Familiares, amigos y organizaciones sociales realizarán este miércoles la tradicional vigilia frente a la Comisaría Novena de La Plata, al cumplirse 29 años de la muerte bajo tortura policial y desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru.
A 29 años de la muerte bajo tortura policial y desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru familiares, amigos y organizaciones sociales realizarán este miércoles 17 de agosto la tradicional vigilia que comenzará a las 19 frente a la sede policial, ubicada en las calles 5 y 59 de La Plata. Según detalló la Asociación Miguel Bru, el homenaje será hasta las 2 de la madrugada, y se instalará una radio abierta, bandas de música y proyecciones.
Tras 39 búsquedas y rastrillajes sin resultado positivo por la periferia de La Plata, y las ciudades de Berisso y Ensenada, como todos los años el homenaje se realizará bajo la pregunta que todxs nos hacemos hace casu tres décadas: “¿Dónde está Miguel?”. En este sentido, Rosa Bru, mamá de Miguel, en comunicación con el programa “526 al Fondo” de Radio Trinchera, señaló: “Hoy una vez más vamos a ir a reclamar a la Novena y les queremos decir que no vamos a dejar de ir hasta que sepamos dónde está Miguel; ese día prometo no ir más a ese maldito lugar que cada 17 nos trae tantos malos recuerdos”.
Con respecto al homenaje, Rosa explicó: “Hoy la vigilia va a ser distinta, si bien como siempre es una instancia de mucho dolor, esta vez vamos a tener música, eso que tanto le gustaba a Miguel”. Por su parte, Jorge Jaunarena, miembro de la Asociación Miguel Bru y secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata (UNLP), sostuvo: “La vigilia es un hecho político que estamos haciendo desde el año 1999, luego del juicio que condenó a los policías asesinos, pero que no obtuvo ningún dato para encontrarlo. Es una forma de manifestar y decir ¿Dónde está Miguel? Esa es la razón de ser de esta vigilia”.
Además, la instancia contará con una radio abierta y la presencia de diferentes bandas y músicos como Mala Fama, La Negra Buggiani y Sucre. Es una fecha de relevancia en la Ciudad, en la que siempre pasan referentes del ámbito político, de derechos humanos y organizaciones gremiales para acompañar la lucha. Incluso, el 17 de agosto de 2021, la Comisaría Novena fue marchada en el marco del Plan de Señalización Contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por eso, el titular de esa dependencia, Horacio Pietragalla acompañó a Rosa Bru en el acto.
La Asociación Miguel Bru, que se ocupa de luchar contra la violencia institucional y tiene como padrino a Leon Gieco, está cumpliendo 20 años. Al respecto, Jaunarena indicó: “Tratamos de institucionalizar esta lucha y acompañar ese proceso de búsqueda de justicia, no sólo por Miguel, si no también por otros casos parecidos de violencia institucional”.
Miguel fue un estudiante de Periodismo de la Universidad Pública, y desde estas instituciones y las diferentes agrupaciones estudiantiles allí contenidas, siempre existió el compromiso de acompañar la causa. “Fue algo trascendental en la búsqueda de justicia por Miguel, la capacidad de movilización y compromiso de toda la comunidad de la universidad pública. Lxs jóvenes nos acompañan de una forma tremenda. Incluso hoy, teniendo en cuenta que muchos de ellxs que no habían nacido en aquel entonces, nos acompañan y demuestran su afecto permanente a Rosa”, señaló el secretario de DDHH de la Facultad.
“Siempre voy a agradecer a Dios que Miguel haya dirigido sus pasos hacia la Escuela de Periodismo y tenga los amigos que tiene. Ellos fueron los primeros que salieron a la calle, empezaron a movilizarse y los que nunca nos dejaron solos. En esa época no había teléfono, ni email y ellos venían con una palabra mágica. ‘Tenes que ir acá, tenes que ir allá, buscar, pero vos tenes que hacer’. Ellos nos incentivaron a hacer y buscar abogados y avanzar”, sostuvo Rosa.
Desde la Asociación Miguel Bru informaron hoy que, a través de la Dirección de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires incrementó a 5 millones de pesos la recompensa a quienes contribuyan con información fehaciente para encontrar el cuerpo de Miguel. “Con reserva de identidad pueden decir, sin miedos y revancha, dónde está Miguel. Siempre estamos esperando el último dato de verdad, que nos digan que Miguel Bru está acá”.
La desaparición de Miguel Bru:
En agosto de 1993 Miguel Bru, un estudiante de la escuela de periodismo de 23 años, denunció a efectivos de la Comisaría Novena de La Plata por un allanamiento ilegal en su casa y a partir de ese momento comenzó a ser amenazado y hostigado para que retirara la denuncia. Según consta en los expedientes, fue secuestrado cerca de la localidad de Bavio, en el partido de La Plata, el 17 de agosto de 1993. Las declaraciones de varios detenidos y las pericias en el libro de guardia, permitieron comprobar que fue ingresado en esa seccional, entre las 19 y las 20 horas. Allí fue visto por última vez mientras era torturado.
En 1999, en el juicio oral y público se condenó a cadena perpetua al ex subcomisario Walter Abrigo, quien murió en la cárcel, y al sargento Justo López, por el homicidio y la desaparición de Miguel. Además, por encubrimiento, fueron sentenciados el ex comisario Domingo Ojeda y el ex oficial Ramón Ceressetto.
Toda persona que tenga información sobre el cuerpo de Miguel puede hacerlo con reserva de su identidad, presentándose ante el fiscal Marcelo Martini, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) 3 de La Plata; los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.
Mediante un discurso difundido en redes sociales, el ex carapintada, Aldo Rico, convocó a que militares -retirados y en actividad- de las Fuerzas Armadas se levanten contra el Gobierno. Sin embargo, cosechó el repudio de ex combatientes y entes de Derechos Humanos.
El ex carapintada, Aldo Rico, quien reivindicó en reiteradas oportunidades a la última dictadura cívico-eclesiástico-militar y que participó junto a genocidas en desfiles militares durante el Gobierno de Mauricio Macri, llamó a que militares retirados y miembros de las actuales de las Fuerzas Armadas a levantarse contra el Gobierno. Sin embargo, su cosecha fue el repudio generalizado desde distintos centros de ex combatientes de la guerra de Malvinas y organismos de Derechos Humanos. Por su parte la la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió investigarlo ante la “posible comisión del delito de amenaza pública contra las autoridades democráticamente electas”.
