convocatoria al Poder Constituyente. Al día siguiente de ese llamado los sectores que estaban promoviendo la violencia se desmovilizaron y ninguna operación similar ha vuelto a desarrollarse desde entonces.
4. Hegemonía comunicacional vs. comunicación contrahegemónica
Las corporaciones mediáticas colombianas están en manos de tres familias que forman parte de las cuatro más ricas del país, por lo que, a pesar de ocasionales disputas de intereses, el relato está unificado en defensa del poder oligárquico, a favor del sistema capitalista mundial y el imperialismo. Los medios de comunicación alternativos y populares son permanentemente atacados y perseguidos, por lo que la hegemonía comunicacional de las corporaciones mediáticas es aplastante.
Distinto sucede en Venezuela donde se confrontan la hegemonía comunicacional mundial y el la comunicación contrahegemónica. Este debate tiene, por un lado, gran cantidad de empresas privadas de comunicación nacionales, internacionales y redes sociales que operan en el país difundiendo el discurso hegemónico, y por el otro, a los medios de comunicación del Estado, los medios que tienen participación estatal y los abundantes medios de comunicación alternativos y comunitarios, que dan la batalla de la comunicación contrahegemónica. Lo que la coloca más cerca del ejercicio democrático de la comunicación.
5. Propiedad de la tierra
Si bien el latifundio es histórico en toda Nuestra América y particularmente en los dos países en cuestión, en Colombia, en las últimas seis décadas, se ha despojado al campesinado de cerca de ocho millones de hectáreas en acción coordinada entre latifundistas, empresas trasnacionales, narcotraficantes, fuerzas militares y, sobre todo, paramilitares.
Gracias a la promulgación de una nueva ley de tierras durante el gobierno del presidente Hugo Chávez, en Venezuela se han rescatado y expropiado a latifundistas cerca de 6 millones de hectáreas. La mayoría de estas tierras, con evidentes nudos críticos y algunos retrocesos en los últimos años, se han adjudicado a campesinos y campesinas.
Esto quiere decir que mientras en Colombia la tendencia es a concentrar la propiedad de la tierra, en Venezuela se inició un proceso de desconcentración de la misma.
6. Usos del lenguaje en las Constituciones Nacionales
Venezuela posee la primera constitución en castellano que usó el lenguaje inclusivo, es decir, escrita por y para sus ciudadanos y ciudadanas. Aunque la actual Constitución de Colombia también fue el producto de una Constituyente más o menos reciente, continúa usando un lenguaje excluyente en el que solo se nombra a sus ciudadanos y no da cuenta de las grandes luchas de las mujeres colombianas por la inclusión.
7. Respeto a los derechos humanos
A pesar de la muy cuestionable decisión de la Corte Penal Internacional de cerrar el examen preliminar al Estado colombiano, antes siquiera de pasar a la fase de investigación y, por el contrario, abrir investigación contra el Estado venezolano, en Colombia hay razones para afirmar que la violación de derechos humanos es política de Estado.
El genocidio que se comete en Colombia contra líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del más reciente acuerdo de paz, educadores y educadoras, sindicalistas, entre otros y otras, implica un etnocidio y también un juvenicidio de clase.
Tan solo entre el 1° de enero y el 2 de diciembre de 2021, han sido víctimas de este genocidio 162 líderes y lideresas sociales, 44 ex firmantes del acuerdo y se han cometido 90 masacres. A esto hay que sumar las terribles imágenes que circularon en todo el mundo de la brutal represión policial y parapolicial al Paro Nacional convocado este mismo año en Colombia.
En Venezuela, por su parte, donde ocasionalmente se han registrado víctimas de violación de derechos humanos, no existe registro este año de ninguna masacre. En las redes sociales, de hecho, solo se reseña una presunta masacre a principios de año, que incluso los medios internacionales reseñan entre comillas dado que se dio en el contexto de un operativo policial que acabó con una banda delincuencial y en la que existen muchos elementos para creer que se trató de muertes durante un enfrentamiento. Tampoco se registra ningún asesinato de líderes o lideresas sociales. Vale la pena aclarar que en las pocas ocasiones en que estos asesinatos han ocurrido, las víctimas son generalmente simpatizantes de la Revolución Bolivariana.
Lo cierto es que lo ocasional de las violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado -que no por ser pocas son justificables-, y el hecho de que una gran parte de ellas son investigadas por la Fiscalía venezolana, contribuyen a la afirmación de que la defensa de los derechos humanos es política del Estado venezolano.
