Una de las flexibilizaciones de la cuarentena en la ciudad de Córdoba permite a los jóvenes concurrir a bares hasta un horario determinado. Eso fue lo que hizo Valentino Blas Correas junto con sus amigos, que luego de tomar unas cervezas, volvían a sus casas. Lo mismo que hace cualquier persona de su misma edad que después de meses de confinamiento quiere distenderse y pasar un buen rato con sus compañeros.
Al momento de volver, sufrieron un intento de robo y en evidente estado de nerviosismo, los jóvenes intentaron escapar. El conductor del auto tomó velocidad y se cruzaron con un control policial, en pleno centro de la ciudad cordobesa. Decidieron no parar, por miedo a la represalia por superar el límite de velocidad. En ese momento, y sin justificación para usar el arma reglamentaria, la policía empezó a disparar contra el auto. Una de las balas impactó en la espalda de Valentino, que murió a los pocos minutos.
Según declaraciones a medios locales del abogado de la familia, Cristian Boez, cuando llegó a la escena donde muere el joven, la policía ya había limpiado todo y no se encontraba el cuerpo, declarando de que “no se hizo nada para aclarar la situación”. A su vez, se estaba instalando la versión de que Valentino venía de una fiesta clandestina y que no había respetado la cuarentena, pero se encontraron fotos que muestran que estaba con sus amigos en un bar, por lo que quedó descartado por completo esta versión, que intentaba ensuciar su nombre, como si eso alcanzara de justificativo para balear a unos pibes que no paran en un control policial.
El padre de uno de los amigos de Valentino, que apenas se enteró del hecho fue hasta el lugar donde se encontraba su hijo, relató en una entrevista que los policías empezaron a disparar apenas pasaron el control. También declaró que hubo más de 20 tiros, aunque oficialmente declararon 12. Como generalmente ocurre en estos casos, según cuenta el padre del joven, les quisieron plantar un arma en el auto, para simular que se trató de un “enfrentamiento”. “Estos chicos en su vida vieron un arma. Es una cosa de locos”, concluyó.
La familia y amigues del joven están atravesando horas de inexplicable dolor y desconsuelo. El caso tuvo una gran repercusión en Córdoba, y horas después que se conociera lo que pasó, se creó un grupo de WhatsApp para convocar a una marcha el mismo día que ocurrió el hecho. La convocatoria se viralizó en redes sociales, aunque minutos después informaron que la movilización por justicia se postergaba. La familia cercana a Valentino pidió expresamente que los cordobeses respetaran el duelo, que estaban de acuerdo con la marcha, pero que “necesitan tiempo y espacio”.
“Les agradezco lo que han organizado, la verdad que mi hermano se merece justicia, que se sepa la verdad y que los policías estén presos, pero mi familia no está lista, por eso pido que respeten el hoy y el mañana”, explicó a través de un audio el hermanastro del chico de 17 años.
Y agregó: “En caso de hacer una marcha, esperemos a que lo convoque la familia. Si pueden respetar el silencio de la familia por el momento se los agradecería”. “Mil gracias por hacer esto pero la familia no está lista para afrontarlo, igualmente seremos parte de este pedido de justicia”, cerró el familiar.
Su docente de biología, lo recordó con un posteo en las redes sociales. Pidió justicia y apuntó contra la Policía de Córdoba.
Puso en palabras lo que el rapero Wos expresa en su canción “Canguro” para cuestionar el accionar policial: “Fuera la yuta que meten al barrio, le tira a los pibes y le mata los sueños”. “A Blas y a su familia, la policía le mató sus sueños. Justicia por Blas”, cerró.
Por el crimen, el fiscal José Mana dispuso la detención e imputación de dos efectivos de la fuerza policial, bajo la acusación de “homicidio calificado agravado”. A su vez, informaron que por el momento “la fiscalía entiende que hubo un exceso del personal policial” y por tal motivo se ordenó la detención inmediata de los dos policías acusados.
“A mi hijo lo acribillaron. En dos horas limpiaron toda la zona. Mi hijo y sus amigos no eran delincuentes y tampoco se trasladaban armados. Solo fueron a un bar. No hicieron nada. Se asustaron y se fueron. Lo garantizo porque sé a quién crié. No quiero más muertos en mi familia. Somos una familia de bien. No voy a permitir que lo ensucien. Me voy a encargar hasta el último día de mi vida”
Madre de Valentino Blas Correas
Por su parte, el abogado de la familia de Valentino, afirmó que lo sucedido es más grave de lo que se piensa. “No existió ningún tipo de motivo o de justificativo para que la policía haya actuado así. Era un chico que tenía toda su vida por delante, no tenía antecedentes, que salió a divertirse de acuerdo a lo autorizado de acuerdo a las disposiciones por el Covid, y recibió un disparo de arma de fuego, por la espalda”, manifestó.
Valentino jugaba al fútbol, era hincha de Belgrano y su abuelo fue una gloria del equipo cordobés. Practicaba karate y estaba transcurriendo el último año del colegio. Por evadir un control policial, le arrebataron sus sueños y dejaron a su familia destruida. Para los efectivos involucrados, fue más importante castigar a los jóvenes por no respetar el control, que la vida que tenía adelante Valentino. No hubo un enfrentamiento, no estaban armados, ni mucho menos había un riesgo para los agentes policiales. No había justificación alguna para utilizar el arma reglamentaria y disparar contra el auto.