A través de un video publicado en redes sociales, Rico hizo una “llamada de reunión antes de las crisis y antes de la batalla, como se estila en nuestras Fuerzas Armadas”. El ex carapitada, sostuvo: “Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer. Las circunstancias de violencia se van a profundizar”. Al respecto, múltiples organismos de Derechos Humanos repudiaron la convocatoria a militares y denunciaron que tiene el objetivo de “erosionar el sistema democrático”.
A los comunicados de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) bonaerense y el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, se sumó una denuncias penales de la Secretaría de DDHH Nacional y del procurador fiscal ante la Corte Suprema.
Al respecto y en diálogo con Revista Trinchera, el ex combatiente y presidente del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), Carrizo Rodolfo, resaltó que “es fundamental que la sociedad democrática en su conjunto desde lo político, lo gremial, lo estudiantil y las ONG, repudien y condenen estos actos irresponsables de militares que siempre han tenido en su cabeza una matriz golpista”.
Además, Carrizo sostuvo que la sociedad no debe olvidar, porque “podemos llegar a cometer los mismo errores, que son muy caros para la vida de un pueblo. No nos olvidemos que la última dictadura trajo 30 mil desaparecidos, persecuciones políticas, endeudamiento externo y obviamente la guerra en Malvinas por eso es importante que hayan estas condenas públicas”.
En este sentido, la secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata, Josefina Rodrigo, comentó a Revista Trinchera que “es importante que no se dejen pasar estos hechos o comentarios por el carácter que tienen, por el impacto, por el oportunismo en un momento de tanta sensibilidad, y de cierta angustia o desazón que transitamos por las cuestiones que atraviesa el país“, a lo cual agregó: “Cuando hay sensibilidad en ese aspecto no son inocentes los comentarios”.
Aldo Rico en varias ocasiones supo mostrar en sintonía con la oposición política al Frente de Todos e incluso participó en desfiles militares durante el Gobierno de Mauricio Macri. Ante esta circunstancia el presidente del CECIM señaló que “estos comentarios no lo dice de manera atemporal, lo dice en un momento de crisis del país, por el golpe que recibió el sistema financiero, donde ciertos poderes concentrados especulan y juegan con el dólar”.
En la misma línea, Carrizo resaltó que aquellos que piensan o acompañan el pensamiento de Rico “creen que hay una situación de desgobierno y por eso aparecen con esta proclamas y siempre tratan de trabajar en la desestabilización del Gobierno”, a lo cual agregó: “entienden que la vida es la mano dura y que la gente aprende a los palos, pero en definitiva siempre favorecen a los sectores más concentrados de poder”.
Por su parte, la secretaria general de APDH remarcó: “Su posicionamiento es claro, desestabilizador y golpista, y muy grave que se tenga esa consideración luego de la experiencia que tenemos”. En este sentido agregó: “El sistema democrático permite distintas maneras de sortear el desacuerdo que se puede tener con determinadas decisiones políticas y ese debe ser el camino, el que ordena la Constitución Nacional, no ningún intento desestabilizador”.
Esta semana se conocieron los nombres de los dos jueces federales que fueron sorteados para intervenir en las denuncias presentadas contra Rico por “amenaza de rebelión”. El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la denuncia que presentó el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich. En tanto que su par Sebastián Casanello resultó sorteado para llevar adelante la presentación que hizo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, según informaron fuentes judiciales.
Al respecto Carrizo remarcó que “la justicia debe tener un rol independiente y actuar de manera firme. Es importante que haya una instancia judicial, ya que la justicia puede de esta manera interpelar al pueblo y defender la sociedad democrática”, ya que “le da seguridad jurídica a un pueblo”.
Por su parte, Rodrigo aclaró: “Es una lucha de los entes de DDHH ver si la justicia está a la altura de la circunstancias, a veces cuando no lo ha estado” y la lucha de estos sectores, contra la mirada negacionista “supo demostrar que ya no hay vuelta atrás”. Además, la secretaria general del a APDH La Plata remarcó: “me parece que una sanción en ese sentido, puede poner un límite y un reconocimiento a los acuerdos que hemos sostenido durante muchos años sobre lo que ya no es posible”.
Ante estas brabuconadas, es importante -en términos históricos- mantener las banderas de Memoria, Verdad, Soberanía y Paz, y es la justicia la debe pronunciarse en tal sentido, dada la construcción de consenso que el pueblo argentino supo conseguir. Sobre todo porque en estas expresiones son profundamente ofensivas y antidemocráticas y se dan en el marco del 40 aniversario de una dolorosa guerra como la de Malvinas, una fecha dolorosa y muy presente para nuestro pueblo.
La justicia podrá acceder libremente a la base de datos de las actas de nacimiento, matrimonios y otras defunciones emitidas en la provincia durante el último golpe de Estado.
Autoridades nacionales y bonaerenses, firmaron este jueves un acuerdo para que el Registro de las Personas pueda ser utilizado para recabar datos que aceleren la búsqueda e identificación de las personas que continúan desparecidas desde la última dictadura cívico militar.
Entre los firmantes se encontraron la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; la titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), Claudia Carlotto; el secretario ejecutivo de la Conadi, Manuel Gonçalves Granada; el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; y el director provincial del Registro de las Personas, Mariano Ríos Ordoñez.
De esta manera, la justicia podrá acceder libremente a la base de datos de las actas de nacimiento, matrimonios y otras defunciones emitidas en la provincia durante el último golpe de Estado.
“Es muy importante que desde el Estado provincial seamos capaces de agilizar estos trámites y que cada familia pueda encontrar lo que busca para reconstruir su identidad. Este convenio se enmarca en el compromiso que hemos tomado junto al gobernador Axel Kicillof de agilizar y mejorar la prestación y el servicio del derecho a la identidad”, expresó Álvarez Rodríguez.
“El espíritu de este convenio tiene que ver con dar celeridad al trámite de cada uno de los hombres y mujeres que se acercan a la Conadi a averiguar su identidad. Tener un acceso al Registro de las Personas asegurando la confidencialidad de datos tan sensibles, permite romper con la burocracia y acelerar los procesos y tiempos de respuesta”, manifestó por su parte Pietragalla Corti.
En otras declaraciones, Gonçalves Granada afirmó que “este convenio formaliza un trabajo que venimos haciendo diariamente con el Registro de las Personas, algo fundamental para nuestra búsqueda porque la mitad de las personas desaparecidas durante el período de la dictadura están inscriptas en la provincia de Buenos Aires”.
Además, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Matías Moreno, aseguró que desde que asumió la gestión de Alberto Fernández se avanzó fehacientemente en la ejecución de políticas que responden a su cartera: “A partir del 10 de diciembre de 2019, volvimos a reimpulsar políticas de derechos humanos que nos ubican de ejemplo a nivel internacional sobre cómo tramitar nuestro pasado traumático reciente, en la lógica de la memoria, la verdad y la justicia, la garantía de no repetición y la reparación”, precisó.
