Ley Bases en el Senado: Como se votó capítulo por capítulo

Ley Bases en el Senado: Como se votó capítulo por capítulo

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Luego de una maratónica sesión, que estuvo marcada por una fuerte represión fuera del Congreso, la Cámara Alta aprobó el paquete fiscal en general, y contó con 37 adhesiones y 35 rechazos. Las divisiones que sufrieron modificaciones o fueron rechazadas son Ganancias, Bienes Personales, RIGI, moratoria previsional y privatizaciones. La Cámara Baja de origen podría aprobar los cambios o insistir con la redacción original.

En una sesión marcada por la alta presencia y represión de las fuerzas policiales y de gendarmería en las inmediaciones del Congreso, tras casi 21 horas, el Senado de la Nación aprobó la Ley Bases, un proyecto impulsado por el oficialismo. Tras una primera votación que terminó en un empate de 36 a favor y 36 en contra, la vicepresidenta Victoria Villarruel ejerció su voto de desempate y garantizó el progreso del paquete legislativo. El Gobierno realizó múltiples concesiones para asegurarse una aprobación en general.

De esta manera, luego de la votación los senadores procedieron al debate en particular y al tratamiento del paquete fiscal, abordando capítulo por capítulo. En este proceso, se decidieron una serie de medidas que impactarán directamente en la economía, el ambiente y la gestión administrativa de Argentina.

 Capítulo por Capítulo: ¿Qué es lo que se votó?

El Capítulo 1, trato la Delegación de facultades para el mandatario libertario Javier Milei, allí el Senado aprobó la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, específicamente para Milei, con 35 votos a favor y 35 en contra, resolviéndose nuevamente gracias al voto decisivo de Villarruel. Este título permitirá al Ejecutivo actuar en materias de emergencia según lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Cabe destacar que los senadores santacruceños Natalia Gadano y José Carambia (que habían dicho que no darían quórum para la Ley Bases), se levantaron de sus bancas y se fueron del recinto luego de la aprobación de la ley en general.

Luego, en el Capítulo 2 se debatió sobre las Privatizaciones de empresas públicas. En este punto se discutió y aprobó la privatización de empresas públicas, excluyendo a entidades como Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, con otro desempate de Villarruel luego de dos empates sucesivos y en el que los senadores radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad votaron en contra. Cabe señalar que minutos después de terminar la sesión, mediante el Boletín Oficial, el Gobierno declaró la emergencia ferroviaria y gracias a esta Ley Bases, los trenes podrían privatizarse.

En tanto, el Capítulo 3 acaparó los Contratos y acuerdos transaccionales, en su votación hubo 37 votos a favor y 33 en contra, asegurando la aprobación de las mismas. Luego en el Capítulo 4 estuvo la Promoción del empleo registrado, que pese a las divisiones, se aprobó con 37 votos afirmativos y 33 negativos, luego de una segunda votación de ratificación.

Con respecto al Capítulo 5 se debatió sobre la Modernización laboral, allí el Senado la aprobó con 37 votos a favor y 33 en contra, destacándose la exclusión del Artículo 96 que deroga el estatuto del viajante detallado en la Ley N° 14546.

Luego sería el turno del Capítulo 6 abocado a Energía que con 37 votos a favor y 33 en contra, el Senado lo aprobó como parte fundamental de la Ley Bases y casualmente no tuvo cambios. De esta manera, se aprobó la desregulación del mercado energético, es decir, el fin de la prioridad al mercado interno, la libre exportación y el acople de precios locales con los internacionales

Otra discusión clave que trató el Senado fue el Capítulo 7, allí se debatió el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La votación tuvo 38 votos a favor y 32 en contra, por lo que fue aprobada con el detalle que tuvo tres votos de Unión por la Patria, de los senadores Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés. El Gobierno hizo cuatro cambios, ya que se redujeron los sectores elegibles para entrar al RIGI, selección de proveedores locales, cobros de exportaciones y modificaciones en los VPU.

Con respecto al RIGI, en diálogo con Radio Trinchera, la economista Clara Razzu señaló: “Esta aprobación no nos garantiza el ingreso de valor agregado o de inversiones productivas que genere más empleo, nos garantiza la salida de recursos naturales”.