Según CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), esta es la cuarta persona asesinada en Córdoba por gatillo fácil desde que comenzó la cuarentena. Nuevamente tenemos que hablar de un joven asesinado por las fuerzas represivas.
Nací en Mendoza hace algunos años y ahora vivo en la ciudad de las diagonales. Pienso que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Me gusta viajar, tomar vino en la montaña y soy hincha de Boca.
En la madrugada del sábado 25 de julio, durante un operativo policial en el barrio de Tolosa, miembros de la policía bonaerense detuvieron a un joven de 17 años por un robo en la zona. Lo golpearon a culatazos con el arma reglamentaria y lo trasladaron a la Comisaría Sexta, ubicada a pocos metros de las vías del Tren Roca. En la dependencia policial, lo torturaron durante horas con golpes y picana eléctrica, exigiéndole que confiese el robo y quiénes eran sus cómplices. Este hecho quedó filmado por uno de los efectivos policiales que subió el video a sus redes sociales. El material ya es parte de la causa que se lleva adelante en contra de los uniformados.
Además de torturarlo, el interrogatorio se realizó sin la presencia de une abogade y sin la de de su madre, yendo en contra de lo que dice nuestra constitución y los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que en Argentina tiene jerarquía constitucional. También lo amenazaron de muerte si denunciaba. Otra irregularidad que merece su debida investigación es que el cuerpo médico tampoco constató las lesiones sufridas, cuando en las imágenes se ven las marcas de los golpes que recibió en el rostro y en todo el cuerpo.
Uno de los videos publicados por los mismos policías en redes sociales
Al momento de encontrarse en la comisaría, lo alojaron en un calabozo y lo obligaron a permanecer de pie durante más de nueve horas. A su vez, tres policías le aplicaban descargas eléctricas con una picana para sacarle información.
La Defensoría del Fuero de responsabilidad juvenil afirma que cualquier menor de 18 años que sea detenido acusado de cometer un delito tiene derecho a ser asistido por un defensor gratuito. Como se menciona anteriormente, esto no ocurrió. Les defensores oficiales también pueden hacer presentaciones colectivas para la promoción y protección de la libertad de los jóvenes.
Según una resolución del Juzgado de Garantías del Joven, que es la autoridad que tiene que garantizar que se cumplan todas las reglas y los derechos cuando una persona menor de 18 años es detenida o aprehendida por un supuesto delito, la policía no puede detener a personas menores de 18 años: ni por averiguación de identidad (es inconstitucional), ni por faltas o contravenciones, ni utilizando la figura de entrega de menor (no existe legalmente esta figura). La policía no puede trasladar a menores de 18 años a comisarias. Aunque están prohibidas por la Constitución y las leyes, estas prácticas siguen siendo cosa de todos los días.
En este caso, casi que se violan todos los puntos de la resolución del Juzgado de Garantías del Joven. Lo llevaron detenido a una comisaría, le negaron una defensa legal gratuita, no le comunicaron a la madre, lo golpearon y torturaron para sacarle información sobre quién había estado con él a la hora del robo.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por torturas en la fiscalía general en defensa del joven. Mientras tanto, la Unidad Fiscal para la Investigación (UFI) 3 de La Plata abrió una investigación de oficio y Asuntos Internos de la Bonaerense ordenó desafectar a uno de los agentes.
A su vez, Asuntos Internos allanó la Comisaría 6 de Tolosa, identificó el calabozo por las marcas de revoque que se podían ver en el video e informó a la fiscalía los nombres de los agentes que estaban presentes.
No obstante, en cuanto a la intervención de la UFI 3 de La Plata, a pesar de la ilegalidad del operativo y según la CPM, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía. En otra de las tantas ilegalidades que tiene este hecho, a pesar de lo dispuesto por la Ley, las autoridades no le dieron intervención a ninguno de los organismos del sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La detención de menores de edad en comisarías es otra violación a los protocolos de derechos.
La CPM afirmó que el interrogatorio ilegal buscaba que el joven no sólo declare contra sí mismo sino que incrimine también a más personas. “Las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o un defensor oficial y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente. Se violaron garantías constitucionales esenciales, incluyendo la Convención de derechos del Niño”, sostuvieron.
En la tarde del sábado, los policías lo llevan a reconocimiento médico. Durante el traslado en el patrullero, siguieron aplicándole descargas con la picana. Esto fue constatado por un médico y ninguna de las lesiones que tenía fue registrada.
Finalmente, el joven fue alojado en el centro cerrado Almafuerte. Según informa la CPM, al momento de ingresar, por temor a represalias, el joven no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de los golpes y torturas en la comisaría, y el personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía el joven en el cuerpo.
El director de políticas contra la violencia institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, Ignacio Álvarez, señaló que se acompañará a la familia del joven, se pedirá el apartamiento de la Policía en la investigación y la identificación de todos los responsables, tanto de los efectivos de la patrulla que detuvieron al joven, lo torturaron y amenazaron, como de los policías que estaban presentes en la Comisaría Sexta, por encubrimiento.
Álvarez, que también tomó intervención en casos como el de Facundo Castro y Lucas Verón, a su vez sostuvo: “Tenemos la decisión política de intervenir para finalizar con estos hechos. La solución es multiagencial y multipoder. Necesitamos que exista un repudio inmediato por parte del Poder Ejecutivo, pero también que el Poder Judicial impulse investigaciones eficaces sin la intervención de agentes policiales”.