8. Índice de desarrollo humano
Este índice, definido como un instrumento que mide el adelanto medio de un país en lo que respecta a la capacidad humana básica representada por la esperanza de vida, el nivel educacional y el ingreso per cápita, es medido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que presenta cada año un ranking de 189 países, siendo el primero el país con el más alto índice y el último con el más bajo.
En los últimos años Venezuela ha estado siempre por encima de Colombia en este índice, aunque vale la pena resaltar que Cuba se ha ubicado encima de ambos en el mismo período. Solo a partir del bloqueo a Venezuela en el año 2015 comenzó a caer en ese ranking y, sin embargo, pese a la dura situación económica y social que hoy enfrenta, solo se colocó por debajo de Colombia en los dos últimos informes de 2019 y 2020. La razón de esa caída, según explica el propio PNUD, se debe sobre todo a la caída del ingreso per cápita.
9. Sistema de votación
Este último punto de comparación lo hemos tratado en varias ocasiones y lo ilustraremos nuevamente con un cuadro que publicamos por primera vez en 2018, dado que ninguno de los dos sistemas ha sufrido modificaciones desde ese entonces.
Dicha comparación se realiza a partir de la experiencia que me ha permitido la doble nacionalidad de votar en ambas elecciones y participar como miembro de mesa y testigo electoral en las elecciones de los dos países.
La síntesis del cuadro es que Colombia posee un sistema electoral manual, sumamente vulnerable, mientras Venezuela posee un sistema electoral automatizado de alta confiabilidad, que ha sido catalogado por Jimmy Carter como el mejor sistema electoral del mundo.
Estos son algunos de los elementos con los que se propone profundizar el debate sobre el verdadero significado de la democracia y plantear dos preguntas complementarias al título de este artículo: ¿Qué es la democracia en el siglo XXI? ¿Dónde hay una verdadera democracia?
El pasado 1 de octubre se llevó a cabo un hito en materia de derechos humanos: la condena de Pedro Müller y Hector Francisco Jesús Sibilla, ex directivo y jefe de seguridad de la empresa multinacional Ford Motors en Argentina durante el periodo 1974 -1978, y acusados del secuestro y tortura de 24 trabajadores de la empresa en la planta de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos fueron privados de su libertad en la misma fábrica, mientras que otros fueron trasladados a un quincho que también funcionaba como centro clandestino de detención.
Este hecho no solo demuestra la complicidad de muchas empresas con los regímenes dictatoriales, sino también su accionar fundamental para facilitar y llevar a cabo estos. Desde la utilización del “Falcon verde” hasta la persecución a sus mismos trabajadores, con el fin de deshacerse de los sectores gremiales. La ecuación es sencilla: a menos conflictos sindicales, más beneficios para las cúpulas empresariales, introduciendo a la fuerza un modelo económico en el que las corporaciones lucraban sin importar la vida de quienes exigen que respeten sus derechos laborales.
Fuente: AFP
Los gremialistas fueron secuestrados “en sus puestos de trabajo y llevados a un centro de detención dentro de la fábrica y desaparecidos durante un mes” (Tomás Ojea Quintana, abogado querellante), mientras tanto, la empresa los despedía por no asistir a sus puestos de trabajo. Según los testimonios de los sobrevivientes apartados de los demás, fueron trasladados en el baúl de una camioneta y llevados al salón de deportes, donde los torturaron por más de 11 horas seguidas. Luego este grupo fue trasladado a cárceles comunes de la Provincia de Buenos Aires.
“Allí nos encapucharon, nos golpearon, sufrimos simulacros de fusilamiento y fuimos sometidos a torturas. A algunos se les aplicó la picana eléctrica, otros fueron obligados a orinar y a defecar en los zapatos”, declaró una de las víctimas presentes en “El Quincho”.
Para el comienzo de la dictadura, en la empresa Ford Motors Argentina trabajaban 5000 obreros y 2500 empleados administrativos, alrededor de 100 de todos ellos fueron delatados por Müller y Sibilia por activistas o sindicalistas para su secuestro. Sibilia, no conforme, hasta participó en las sesiones de torturas de sus propios trabajadores, según la querella denunciante. Luego, por iniciativa del Archivo Nacional de la Memoria, el quincho utilizado obtuvo un cartel en el cual se especificaba que ese lugar había funcionado como centro clandestino de detención.