En cuanto a la Reforma previsional, tratada en el Capítulo 8, el Gobierno cedió ante la oposición y decidió eliminar el Título VIII, que establecía el fin de la moratoria previsional. Por consiguiente el Capítulo 9 trató las Medidas fiscales para el tabaco que obtuvo 33 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones. Esta decisión se tomó tras la eliminación del capítulo 8, que versaba sobre la reforma previsional.

En la última etapa del debate legislativo, el Senado aprobó el Capítulo 10 que refiere a las Disposiciones Finales de la Ley Bases, enfocado en medidas fiscales. La votación registró 36 votos a favor, 32 en contra y una abstención, marcando el cierre de un proceso intenso de deliberación.

Por otro lado, particularmente la votación tuvo como sorpresa los temas de Bienes Personales (B.P), ya que luego de aprobarse por unanimidad el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, más el blanqueo de capitales, el título de B.P del dictamen de mayoría se rechazó con 37 votos contra 35 positivos.

Luego en la misma línea, se dio la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias que ya tenía como destino la derrota. Su votación dio 41 votos negativos contra 31 positivos. De esta manera, al oficialismo no le alcanzó con la exención del 22% dispuesta para las provincias de la Patagonia.

Finalmente, quedaron sentados los cambios extra en la reorganización administrativa del Estado, privatizaciones, la reactivación de la moratoria jubilatoria y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Ahora, la Cámara baja tendrá la definición de su sanción, ya sea para ratificar lo avalado o insistir con la versión original.


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Diputados: se envió el paquete de reforma fiscal con cambios en ganancias y monotributo

Diputados: se envió el paquete de reforma fiscal con cambios en ganancias y monotributo

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El Gobierno nacional envió al Congreso, con entrada por Diputados, el proyecto de paquete fiscal que incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias, Monotributo, Bienes Personales, moratorias, y prevé un blanqueo de capitales. El objetivo principal es dejar sin efecto la reforma aprobada a finales del año 2023.

A mitad de esta semana, el Gobierno nacional liderado por Javier Milei envió un paquete de reforma fiscal al Congreso y confía en que esta vez será aprobado. El punto más relevante de este proyecto marcha por la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse esta ley, el mínimo no imponible será de 1.8 millones de pesos para los solteros, mientras que para los casados con hijos será de 2.2 millones de pesos, con una primera escala del 5% en ambos casos.

En principio, el escrito oficial con entrada por Diputados, rechaza la aplicación de otros regímenes especiales sobre el Impuesto a las Ganancias, por lo cual pasará a llamarse Ingresos Personales. “Se establece que no resultan aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes –generales, especiales o estatutarias, excepto las contenidas en la ley del gravamen y en la antes mencionada Ley 26.176–, decretos, convenios colectivos de trabajo”, expresa el documento.

Para tales cambios el informe argumenta que “el sistema fiscal argentino registra una de las mayores tasas de presión fiscal en el mundo cuando se analiza el sector formal de la economía. La existencia de numerosos impuestos distorsivos dificulta y margina a muchos individuos, empresas y emprendimientos del sector formal”. “Eso derivó en un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de estas empresas, que perjudicó ampliamente la recaudación fiscal”, sostiene el proyecto.

De esta manera, la reforma fiscal propuesta por el Gobierno nacional incluye también la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, el impulso del Régimen de Regularización de Activos y las modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.

En consonancia, el proyecto impulsa la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, los nuevos pisos, actualizaciones y escalas del Impuesto a las Ganancias, la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor y la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

El objetivo del oficialismo es gestionar el proyecto la próxima semana en un plenario de comisiones, además de que sea discutido en paralelo con la Ley Ómnibus, ya que esta última será reflotada mediante un nuevo dictamen en base al texto que cayó en febrero. Este tiene más de 279 artículos y contiene las privatizaciones, las desregulaciones económicas y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). También está compuesta por la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, y la delegación de facultades al Ejecutivo.

Para lograr los votos en el Congreso (tanto en Diputados como en el Senado), el ministro de Interior, Guillermo Francos, encabezó una serie de reuniones con gobernadores dialoguistas, en principio estuvo con Claudio Vidal (Santa Cruz). Luego viajó a la capital santafesina para participar de la asunción del presidente de la región centro. Allí participaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y luego tuvieron un encuentro con el integrante del Gabinete.