“Lo que sucedió es gravísimo. Que los propios agentes filmen la escena y la circulen en las redes sociales… y esto ocurre cuando se habilita a la Policía con un discurso como el que se escucha del Ministerio de Seguridad provincial. Son elementos de prueba para ordenar la detención”
Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.
En cuanto al incremento de la violencia policial desde el inicio de la pandemia, la desaparición de Facundo Astudillo Castro y los asesinatos en manos de la policía bonaerense, la CPM mostró su preocupación y concluyó: “Reclamamos el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía de la Provincia, agravadas en este periodo de cuarentena dónde se incrementaron los índices de letalidad policial y denunciaron gran cantidad de casos de gatillo fácil, uso letal de los patrulleros y torturas y malos tratos. A esto debe sumarse la investigación sobre la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo a manos de la policía bonaerense”.
Nací en Mendoza hace algunos años y ahora vivo en la ciudad de las diagonales. Pienso que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Me gusta viajar, tomar vino en la montaña y soy hincha de Boca.
En Argentina, y en América Latina, la historia de la diversidad sexual y de género es la historia de las luchas, las demandas y las conquistas del colectivo LGBT+ y de los movimientos por los derechos humanos. La violencia y la represión a la que se ha enfrentado (y enfrenta) esta comunidad puede reconocerse de manera sistemática y estructural, a excepción -parcial- de momentos de reivindicación y políticas públicas de contención, que partieron de un Estado presente y garante de derechos.
También, puede identificarse un claro recorrido de exclusión e invisibilización en los medios de comunicación hegemónicos hacia estas identidades y sus problemáticas sociales, económicas y culturales. Estos medios modelan y fomentan un sentido común cisheteropatriarcal que empieza a ser disputado con la gestación de medios de comunicación alternativos o contrahegemónicos, que presentan los mismos hechos atravesados por la perspectiva de género o que se rigen por una nueva agenda en la que los acontecimientos y reclamos de estos colectivos históricamente vulnerados, negados y silenciados son la mayor prioridad.
30.400 compañerxs
La dictadura cívico-militar-eclesiástica que se desarrolló en nuestro país entre 1976 y 1983 tuvo un claro objetivo de reestructuración económica y social, que se llevó a cabo mediante el aniquilamiento físico y simbólico de un “otro”. El sociólogo Daniel Feierstein propone pensar esto en términos de una “práctica social genocida”, que se desplegó para la destrucción y reorganización de relaciones sociales. Con la instalación de una cultura del terror, se perpetraron miles de torturas, desapariciones y asesinatos de supuestos sospechosos, delincuentes, subhumanos, peligrosos que, según este discurso, debían ser eliminados para el bien de la sociedad. En este sentido, los militantes y dirigentes políticos, y todo aquellos que se entendieran por oposición, se convirtieron en el target de los Grupos de Tareas del poder de facto.
Y es aquí donde resulta importante agregar un factor, que no ha sido tomado tan en cuenta en las últimas décadas, y es el de la identidad, la expresión de género y la orientación sexual. La comunidad LGBT+, como toda minoría en tiempos de dictaduras, fue perseguida y torturada por formar parte de ese “otro” que fue negado y aniquilado. En ese entonces, todas las identidades eran nombradas con la categoría “homosexualidad”: travestis, trans, lesbianas, bisexuales y gays eran señaladxs y perseguidxs. En su mayoría no eran desaparecidxs por esa condición, pero el tratamiento recibido, afirmaba en 1985 el rabino Marshall Meyer (integrante de la CONADEP) a Carlos Jáuregui, había sido especialmente sádico y violento: violaciones “correctivas”, violencia psicológica, persecuciones, torturas deshumanizantes.
Estos delitos de lesa humanidad sufridos por el colectivo fueron invisibilizados en el primer registro de la CONADEP, pero se sabe que fueron, al menos, 400 compañerxs trans, travestis, gays, lesbianas y bisexuales, y que no tuvieron lugar en el documento por la presión del sector católico dentro de la misma comisión. Con el pasar de los años, la consolidación de los organismos de Derechos Humanos y la visibilización de las demandas del colectivo LGBT+ permitieron hacer públicas estas desapariciones y al día de hoy pueden encontrarse columnas en las históricas marchas del 24 de marzo que reclaman Memoria, Verdad y Justicia por los 30.400 detenidxs desaparecidxs durante el régimen dictatorial.
Fuente: Agencia Presentes
En este panorama, la complicidad, o incluso coautoría, de los medios de comunicación hegemónicos en el exterminio no resulta sorprendente. A través de la mentira, el ocultamiento y la manipulación de la información, la prensa alentó y promovió esta cultura del terror, deshumanizando y estigmatizando a estos “otros”, que eran las víctimas de un régimen criminal. La comunidad LGBT+ no existía en los medios masivos. La dictadura se autopresentaba como el modelo defensor de la familia tradicional cristiana y heterosexual, y sus cómplices mediáticos trabajaban en ese mismo sentido.
Democracia para algunxs
Con el fin de un período de violencia y horror, Argentina despertó en una primavera democrática. Con la ilusión de un pueblo que había sufrido la dictadura más cruel de su historia, la democracia de los ‘80 fue entendida a modo de “utopía”, según afirma Eduardo Rinesi en su escrito “De la democracia a la democratización” (2013). Era la esperanza de un futuro mejor, pero que se construía en base a las libertades individuales, se reducía a la ruptura de las cadenas puestas por la represión de la etapa anterior. La vuelta de esta democracia liberal y “de transición” no supuso menor represión y exclusión para varios colectivos sociales, entre ellos la comunidad LGBT+, que continuó siendo atacada y estigmatizada por los aparatos represivos del Estado. No era una democracia para todxs.