El abogado y ex presidente de la Asociación Contra la Violencia Institucional, Matías Busso, dialogó con el programa Doblan Las Campanas y analizó hechos de violencia institucional, el gatillo fácil, el abuso policial y el rol del Estado en estos casos.
Busso comentó que su trabajo en organizaciones de Derechos Humanos es el acompañamiento de las causas de gatillo fácil y violencia policial, además de dar asesoría jurídica a personas trans en ‘Casa Roja Trabajadoras Sexuales’ del barrio de Constitución, que sufren el hostigamiento policial. “También estamos iniciando una capacitación y asesoría jurídica a trabajadores de la vía publica y hacemos trabajos de investigación“, añadió.
A raíz de los trabajos de investigación que realizan destacó el Informe titulado La policía de la ciudad mata en la provincia de Buenos Aires. Sobre este indicó que “surgió a partir del caso Lucas Gonzáles cuando se puso en el centro de la escena la violencia institucional, principalmente en las maniobras que desarrolló la policía de la ciudad tanto en el hecho como en el encubrimiento“.
En ese sentido, agregó que “hicimos un pedido de informe a la Ciudad sobre cómo actúa la policía -desde 2016 con la ley que la crea, tienen la obligación de brindar datos- cuando usa el arma reglamentaria. Nos contestaron con los datos de 2019-2020“.
El abogado confirmó que a partir del informe, pudieron evidenciar algo que para la institución ya estaba claro: “la policía mata cuando esta fuera de servicio“. Además afirmó que “la mayoría de las veces mata cuando esta fuera de servicio y jurisdicción. Ellos actúan con arma de fuego en su tiempo de descanso, cuando van a sus casas” .
Por último remarcó que hay abuso del uso de arma de fuego fuera de servicio y que la solución para terminar con esta actitud es la formación. Según analizó esta es fundamental para proteger la vida de los civiles, ya que quedó demostrado que “en la mayoría de las veces que actúa la policía no hay enfrentamiento. Uno de los datos que tenemos es que murió un policía y 25 particulares“.
El pasado 1 de octubre se llevó a cabo un hito en materia de derechos humanos: la condena de Pedro Müller y Hector Francisco Jesús Sibilla, ex directivo y jefe de seguridad de la empresa multinacional Ford Motors en Argentina durante el periodo 1974 -1978, y acusados del secuestro y tortura de 24 trabajadores de la empresa en la planta de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos fueron privados de su libertad en la misma fábrica, mientras que otros fueron trasladados a un quincho que también funcionaba como centro clandestino de detención.
Este hecho no solo demuestra la complicidad de muchas empresas con los regímenes dictatoriales, sino también su accionar fundamental para facilitar y llevar a cabo estos. Desde la utilización del “Falcon verde” hasta la persecución a sus mismos trabajadores, con el fin de deshacerse de los sectores gremiales. La ecuación es sencilla: a menos conflictos sindicales, más beneficios para las cúpulas empresariales, introduciendo a la fuerza un modelo económico en el que las corporaciones lucraban sin importar la vida de quienes exigen que respeten sus derechos laborales.
Fuente: AFP
Los gremialistas fueron secuestrados “en sus puestos de trabajo y llevados a un centro de detención dentro de la fábrica y desaparecidos durante un mes” (Tomás Ojea Quintana, abogado querellante), mientras tanto, la empresa los despedía por no asistir a sus puestos de trabajo. Según los testimonios de los sobrevivientes apartados de los demás, fueron trasladados en el baúl de una camioneta y llevados al salón de deportes, donde los torturaron por más de 11 horas seguidas. Luego este grupo fue trasladado a cárceles comunes de la Provincia de Buenos Aires.
“Allí nos encapucharon, nos golpearon, sufrimos simulacros de fusilamiento y fuimos sometidos a torturas. A algunos se les aplicó la picana eléctrica, otros fueron obligados a orinar y a defecar en los zapatos”, declaró una de las víctimas presentes en “El Quincho”.
Para el comienzo de la dictadura, en la empresa Ford Motors Argentina trabajaban 5000 obreros y 2500 empleados administrativos, alrededor de 100 de todos ellos fueron delatados por Müller y Sibilia por activistas o sindicalistas para su secuestro. Sibilia, no conforme, hasta participó en las sesiones de torturas de sus propios trabajadores, según la querella denunciante. Luego, por iniciativa del Archivo Nacional de la Memoria, el quincho utilizado obtuvo un cartel en el cual se especificaba que ese lugar había funcionado como centro clandestino de detención.
A partir del juicio de estos partícipes directos de crímenes de lesa humanidad, Hector Sibilia recibió 12 años de condena mientras que Pedro Müller 10, ambos en cárcel común. Sin embargo, la investigación se dedicó únicamente a determinar la responsabilidad de los dos directivos, sin involucrar a la empresa multinacional, aunque fue cómplice de los delitos de lesa humanidad allí producidos.
Pedro Müller. Fuente: AFP
Ford no es la única
Claramente Ford Motors no es la única empresa que ocupó un rol fundamental en el desarrollo de la dictadura cívico-militar del ’76, un caso similar al anterior mencionado es, sin duda, el de Mercedes Benz. Esta contaba con un alto nivel de información sobre las desapariciones, y facilitó el secuestro de gremialistas aportando datos precisos sobre las víctimas posteriormente secuestradas.
La planta del frigorífico Swift, donde se encontraba una gran militancia sindical y política de la región bonaerense, fue escenario de la represión de 41 personas, 15 de ellas desaparecidas y 5 muertas. Los retenidos ilegalmente fueron sometidos a torturas, donde la planta redefinió su propósito, formando parte de la logística, seguridad o de los secuestros e interrogatorios vinculados a los gremios del rubro.
En la misma sintonía, una considerable cantidad de testimonios y documentos advierten que Ingenio Ledesma no solo fue partícipe activo en los hechos represivos, sino que, a su vez, se involucró en la planificación de los mismos, la entrega y el secuestro de los trabajadores de su propia fábrica. Dichos actos represivos cuentan con, por lo menos, 60 personas afectadas y, hoy día, más de 30 desaparecidas.
Al día de la fecha se sabe, gracias a documentos publicados por el Programa Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que por lo menos 25 empresas grandes fueron partícipes del proceso represivo y sistemático, donde “se analiza el rol que tuvieron direcciones empresariales de veinticinco firmas de todo el país en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras, y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión”.