Además, el ministro de Interior hizo acto de presencia en la provincia de Santiago del Estero y se reunió con Gerardo Zamora para afianzar un acuerdo legislativo para el Senado. El miércoles de la corriente semana, Francos recibió en su despacho a los diputados del bloque de Innovación Federal, que se compone de cuatro legisladores de la provincia de Misiones, tres de Salta y uno de Río Negro.

Los puntos más importantes del Paquete fiscal esbozado por Nación

En principio algunas de las modificaciones que plantea el proyecto Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes son: Impuesto a las Ganancias, allí, se elimina la eximición de la cuarta categoría y se establecen escalas, contemplando la ganancia neta imponible mensual acumulada. Asimismo se contempla que “los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior”.

Con respecto al “Blanqueo de capitales” quieren establecer un Régimen de Regularización de Activos para personas residentes y no residentes con un plazo hasta el 30 de abril del 2025, con la posibilidad de prórroga hasta el 31 de julio del 2025. Los individuos que pueden ser sociedades, “quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones”, detalla el Proyecto.

Sin embargo, no pueden participar funcionarios (ni sus familiares) del Poder Ejecutivo, Legislativo ni Judicial en órdenes nacionales, provinciales o municipales; tampoco personal diplomático, autoridades universitarias

En tanto a los “Impuestos de Bienes Personales” el proyecto propone la creación del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, que apunta a reducir la tasa máxima de 2,25% hasta el 0,45%. Asimismo, el primer pago no podrá ser de menos del 75% del total del impuesto y los contribuyentes que opten por adherirse al régimen “gozarán de estabilidad fiscal hasta el año 2038 respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales y de todo otro tributo nacional”.

Por otra lado, el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, el informe plantea la derogación del Título VII de la Ley N° 23.905 que establecía “en todo el territorio de la Nación un impuesto que se aplicará sobre las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país”.

Por último, el documento propone dos regímenes, el primer de ellos es el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que tienen el objetivo de “garantizar a los contribuyentes y consumidores transparencia total sobre la carga tributaria efectiva que recae sobre los productos y/o servicios” se establecen una serie de consideraciones a discriminar en las documentaciones de las operaciones y se solicita que, en caso de ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios, se debe “indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado”.

Luego, está el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que buscará constituir un esquema “más eficiente para los contribuyentes y para el erario público”. En este sentido, unas de las consideraciones es establecer como primera categoría un tope para los ingresos brutos anuales de hasta $6.450.000, un patrimonio de superficie física de hasta 30 metros cuadrados, un consumo de energía eléctrica anual de hasta 3.300 KW y un piso de monto de los alquileres devengados de hasta $1.050.000. 


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El gobierno se prepara para una nueva Ley Ómnibus

El gobierno se prepara para una nueva Ley Ómnibus

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Ante el fracaso de su primera edición, y sumado al revés que sufrió el aún vigente DNU 70/23 este jueves en el Senado, LLA prepara una reedición de su ambicioso proyecto reformista. Con una pronunciada bajada de tono, el oficialismo apunta a un documento que sea mas “aprobable”.

Si hay un punto chocante entre el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y el resto del arco político, son las formas mediante las cuales esta coalición gobernante intenta llevar adelante las reformas que creen necesarias. “Estoy de acuerdo con que la Argentina necesita reformas, pero tenemos que discutirlas una por una”, es una frase muy consensuada, tanto en la tratativa de la Ley “Bases”, ya rechazada hace varias semanas, como durante la sesión que se llevó adelante este jueves en el Senado donde se rechazó el DNU 70/23, pilar estructural del gobierno, que pese a que sigue vigente, pareciera tener los días contados.

Evidentemente, más allá de que para el afuera el presidente Javier Milei se muestre intolerante, hay algo que por necesidad, y porque -por suerte- el sistema republicano funcionaría, LLA debió cambiar. El sistema político hizo lo suyo y es evidente que Milei deberá aprender a consensuar y arreglar si no quiere colapsar. Es la demanda básica de los máximos dirigentes, como así se lo han dicho desde aliados hasta opositores (entre ellos varios gobernadores).

“Por supuesto que este (DNU 70/23) es un manual con un montón de agujeros jurídicos horribles, que deberían mejorar la técnica legislativa, por supuesto que es así, pero que le estamos pidiendo a una gente que nuca hizo política”, argumentó el senador Luis Juez, en un intento de defender o restarle culpabilidad a la ejecución del DNU por parte de LLA. Independientemente de las intenciones, las palabras de un senador que pese a lo dicho, votó a favor de que el DNU siga vigente, sintetizan la demanda básica que el resto de la política le hace a Milei.