Conquistas y reconocimiento
Las históricas batallas por el reconocimiento y la inclusión de las diversidades sexuales, por el derecho a vivir de manera digna y expresar libremente su identidad de género autopercibida o su orientación sexual, encontraron un lugar de articulación y contención dentro del Estado a partir del establecimiento de gobiernos nacionales y populares que bogaron por la pluralidad, la igualdad y la diversidad.
La democracia comienza a ser entendida como un proceso de “democratización”, en la misma línea del autor antes citado. El Estado como condición y garante de la ampliación y universalización de derechos y libertades colectivas (ya no individuales). Porque no hay que olvidar que, como asegura Rinesi, “hay derechos porque hay Estado”. Pero no cualquier tipo de Estado: es necesario para la expansión y el cumplimiento pleno de los derechos de todas las personas, un aparato estatal que contenga y de voz a las demandas y reclamos de los colectivos más vulnerados y excluidos.
Esto en América Latina lo han hecho los gobiernos nacionales y populares. Con políticas públicas concretas, los colectivos de la diversidad sexual comenzaron (porque sería necio, o perverso, negar que su situación de vulnerabilidad y exclusión es una cuestión resuelta) a dar disputas en el mismo terreno de la política y las instituciones estatales, dando grandes pasos para las transformaciones estructurales necesarias para que el desarrollo de sus vidas sea en condiciones de igualdad con otros sectores de la población. La Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y la Ley de Identidad de Género (2012), sancionadas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, significaron un punto de inflexión y el inicio de un nuevo paradigma en materia de derechos humanos en la Argentina y en la región.
El reconocimiento de la diversidad, con el horizonte puesto en la igualdad de oportunidades, se convirtió en política pública, otorgando derechos y libertades que para otros resultaban naturales, pero que habían sido negados históricamente a esta comunidad. Se establecieron políticas de reparación de derechos. A partir de esto, lxs trans pudieron tener un documento con una identidad de género que refleje su persona real, las parejas homosexuales pudieron casarse (con reconocimiento legal), adoptar y formar familias, entre tantas otras cuestiones. La discriminación se volvió intolerable en aspectos jurídicos e institucionales, y la inclusión, una parte inexorable del cumplimiento pleno de los derechos humanos, y de la construcción de una democracia plena y participativa.
Estas políticas también se vieron reflejadas en los medios de comunicación. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, impulsada también por este gobierno y promulgada en 2009 (y modificada en 2016 por la gestión de Mauricio Macri), planteó un panorama en el que, no sólo ya no se permitiría la concentración monopólica de los medios hegemónicos, sino que tampoco la discriminación naturalizada en estos espacios.
Se postuló a la democratización de la comunicación como eje principal, y el fomento de la diversidad y la pluralidad de voces como estandarte; entendiendo siempre a la comunicación como un derecho humano fundamental. Esto ponía fin a una Ley de Radiodifusión que continuaba vigente desde la última dictadura y que se regía en el marco de “la preservación de la moral cristiana”. En total oposición, la nueva Ley de Medios anunciaba entre sus objetivos: “Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”.
También resulta importante destacar, en el mismo marco de la continuación de una experiencia popular y anti neoliberal en nuestro territorio, la creación del Ministerio Nacional de las Mujeres, Género y Diversidad en el reciente 2019, con el inicio del gobierno de Alberto Fernández. Una decisión política necesaria en un contexto donde los feminismos y los movimientos por la diversidad sexual tomaron las calles y se las rebuscaron para formar parte activa del Estado.
Hay un movimiento social y político en constante expansión que no puede ser silenciado y que se cuela por las estructuras patriarcales más conservadoras. Un Ministerio que se propone trabajar en primera instancia “para construir una sociedad más justa con todos, todas y todes” no es un concepto al pasar: es asumir un compromiso político, que siempre han tenido estos gobiernos progresistas, pero que se ve cada vez más consolidado al calor de las luchas populares, en este caso, por la emancipación sexual, y en su articulación con el movimiento de liberación de las mujeres.
Alternativxs
Los medios de comunicación hegemónicos son empresas y, como tales, su foco está puesto en las ganancias y el beneficio de sus intereses; que no sólo son económicos sino también sociales y políticos: responden al bloque de poder dominante. No es extraña, ni casual, la reproducción y difusión de mensajes LGBT fóbicos a través de programas de televisión, radios y portales digitales. Es que estos medios masivos siguen construyendo y modelando sentidos comunes que sólo legitiman a las identidades cisheteronormativas y refuerzan una cultura patriarcal. Así, excluyen y estigmatizan a otras sexualidades, cuerpos y experiencias, que son demonizadas y estereotipadas, o directamente invisibilizadas de las agendas mediáticas.
La Agencia de noticias “NOVA” representa un ejemplo claro de esto. En su modus operandi se identifica la homofobia, la transfobia, la misoginia; la promoción del odio en todas sus escalas. Una de sus notas más nefastas fue publicada hace poco tiempo y se titula: “Repudio al actor travesti Florde la V por exponer la sexualidad de famosos”. Todo en la nota atenta contra los derechos del colectivo travesi-trans, principalmente el no reconocimiento de la identidad de la actriz Florencia de la V, contemplado por la Ley de Identidad de Género.