Estrategias para acelerar los juicios
Debido al paso del tiempo, los genocidas aún libres quedan sin condena o sentencia firme, ya que muchos mueren impunes, y las víctimas y familiares sin la reparación histórica que los procesos judiciales deberían garantizar. Es así que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación confeccionó un Plan Estratégico para contribuir en el avance del proceso de juzgamiento, lo que implica el seguimiento y denuncia en los casos de demoras judiciales.
“No podemos seguir teniendo un ritmo tan bajo de audiencias. No es justo para las víctimas, para los familiares y para la sociedad toda”, expresó el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien tiene como prioridad la aceleración de los procesos judiciales de memoria. El plan a su vez incluye el anexo de un cuerpo de peritos, con el fin de controlar los pedidos de prisiones domiciliarias, excarcelaciones y libertades condicionales.
También hubo un aumento de profesionales que ayudó al acrecentamiento del número de las causas en las que dicha Secretaría es querellante, presentándose 36 nuevas defensas, habiendo 258 activas. Además, se conformó, mediante la Asociación Federal de Inteligencia (AFI), una “Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos” que servirá para acceder y desentrañar los datos obtenidos sobre la última dictadura cívico-militar.
Publicidad de Ford. Archivo histórico.
Sin duda es necesario un plan estratégico para la aceleración de los juicios por la memoria, presentando políticas concretas para que el Estado tome las riendas para garantizar Memoria, Verdad y Justicia. Sin embargo, no hay que olvidar la complicidad (y autoría) de las grandes empresas, que activamente participaron en la sistemática persecución y violación de los derechos humanos en la República Argentina.
“Los hechos que se investigan en estas causas no son delitos económicos, sino delitos de sangre que fueron cometidos por actores económicos” (CELS).
Políticamente correcto, con excepciones. No solo soy del interior, sino que mis vecinos son vacas. Rompo la norma del estudiante de ciencia política vueltero e inentendible. Mis convicciones son fuertes: la patria es el otro.
Las Naciones Unidas designaron el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente con el objetivo de comenzar a discutir sobre la protección y la salud del medio ambiente, que “afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico en todo el mundo”. Al mismo tiempo, propusieron a los “gobiernos y a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que emprendan todos los años, ese día, “actividades de alcance mundial en las que se reafirme su preocupación por la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, con miras a profundizar la conciencia ecológica”.
De hecho, por esta fecha, todo el mes de junio fue establecido como el “Mes del Ambiente” o “medio ambiente” como se ha llamado por tantos años. Un concepto incorrecto y mal utilizado que carece de profundidad y análisis de los distintos modos de entender, discutir y luchar por el ambiente. La comprensión de los territorios debe ir mucho más allá de lo puramente “ecológico”.
Distintas organizaciones de comunidades indígenas han puesto en discusión nuestras formas de conceptualizar y presentaron un término que responde a una mirada integral de las problemáticas relacionadas al ambiente: el terricidio. Como expresaron las Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en su caminata de 1900 kilómetros por el país, terricidio engloba los conceptos de genocidio, epistemicidio, ecocidio y femicidios, transfemicidios y travesticidios.
La primera discusión radica en el cómo se analiza o se nombra al ambiente, la segundo podría ser cómo generar un cambio para detener el constante daño que la Madre Tierra sufre.
La lucha debe ser colectiva
Existe algo llamado “psicología ambiental” que -entre otros fenómenos- estudia la “metáfora del granito de arena”: el discurso que oculta el hecho de que las pequeñas acciones de unos tienen pequeños impactos, mientras que las de otros tienen grandes. Es un hecho que sectores de alto nivel jerárquico producen más daño que sectores marginados de las clases bajas, el 49% de las emisiones de carbono provienen del 10% más rico de la población, según indica un estudio de Oxfam. Para discutir sobre ambiente hay que reconocer las particularidades de cada territorio, por lo tanto, también, las características de cada población que los habita.
Caer en reduccionismos de activismos ecologistas individuales no hace más que contribuir a un discurso que limita la discusión a lo que cada une hace o deja de hacer, mientras que los grandes sectores de poder siguen aportando al daño ambiental global. Analizar nuestras acciones de forma individual y aislada remite a un consumo del “marketing verde” que descontextualiza las luchas y los efectos que cada territorio sufre: tampoco es lo mismo la lucha ambiental en Estados Unidos y Europa que en América Latina.
¿Cómo podemos hacer frente a estos discursos? Con educación ambiental y una comunicación responsable. Comprender las disputas políticas de los territorios resulta fundamental para un proceso de concientización y disputa ante los cambios climáticos que nos afectan a todes, pero en diferente medida.
Cambio climático
Nuestro país -y el resto de latinoamérica- se encuentra en una posición muy diferente con respecto a países más “desarrollados”: mientras que Estados Unidos se posiciona como uno de los países que más gases de efecto invernadero produce, la Argentina sólo genera el 0,6% del total mundial. Las lógicas consumistas del llamado “Primer Mundo” son de hecho las que peor afectan al planeta. Desde un mismo sector liberal se pone en un pedestal a estos países, mientras venden que el cambio está en cada une dejando de usar bombillas de plástico y separando la basura: el verdadero cambio lo deben hacer los del poder, pero sería contraproducente para los beneficios que obtienen. ¿Qué sentido tiene separar la basura en nuestras casas si después no sabemos que va a suceder con ella en manos de empresas que ni siquiera conocemos? Por dar un solo ejemplo.
Al mismo tiempo, como no todes generamos el mismo daño, no todes sufrimos las mismas consecuencias, el cambio climático no afecta de la misma forma a todo el mundo. El aumento de precipitaciones y sequías pueden afectar a muchas cosechas. Las familias productoras deberán estar preparadas para escenarios de este tipo, es por eso que una Ley de Acceso a la Tierra resulta urgente. Cada productore debe tener su pedazo de tierra para no ser desplazado por alquileres imposibles de pagar y que pueden finalizar por la pérdida de las cosechas. También, las precipitaciones generan inundaciones, la mala planificación urbana podría aumentar las consecuencias. Es necesario que se priorice la construcción de una infraestructura adecuada para estos impactos en barrios populares donde las pérdidas pueden ser sumamente graves.
Justicia ambiental
La justicia ambiental es un factor fundamental para poder modificar las bases de un sistema que no da respuestas a las demandas de los pueblos y sus territorios. Hablar de terricidio es también hablar de terricidas, que se institucionalice el término podría ser un primer paso para que efectivamente los responsables de incendios, mal tratamientos químicos en empresas y la instalación de proyectos extractivistas inviables sean juzgados y tengan consecuencias.
La inclusión en la discusión de grupos históricamente marginados como las comunidades indígenas y campesinas, las mujeres y las diversidades, y las clases trabajadoras debe ser prioridad para derrumbar y reconstruir un sistema que permita el acceso de estos sectores a la participación y toma de decisiones sobre los territorios que habitan.