A partir del juicio de estos partícipes directos de crímenes de lesa humanidad, Hector Sibilia recibió 12 años de condena mientras que Pedro Müller 10, ambos en cárcel común. Sin embargo, la investigación se dedicó únicamente a determinar la responsabilidad de los dos directivos, sin involucrar a la empresa multinacional, aunque fue cómplice de los delitos de lesa humanidad allí producidos.
Pedro Müller. Fuente: AFP
Ford no es la única
Claramente Ford Motors no es la única empresa que ocupó un rol fundamental en el desarrollo de la dictadura cívico-militar del ’76, un caso similar al anterior mencionado es, sin duda, el de Mercedes Benz. Esta contaba con un alto nivel de información sobre las desapariciones, y facilitó el secuestro de gremialistas aportando datos precisos sobre las víctimas posteriormente secuestradas.
La planta del frigorífico Swift, donde se encontraba una gran militancia sindical y política de la región bonaerense, fue escenario de la represión de 41 personas, 15 de ellas desaparecidas y 5 muertas. Los retenidos ilegalmente fueron sometidos a torturas, donde la planta redefinió su propósito, formando parte de la logística, seguridad o de los secuestros e interrogatorios vinculados a los gremios del rubro.
En la misma sintonía, una considerable cantidad de testimonios y documentos advierten que Ingenio Ledesma no solo fue partícipe activo en los hechos represivos, sino que, a su vez, se involucró en la planificación de los mismos, la entrega y el secuestro de los trabajadores de su propia fábrica. Dichos actos represivos cuentan con, por lo menos, 60 personas afectadas y, hoy día, más de 30 desaparecidas.
Al día de la fecha se sabe, gracias a documentos publicados por el Programa Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que por lo menos 25 empresas grandes fueron partícipes del proceso represivo y sistemático, donde “se analiza el rol que tuvieron direcciones empresariales de veinticinco firmas de todo el país en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras, y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión”.
Estrategias para acelerar los juicios
Debido al paso del tiempo, los genocidas aún libres quedan sin condena o sentencia firme, ya que muchos mueren impunes, y las víctimas y familiares sin la reparación histórica que los procesos judiciales deberían garantizar. Es así que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación confeccionó un Plan Estratégico para contribuir en el avance del proceso de juzgamiento, lo que implica el seguimiento y denuncia en los casos de demoras judiciales.
“No podemos seguir teniendo un ritmo tan bajo de audiencias. No es justo para las víctimas, para los familiares y para la sociedad toda”, expresó el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien tiene como prioridad la aceleración de los procesos judiciales de memoria. El plan a su vez incluye el anexo de un cuerpo de peritos, con el fin de controlar los pedidos de prisiones domiciliarias, excarcelaciones y libertades condicionales.
También hubo un aumento de profesionales que ayudó al acrecentamiento del número de las causas en las que dicha Secretaría es querellante, presentándose 36 nuevas defensas, habiendo 258 activas. Además, se conformó, mediante la Asociación Federal de Inteligencia (AFI), una “Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos” que servirá para acceder y desentrañar los datos obtenidos sobre la última dictadura cívico-militar.
Publicidad de Ford. Archivo histórico.
Sin duda es necesario un plan estratégico para la aceleración de los juicios por la memoria, presentando políticas concretas para que el Estado tome las riendas para garantizar Memoria, Verdad y Justicia. Sin embargo, no hay que olvidar la complicidad (y autoría) de las grandes empresas, que activamente participaron en la sistemática persecución y violación de los derechos humanos en la República Argentina.
“Los hechos que se investigan en estas causas no son delitos económicos, sino delitos de sangre que fueron cometidos por actores económicos” (CELS).
Políticamente correcto, con excepciones. No solo soy del interior, sino que mis vecinos son vacas. Rompo la norma del estudiante de ciencia política vueltero e inentendible. Mis convicciones son fuertes: la patria es el otro.
No todos los días se muere un presidente en un país. Pero África nos viene dando noticias del fallecimiento de viejos líderes. Ha pasado en Tanzania con el ex mandatario John Magufuli, quien falleció el pasado 17 de marzo y que se hizo famoso por ser un negador de la realidad del covid-19 en su nación. Fue sucedido por Samia Suluhu, quien era su vicepresidente, convirtiéndose en la primera mujer en comandar los destinos de Tanzania. Pero en la República del Chad las cosas son bien distintas. Murió un viejo líder filo-occidental, que había surgido de un golpe de Estado en 1990, tras derrocar a otro dictador, el genocida Hissene Habré (quien gobernó con mano de hierro entre 1982 y 1990).