Asimismo, la avanzada de los colectivos de lucha y reivindicación de las diversidades sexuales, hermanados con los feminismos, se volvieron una realidad concreta y visible para todxs, que los medios masivos no pudieron omitir (ya sea por presión, por beneficios económicos, por convicción, etc).
La sociedad también moldea y condiciona, aunque en una medida muchísimo menor por su poder real y capacidad de respuesta a los medios hegemónicos. Muchos de estos sumaron editorxs de género a sus filas, secciones exclusivas sobre las problemáticas y reclamos de esta comunidad, perspectiva de género en algunxs de sus periodistas, pero la cuestión estructural de la concepción estereotipadas de estas identidades y su exclusión es una constante.
Los gays suelen ser mostrados como varones, jóvenes, blancos, porteños, de clase media/alta, con un aspecto que no se aleje de la imagen de “macho”, mientras las mujeres trans (que pueden contarse con los dedos de la mano) son flacas, altas, con piernas esbeltas, cabello largo y siempre arreglado. Otras identidades son totalmente negadas. Se construye un imaginario alrededor de estos cuerpos y personalidades que deja afuera a lo diferente, a lo que no encaja en el establishment: una inclusión de cartón. ¿Es un avance? Sí. ¿Debemos conformarnos? No.
En este escenario, crece la necesidad de ser representadxs, de mostrarse y hacerse oír, de ganar lugar en la batalla cultural e ideológica, de disputarle los sentidos en torno a las sexualidades y corporalidades a los grandes monopolios mediáticos: nacen nuevos medios de comunicación alternativos.
Surgen agencias de noticias como Sudaka TLGBIo Agencia Presentes, que desde una perspectiva de género, diversidad sexual y derechos humanos, y con un enfoque interseccional y latinoamericanista, conformaron espacios con comunicadorxs conscientes y activistas que pudieran dar cuenta de sus realidades y problemáticas, que pudieran denunciar y visibilizar violencias y carencias de estos colectivos, desde la voz de quienes lo viven. Disputan, aún en condiciones desiguales, la hegemonía cultural, la capacidad de nombrar al mundo, a nuestros cuerpos y sexualidades, que históricamente ha estado en mano de los grupos de poder concentrado. La misma SUDAKA TLGBI se presenta como tal: “…Desde este espacio de trinchera, resistencia y militancia, apostamos a una comunicación popular, democrática y transfeminista. Y también, buscamos disputarle la configuración de sentido sobre nuestras orientaciones e identidades, al discurso hegemónico, patriarcal y heteronormativo, que instalan los grandes medios de comunicación.”
Neoliberalismo y diversidad ficticia
Pero… ¿qué ocurre con estas luchas y reivindicaciones frente a una nueva oleada neoliberal? América Latina, y el mundo, están atravesando nuevamente el avance feroz de gobiernos ultraderechistas y reaccionarios que ponen a sus Estados al servicio de sus intereses, de la timba financiera y de los capitales extranjeros y transnacionales. Argentina, tras cuatro años de ajuste y destrucción económica y política, retomó el camino de los gobiernos populares, pero ha quedado sola en la región.
La reactualización de las prácticas neoliberales trae aparejados los mismos problemas estructurales para lxs que menos tienen y los sectores más vulnerables. En el plano de lo social, los derechos vuelven a concebirse en términos de libertades (bajo la ética del mercado), y lo colectivo desaparece frente a la individualidad y la meritocracia. Se mercantilizan las vidas, las relaciones sociales y los cuerpos. El Estado hace humo en donde más se lo necesita.
En Argentina, tuvimos un gobierno que, a través de su Secretaría de Derechos Humanos, publicó en las redes sociales una imagen que expresaba “La heterosexualidad es parte de la diversidad sexual”.
Puede parecer un anuncio inofensivo, hasta bienintencionado para algunxs, pero en verdad indicaba una manera de ver/entender (o mejor dicho, de no querer ver/entender) las problemáticas y discusiones en torno a los colectivos realmente invisibilizados y discriminados. Hay gobiernos de derecha, como el macrismo, que intentan, para atraer a ciertos sectores, seguir o implementar algunas políticas sociales de “reconocimiento” y respeto (ficticio) hacia las diversidades sexuales, pero -como explica Nancy Fraser en su libro ¡Contrahegemonía ya!, haciendo referencia al neoliberalismo progresista estadounidense- esto no apunta a abolir las jerarquías sociales, que empujan a ciertas identidades a la extrema pobreza y marginación, sino tan sólo a diversificarlas mediante la consolidación de un sentido común que instala que los “talentosos” y quienes se lo merecen pueden llegar a la cima. Igualdad se convierte en sinónimo de meritocracia.
Pero es que el reconocimiento no alcanza sin redistribución justa y equitativa de los ingresos y bienes. La igualdad debe ser colectiva e inclusiva. La ética del mercado debe ser desplazada por la ética de la responsabilidad con lxs otrxs. ¿De qué sirve una publicación de la bandera del orgullo si las mujeres trans son empujadas, por el desamparo del Estado, a una esquina para poder comer, con una expectativa de vida de entre 35 y 40 años? ¿De qué sirve alardear la inclusión de un funcionario homosexual como Peter Robledo para mostrarse “diversos” cuando sólo hay lugar para quienes cumplen con el estereotipo de varón gay, exitoso y merecedor de su lugar?