Por esto mismo, la nueva Ley Ómnibus, sin dejar de ser ambiciosa, conectaría alguna demanda actual y se limitaría tanto en su cantidad de artículos, como en el fino de cada uno. Un ejemplo de ello es el capítulo de privatizaciones, en donde las aspiraciones pasarían de 41 empresas a 12. Algunas de las empresas que se encontrarían listadas en el anexo primero son Aerolíneas Argentinas, Enarsa y Radio y Televisión Argentina.

Al mismo tiempo, el nuevo texto aclararía: “Las empresas listadas en el Anexo II sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. En esa lista estarían: AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Yacimientos Carboníferos Río Turbio YCRT, Corredores Viales y Ferrocarriles Sofse, Nucleoeléctrica Argentina SA (Atucha I y II), Banco Nación y Arsat.

Pese a que aún la información difundida no es precisa sobre cuáles son las empresas que entrarían en una categoría y otra, se difundió que el Banco Nación estaría en el anexo, debido a que el oficialismo “comprendió” la negativa social a que esta entidad sea privatizada, así como sucedió con YPF, que ya funciona en el sistema híbrido público-privado, y que no solo no figura ahora, sino que tampoco figuraba en la primera edición de Bases.

Por otra parte, ante el faltazo que pegó el oficialismo para discutir una nueva ley de movilidad jubilatoria, el texto propondría que los aumentos que perciba el sector más longevo de la sociedad este atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un 10% de sobrecargo. Sin embargo, esto no resolvería la verdadera problemáticas de fondo que es el poder adquisitivo. Tanto el sector jubilatorio como los trabajadores, y básicamente toda la población argentina, necesita una subida salarial por encima de la inflación, ya que el poder adquisitivo se redujo bruscamente con las medidas económicas tomadas desde el día tres de gobierno por el ministro de Economía, Luis Caputo. Todas ellas, hasta la última inclusive (destrucción de tazas en los plazos fijos), están orientadas a licuar el peso argentino y el poder adquisitivo.

El texto también comprendería una nueva moratoria impositiva, la modificación a los impuestos internos al tabaco y la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. Pese a que LLA se jacta de pretender “aliviar la presión impositiva”, más allá de la eliminación del último impuesto nombrado, un artículo pretendería que vuelva el impuesto a las ganancias, lo que significaría un nuevo golpe a la clase media. Allí se aclara que se valorará la progresividad en torno a la alícuota que cada contribuyente facture. Restará ver que criterios serán propuestos en ese sentido.

Aumenta todo, menos el salario

Como ya se nombró, muchas de las cuestiones planteadas suenan agradables al oído, pero de no existir una verdadera recomposición salarial que le devuelva a los argentinos el poder adquisitivo perdido en los últimos tres meses (igual al perdido en los últimos diez años), lo único que se acentuará será una pobreza estructural que hoy toca al 60% de la población. En ese sentido, se pretende el aumento del monotributo, con una base de 13 mil pesos para las categorías A, B y C. Las demás categorías quedarían de la siguiente forma: Categoría D 16.400; Categoría E $19.000; Categoría F $22.000; Categoría G $25.000; Categoría H $29.000; Categoría I $33.000; Categoría J $38.000;  Categoría K $44.000.

Congreso: UxP presentó proyectos para congelar sueldos de altos cargos y ampliar la asistencia alimentaria

Congreso: UxP presentó proyectos para congelar sueldos de altos cargos y ampliar la asistencia alimentaria

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El bloque de diputados de Unión por la Patria elaboró dos proyectos de ley. El primero tiene como objetivo rechazar el aumento de los sueldos de los altos cargos de los tres poderes estatales. Por su parte el segundo tiene como propósito tratar los recortes del Ministerio de Capital Humano, específicamente en lo vinculado a la asistencia social.

Tras la publicación del aumento del 48% en los sueldos del gabinete del presidente Javier Milei, que luego se daría de baja por decreto dada su fuerte polémica, la coalición de diputados de Unión por la Patria (UxP) presentó dos proyectos de ley en el Congreso. Los objetivos principales a los que apuntan son: congelar los sueldos de los altos cargos de los poderes del Estado, y tratar los recortes en el Ministerio de Capital Humano, además de garantizar la asistencia alimentaria en comedores escolares y populares, la entrega de medicamentos a personas con enfermedades graves y la recomposición de las jubilaciones.

