El ministro de Economía confirmó que el Gobierno nacional decidió pagarle al Fondo Monetario Internacional los 2.700 millones de dólares que vencen este lunes con aportes del Gobierno de China y el Banco de Desarrollo Latinoamericano.
El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que este lunes se llevará a cabo un pago de 2.700 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) para el cual se utilizaran yuanes, gracias a los recursos aportados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En este sentido, Massa enfatizó que “Argentina paga al FMI en Yuanes”, y resaltó que este pago no afectará a las reservas del país.
De esta manera, con esta medida se busca proteger la economía nacional y cumplir con las obligaciones financieras ante el FMI de manera sostenible. Argentina demuestra su compromiso con los pagos internacionales, busca asegurar un camino hacia la estabilidad económica y recobrar su soberanía financiera. En ese sentido, el precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) destacó un acuerdo técnico, denominado Staff Level Agreement, alcanzado recientemente en el marco de la quinta y sexta revisión del programa con el ente monetario.
Este acuerdo permitirá que Argentina acceda a un desembolso de 7.500 millones de dólares durante el mes de agosto y la posibilidad de un segundo pago en noviembre, siempre y cuando sea aprobado por el directorio del FMI. Sin embargo, antes de esta aprobación, la incertidumbre gira en torno a los pagos que deben realizarse en el día presente.
Todos los países miembros de este banco, excepto Perú, aprobaron el acuerdo con el CAF que permitirá realizar el pago de este lunes sin utilizar dólares de las reservas. Gracias a dicho acuerdo, se evitó el uso de las reservas para efectuar el pago. Esto permitió un desembolso de mil millones de dólares.
Además, el Banco del Pueblo Chino y el gobierno de China tomaron una decisión crucial al ampliar el uso del segundo swap, lo que le permitió a Argentina utilizar 1.700 millones de dólares en yuanes desde el segundo tramo del swap de Argentina con China para completar el pago de 2.700 millones de dólares al FMI, directamente desde esa cuenta este 31 de julio.
El titular de la cartera económica destacó la importancia de proteger las reservas, especialmente ante la situación económica actual, en la que se tuvo la peor sequía en la historia del país, lo que afectó significativamente las exportaciones y los ingresos del sector público, sumándose a los desafíos relacionados a la deuda con el Fondo. También, resaltó que “es fundamental mantener el nivel de actividad y asegurar las importaciones de bienes intermedios y bienes terminados, que son esenciales para el funcionamiento de la economía argentina”.
A pesar de estos desafíos, el ministro Massa subrayó la importancia de mantener el nivel de actividad y las importaciones de bienes intermedios y terminados para asegurar el funcionamiento de la economía. En cuanto al acuerdo con el FMI firmado en 2018, Massa mencionó que “es un desafío para el país”, y afirmó que “Argentina debe resolverlo para avanzar hacia una mayor soberanía económica”. “El pago al FMI y el desembolso que se espera para agosto tras las elecciones primarias brindan una sensación de tranquilidad en los mercados argentinos”, aseguró.
Por otra parte, en época de campaña, el precandidato presidencial de UxP se ocupó de calificar a la deuda con el ente monetario como “la peor herencia del gobierno anterior”, y agregó que “se trata de una deuda que no está ni en rutas, ni escuelas, ni hospitales, ni en ninguna mejora ni para las empresas, ni para las familias argentinas”. “Terminó siendo un programa que solo sirvió para financiar la salida de capitales de la Argentina allá por el 2018-2019”, detalló Massa.
Este anuncio económico fue crítico con la oposición, ya que “más allá de aquellos que intentaron que a la Argentina no le aprobaran operaciones o que plantan todo el tiempo palos en las ruedas, nuestra responsabilidad es y debe ser -como equipo económico- la de garantizar el normal funcionamiento de la economía dentro de las restricciones que impone la deuda con el fondo contraída por el gobierno anterior”, subrayó el ministro y siguió: “Pero sobre todas las cosas nuestra responsabilidad es resolver problemas”.
Finalmente, Argentina cumplirá con un pago al FMI en yuanes sin afectar sus reservas, gracias a un acuerdo con la CAF y la autorización del Banco del Pueblo de China. Además, el país tendrá acceso a fondos adicionales en agosto y noviembre, lo que proporciona cierta tranquilidad en los mercados. El desafío de resolver la deuda con el Fondo sigue siendo una prioridad para el país. En este sentido, Massa señaló que “buscarán soluciones creativas, con el apoyo de países amigos, para superar la crisis y encaminarse hacia el desarrollo, mejorando el ingreso de los argentinos y las cuentas del Estado”.