Y el rol de los medios de comunicación en este escenario es fundamental. Son ellos quienes legitiman y modelan los sentidos que hacen tolerable al modelo neoliberal y a las injusticias. Muchas personas pertenecientes a las clases medias y altas, y a su vez parte de la comunidad LGBT+, se enfilan rápidamente tras gobiernos que les aseguran que el camino de la meritocracia es el correcto, que nada tiene que ver la discriminación que sufren con “la política”. La interseccionalidad queda a un lado y se despolitiza la lucha por la diversidad. Aún así se resiste, se marcha y se reclama desde estos colectivos diversxs en busca de transformaciones estructurales que den condiciones de vida dignas para todxs. Y todxs es todxs.
No todo es lo mismo
Entonces, no todo es lo mismo. Ni todos son lo mismo. El respeto y reconocimiento de la diversidad sexual, y de las batallas y reivindicaciones de la comunidad LGBT+ en particular, debe entenderse desde una perspectiva integral y colectiva, de derechos humanos y cumplimiento de las condiciones básicas de vida. Se necesita de un Estado que articule y resuelva estas demandas mediante la ampliación de derechos, y la creación y consolidación de una estructura que contenga y garantice la inclusión y la igualdad.
Los medios de comunicación masivos tienen un papel protagónico en la construcción y reproducción de un sentido común que represente y tenga en cuenta (y no niegue, discrimine y criminalice) a estas identidades, sus reclamos y conquistas. La comunicación alternativa está dando la batalla cultural, con la voz de quienes protagonizan estas luchas, y es en esta disputa por la hegemonía (y por la prolongación de gobiernos nacionales y populares en el Estado) donde se define la representatividad política, social y mediática de estas identidades diversas.
Nací en el interior de Buenos Aires: los porteños nos confunden con Parque Chacabuco. De crianza gorila, devenida en pseudo-troska por contraste, hoy peronista por convicción. Mi canción favorita a los 10 años era Los Salieris de Charly, de León Gieco.
El pasado 30 de abril se cumplieron 43 años desde la primera vez que las Madres de Plaza de Mayo pisaron la plaza para reclamar por la aparición con vida sus hijes. En años de incansable reclamo por memoria, verdad y justicia, las Madres han estado presentes no sólo en su lucha, sino en todas las que se reclame por igualdad de derechos y donde haya una búsqueda de la justicia social. De ser consideradas “unas viejas locas” se transformaron en un símbolo de lucha por los Derechos Humanos y un ejemplo de valentía con pocos precedentes en la historia.
Cuando se empezaron a organizar, en medio de la desesperación y el miedo, sabían que no iban en contra de un grupo pequeño de personas o de alguna organización de crimen organizado, sino que luchaban contra todo un aparato estatal que ejercía de manera sistemática el terrorismo de Estado y que contaba con innumerables cómplices que estaban al servicio de la impunidad. Los medios de comunicación, la iglesia y el Poder Judicial, son algunas de las instituciones que no escuchaban los reclamos desesperados de estas mujeres.
La prensa hegemónica se encargó de ocultar todo lo que ocurría puertas adentro de las comisarías y los centros clandestinos de detención. A su vez, tildaban de “extremistas” a les militantes desaparecides o aludían que los asesinatos producidos por las Fuerzas Armadas se trataban de “enfrentamientos” y que muchas veces eran abatides porque “intentaban escapar”. No conformes con esto, en algunos medios poderosos se publicaban listas de “subversivos” y que si se sabía el paradero de alguno, había que notificar de inmediato a las Fuerzas Armadas. Las Madres recorrían las iglesias buscando algunas respuestas sobre el paradero de sus hijes y lo que sistemáticamente recibían eran contestaciones como que “tengan paciencia” y que “recen mucho”, además de confundirlas con rumores, insinuaciones y desinformaciones. La pata judicial del Estado también tuvo complicidad con el gobierno militar. Las Madres se encargaron de llevar a los juzgados una gran cantidad de Habeas Corpus que eran archivados y no se realizaban las investigaciones necesarias para dar con sus paraderos. Esto también les permitía llevar un registro de las personas que estaban reclamando por la aparición de les desaparecides.
Al poco tiempo llegaría otro golpe duro para esta organización. En 1977 Alfredo Astiz -integrante de la marina- se infiltró en el grupo de Madres haciéndose pasar por un hermano de un desaparecido. Se ganó la confianza de éstas y fue el que brindó la información a sus superiores para que secuestraran a tres de las referentas: Esther Careaga, Mary Ponce y Azucena Villaflor. Fueron llevadas a la ESMA, donde las torturaron, las violaron y las tiraron con vida al Río de la Plata.
En diciembre de 2005, las cenizas de Azucena Villaflor fueron enterradas en Plaza de Mayo. De la ceremonia se encargaron su hija y otros familiares de desaparecidos. Los restos quedaron bajo azucenas blancas y claveles rojos, junto a la Pirámide y frente a la Casa de Gobierno.
Luego de la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) -de la cual las Madres desconfiaban y no quisieron formar parte porque preferían la calle y no las comisiones- se llevó adelante el Juicio a las Juntas en 1985. Condenas insuficientes y solamente dos perpetuas -Videla y Massera- no terminaron de cerrar la herida provocada por el terrorismo de estado. Las Madres, disconformes luego de las sentencias, se levantaron y se fueron de la sala de audiencias en modo de protesta.