El primero de los proyectos presentados en la Cámara Baja surge en el contexto del aumento de los sueldos para los legisladores, aprobado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la titular del Senado, Victoria Villarruel. Si bien Menem y Villarruel argumentaron que este incremento se basa en una resolución firmada por los ex presidentes de las cámaras Julián Domínguez y Amado Boudou en 2011, se destaca que los actuales titulares podrían revertirlo con una resolución simple que desvincule la paritaria del personal legislativo de los sueldos de los diputados y senadores nacionales.

Pese a que hoy se dio a conocer, a través del Boletín Oficial, la derogación del aumento salarial y el congelamiento para la cúpula del Ejecutivo nacional autorizada por el presidente Javier Milei, todavía no se descarta que en un futuro el Gobierno nacional decida avanzar con este tema y se olvide de sus promesas y medidas, como hizo en otras ocasiones. Al respecto, en el proyecto de ley, Unión por la Patria, propuso no solo congelar los sueldos de los altos cargos del Poder Ejecutivo y Legislativo, sino también incluir a los del Poder Judicial.

De esta manera los legisladores sugieren iniciar el debate sobre los sueldos de los jueces de la Corte Suprema, cuyas remuneraciones básicas brutas ascienden a la suma de $4.343.354. Cabe destacar que invitan a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Judicial a rebajar sus salarios al nivel de los legisladores nacionales. Este congelamiento salarial se mantendría hasta que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) indique dos meses consecutivos de crecimiento económico.

En paralelo a la presentación del proyecto de congelamiento salarial, UxP presentó otra iniciativa para aumentar de manera urgente el presupuesto destinado a las políticas alimentarias del Ministerio de Capital Humano. El objetivo principal de dicha propuesta es alcanzar un crédito presupuestario no inferior al 0,5% del PIB para el año 2024.

En este sentido, el referente de Unidad Piquetera y diputado nacional de UxP, Juan Marino, sostuvo: “Como no se trata de nivelar para abajo, sino de redistribuir para asistir a quienes están sufriendo la masacre social provocada por el gobierno nacional, en simultáneo vamos a presentar proyectos para garantizar la asistencia alimentaria en comedores escolares y populares, la entrega de medicamentos a personas con enfermedades graves, y la recomposición de las jubilaciones licuadas por el ajuste de Milei y Caputo”.

Finalmente, Marino se mostró optimista sobre la posibilidad de llegar a acuerdos en esta iniciativa. “Hay otros bloques que reconocen la situación de crisis alimentaria, por lo que se podrá dialogar con ellos para aprobar el proyecto de otorgar el 0,5% del PBI a las políticas alimentarias, empezando por el Servicio Alimentario Escolar”, comentó. También abordó la necesidad de discutir un proyecto para recomponer las jubilaciones mientras los sueldos están congelados. 

Congreso: presentaron tres proyectos que garantizarían la continuidad de Télam

Congreso: presentaron tres proyectos que garantizarían la continuidad de Télam

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Los diputados de los bloques opositores dieron a conocer diferentes alternativas para evitar el cierre. El presidente de la Nación, Javier Milei, había ratificado la decisión el viernes en la apertura de sesiones del Congreso. El cierre se perpetró el domingo por la noche con el vallado de los edificios y el impedimento para ingresar a la página web.

Luego de que el Gobierno nacional dispuso el cierre de Télam y no permitió a sus trabajadores ingresar a las redacciones, diputados nacionales de distintos bloques de la oposición presentaron este lunes diversos proyectos de ley que procuran defender la continuidad de la agencia de noticias.

Con respecto a las iniciativas, una de ellas tiene como autor al diputado cordobés de Unión por la Patria (UXP), Pablo Carro, que mediante este proyecto de resolución le exigió al Poder Ejecutivo Nacional “el sostenimiento de Télam, como la única agencia de noticias argentina con alcance federal y corresponsalías en todas las provincias. Su tarea resulta esencial para la labor informativa, en cuanto es la agencia que dispone de mayor cantidad de medios gráficos, audiovisuales, digitales -803 clientes totales- suscriptos a sus servicios”.