Tras una sumatoria de medidas, Argentina logró cumplir los requisitos del Fondo. El “Dólar soja”, un ajuste sobre los sectores populares y un mayor control fiscal se complementaron para alcanzar las metas impuestas por el FMI.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), informó que su personal técnico llegó a un acuerdo con las autoridades argentinas para la aprobación de la segunda revisión del organismo, a las metas fijadas para el período correspondiente al mes de septiembre.
Tras la aprobación de la entidad a la primera revisión realizada en el mes de junio, el contexto socio económico que atravesó el país, no fue ni por cerca el más favorable de cara a la segunda revisión. La fuerte corrida cambiaria del mes de julio, junto con la anterior renuncia del -ahora- ex ministro de Economía, Martín Guzmán, provocaron un clima de desesperación en el cuál los tipos de cambio de dólar blue y contado con liqui subieron de forma abrupta.
No obstante, la llegada de Sergio Massa al mando de la cartera económica, en consecuencia con sus medidas, lograron cambiar el rumbo de este desorden económico y llegar a la aprobación de esta segunda revisión.
Se puede destacar la presión del ministro de Economía sobre el control de la evasión fiscal, o la medida del “dólar soja”, que logró que los grandes productores (que especulaban con una devaluación) liquidaran la soja que tenían guardada en silo bolsas a la espera del momento mas oportuno, y que fue uno de los disparadores de la crisis cambiaria.
Tras la aprobación del Fondo, el presidente de la nación, Alberto Fernández, se reunió en el consulado argentino de Nueva York, con la directora ejecutiva del Fondo, Kristalina Georgieva, para conversar sobre algunas inquietudes que llevaba el mandatario argentino: los sobrecargos, los derechos especiales de giro, y la posibilidad de generar un acuerdo de resilencia y sostenibilidad.
“En líneas generales, el Fondo, a través de declaraciones de Georgieva, anunció que el encuentro con Alberto Fernández fue “excelente”, y destacó la capacidad de recaudación de Sergio Massa, tanto con la medida del dólar soja, que superó con creces las expectativas del gobierno, como con la insistencia en el control sobre la evasión fiscal, un eje sobre el que el flamante Ministro está posado desde que asumió”, explicó para Radio Trinchera el analista Ignacio Albanesi.
Según lo recabado por Albanesi, Alberto le manifestó a la titular del Fondo la necesidad de que el FMI tenga cuenta la influencia del contexto económico internacional a la hora de consensuar en las negociaciones, a lo que Georgieva escuchó con atención y se comprometió a tratarlo en lo inmediato.
“Lo cierto es que esta segunda aprobación por parte del Fondo es clave, ya que su director ejecutivo se reunirá el próximo 7 de octubre, para que una vez completados los detalles de esta segunda revisión, vote si decide otorgarle a la Argentina la cuota de 3.900 millones de dólares, correspondiente al crédito solicitado por Guzmán a principios de este año, que serán destinados al pago de la cuota del crédito otorgado en 2018 a la gestión de Mauricio Macri”, destacó el analista.
Por su parte, desde el FMI, manifestaron que la mayoría de los objetivos del programa hasta junio de 2022 se cumplieron, a excepción del piso de reservas internacionales netas, ya que la Argentina necesitó importar más de lo que estaba pautado. “El vocero aseguró que las metas no iban a ser modificadas por lo que resta del año, a pesar de haber reconocido que el contexto macroeconómico global es difícil para cumplir con las metas”, explicó Albanesi, quien agregó que la comprensión que mostró Georgieva con Fernández en su reunión, solo quedó en el plano verbal.
El gobierno espera enérgicamente que el Derecho Especial de Giro sea aprobado, lo cual, no sería algo descabellado si se comprende que las medidas de Massa prácticamente responden a las pretensiones de la entidad internacional.
Además, Albanesi sostuvo que “el Fondo prevé que crezca el precio internacional de los granos, lo cual situará al país en una mejor posición de aumento en las divisas, sumado al ya estipulado crecimiento del PBI”.
El panorama es la crónica de una muerte anunciada: ilegal e ilegítima decisión de contraer deuda con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de Mauricio Macri golpea y requebraja a las clases populares y pese a las medidas llevadas adelante por el gobierno de Fernández, el panorama pinta cada vez más feo.
A través de un DNU el gobierno nacional publicó “el diferimiento de las deudas contraídas en virtud de los Acuerdos Bilaterales con los países nucleados en el Club de París”
El gobierno de la Nación acordó con el Club de París diferir los pagos de su deuda hasta el 30 de septiembre de 2024 en paralelo con una renegociación que cambie los paradigmas de pagos.