El cambio es ahora, el cambio es colectivo. Mientras tanto, las riquezas del mundo seguirán marginando a los pueblos y destruyendo sus territorios. El planeta es uno, no pueden comprar otro.
Agustina Flores
Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
“Es una forma de decirnos a los que resistimos que esto no es una democracia sino que es una dictadura de una oligarquía que viene hace 70 años abroquelada en el poder y que no admite una oposición revolucionaria. Y se la toman con los niños, ni siquiera esa disputa se da entre adultos, sino que nos dicen: “¿Saben qué? Les tomamos a tus hijos, los matamos y nadie nos va a decir nada, es lo que nosotros creemos y nos jactamos en hacer, y encima queremos que todo el mundo nos aplauda” expresa Carmen Villaba, presa hace 17 años, militante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y madre de Lichita, niña de 15 años desaparecida desde el 30 de septiembre de 2020.
Lichita tiene una hermana melliza, Anita, ambas nacidas en cautiverio. El 2 de septiembre, en Paraguay, estaban de visita familiar junto a su tía Laura Villalba y sus primas argentinas María Carmen y Lilian Mariana, cuando estas últimas dos fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en un operativo de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (TPC). Lichita fue herida e intentó huir junto a Anita, Laura y dos adolescentes más. Luego de unos días, Anita y las adolescentes lograron escapar, Laura fue detenida y Lichita desapareció el 30 de noviembre de 2020.
Hasta el día de hoy, la búsqueda de Lichita y el pedido de Justicia para las dos niñas asesinadas configuran el escenario que se vive en tierras paraguayas, en el marco del gobierno de derecha de Mario Abdo Benitez. El terror está a la orden del día, se los saquea y violenta constantemente bajo las reglas de este proyecto neoliberal arrasador, pero como en toda ofensiva contra los pueblos, la resistencia parece no tener ánimos de retirada.
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¿Cuáles fueron los pasos para exigir Justicia?
La “independencia de poderes” acá no existe, actúan mancomunadamente unidos para de alguna forma dar crédito a este actuar fascista, feminicida, infanticida de un Estado; donde se encubren la fiscalía, el poder Legislativo y obviamente el Ejecutivo que llevó adelante este hecho luctuoso.
En la fiscalía, por ejemplo, después de las manifestaciones y presiones militantes, abrieron un expediente penal para investigar la ejecución de las dos niñas. Pero casualmente cuando las madres de las niñas hicieron llegar, vía cancillería, un poder para poder acceder mediante una abogada en ese expediente como víctimas, se les fue negada la posibilidad. Contrariamente a eso, abrieron causas penales en contra de las madres.
Ahí está la respuesta de la objetividad e imparcialidad de la justicia paraguaya.
¿Qué vas a hacer cuando salgas de la cárcel?
Mi tarea principal ahora es buscar a Lichita, buscar rastros, porque hasta ahora no tengo absolutamente nada que me lleve a saber qué pasó con ella. Tenemos indicios, versiones, comentarios, pero elementos fácticos que digan “Lichita está aquí, está allá o con Lichita pasó esto” no tenemos.
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ANRed
Carmen y su familia junto a distintas organizaciones sociales, especialmente la militancia revolucionaria, se están organizando para dar con el paradero de Lichita con o sin el poder judicial y las herramientas del Estado de su lado.
Se realizarán tres simposios que buscan convocar a figuras del ámbito militante para que analicen y discutan sobre la situación de Lichita, enmarcada dentro de un contexto de crimen de Estado. Las fechas serían el 30 de abril, el 30 de mayo y el 30 de junio, este último con una modalidad virtual y presencial que culminaría con el viaje hacia el territorio de desaparición de Lichita, Cerro Guazú.
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¿Cómo fueron tus inicios en la militancia?
Me incorporé a lo que entonces, en 1991, se llamaba partido Patria Libre, una organización política marxista leninista. Luego de un año y medio de militancia política, me remitieron a la célula clandestina porque Patria Libre tenía planteado llevar adelante todas las formas de lucha, y en ese compromiso y directrices, nos destinaron a conseguir fondos para la organización. En ese momento se planteaba agudizar las contradicciones con una oligarquía que venía desde hace décadas en el poder, primero sosteniendo una dictadura. Porque el Partido Colorado sostuvo 35 años de dictadura y de la noche a la mañana se volvió demócrata en un arreglo inter-burgués, se cambiaron la ropa militar por el traje democrático y fueron quienes llevaron adelante la democracia. El Partido Colorado hace 70 años está en el poder.
Es una comedia, es un formalismo, y las masas populares se vieron excedidas en el sentido de que ese formalismo vino a limitar la participación de más sectores de oposición dentro del Estado. Pero las condiciones económicas de la gran mayoría del pueblo pobre siguió sin cambios favorables. Las contradicciones propias del sistema capitalista hizo que sectores militantes consideren que la democracia burguesa no alcanza para cambiar de raíz las condiciones miserables del pueblo.
Fui parte de una célula clandestina y dentro de esa correspondencia, el Partido decidió en el año 2000 retener a la nuera de un ex Ministro de Hacienda del dictador. A mi se me encontró en ese operativo y me dieron una condena de 18 años que debo computar íntegramente este julio. Llevo 18 años en prisión. Después de toda esta situación, tuvimos una contraofensiva del Estado y la oligarquía paraguaya. Eso hizo que la dirigencia de Patria Libre liquidara el partido. Fueron exiliados y renegaron de sus compañeros que quedamos en prisión, de la militancia que quedó clandestina y de su base.
Era un partido político revolucionario marxista leninista que venía perfilándose dentro del área campesina porque su mayor caudal militante era campesino. El Ejército del Pueblo Paraguayo surge de la iniciativa de compañeros que quedaron después de que la dirigencia liquidara al partido. Varios compañeros jóvenes sueltos, sin organización y en condiciones de clandestinidad y persecución, tomaron la decisión de irse de la ciudad al campo, el lugar de origen de la mayoría de ellos, y allí fundaron el EPP.
Tengo dos hermanos allí, de ahi la persecusión y el ensañamiento hacia mí, hacía mis hermanas, madre, sobrinitos que se vieron obligados a migrar en el 2010 después del asesinato de mi hijo. Tengo un hijo asesinado en el 2010 de 12 años y que no fue muerto cerca del Cerro Guazú o en otra zona de conflicto, sino que camino a su escuela. Un niño que realizaba su tarea y vida normal como cualquier otro niño. Esto demuestra que en realidad, la oligarquía paraguaya no mide y no le importa el lugar en donde están nuestros niños, sino que donde están, se les va y asesina.