En los fundamentos del documento presentado, el diputado opositor advirtió que “un eventual cierre de Télam se llevaría puesto no sólo a la concreta generación de material de uso diario de cientos de empresas y organizaciones periodísticas medianas y pequeñas de todo el país, sino a cientos de trabajadoras y trabajadores que con profesionalismo y años de antigüedad ejercen el periodismo”. “Su perfil federal y su capacidad de generar información diversa, lejos de eliminarse, debería fortalecerse a partir de una reorientación de esta empresa pública”, contempló Carro.

A su turno, el diputado nacional de UxP, Eduardo Valdés, presentó el jueves pasado un proyecto para que el Congreso impidiera el cierre de Télam, ya que el cese de esta agencia de noticias era un secreto a voces pero no estaba oficializado. “Es un emblema argentino, reconocido en todo el mundo por su trayectoria y profesionalismo. El gobierno tiene que entender que no puede llevarse puesto todo lo que contribuye a la construcción de federalismo, diversidad y calidad informativa”, sostuvo Valdés.

En este sentido, el proyecto de Valdés estuvo acompañado por 31 firmas de sus pares de UxP: Victoria Tolosa Paz, Blanca Osuna, Carolina Gaillard, Monica Litza, Ariel Rauschenberger, Martin Soria, Juan Martin Pedrini, Eduardo Toniolli, Lorena Pokoik, Julio Pereyra, Jorge Romero, Tanya Bertoldi, Jorge R. Herrera, Gustavo Gonzalez, Pablo Todero, Ernesto Ali, Roxana Monzon, Nancy Sand, Pablo Yedlin, Carlos Cisneros, Ana Maria Ianni, Sabrina Selva, Andrea Freites, Jorge Araujo Hernandez, Micaela Moran, Maria Eugenia Alianiello, Hilda Aguirre, Jorge Chica, Maria Luisa Chomiak, Aldo Leiva y Natalia Zabala Chacur.

También los cinco diputados del Frente de Izquierda firmaron un proyecto de resolución encabezado por la ex candidata presidencial Myriam Bregman en el cual expresan el rechazo a “todo intento de avanzar en el desguace y vaciamiento de la Agencia Télam”.

En este sentido, Bregman declaró: “Detrás del cierre de la Agencia se esconde un nuevo ataque al derecho a la comunicación, a la información y la libertad de expresión, que ya cuenta con graves precedentes bajo la gestión del gobierno de Javier Milei, como se vio durante el tratamiento de la llamada ley Ómnibus, cuando decenas de trabajadores y trabajadoras de prensa fueron brutalmente reprimidos por registrar e informar acerca de las movilizaciones que se transcurrían en rechazo a la frustrada ley”.

Además, la diputada denunció: “En esa sintonía, también desde la madrugada se dio de baja la página de la agencia, que fue reemplazada por un escudo nacional en otro claro acto de provocación y censura”. Además, la diputada del FIT-U recalcó: “Mientras se clausuraba la página de la Agencia, circuló un mensaje que informa a los trabajadores y trabajadoras de Télam de una dispensa laboral que los obligan a no ir a trabajar durante una semana, tiempo que busca el gobierno para avanzar con el desguace y vaciamiento de la agencia”.

Siguen los rechazos por el cierre de Telam

Mediante un comunicado, el Consejo Directivo Nacional de la CGT señaló que este accionar del Gobierno nacional representa “un camino de deterioro para el pueblo argentino, con políticas de Estado que muestran un activo autoritarismo intervencionista”. A la vez, clamaron que “urge promover la inmediata derogación del DNU 70/2023”, denunciando un ajuste feroz que favorece a sectores concentrados de la economía en detrimento del corazón productivo de la sociedad argentina.

“Un presidente y un gobierno que agravia, insulta, insiste en descalificaciones personales, cierra canales de diálogo hablándose a sí mismo, profundiza las expectativas negativas y que, en sus pocos días de gestión, empeoró los índices de inflación, aumentó la pobreza y comienza a mostrar una sostenida tendencia de pérdida creciente de fuentes de trabajo”, detalló la central obrera. En suma, la Intersindical de Comunicación de la CGT manifestó su apoyo a los trabajadores de prensa de Télam y aseguró que respaldan todas las acciones para impedir el cierre de la histórica Agencia.