A través del Decreto Nacional de Urgencia 286/2022 publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno dispuso “el diferimiento de las deudas contraídas en virtud de los Acuerdos Bilaterales con los países nucleados en el Club de París”.
De esta manera, el gobierno aplaza los pagos dos años con la intención de renegociar otros términos para saldar la deuda con los 16 países que comprenden el organismo prestamista
“El nuevo decreto permite formalizar este tiempo normativo para trabajar en estas negociaciones y establecer que la Argentina difiere los pagos hasta 2024 o hasta un nuevo acuerdo con el Club de Paris, lo que suceda antes“, explicaron desde el gobierno de la Nación.
“El objetivo de Argentina es renegociar el acuerdo y encontrar mejores condiciones para el país, lo antes posible. La expectativa y lo que estamos trabajando es finalizar la renegociación con las autoridades antes del 30 de junio”, añadieron.
La Argentina debe un total de 2.500 millones de dólares a 24 agencias y bancos de 16 de los 22 miembros permanentes del Club de Paris. Ellos son: Alemania, España, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Austria, Canadá, Israel, Italia, Japón, Suecia, Suiza, Reino Unido, y Países Bajos.
Qué es el Club de Paris y quién tomó la deuda
El Club de Paris es una organización conformada por distintos países de “alto desarrollo” que prestaron dinero a otros países con distintas urgencias y necesidades, y decidieron conformar un grupo para cobrar dichas deudas en conjunto.
Esta conformación se dio por primera vez como una reunión informal cuando Argentina, bajo el gobierno de facto de Aramburu, decidió reunirse con sus 16 acreedores en 1956. De ahí en adelante la deuda no solo no se pagó, sino que además de ser renegociada, se incrementó.
El siguiente en incrementar lo adeudado fue el último gobierno de facto liderado por Jorge Rafael Videla y seguido por Leopoldo Galtieri. Se estima que entre este gobierno de facto y el de Aramburu, se contrajo aproximadamente el 50% de la deuda. El otro 50 fue tomado entre Raúl Alfonsín (aproximadamente un 9%), y Carlos Menem y Fernando De la Rúa (42%).
En diciembre de 2008, el gobierno de Cristina Kirchner anunciaría que por primera vez en los más de 50 años que tenía la deuda, y en un solo pago, se buscaría cancelar de la deuda con reservas del Banco Central. No obstante, la crisis mundial ocurrida ese mismo año dejó al país sin posibilidades de efectuar el pago, ya que debió utilizar los fondos para afrontar los imprevistos de dicha crisis.
El 29 de mayo de 2014 Argentina logró llegar a un acuerdo para cancelar la deuda en un plazo de 5 años. Dos meses más tarde, se realizó el primer pago por unos 642 millones de dólares.
La agenda de pagos continuó desde aquel año y debía ser culminada en 2019, sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri complicó aún más la situación luego de tomar una deuda de mayores dimensión con el Fondo Monetario Internacional por 44 mil millones de dólares.
Con la justificación de afrontar la deuda con el Club de París y con otros organismos, el gobierno de Cambiemos tomó una deuda multimillonaria que agravó el panorama. Por si fuera poco, ese dinero no fue usado para cancelar otras deudas y gran parte de él se lo fugaron.
De esta manera, el gobierno de Alberto Fernández asumió su mandato en 2019 y tuvo que renegociar -nuevamente- la deuda con el Club de París y con el FMI.
La propuesta sugiere la creación de un Fondo para pagar la deuda de más 44 mil millones de dólares contraída por el gobierno de Mauricio Macri con dinero fugado al exterior por ciudadanos argentinos.
En el marco de sesiones ordinarias, este jueves el Senado de la Nación debatirá el proyecto de ley impulsado por el Frente De Todos que propone la creación de un Fondo para pagar la deuda contraía con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, con dinero de ciudadanos argentinos que fugaron al exterior.
La reunión será encabezada por Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien quedó como presidenta provincial del Senado, debido a que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se encuentra a cargo de la presidencia ante el viaje a Europa de Alberto Fernández.
Mediante un Decreto Parlamentario firmado por Abdala de Zamora, les senadores fueron convocades para sesionar este jueves 14, con un temario convenido entre el oficialismo y la oposición en el que se incluyen varios temas.
Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois reclamó que se ponga “mayor énfasis” sobre quienes fugaron divisas y se “levanten los secretismos” para llevar a la luz sobre los nombres de las personas que realizaron dichas acciones.