Con Carlos Menem en el poder, la impunidad tendría un nuevo rostro. Al poco tiempo de asumir al gobierno, decretó los indultos a los responsables de la dictadura más sangrienta de la historia argentina con la justificación de la “reconciliación, el mutuo perdón y la unión nacional”. Los represores volvían a salir a las calles y a pasearse libremente por la vía pública. Como siempre, allí estuvieron las Madres para marchar sobre las calles del microcentro porteño para reclamar contra los indultos, en lo que significó un gran retroceso y uno de los momentos de mayor impunidad desde la vuelta de la democracia. Esto no permitió que bajaran los brazos, ni mucho menos. La lucha continuaba.
En diciembre de 2001 regía en el país el Estado de Sitio. Miles de jóvenes eran reprimidos por la policía en las inmediaciones de Plaza de Mayo. Un gobierno que había llevado hasta las últimas consecuencias las recetas del FMI y el Banco Mundial y que representaba el fracaso de los programas neoliberales implementados desde hacía más de diez años, por lo que la desocupación y la pobreza llegaban a niveles sin precedentes en Argentina. Las Madres, como todos los jueves desde 1977, fueron a la plaza a enfrentar lo que sea necesario, sabiendo del peligro al que se exponían. Reclamaron contra el Gobierno nacional y la respuesta de la caballería de la Policía Federal fue reprimirlas. Esto impulsó a miles de personas que, al ver esta imagen por lo medios de comunicación, decidieron ir hacia Plaza de Mayo a defender a las Madres y a seguir reclamando contra el gobierno.
Finalmente, tuvieron que esperar hasta el año 2003 para que no esté más el enemigo en Casa Rosada. Hebe de Bonafini -presidenta de Madres de Plaza de Mayo- dijo: “La democracia la recuperamos con Néstor y Cristina, lo de antes fue una parodia”. El por entonces presidente la Nación, Néstor Kirchner, al poco tiempo de asumir pronunciaba un discurso en el que afirmaba: “Somos hijos de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”. A su vez, pedía perdón en nombre del Estado en el espacio físico más emblemático y más sangriento de la dictadura, la Escuela Mecánica de la Armada, convirtiéndolo en un “Museo de la Memoria”. Bajó los cuadros de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone que estaban colgados en una de las galerías del Colegio Militar de El Palomar. Anuló las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y daba el impulso necesario desde el Estado para que se juzguen a todos los responsables de la dictadura cívico-militar-eclesiástica y así comenzar un proceso de memoria, verdad y justicia. Los años de lucha tendrían la recompensa que tanto esperaron.
Hoy, 43 años después, las Madres han sido protagonistas de innumerables luchas a lo largo de su historia. Esto se ve reflejado en consignas que ellas mismas definieron: “Socialización de la maternidad”, “reivindicamos la lucha revolucionaria de nuestres hijes”, “nuestres hijes viven”, “cárcel a los genocidas”, “no aceptamos que se le ponga precio a la vida”, “rechazamos los homenajes póstumos”, “la falta de trabajo es un crimen”, “la lucha por los pueblos del mundo es nuestra propia lucha” y “somos una organización política”. Su valor, su valentía y su fuerza son una fuente de inspiración para les que luchamos por un mundo más igualitario, donde la justicia social es una bandera innegociable y donde horizonte es la liberación de los pueblos. Nos enseñaron que el dolor se puede transformar en acción, y que las lágrimas se pueden transformar en lucha. Y en la lucha, se puede transformar el mundo. Ellas lo hicieron.
* Estudiante de Licenciatura en Comunicación Social con orientación en periodismo en UNLP, redactor en Revista Trinchera
A dos semanas del Golpe de Estado en Bolivia, un breve repaso de la historia de los Derechos Humanos en este país, el aporte del gobierno de Evo Morales en la materia y la vulneración de los mismos con los militares y las fuerzas de seguridad en las calles.
Como es de público conocimiento después de las elecciones del 20 de octubre, en Bolivia, creció la presión hacia Evo Morales. Detrás de una estrategia comunicacional que tildaba a las mismas elecciones como fraudulentas y con el respaldo de la Organización de los Estados Americanos (como órgano legitimador), las Fuerzas Armadas exigieron la renuncia del presidente, para luego salir a las calles a reprimir. Para el viernes 8 de noviembre tres unidades policiales se habían amotinado en Sucre, Cochabamba y Santa Cruz. El sábado efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) llaman a nombrar nuevos comandantes y con el correr del día se fueron sumando diversos regimientos policiales de otros departamentos.
Con la salida de la policía a las calles (desconociendo el llamado de Evo Morales a realizar nuevamente dichas elecciones), la derecha racista y fascista le declaró la guerra al proyecto político del MAS y con ello a toda la población representada por el mismo. El 10 de noviembre Evo Morales renuncia a la presidencia intentando evitar más represión y muerte. A las pocas horas, Álvaro García Linera hace lo mismo con su cargo de vicepresidente. El 13 del mismo mes, se autoproclama al cargo de presidenta Jeanine Añez, con ello la democracia y la decisión y elección del pueblo boliviano eran vulnerados violentamente.
Haciendo un breve repaso y contextualizando es clave nombrar el cambio de rumbo en la historia de Bolivia con la llegada del MAS (Movimiento al Socialismo) al gobierno. Desde la asunción de Evo en enero de 2006, Bolivia comenzó a ser un país que predicaba la justicia social con derechos concretos. Sin ir más lejos una de las primeras medidas del presidente aymara fue reducir su salario un 57% y con ello el de los funcionarios de gobierno y de la administración pública.