Por último, la sala de Periodistas de la Cámara de Diputados de la Nación, integrada por periodistas acreditados de medios gráficos, radiales y televisivos de todo el país, expresó su absoluto repudio al intento de cierre de la agencia de noticias por parte del Poder Ejecutivo. “El eventual cierre de esta agencia implicará un fuerte retroceso en el acceso a la información pública de millones de ciudadanos, un derecho fundamental en toda sociedad democrática”, detalla el comunicado de los periodistas.

Los periodistas que adjuntaron su firma son: Amanda Alma (Radio Nacional); Antonio Riccobene (MDZ); Carolina Ramos (La Voz del Interior/Los Andes) ;Claudio Mardones (Tiempo Argentino); Daniela Mozetic (Perfil); David Cayón (Infobae); Déborah De Urieta (El Cronista); Federico Millenaar (Infobae); Fernando Fraquelli (TV Pública); Gabriela Vulcano (BAE); Gastón Fiorda (Radio Nacional); Jazmín Bullorini (Clarín); Jésica Calcagno (La Izquierda Diario); José Di Mauro (Parlamentario); Laura Serra (La Nación); Marcos Giorgetti (Data Clave); María Cafferata (Página/12); Martín Dinatale (El Cronista); Martín Bravo (Clarín); Mauricio Cantando (Letra P); Melisa Jofré (Parlamentario); Pablo Sieira (iProfesional); Pablo Varela (Perfil); y Sebastián Hadida (Noticias Argentinas)

Diputados y senadores apuran el tratamiento del DNU

Diputados y senadores apuran el tratamiento del DNU

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Desde su oficialización, el mega Decreto del Gobierno Nacional desreguló sectores sensibles de la economía que hasta el momento arrojan un saldo de 50% de inflación tan solo en dos meses. Ahora, luego de haber negado rotundamente la ley “Bases”, los recintos parlamentarios se preparan para decidir si estas modificaciones quedan vigentes o si se anulan.

Tras el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación, distintos actores políticos de sectores opositores presionan de manera pública al Gobierno Nacional para que el mega Decreto Nacional de Urgencia (DNU) emitido en diciembre del año anterior sea tratado en ambas cámaras. Desde las distintas partes alegan que superado el tratamiento de la “Ley de Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos”, aún el DNU vigente causa “gran daño” en el mercado debido a la desregulación de costos.

Desde hace semanas, el diputado nacional por Unión Por la patria, Leopoldo Moreau, hace hincapié a través de sus redes sociales en la necesidad de tratar debidamente el DNU en ambas cámaras; el resto de sus compañeros de bloque se manifestaron en el mismo sentido. Luego, durante esta semana, fueron el senador nacional Martín Lousteau, y el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, quienes le reclamaron directamente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que decida con urgencia a los representantes de la Comisión Bicameral Permanente de modo que el trabajo parlamentario comience.

La Unión Cívica Radical expresó a través de un comunicado que su principal preocupación es “la falla al sistema republicano y a la división de poderes”. “La decisión de no designar a los representantes de la Cámara de Diputados constituye una omisión inconstitucional que atenta contra la división de poderes y el régimen republicano de gobierno”, redactó la UCR en un comunicado firmado por Karina Banfi (vicepresidente del Bloque de Diputados), Eduardo Alejandro Vischi (presidente del Bloque de Senadores), Pablo Blanco (vicepresidente del Bloque de Senadores), Inés Brizuela y Doria (vicepresidente 1° Comité Nacional UCR) y Luis Naidenoff (vicepresidente 2do del Comité Nacional UCR), además de los nombrados Lousteau y Morales.

En esta línea, Moreau planteó abiertamente a sus compañeros disidentes que “tienen la llave para que el DNU que devasta la vida, la producción y el trabajo de los argentinos se caiga”, ya que “sus 13 senadores son decisivos”. “Los alquileres de locales comerciales están haciendo estragos en una actividad donde las ventas cayeron en picada y los aumentos de tarifas plenas de electricidad y fas os ponen al borde del cierre”, argumentó además, y sentenció que “no se trata de ir detrás del kirchnerismo ni de nadie, sino de ponerse junto a las necesidades de la sociedad”.