“La naturaleza del comité que integra es que se aclaren algunos procesos que vienen demorados. Esa responsabilidad es de esta casa en gran parte porno tener un informe oficial que diga cuánto se fugó, quiénes, dónde y cómo vamos a hacer para recuperar esos fondos. Hoy el pueblo no sabe, tiene fragmentos y eso es responsabilidad de la Bicameral, quiero decirlo con todas las letras y se lo dije a Mayans directamente“, expresó Grabois.
Por su parte el senador Mayans aclaró qué “la información sobre los responsables de la fuga de divisas no es patrimonio del presidente de la Bicameral, como sostuvo Grabois. El informe particular sobre quienes cometieron esos delitos lo tiene que hacer un juez después de una demanda“.
El bloque de senadores del Frente de Todos presentó ante Congreso Nacional un proyecto de ley cuya finalidad es recuperar el dinero declarado en el exterior para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional.
Este lunes, senadores del bloque del Frente de Todos presentaron dos proyectos de ley que tienen como objetivo pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional con un impuesto a quienes tienen bienes en el exterior sin declarar.
La iniciativa se presentó luego de que el Gobierno Nacional firmará el acuerdo con el FMI para modificar los plazos de pago al organismo por los más de 44 mil millones de dólares que el ex presidente Mauricio Macri adquirió en 2018 durante su gestión.
En este sentido, los senadores elaboraron dos proyectos: el primero pretende la modificación de la ley de entidades financieras y el cese del secreto bancario de lxs evasorxs que depositaron su dinero en el exterior, y el segundo proyecto busca crear un Fondo Nacional para el pago de la deuda al organismo internacional.
De ese modo, aquellxs que tienen bienes en el exterior que fueron fugados y no declarados ante el fisco deberán hacer un aporte extraordinario en dólares que represente el 20% de ese dinero. En el caso de que los bienes se hayan declarado pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.
Asimismo, el proyecto establece que el dinero que se recupere será destinado únicamente al pago de la deuda. Dicho proceso de recuperación estará a cargo de la cartera de Economía y de la Comisión Bicameral de seguimiento de la deuda.
Según lo que se desprende del mismo, el aporte extraordinario “no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero”.
Quienes firmaron la propuesta fueron lxs senadorxs Jóse Mayans, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Martín Doñate, que votaron en contra del acuerdo con el FMI que se aprobó hace pocas semanas en el Congreso. La presentación fue avalada por el resto del bloque, la Vicepresidenta y el Presidente.
Poco después del anuncio, Cristina Fernández de Kirchner recibió al embajador estadounidense en Argentina, Marc R. Stanley, a quien (según publicó en su cuenta de Twitter) le solicitó la colaboración y el respaldo de su país para el proyecto que busca crear el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda.
En 2019, meses antes de la asunción de Alberto Fernández, la ex presidenta expresó públicamente: “Claro que las deudas se pagan, pero que la paguen los que más la disfrutaron, los que más se la llevaron, y no el conjunto de la sociedad argentina. No me parece justo”.
En su libro “La doctrina del shock”, Naomi Klein precisa, a través de ejemplos concretos en cada uno de sus capítulos, que las políticas neoliberales han alcanzado importancia en varios países no porque fuesen populares, sino a través de impactos en la psicología social, a partir de desastres o contingencias que generan confusión y conmoción y permiten que se puedan hacer reformas impopulares. Chubut lleva meses en llamas y la pandemia del coronavirus ha venido como anillo al dedo para que la gente deje de hablar de la inoperancia, la incapacidad y el cinismo del gobernador Mariano Arcioni.
Arcioni, un hombre sin trayectoria política alguna, integró para las elecciones provinciales de 2015 la lista de Chubut Somos Todos -cercana al Frente Renovador- como candidato a Vicegobernador. Si bien el partido ganó las elecciones, con la muerte del gobernador Mario Das Neves en 2017, Arcioni debió asumir como jefe provincial y en 2019, encabezó la lista de Chubut al Frente, buscando la reelección.
Arcioni no solo no pudo cumplir con las promesas sostenidas en campaña, sino que se lava las manos adjudicando una grave crisis en la Provincia, producto de una enorme deuda. Lo que no dice es que casi el 70% de la gigantesca deuda, se tomó cuando él era vicegobernador.
Durante 2016, el Gobierno chubutense tomó 700 millones de dólares de deuda: un primer préstamo por 50 millones -en abril- en el que se asumió una tasa de interés que llegó al 8,87%, pagadera a siete años y la aceptación de legislación estadounidense para litigar; y una segundo préstamo por 650 millones -en julio- con un interés del 7,75%, pagadera a 10 años y otra vez, la aceptación de legislación estadounidense para litigar.