Mi familia se exilió en el 2010. Ahí fueron a vivir mis dos mellizas que nacieron en la cárcel. Esta es la historia trágica de mi familia, por eso decía que se sitúa en un contexto de lucha de clases. La persecución y ensañamiento hacia mi familia no es por el apellido necesariamente, sino porque son familias de militantes revolucionarios.
¿Hay posibilidad de disputa y unidad con otras organizaciones que hoy estén disputando el escenario electoral?
Yo creo en la necesidad de lograr esa unidad del campo militante, pero sobre proyectos revolucionarios que no se limiten a la parte electoral. Es una de las dificultades que tenemos en Paraguay. La gran mayoría de la militancia del campo popular se distrae mucho con la parte electoral y no trabaja el otro factor que es muy importante: la elevación de consciencia del pueblo y su militancia. Nos habituamos al viejo esquema de los partidos de derecha, que solo llaman al pueblo a la participación o a la movilización política en términos electorales y en tiempos electorales. Los otros tiempos no se utilizan para la formación y elevación de consciencia del pueblo que es muy importante, hasta diría determinante, para que el pueblo vaya comprometiéndose con programas y proyectos revolucionarios que realmente lo lleven a organizarse dentro de organizaciones políticas revolucionarias que le garanticen esa independencia política de la clase dominante, de la oligarquía paraguaya.
¿Qué nos podes comentar del panorama político en Paraguay y Nuestra América?
Creo que los Estados y sistemas democráticos burgueses en Nuestra América están agotados porque de alguna forma cuando surgieron las democracias, surgieron en confrontación revolucionaria con los estados feudales y, como todo Estado y desarrollo social, llega a un punto en el que cumple su ciclo y debe dar entrada a nuevas formas de organización social.
El ser humano no debe conformarse con comer más o menos bien, con vivir más o menos bien, sino que creo que tenemos que centrarnos y tener como meta la restitución humana del ser humano, sobretodo de la clase obrera y campesina. Eso no puede darse en una sociedad capitalista que tiene como motor principal para su desarrollo, la explotación del hombre por el hombre, porque el obrero por mas que tenga un buen salario, es un hombre o mujer explotada que vive de la venta de su trabajo y es considerado una mercancía por el capitalismo. Desde una concepción marxista leninista, pretendemos la humanización del ser humano, que no significa vivir más o menos bien y seguir siendo un humano explotado. Creo que la humanidad tiene que aspirar más que eso.
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Jorge Saenz
La persecución judicial y las detenciones a militantes políticos es moneda corriente. Los movimientos campesinos suelen ser los más amedrentados por estar directamente involucrados en la matriz productiva del país que los expulsa del campo y los empuja cada vez más a la ciudad, sin ofrecer amparo alguno y generando cada vez más marginación y pobreza en estos sectores. Pero también, encontramos movimientos como el estudiantil que luego de campañas como la del Arancel Cero para la educación superior y movilizaciones exigiendo mayor presupuesto educativo, sufrieron represiones policiales y detenciones arbitrarias. Esto se evidencia con la criminalización de la protesta que tiene como blanco actualmente a les estudiantes Vivian Genes, Luis Trinidad y Pedro Areco -hoy con arresto domiciliario-, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, declarados en rebeldía y con orden de captura.
Las herramientas del gobierno neoliberal se están agotando y los pueblos se están levantando. Hace tiempo se llegó al punto de ebullición y la sociedad paraguaya junto a sus movimientos y luchas no tiene más alternativa que resistir.
Los asesinatos de Lilian Mariana y María Carmen, ratifican el carácter infanticida del Estado paraguayo. El gobierno de Abdo Benitez, en su ambición desmedida de continuar y profundizar el proyecto neoliberal y fascista instalado con la última dictadura stroessista, expone los cuerpos de dos niñas como trofeo de guerra y se niega a encontrar con vida a Lichita ¿Hasta cuando la derecha seguirá manchando sus manos de sangre con las vidas de los pueblos? El tiempo y la militancia lo dirán.
“Quería despedirme haciendo un llamado al campo popular latinoamericano y paraguayo a que se unan a esta causa que es la búsqueda de Lichita. Si hoy no alzamos la voz en contra de las desapariciones forzadas que llevan adelante los Estados, es probable que esto sea el inicio de una práctica terrorista infanticida, desaparecedora de niños y niñas. Llamarles a que de alguna forma participen de los simposios, de los conversatorios militantes, si pueden solidarizarse, respaldar, ayudar con la búsqueda de Lichita” finaliza Carmen.
Agustina Flores
Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia. Mi inconstancia en la entrega de notas, es mi constante; pero cómo se sabe le que abandona no tiene premio y suelo ser bastante obstinada. No reniego de eso porque en definitiva, esta apuesta es colectiva.
La llamada “historia oficial” de los pueblos nos acostumbró a escuchar un relato que dice buscar la integralidad, pero que, por el contrario, está inundado de eslabones perdidos. La porción de la historia de los vencedores es la que solemos conocer en más profundidad, pero como todo recorte, tiene un propósito, en este caso uno político.
Hay una razón detrás del porqué las avenidas principales de la mayoría de las ciudades del país llevan el nombre de Julio Argentino Roca, hay una razón detrás del porqué vemos en los billetes de 100 pesos una imagen de la mal llamada -porque de desierto no tenía nada- “Conquista del Desierto”. Hay una razón política y es el ocultamiento de las violaciones a las vidas y derechos de las comunidades indígenas para avalar las atrocidades que el Estado hizo a cambio de poder, poder sobre el territorio, poder sobre los cuerpos, poder sobre el conocimiento. Genocidio indígena son las palabras que se deben emplear para hablar de estos hechos, y que fue, ni más ni menos, que el primer genocidio perpetuado por el Estado argentino.
“Hubo campos de concentración, cambios de identidad, torturas, secuestros de niños y mujeres, se los esclavizó, a otros se los mató o se los encarceló. Eso configura un genocidio y ese genocidio no ha tenido reparación, no ha sido reconocido socialmente, porque implica también reconocer que la mayor parte de la sociedad de Argentina es indígena”, nos comentó Orlando Carriqueo, Werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro, trayendo la discusión a la luz y sacándola de la oscuridad que los condenó a vivir en la marginalidad durante tantos años.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió al término genocidio en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1946, y como mencionó Carriqueo, el Genocidio Indígena se encuentra reflejado en esta definición: “Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo”.
El Genocidio
Cacique Villamain (buitre de oro) con su familia y mujeres de la tribu en sus tolderías e inmediaciones de Ñorquín. Diciembre de 1882.
Durante la “Conquista del Desierto” y otras campañas a lo largo y ancho del país, vimos cómo los actos previamente mencionados se perpetuaron en manos del Estado.