Según las autoridades del Chad, Idriss Déby, el “dictador afrancesado”, murió en combate contra los rebeldes del norte nucleados en el Frente por la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT, en sus siglas en francés), procedentes de Libia. Estos realizaron una incursión más en territorio nacional chadiano con la intención de derrocar a Déby.
La muerte de Déby se anunció después de que la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) proclamase anoche los resultados provisionales de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 11 de abril, que le dieron la victoria con el 79,32 % de los votos. La oposición civil no armada denunció fraude, pero quedaron impactados ante la muerte del dictador. Sobre todo porque los militares se hicieron con el poder, pero con otros Déby, es decir, con el hijo del dictador asesinado, Mahamat Idriss Déby Itno, de tan solo 38 años, y que era el jefe de la Guardia Nacional del Chad, el verdadero poder en el país. Esta guardia pretoriana de la familia Déby Itno, llamó a suspender todo republicanismo posible. Un “consejo militar de transición” se ha puesto en marcha, dirigido por el joven general Mahamat Idriss Déby, para los próximos 18 meses y se han disuelto la Constitución, el Gobierno y el Parlamento, según informaron medios locales.
La industria petrolera es la base de la economía para la dictados de los Déby Itno y los franceses.
Chad es un caos desde hace tiempo. Ya hay clima de guerra civil, en un país de casi más de 15 millones de habitantes, y con unas 200 etnias rivales entre sí. Los “árabes afrancesados” son los que dominan el país históricamente, grupo al cual pertenece la familia Déby Itno, pero que tienen su cuartel general en Yamena, la ciudad capital chadiana. El 13 de abril, el FACT aseguró controlar la provincia de Tibesti, en el extremo norte del país y el día 18 confirmaron que habían procedido a la “liberación” de la histórica provincia de Kanem, al oeste del país y fronteriza con Níger. Por su parte, el Ejército nacional desmintió los hechos y anunció que más de 300 rebeldes habían sido asesinados y más de 150 detenidos durante los combates en Kanem.
Los verdugos de los Déby Itno son grupos bereberes del norte que están emparentados con las etnias del sur de Libia y también con los conocidos Tuareg de la zona del Sahel. El FACT es un grupo político-militar chadiano compuesto por unos 3000 combatientes, principalmente por jóvenes de la etnia Gorane (la misma del ex dictador chadiano Hissene Habré). El FACT, que tiene sede en Libia, fue creado en abril de 2016 en Tanoua (extremo norte de Chad) durante una escisión de la Unión de Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo (UFDD), liderada por Mahamat Nouri, opositor a los Déby Itno.
A todo este panorama crítico hay que sumarle lo del covid-19 en Chad. El país tiene casi 4700 casos. Se encuentra entre los países con menor tasa de enfermos confirmados del mundo. En este momento hay 169 personas fallecidas por coronavirus. Para interpretar estos datos, conviene saber que Chad, con 15.946.876 de habitantes, puede considerarse un país intermedio en cuanto a población.
Mapa de Chad 🇹🇩
La humanidad tiene en el Chad una remota y variada historia, como atestiguan los hallazgos de los huesos del Chadanthropus y el Sahelanthropus tchadensis, y las pinturas rupestres de las montañas septentrionales. Luego de formarse grupos pastoriles nómadas, también se fundaron sendas ciudades que vivían del comercio transahariano con los árabes musulmanes. Desde el 700 hasta el siglo XIX se fundaron reinos e imperios, siendo los más famosos los de Kanem-Bornu, Baguirmi y el de Wadai. Hacia fines del siglo XIX las potencias occidentales se disputaban el Chad, por la ruta comercial que conecta el Magreb con África Subsahariana septentrional. Finalmente, en abril del año 1900 los franceses se apoderaron del Chad y la convirtieron en colonia, favoreciendo a los “árabes afrancesados” (Zaghawa) y dejando de lado a los grupos históricos Sao, Sara, Tuareg del Norte y Gorane. Recién en 1914 los franceses pudieron controlar toda Chad al reprimir con dureza a los grupos anticoloniales nativos y con ayuda de los “árabes afrancesados”, que se convirtieron en una elite comercial poderosa.