Todas son condiciones sumamente desfavorables para la provincia, pero esta tasa de interés altísima tuvo además la particularidad de que la provincia cedió los derechos de las regalías pagaderas por Pan American Energy para pagar la deuda contraída, lo que le otorga a los bonistas la garantía de cobrar todos y cada uno de los vencimientos. Ante semejante seguridad de cobro, por lo menos se debería haber conseguido una tasa de interés más baja, señor Gobernador.
El mecanismo del Fideicomiso de retención de regalías estipula que los ingresos provinciales por la explotación petrolera son destinados al pago de la deuda en dólares y se acumulan en la banca privada hasta que se completa la cancelación por dos vencimientos mensuales; recién ahí se liberan los fondos para el Estado provincial.
Entre agosto del año pasado y marzo del 2020 Chubut pagó un total de 52,3 millones de dólares, entre amortizaciones e intereses de los diferentes bonos emitidos; pero a pesar de esas cancelaciones la deuda provincial total creció de 769,3 millones de dólares a 896,7 millones como consecuencia de los abultados intereses.
Como sucede con la deuda nacional, la deuda de la provincia de Chubut es igual de odiosa. Se tomó para construir hospitales, escuelas y otras obras públicas y la mayor parte de esas obras no fue siquiera comenzada y evidentemente tampoco se utilizó ese dinero para el pago de los salarios de empleados estatales, que hace dos años vienen otorgándose de manera escalonada.
Para José Luis Ronconi, secretario de Prensa del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH) y secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Judicial Argentina (FJA), “la crisis de deuda es posterior a una crisis que es inherente a todo el Estado argentino y que hoy constituye una discusión a nivel mundial: ¿cuánto aportan los ricos para sostener al Estado que les garantiza la apropiación de renta, los modos de acumulación, pero también los modos de explotación?”.
Mientras un trabajador aporta cerca del 60% de sus ingresos para sostener el Municipio, la Provincia y la Nación, de acuerdo con un informe[1] de la CEPAL, los grandes capitales no llegan a aportar ni el 35% y además tienen una altísima capacidad de evasión y de fuga.
Salarios atrasados
Antes de que se celebraran las elecciones provinciales en junio de 2019, Arcioni acordó con los gremios de trabajadores estatales aumentos cercanos al 40%, pero ni bien asumió, dejó demostrado que todas las promesas solo eran parte de la campaña.
La situación de crisis económica y financiera que atraviesa la provincia genera enormes dificultades para el pago de salarios y los gastos de funcionamiento; a lo que se suma en la actualidad la baja de la recaudación por Coparticipación Federal de impuestos que envía Nación, más la merma en la recaudación de tributos provinciales.
En medio de la pandemia mundial por el Coronavirus, se suma como agravante la baja y las oscilaciones del precio internacional del petróleo, que impactan en el precio del crudo Escalante que se produce en Chubut y que cotiza por debajo de esos valores. Como consecuencia de esas fluctuaciones a la baja del crudo, los ingresos por regalías petroleras en la provincia estarían decreciendo considerablemente, estimándose que podrían encontrarse casi en la mitad o menos que los meses anteriores.
Incluso podría considerarse la posibilidad de que los ingresos por regalías petroleras no alcancen para cubrir los vencimientos de la deuda en dólares y entonces la deuda con el pueblo chubutense podría crecer aún más.
Durante los últimos dos años y de manera intermitente, les trabajadores estatales han cobrado mediante un sistema de cuatro rangos, establecidos de acuerdo a cuánto dinero se cobra. En un primer momento, la tardanza era de algunos días, luego de un mes y actualmente, siendo mayo, el Gobierno provincial no ha siquiera sugerido una fecha para el pago de los salarios correspondientes a marzo.
Los dos años de desidia fueron expresados en movilizaciones que se acrecentaron muchísimo durante el invierno pasado. Se tomaron edificios estatales, se pararon actividades y se inundaron calles y rutas con una consigna clara: “Arcioni es responsable”. La única respuesta fue la represión.
La situación chubutense recorrió el país luego de que dos maestras comodorenses -Jorgelina Ruiz Díaz, de 52 años, y María Cristina Aguilar, de 55- fallecieran en un accidente cuando volvían de una movilización en Rawson. Con consignas como “Solidaridad con Chubut”, los gremios docentes adhirieron a un paro nacional, planteando que las maestras deberían estar en las aulas y no reclamando un salario digno y el reconocimiento de su trabajo. Mientras tanto, Arcioni enviaba un proyecto de ley a la Legislatura para aumentar los sueldos de los funcionarios y el suyo en un 100%.