Los asesinatos fueron muchos y en algunos casos quedaron registros de ellos. Un ejemplo fue el de la “matanza de Pozo del Cuadril” en noviembre de 1878, en donde un grupo de familias se acercaron a Villa Mercedes (San Luis), para cobrar lo que se les debía por un tratado de paz con el gobierno federal, en el que se les ofrecieron recursos a cambio de la reducción de espacios de cacería, pastoreo y siembra de las comunidades. Sin embargo, el encuentro se dio de forma violenta e inesperada, las mujeres y niñeces fueron esclavizades y llevades hasta Tucumán, y los 70 varones restantes fueron fusilados.
Las comunidades no solo tuvieron que sufrir asesinatos a sangre fría, sino que las huidas para evitar ese final eran extremadamente difíciles de soportar por la limitada resistencia de los cuerpos. Al mismo tiempo, las huidas representaron el abandono forzoso de sus territorios y, por lo tanto, de sus identidades, perdiendo así el rastro de sus raíces.
Otro hecho muy recurrente era el de someter a las comunidades a travesías a pie de cientos de kilómetros, para trasladarles de sus tierras a las ciudades para su concentración y distribución a pedido de empresarios para el trabajo en cultivos, obras públicas, obrajes, entre otras.
Recorte del diario La Nación. Octubre 1878.
Los esfuerzos físicos y mentales que sufrían al trabajar como esclaves y al caminar incontables kilómetros sin descanso, no fueron las únicas causas de la muerte de la mayoría de ellos. La “civilización” traía con ella enfermedades que contagiaron a indígenas condenándoles a la muerte. Un caso registrado es el de les indígenas trasladades a la isla Martin García, donde el libro de defunciones de la parroquia indica que en cinco meses fallecieron 234 a causa de la viruela.
El distanciamiento entre miembros de una misma familia y/o comunidad no se daba arbitrariamente. Se buscó impedir la reproducción de las comunidades indígenas para que sus identidades queden en el olvido. “Lo que debemos hacer es llevar gente que establezca el cruzamiento con los indígenas para que se pierda por completo la raza primitiva […] El resultado que nosotros queremos [es] suprimir la gente salvaje de una generación a la otra”, declaró el diputado nacional Manuel Cabral en el 1900.
El secuestro de niñes y bebés se suma a la propuesta del diputado Cabral. Bajo el discurso de salvar a les niñes, estos eran distribuides en familias para ser futuros “criados”, se les borraban sus nombres nativos y se los reemplazaba por uno “cristiano”. Al ocultar su identidad, su restitución fue y es prácticamente imposible.
La lucha indígena en la actualidad
Hoy nos encontramos con un escenario diferente pero que sigue dejando mucho que desear. Si bien se avanzó en materia de derechos en relación a las comunidades indígenas, vemos como los dueños del poder siguen atentando contra sus territorios para utilizarlos bajo su beneficio. Benetton es un claro ejemplo de esa situación, el gran empresario italiano ocupa ilegalmente territorio ancestral de comunidades y nunca se le reclamó nada. De hecho, tiene aprisionado al Lago Escondido y dificulta la supervivencia de comunidades aledañas por los difíciles accesos para conseguir recursos.
También encontramos a personajes políticos guiados por lógicas neoliberales que siguen respondiendo al recorte de la historia oficial y, por ejemplo, asesinan a Rafael Nahuel y Santiago Maldonado por la espalda. Y para acompañar estos hechos, siguen fomentando la imagen del indígena como violento, perpetúan discursos discriminadores que los medios de comunicación venden como moneda corriente.
La deuda del Estado para con las comunidades indígenas está lejos de ser saldada. Sin menospreciar leyes como la 23.302 que busca garantizar los derechos a la tierra, a la educación, a la salud y a la participación de las comunidades, todos los conflictos llevan a la misma situación. Hasta que no se reconozca al genocidio indígena como genocidio y como el primero de Argentina, no es posible una reparación de sus identidades e historias.
“A partir de un reconocimiento del genocidio y de la construcción social de la Argentina, se pueden dar pasos para empezar a reparar y que estos discursos de odio no tengan tanto sostén como lo están teniendo”, finalizó Carriqueo.
Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
Según un informe de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), la lista de muertos y heridos de bala consta de 102 nombres y con el transcurso de los días se siguen sumando. Estos hechos fueron catalogados como gatillo fácil: todos fueron efectuados por efectivos de distintas fuerzas policiales, tanto de la Provincia de Buenos Aires como del resto del país.
Domingo 20 de septiembre
La comisaría responsable que está en el centro de la escena por la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro recibió otra denuncia por violencia policial. Esta vez una joven de 20 años sufrió una golpiza en horas de la madrugada. Su madre, Luciana Giménez, publicó un video en sus redes sociales en el que cuenta que su hija salió el domingo con amigues y al regresar a su casa se asustó al ver uniformados; intentó pedir ayuda en otra casa, pero sus ocupantes al sentir golpes en la puerta también tuvieron temor y llamaron a la policía. En ese momento, la acusaron de querer entrar a esa vivienda para robar, la detuvieron y la sometieron a una brutal golpiza.
Su madre realizó un repudio enérgico contra la policía de ese pueblo. “Ahí están los policías que detuvieron a Facundo Castro, eso ya te quema en la cabeza”, denunció. “¿Quiénes se creen que son para golpearla así? No les tengo miedo, los voy a enfrentar como hizo Cristina Castro. Si me la mataban, no me la iban a devolver. Golpean a los pibes con problemas de drogas, no hay dónde denunciar, esto es tierra de nadie”, agregó.
La secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires está interviniendo en el caso, al igual que integrantes del Ministerio de Seguridad, que iniciaron de oficio una investigación en Asuntos Internos. Según pudo trascender, la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional de la subsecretaría de Derechos Humanos pidió desafectar al policía identificado, algo que aún no se concretó. A su vez, fuentes de esa dependencia provincial explicaron que le “están ofreciendo contención psicosocial desde la Dirección de Programas para el Desarrollo Sociocomunitario en articulación con los equipos de control de adicciones de Salud de Bahía Blanca”, pero indicaron que la familia no respondió
Sin embargo, la familia aseguró que están solos en su lucha. “Si los pibes hacen cosas que no deben es porque necesitan ayuda, no golpes, las instituciones no se hacen cargo, nadie nos ofreció algo para internar a mi hija”, explicó Luciana Giménez. Y se dirigió a un policía que es de Pedro Luro pero trabaja en Buratovich y a su compañera, a quien acusó de pegarle un puñetazo en la cara a su hija: “Los quiero presos”.