El 11 de abril de 1960 los franceses le dieron la independencia a los chadianos, pero dándole poder a los aliados “árabes afrancesados”. Esto generó guerras civiles por doquier y las luchas interétnicas históricas entre Sao, Sara, Gorane y Tuareg del Norte. También estaban los Kanem y los Baguirmi, que buscaban derechos políticos. En 1982 tomó el poder Habré, representando a los pastoralistas Gorane, ganando terreno frente a los “árabes afrancesados”. Hasta 1990 Habré desató una persecución feroz contra toda etnia rival y, sobre todo, contra los “árabes afrancesados”, levantando banderas raciológicas que derivaron en un genocidio. Asesinatos masivos, desapariciones forzadas, torturas, campos de concentración, violaciones y esclavitud sexual fueron moneda corriente en el régimen de Habré.
Estados Unidos apoyó a Habré, mientras Francia no estaba del todo contenta con financiarlo del todo, ya que quería seguir teniendo a aliados a los “árabes afrancesados”. Para diciembre de 1980 Libia había ocupado exitosamente el norte de Chad para apoyar a los rebeldes Tuareg del Norte, y Mahatma Oueddei fue nombrado presidente. Buscando la reconciliación nacional, Oueddei nombró a Habré como Ministro de Defensa, no obstante, molesto por la influencia libia en Chad, este último consiguió apoyo de Estados Unidos para expulsar a las fuerzas libias de su país y derrocar a Oueddei en 1982. París cambió de opinión, cuando en 1984-1985 grupos guerrilleros marxistas, apoyados por la Burkina Faso del Capitán Thomas Sankara, estaban a punto de tomar el poder en Chad. Washington y París unieron sus fuerzas para apoyar a Habré y financiaron sus fuerzas armadas para la lucha “anticomunista”. Habré tuvo vía libre para el genocidio y por ello le valió el apodo del “Pinochet africano”. Se estima que durante su mandato más de 40.000 personas, principalmente marxistas, fueron masacradas y otros cientos de miles de disidentes torturados y asesinados.
Para 1983 las tropas libias habían sido expulsadas de Chad, a excepción de unos territorios al norte, donde los rebeldes Tuareg seguían activos, y tomando posiciones más islamistas yihadistas. Para 1987, los efectivos libios fueron expulsados de Chad y la guerra terminó. No obstante, su victoria significó el fin de la ayuda occidental, y la situación política de Habré se volvió frágil. Esto fue aprovechado por el grupo étnico Zaghawa, los “árabes afrancesados”, y el 1º de diciembre de 1990 Idriss Déby Itno, un general Zaghawa, lo depuso. Habré huyó a Senegal y Déby se proclamó presidente. Comenzaba una nueva dictadura.
Rebeldes del norte de Chad que combaten contra la dictadura de los Déby Itno.
Los negocios petroleros en Chad fueron vitales para el nuevo régimen. Corporaciones estadounidenses, francesas, neerlandesas y belgas invirtieron en la explotación de petróleo del oeste del país, cerca de Darfur, frontera con Sudán, y apoyaron a Idriss Déby Itno. Los “árabes afrancesados” dominaron la escena política y comercial del país, generando nuevas rivalidades internas. La industria del algodón, famosa en el país por exportar a Occidente, quedó en manos de los Zaghawa y de la familia presidencial de Idriss Déby Itno.
En enero de 2013, Chad envió tropas al norte de Malí para participar en la “Operación Serval”. Idriss Déby luego describió lo que está sucediendo en el norte de Malí. Esta acción en Malí, o en la República Centroafricana y Nigeria contra Boko Haram, le valió a Idriss Déby un fuerte apoyo de Francia y Estados Unidos. En 2016 el Banco Mundial da un préstamo de 222 millones de dólares para un proyecto considerado polémico para bombear petróleo en Chad y enviarlo por tubería a Camerún. Mientras tanto, su régimen perseguía a opositores civiles y entabló una guerra sin cuartel contra los rebeldes del FACT.
Antes de su muerte, Déby se enfrentaba a un creciente descontento público por su gestión de la riqueza petrolífera de Chad y a la represión contra sus opositores. Sin embargo, en los resultados electorales anunciados el lunes 19 de abril último, Déby obtuvo el 79% de los votos. “Sé de antemano que voy a ganar, como he hecho en los últimos 30 años”, dijo el presidente antes de las elecciones.
Pero su muerte es un golpe para Francia, que consideraba a Déby como un importante aliado en la lucha contra el llamado “extremismo islámico” en África. De hecho, el país europeo había basado sus “operaciones antiterroristas” en el Sahel en la capital chadiana, Yamena.
Los franceses van a seguir apoyando a los Déby Itno, garantes de las riquezas petroleras para Occidente. Pero los grupos rebeldes del Norte no se rinden y están surgiendo nuevas facciones guerrilleras entre los Sao, los Sara y los Gorane, ya que no tienen derechos políticos posibles. Mucho menos ahora, con este “gobierno de transición” a manos de Mahatma Idriss Déby, conocido como el “Baby Doc” del Chad, o el “Carnicero de Yamena”.