El contexto de pandemia y la importancia que han cobrado les trabajadores de la salud, han llevado a que el Gobierno al menos deposite esos sueldos de manera unificada -sin rangos- aunque atrasados (recién han cobrado marzo). Según indicó el Secretario General de ATECH (Asociación Trabajadores de la Educación de la provincia de Chubut), Santiago Goodman, solo el 13% de les docentes han cobrado el mes de marzo hasta este 5 de mayo y los trabajadores judiciales aún no tienen novedades. El cuarto rango, recién cobró febrero hace apenas unos días.
Pese a que hasta hace algunos días Chubut era una de las 3 provincias sin casos de coronavirus, el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha sido la excusa para instalar un estado policial, que no permite las manifestaciones y vuelve aún más crítica la situación de les trabajadores, pero que también ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos por la extrema violencia que perpetúan las fuerzas de seguridad.
Estado de sitio y represión
Durante el primer mes de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el pueblo chubutense fue víctima de un estado policial, que recordó las épocas más oscuras de nuestra historia. Desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, en Chubut se detuvo a 4550 personas. Durante ese mes, la Provincia representaba el 10% de les detenides por violar la cuarentena a nivel nacional, cuando allí sólo vive el 2% de les argentines.
En repetidas ocasiones, las personas detenidas no eran siquiera notificadas respecto del delito que estaban cometiendo y se les preguntaba después de detenerlos qué estaban haciendo en la calle. Los gimnasios municipales fueron habitados por la Policía provincial y utilizados como “Centros de Notificación de Demoras y Detenciones” para alojar a les detenides. A las 19.30, los bomberos hacían sonar una sirena que anunciaba el toque de queda. Todas estas medidas no sólo generaban terror y permitían el adoctrinamiento social, sino que traían un recuerdo horrible vinculado con la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.
Las normas en las que se establecían estas medidas eran resoluciones ministeriales, que en un estado de excepción resultan ilegales por no tener la fuerza normativa de un Decreto de Necesidad y Urgencia, y por atentar contra los DNU nacionales, que no planteaban ni restricciones horarias, ni condiciones de circulación acorde al DNI, ni toques de sirena. El poder otorgado al Ministerio de Seguridad, a cargo de Federico Massoni, habilitó políticas abusivas, que permitieron, por ejemplo, que el Jefe de Seguridad de la Policía de la Provincia, Paulino Gómez, dijera en un audio que se hizo viral, que el Ministro le estaba preguntando “por qué la Primera no tenía detenidos”. “Debe andar gente en infracción, busquemos un poco, de última los demoran en el lugar o los llevan un minuto a la comisaría”, le decía Gómez a sus dependientes.
Desde el 20 de marzo, son 40 las denuncias por abusos de autoridad, entre ellas la de un repartidor de comida en Comodoro Rivadavia, que fue interceptado por doce policías que le pidieron sus datos, lo empujaron contra la pared, lo palparon, le robaron 800 pesos, le dispararon una bala de goma en el tobillo y lo dejaron tirado en el piso; y la de un hombre de Trelew que fue interceptado cuando volvía en su moto de la pizzería con la que intenta subsistir, le sacaron su vehículo y lo llevaron a la Comisaría Primera junto con otras veinte personas más, hacinadas y sin barbijo. Lo soltaron después de dos horas sin su moto, la misma que utiliza para repartir y le garantiza un trabajo en este contexto.
EL EXTREMO SUR
Entre las denuncias también aparece las de tres mujeres que integran el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que fueron detenidas cuando volvían de comprar alimento en Corcovado, llevadas a una comisaría y obligadas bajo presión y violencia a firmar un acta en blanco, y luego llevadas a un hospital, acusadas de portar coronavirus. Mientras que el protocolo de seguridad del Gobierno nacional insta a las fuerzas a acompañar a las personas notificadas a sus hogares, las mujeres fueron dejadas a kilómetros de sus casas y obligadas a caminar en horas de la madrugada, con temperaturas bajo 0; lo que deja ver que las detenciones eran absolutamente arbitrarias y no respondían a un control sobre el aislamiento, sino a sostener el disciplinamiento social.
Estos abusos son sólo muestras de las 40 denuncias que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut, a través de la concejala de Trelew, Mariela Flores Torres, sintetizaron en tres habeas corpus preventivos, presentados en simultáneo el 16 de abril.
Para Torres, también Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Chubut, las resoluciones dictadas por el Ministerio de Seguridad “lejos de cuidarnos de la pandemia, avanzaban en un excesivo abuso de poder para un control y disciplinamiento social por la grave crisis que la provincia ya atravesaba”.