El accionar violento por parte de la policía bonaerense es una constante desde hace ya muchos años. Es necesario entender que estos hechos cobran mayor legitimidad a partir de la doctrina Chocobar, uno de los rostros más represivos del gobierno de Macri. Ideas que hoy lamentablemente perduran, tanto en el imaginario social como a lo interno de la policía bonaerense y los diferentes cuerpos de seguridad del país.
La ola de violaciones a los derechos humanos por parte de los efectivos de seguridad deja en evidencia que se necesita de manera urgente una reforma integral de las fuerzas de seguridad, para que cese la violencia y la criminalización de la pobreza.
El hostigamiento, la persecución, las golpizas, los asesinatos y las desapariciones forzadas -en muchos casos seguidas de muerte- tales como la de Jorge Julio López hace 14 años y la de Facundo Astudillo Castro en abril, muestran la urgente necesidad de una reforma al servicio de la democracia, y principalmente para que no tengamos que lamentar ningune pibe menos asesinade por la policía.
Domingo 27 de septiembre
Pasada la medianoche del sábado Leandro Matías Sánchez de 21 años iba en el asiento acompañante de un Renault 9 rojo. Con él iban tres personas más, todes militantes de la CTD Aníbal Verón y la Corriente Nuestra Patria. Se dirigían en dirección a San Vicente por Ruta 210. A corta distancia los seguía un Fiat Palio blanco, integrado por cuatro personas que resultaron ser efectivos policiales de la Provincia de Buenos Aires, en carácter de civil. En la parada de un semáforo el Palio frenó, descendieron dos policías y abrieron fuego sin ninguna explicación.
“Nicolás, que es el chico que venía manejando, ve esa situación y trata de dar marcha atrás y maniobrar para escapar. Ahí se dan cuenta que Leandro estaba herido”,aseguró Fernanda Pereyra, abogada militante de la CNP.
Todo esto ocurrió a metros de una garita policial por lo que las cámaras grabaron el hecho y así pudieron corroborar que se trataba de cuatro policías de la bonaerense. A Leandro lo llevaron hasta el hospital de Guernica con una herida grave debajo del brazo. Más tarde sabrían, por medio de testigos, que el Palio los había seguido hasta el hospital. El joven fue trasladado al nosocomio de San Martín ya que la operación era de alta complejidad. Lograron salvarle el brazo y se encuentra estable en terapia intensiva.
Sus compañeros fueron trasladados al destacamento policial de Guernica, donde les tomaron declaración, y luego de varias horas, entre golpes y verdugueos -alrededor de las 6 am- los liberaron. Intentaron confundirlos al decirles que estaban dando declaraciones contradictorias cuando no fue así. Los cuatro policías fueron detenidos y llevados a indagatoria para tomarles declaración. Están a la espera de que se proceda con la correspondiente detención. La carátula con la que se les imputa es homicidio en grado de tentativa, doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser funcionarios públicos.
Espionaje ilegal a organizaciones políticas y sociales
Durante los últimos días salió a la luz la investigación que lleva adelante el periodista Ari Lijalad (El Destape), en torno al espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se llevó adelante bajo el ala de Mauricio Macri. En el informe aparecen datos personales e información sobre la orientación política y el despliegue territorial de decenas de organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos.
El Proyecto AMBA, que consta de 9 bases de la AFI desplegadas por toda la provincia y con Pablo Pinamonti a la cabeza, se encargó, a partir de 2017, de investigar y proporcionar información sensible -a los altos mandos del gobierno- sobre dirigentes políticos, referentes sociales y hasta manifestantes de diferentes organizaciones. Se trata de un espionaje político que incluye hasta comedores comunitarios o familiares de militantes políticos y sociales.
El juez federal Alejo Ramos Padilla es quien encabeza la investigación y hace pocos días motorizó el procesamiento a Pablo Pinamonti, que será llevado a indagatoria la semana próxima junto a los máximos responsables de la AFI y el Proyecto AMBA. Estas bases fueron creadas con la supuesta intención de combatir el narcotráfico y la trata de personas. Hoy podemos afirmar que los recursos del Estado fueron utilizados para espiar a la oposición durante las elecciones de 2017. ¿Es errado suponer que la información recolectada durante ese periodo hoy se esté utilizando para la persecución y hostigamiento de militantes sociales y políticos? ¿Cómo se explican si no los diversos ataques a organizaciones sociales por parte de la policía bonaerense?
Días previos al ataque perpetrado contra Leandro, en la zona de Guernica, donde funciona uno de los comedores de la CTD Anibal Verón -organización que aparece en la listas de espiados por el macrismo-, uniformados irrumpieron y golpearon a tres compañeras militantes de esa organización. Sabemos que la situación en Guernica es grave debido a las tomas que se están realizando, y que se planea el desalojo de las 2500 familias que actualmente se encuentran en el predio en reclamo de una vivienda digna. Desde la CTD Aníbal Verón aseguran que no son partícipes de la toma, al contrario del discurso que muchos medios intentan instalar.
Asimismo, las demandas por viviendas dignas son un política que muchas organizaciones sociales y partidos políticos llevan adelante: la situación habitacional es grave ya que miles de familias se encuentran en situación de calle por los designios de la pandemia y la respuesta no puede ser la represión. El Estado debe facilitar políticas públicas que tengan como objetivo la articulación y el trabajo conjunto con los diferentes espacios políticos que hoy se encuentran en lucha.
A diferencia de la idea que construyen muchos medios opositores, no se trata de una usurpación con el objetivo de tomar posesión y vender lotes, sino de suplir derechos básicos que han sido arrebatados por las políticas del macrismo. Seamos realistas ¿Quién tiene ganas de vivir en una “casa” de cuatro palos, unas chapas y nylon? Es inhumano. Hoy a nivel nacional existe un gobierno que pretende construir un Estado responsable, pero hay funcionarios opositores que desde sus cargos intentan revertir esta situación, y existen intereses particulares que están interfiriendo en las demandas sociales urgentes. ¿Como explican sino la concesión de terrenos en la zona de constitución al Grupo Clarín, bajo cifras irrisorias? Se trata nada más y nada menos que del referente cambiemita Horacio Rodríguez Larreta. Para los ricos y poderosos los lotes aparecen, pero a los pobres los desaparecen.
Juan Martín Palermo
Nací en Mendoza hace algunos años y ahora vivo en la ciudad de las diagonales. Pienso que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Me gusta viajar, tomar vino en la montaña y soy hincha de Boca.
Para que las ideas no mueran hay que escribir, pero como el lenguaje es un universo lleno de palabras muertas y consejos de la RAE; prefiero hablar desde un léxico más revolucionarie.
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