Mauricio Piñero
Cuentan las crónicas que nació como el hijo de nadie. Luchando por la Patria Grande, como Internacionalista y antiimperialista. Tripero de alma y cuerpo, siempre junto a la patriada barrial. La historia descolonizada es mi pasión como docente de la Escuela Pública y de los barrios. Las noticias sobre los pueblos que luchan como forma de viajar hacia una verdadera justicia social global.
El final de noviembre nos deja fechas contundentes, marcadas a fuego en la memoria colectiva de los pueblos. Algunas añejas y otras recientes como el fallecimiento de Diego Armando Maradona, el mismo día que Fidel Castro cuatro años atrás. Desde el cumpleaños de Silvio Rodríguez hasta el día de internacional de solidaridad con el pueblo palestino.
El pueblo uruguayo tuvo una cita ineludible un 30 de noviembre pero de 1980. En un plebiscito que marcó un antes y un después en la historia reciente del país. Aunque suene paradójico la propia dictadura cívico-militar convocó a elecciones para decidir en un plebiscito si darle o no carácter constitucional a la misma dictadura. Maravillas que permiten los sistemas electorales.
Uruguay estaba sumido en un proceso dictatorial desde el 27 de junio de 1973, cuando el presidente electo bajo fraude, Juan María Bordaberry, se diera un autogolpe y disolviera las cámaras esa misma madrugada.
El proceso autoritario venía desde antes y se puede colocar como mojón fundante la asunción de Jorge Pacheco Areco en 1968 a raíz del deceso del presidente Oscar Gestido. Medidas prontas de seguridad, inflación galopante, desempleo, paros generales, torturas, represión inusitada, muerte y una incipiente guerrilla.
Ese era el clima del Uruguay que tenía como telón de fondo la Guerra Fría y un anticomunismo, un red scare que teñía todas las esferas de la vida.
Siete años pasaron del golpe hasta el plebiscito, pasando por el fatídico 1976, año donde Argentina cayó en las manos y el garrote de la dictadura y las garras del Plan Cóndor se extienden por todo el Cono Sur. La primavera gris del 80 trajo una flor entre el compost de un continente que tenía a Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia en dictaduras.
El plebiscito del 80 formaba parte del cronograma trazado por el gobierno en el «Plan Político de las Fuerzas Armadas» aprobado en agosto de 1977 en el cónclave de Santa Teresa, departamento de Rocha. La maquinaria estatal al servicio de la dictadura desplegó todo su arsenal mediático y propagandístico en apoyo al SÍ, en un contexto donde pintar un muro por el NO costaba la vida.
Desaparecidos, torturados, exiliados. Censura, suspensión de las libertades individuales y el derecho a reunión: todo indicaba que la victoria de los golpistas se haría realidad.
La dictadura contó con apoyo civil: empresarios, políticos, medios de comunicación que se manifestaban a favor del golpe, que lo fogoneaban y lo exigían. Creer que la dictadura fue una decisión de militares trasnochados y encabronados es desconocer el papel de la oligarquía autóctona que compartía intereses con la Doctrina de Seguridad Nacional inculcada por Estados Unidos.
Es desconocer también el objetivo económico-político de la dictadura ante la clase trabajadora. Tenía claro dos premisas fundamentales: exterminar a los sindicatos y a toda expresión de organización popular y saquear las arcas del Estado para consolidar su proyecto de ajuste.
La primera no lo lograron, aunque el daño fue brutal y extiende sus raíces hasta el día de hoy. La fragmentación y el dolor fueron muy grandes. La segunda premisa se cumplió cabalmente y cumplió los designios de los amos del norte. El neoliberalismo germinó en esta tierra a sangre y fuego.
Las encuestadoras daban un triunfo del SÍ con un 60%. La euforia castrense hizo que permitieran la televisación en vivo del recuento de votos. La historia fue al revés. El NO triunfó con un 57% de los votos. Una bocanada de esperanza en medio del ahogo represivo.
Pero tampoco debe escapar de la lectura de este hecho político, que en ocho departamentos de diecinueve el SÍ triunfó. Incluso en el departamento de Treinta y Tres el proyecto militar obtuvo el 67.74%.
Hoy los uruguayos están a 40 años del plebiscito donde decir NO significó afirmar la vida.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
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