En un fallo ejemplar, la jueza Mirta del Valle Moreno dio lugar y dictó un acta de sentencia a favor de la población chubutense y desde el 20 de abril sólo se registraron 10 detenciones. La resolución judicial terminó con la extrema violencia policial: las fuerzas de seguridad deben explicar a las personas detenidas el delito que se les imputa, los gimnasios ya no funcionan como centros de detención y ya no suenan las sirenas.
Sin embargo, Paulino Gómez no fue ni siquiera apartado de su cargo mientras se realizan las investigaciones pertinentes; de hecho fue ratificado. Por otra parte, las personas exceptuadas de la cuarentena deben tramitar un permiso en una plataforma virtual que depende del Ministerio de Seguridad y que no sólo funciona mal, sino que no tiene en cuenta la realidad de muches trabajadores que se encuentran en la informalidad y no pueden tramitarlo, sin contar que algunes de elles ni siquiera cuentan con acceso a internet. Es el propio Estado el que les termina haciendo infraccionar.
El pueblo como rehén mercantil
Aunque varios organismos estatales habían dejado de funcionar desde antes de la pandemia discutiendo el atraso en los salarios y el desfinanciamiento de varios sectores, la cuarentena terminó de paralizar al resto de entidades comprendidas en la sociedad no pertenecientes al Estado -tales como mercados, negocios, sitios gastronómicos-.
El 23 de abril, y como medida para paliar la crisis, en la ciudad de Puerto Madryn se dictó una ordenanza municipal que planteaba imponer nuevos tributos a empresas relacionadas con actividades productivas: la pesca, la energía eólica, entre otras (las más ricas de la provincia). A través de una tasa de emergencia, contribuirían a la situación financiera por los gastos en la prevención y el tratamiento del coronavirus.
Inmediatamente, los sectores empresariales criticaron las medidas tomadas por el Concejo Deliberante y aseguraron que no se estaba “valorando” el trabajo que dichas empresas realizaban para contribuir a la riqueza de la Provincia. Como si fueran trabajadores incansables, los grandes empresarios pesqueros hablaron de su aporte a la comunidad. Estos son personajes parecidos a los que piden que el pueblo levante las banderas del campo “que nos da de comer”, cuando en realidad exportan la mayor parte de lo que producen aunque el pueblo se cague de hambre.
Para entender un poco cómo se manejan, la empresa “Continental Armadores de Pesca S.A.”, mejor conocida como CONARPESA, amenazó con irse de la ciudad expresando su descontento con la ordenanza. “En cuanto al establecimiento industrial radicado en Puerto Madryn, el mismo permanecerá inactivo hasta tanto concluyan las acciones judiciales que se emprenderán” expresó su presidente.
Básicamente juegan con el poder de dejar en la calle a cientas de familias en un momento de extrema vulnerabilidad y lo logran: el apriete empresarial dejó sin efecto la ordenanza usando de rehenes a les trabajadores que sufren de primera mano las múltiples crisis.
La situación en Chubut no sólo es grave por la crisis que atraviesa, sino por lo dificultoso que es acceder a otra agenda mediática que no sea la impuesta por el Gobierno. Chubut tiene un histórico recorrido de resistencia contra la minería a gran escala y hoy la megaminería vuelve a resonar en los medios de comunicación como única alternativa para generar empleo y recuperar una Provincia que se ha visto devastada por un Gobierno que ha demostrado no tener la capacidad para gobernar.
Los medios provinciales (porque los nacionales apenas se alejan de lo que sucede en la Capital Federal) hablan de las consecuencias de los paros, pero nunca de las causas, terminan por colaborar en la legitimación de Arcioni y son responsables de la invisibilización de una lucha eterna. Chubut está en llamas, pero nadie ve el fuego. Por eso, desde este espacio, le recordamos al Gobernador que es responsable de la desidia en la que se encuentra la Provincia y que la deuda es con el pueblo.
* Estudiante de Licenciatura en Comunicación Social con orientación en periodismo en UNLP, redactora en Revista Trinchera
**Periodista, columnista sobre Sudamérica del programa Marcha de Gigantes (Radio UNLP - AM 1390), redactora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón
¿Acaso Lenín Moreno se olvidó de quién le dio la mano en su llegada a la presidencia? ¿Las promesas y el proyecto político que se sostenía en campaña fueron sepultados? Lo concreto es que el gobierno de turno en Ecuador dio un giro inesperado en la orientación de la política económica. Encuadrado en la “revolución ciudadana” y apoyado por el ex presidente Rafael Correa, Lenín Moreno se había comprometido a generar 200.000 plazas de trabajo anuales para el resurgimiento de la economía; construir 325.000 nuevas viviendas que generarían más de 136 mil empleos por año y entregar casas sin costo alguno para 191 mil familias más pobres; conceder créditos preferenciales para jóvenes emprendedores y empresarios que se desarrollen en “sectores estratégicos”; y pedir ayuda a la ONU para combatir la corrupción.