La garantía de los Derechos Humanos para todes se afianzó en el correr de los años con cada medida política que Evo llevó adelante. No sólo porque les ciudadanes pudieron percibir el cambio de sus vidas gracias al crecimiento económico del país, sino por la perspectiva social con la que Evo llevó a cabo su gestión, por ejemplo, el presupuesto asignado a la salud aumentó un 173% de 2007 a 2014. Medidas específicas que se ven reflejadas en la disminución del 50% en la mortalidad infantil o la reducción del 14% de la desnutrición en niñeces.
En 2009 Evo Morales promulgó la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y con ello incluyó a más del 60% de la población en la vida política, económica y social del país. Declarando al Estado independiente a la religión y garantizando la libertad y el respeto a las diversas creencias, Evo le dio a los pueblos originarios algo que por siglos les quisieron arrebatar y que ningún país promulgó: su dignidad. Una manera concisa de buscar garantizar el bienestar colectivo fue declarar (en la misma constitución del 2009) que los servicios públicos como la luz, el agua y el gas, son Derechos Humanos. Incluso hasta mayo del año pasado, el gobierno de Morales siguió reduciendo notablemente el costo de las tarifas.
Con un índice de analfabetismo que disminuyó del 14% (2006) al 2,4% (2018), Evo Morales comprendió integralmente a los Derechos Humanos e intrínsecos a la vida de cualquier boliviane. El politólogo Atilio Boron señala que “por más que se administre de modo ejemplar la economía como lo hizo el gobierno de Evo… la derecha y el imperialismo jamás van a aceptar a un gobierno que no se ponga al servicio de sus intereses”.
Desde hace dos semanas, los Derechos Humanos en Bolivia están clausurados. Con un saldo de más de 30 muertes según las cifras oficiales de la Defensoría del pueblo, las calles del país vecino están ocupadas por una ciudadanía que resiste frente a las fuerzas armadas y de seguridad. Masacres como la de Sacaba (Cochabamba) o la de Senkata en El Alto (La Paz), dan cuentan que se trata de un exterminio direccionado hacia los pueblos originarios y su cosmovisión que hace siglos intentan profundizar. La xenofobia, el odio y la ira tienen como epicentros a Santa Cruz de la Sierra donde el discurso racista que avala la mano dura es carne de quienes avalan la política golpista.
A medida que avanzan los días el cinismo de les golpistas se profundiza: las torturas, la humillación, las violaciones de los Derechos Humanos y la muerte son sistemáticas ante un “gobierno” autoproclamado que infunden miedo y al parecer pretenden aniquilar a todo un sector de la población. Cientos de herides están recibiendo balazos sólo por reclamar, lo cual da cuenta de que en Bolivia, sin Evo Morales y con la derecha al poder, sólo hay derechos para unes poques.
Como se mencionaba anteriormente, los Derechos Humanos no son meras políticas económicas que garanticen tal o cual acceso, aunque también son parte. Los Derechos Humanos alojan en sí una manera de vivir la vida que incluya libertad y dignidad para la población. En contraposición a esto, hace dos días las fuerzas armadas reprimieron en El Alto a un pueblo que marcha despidiendo y homenajeando a les muertes por la represión. La dictadura se empecina en quemar Wiphalas y atacar a las creencias de todas las naciones que conviven en Bolivia. Para las culturas andinas preexistentes, despedir a les muertes es intrínseco a su cosmovisión de la vida y el presente. Y que les repriman realizando esa ceremonia de homenaje, da cuenta de un cinismo y una crueldad que tiene un trasfondo racista que deslegitima sus creencias.
A los golpistas les molestó que por 14 años les indígenas puedan caminar por las veredas, que no estén pidiendo monedas, que puedan trabajar. Les irritó que les gobierne uno de ellos, que se respeten las diversas lenguas, que se construya igualdad. Se identifican con Jeanine Añez porque alza una biblia en un país que cree en otros dioses y que pretende erradicar todo lo distinto al modelo europeo que nos llegó con la colonización. Sienten justicia con el secuestro y la humillación de una sociedad que ocupa las calles porque no piensa retroceder ni regalar los derechos que en conjunto (y con un presidente como Evo), ganaron. Por eso les ciudadanes están en la calles, porque denuncian la vulneración de la democracia: Evo Morales fue electo por su pueblo y la injerencia de EEUU a través de la fuerza militar y los intereses del imperialismo en la región, no son compatibles con la decisión del pueblo que votó el pasado 20 de octubre.
La ciudadanía boliviana marchando en las calles es una prueba más de que no se negocia la vida digna y en paz. De que no se negocia la democracia, ni los derechos, ni la justicia social. No se negocia un presidente electo por la mayoría de su población. No se negocian la cultura, las creencias, ni la convicción. No se negocia con sectores que pretenden profundizar un modelo colonial de exterminio racista hacia la ciudadanía. No se negocia con la pachamama, con la tierra. No se negocia tampoco con las trenzas, las polleras ni las quenas. No se negocia la Bolivia que construyeron Evo Morales y Álvaro García Linera junto al pueblo. Acá no se rinde nadie de ninguna manera.
* Periodista, columnista del programa No Se Mancha (Radio Estación Sur – FM 91.7), responsable de la sección DDHH de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón.
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