Nada de esto sucedió. Desde hace algunos meses y paulatinamente, el primer mandatario formuló la idea de que el sector privado se erija como “motor de la economía”. Sistemáticamente se redujeron las inversiones del sector público y, como consecuencia de ello, de modo paradójico se empezó a desacelerar el crecimiento de la economía. En el marco de la nueva política, se nombraron a dirigentes o figuras relevantes del sector empresarial en las carteras de economía, comercio, industrias, turismo, trabajo y vicepresidencia. Luego, ciertos ministerios se fusionaron, como Comercio, Acuacultura e Industrias.
Se aprobó la Ley de Fomento Productivo, donde se exoneró del pago de multas, intereses y recargos a los deudores del SRI, IESS, SENAE, beneficiando especialmente a los grandes grupos económicos y filiales de empresas multinacionales. Se establecieron diversos tipos de exoneraciones y/o reducciones del impuesto a la renta en determinadas zonas del país para incentivar nuevas inversiones.
Poco tiempo después, se incrementaron los precios de la gasolina extra, super, ecopaís con el propósito de recaudar mayores recursos para reducir del déficit presupuestario y, en contrapartida, bajar los subsidios del Estado. No obstante, simultáneamente se establecieron nuevos subsidios, verbigracia a los taxistas. El conjunto de medidas ejecutadas se orientaba a crear las condiciones favorables para la suscripción de una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Analistas económicos especialmente ortodoxos y los gremios empresariales alentaron la necesidad de acudir al FMI para conseguir créditos baratos y, así, poner en orden las finanzas públicas, dado que el gobierno no tomaba medidas suficientes para reactivar la economía. En la visión del equipo económico del gobierno la “única opción” que le quedaba era acudir al FMI porque el riesgo país era sumamente elevado y los mercados internacionales estaban cobrando tasas de interés sustancialmente mayores.
En la Carta de Intención suscrita por el Ministro de Economía y Finanzas y por la Gerente del Banco Central de Ecuador a principios del mes pasado y dirigida a Christine Lagarde, directora del FMI, se describe el programa de políticas públicas que se van a ejecutar durante los próximos tres años, un programa que apunta a crear una economía más dinámica, sostenible e inclusiva, impulsar la competitividad y la creación de empleo; proteger a los pobres y más vulnerables; fortalecer la sustentabilidad fiscal y los cimientos institucionales de la dolarización del Ecuador; así como mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción.
El año pasado, Argentina solicitó un plan de rescate al FMI por USD 57.000 millones para evitar la fuga de capitales, la depreciación de la moneda y la inflación galopante, entre otras cosas. Luego de los desembolsos realizados por el FMI, las tasas de interés superaron el 60%, el tipo de llegó a rozar los 45 pesos por dólar, la inflación registró más del 50% anual, la deuda externa alcanzó cerca del 100% del PBI y la economía se contrajo en 2,6% en 2018, más de lo proyectado por la propia entidad financiera.
Lejos de generar nuevos puestos de trabajo y ayudar a los sectores más vulnerables, la verdadera función del FMI es evitar que las crisis económicas en los distintos países del mundo pongan en riesgo los negocios de las grandes multinacionales imperialistas, incluso permitiendo el salvataje del capital líquido de los fondos de inversión.
No hay mucho para explicar. La intervención del FMI en la economía de cualquier país del mundo representa el fin de su soberanía. Y sí, hasta hoy la modernidad se ha edificado en torno a ciertas nociones que la Revolución Francesa puso sobre la mesa, como la libertad, la igualdad y la fraternidad, solamente a partir de la “soberanía nacional”, eso que nosotros podríamos llamar actualmente “soberanía popular”. Por tanto, la supuesta globalización económica, en términos liberales, no significa otra cosa que una transferencia del poder de los Estados.
Sin dudas, en el devenir de todos esos mecanismos hay muchas deficiencias o defectos, pero son todavía procedimientos elegidos por los pueblos, que aún en última instancia tienen elementos de legitimación democrática: es decir, uno es presidente porque la gente lo ha votado. No obstante, cuando el poder se transfiere a esas instituciones que no ha elegido nadie, sin vínculos con los sectores sociales y sin ningún tipo de rendición de cuentas a la ciudadanía, nos topamos con el gravísimo problema del vaciamiento a la patria soberana.
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* Periodista especializada en Sudamérica, redactora de Revista Trinchera y columnista del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata) y colaboradora de Agencia Timón
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