A diferencia de una ley o derogación de ley que se trate de manera convencional en ambas cámaras legislativas, el Decreto Nacional de Urgencia rige desde que es oficializado por el Poder Ejecutivo, y solo pierde efecto si es rechazado por ambas cámaras, a diferencia de un proyecto de ley, que debe ser aprobado por las dos para tener validez.

Fuerte rechazo social a la Ley Ómnibus: protesta frente al Congreso

Fuerte rechazo social a la Ley Ómnibus: protesta frente al Congreso

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Tras dos días de movilizaciones y represión en rechazo a la Ley Bases que se trata en la Cámara Baja diferentes organizaciones políticas y sociales, vecinos de CABA nucleados en asambleas barriales, organizaciones de derechos humanos y ambientales, entre otras, seguirán este viernes con la jornada de protesta en los alrededores del Congreso.

Por tercer día consecutivo, y pese a la fuerte represión policial, diferentes espacios sociales, de la cultura, de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, sindicatos y asambleas barriales estarán movilizándose al Congreso de la Nación en rechazo al proyecto de Ley Bases. Su tratamiento extraordinario pasó nuevamente a cuarto intermedio y se retomó este viernes en la Cámara Baja.

Pese al despliegue de un operativo desmedido que terminó con decenas de heridos y varios detenidos, la protesta social contra el proyecto insignia de Milei continuará sobre la zona del Congreso desde el mediodía del 2 de febrero. En los dos días que lleva tratándose la ley gendarmes y policías federales no se limitaron a despejar las calles, sino que arremetieron sobre los manifestantes que se replegaron sobre las veredas y la Plaza. La cacería no discriminó a diputados, jubilados, periodistas ni fotógrafos.

En este sentido, en medio de los disturbios que se dieron a las afueras del Congreso, el referente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, sufrió nuevamente una descompensación. Entre gases lacrimógenos y balas de goma, se descompensó en el piso y algunas personas se acercaron a socorrerlo. “Me golpearon, no me caí”, explicó el dirigente ante los medios de comunicación. “Me pegaron y empujaron”, agregó el dirigente social tras descompensarse.

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se hizo presente en las dos últimas jornadas al Congreso junto a sus delegados y centro de jubilados. “Esta ley no admite otra posibilidad más que su rechazo”, sostuvieron mediante un comunicado. “Le dejamos en claro a las y los diputados que este pueblo no va a ser cómplice del desguace de nuestra nación, a pesar de la represión y los palos de la policía de Bullrich”, sostuvieron en una publicación de Instagram.

En este sentido, el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, remarcó: “Todo el proceso estuvo marcado por graves irregularidades que deben ser investigadas”, y además, destacó el reclamo del gremio “en defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)” de la Anses. Cabe destacar, que entre los principales reclamos del sector está el rechazo tajante “a cualquier intento de reinstalación de los sistemas privados de jubilaciones (ex AFJP); anulación de los bonos; suspensión de la Ley de Movilidad; derogación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad o venta de nuestros territorios terrestres, marítimos y aéreos”.

En tanto, distintas organizaciones barriales e independientes convocadas por la Multisectorial Federal de la República Argentina y las dos CTA, estuvieron presentes frente al Congreso Nacional. Al respecto, la CTA Autónoma sostuvo que la movilización será “en defensa de la patria, la soberanía, la democracia y la clase trabajadora”. “NO al proyecto de Ley Ómnibus; NO al mega DNU 70/23; NO a las facultades delegadas”, prosigue el posteo.

Antes los fuertes incidentes que hubo en las afueras del Congreso por el avance de las fuerzas policiales sobre los manifestantes, con gases lacrimógenos y balas de gomas, que protestaban contra la Ley Ómnibus, la Confederación General del Trabajo (CGT) apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, como responsable de la violencia de esta tarde en las calles.

“El despliegue de fuerzas federales amedrentando la libertad de protesta de Pato Bullrich sólo pretende ocultar lo verdaderamente importante que es la discusión legislativa. Mientras tanto los argentinos/as están inseguros en los barrios de Argentina”, cuestionó la central obrera en su cuenta de X.

Por su parte, la referenta de la Corriente Nuestra Patria, Secretaría de Relaciones Internacionales y Soberanía de la UTEP, Fernanda “Colo” Pereyra, en diálogo con Trinchera sostuvo: “Este gobierno no cierra sin represión, ni heridos. La pelea no es solo por la comida. Se está entregando la Patria, está en peligro”.

Tras ser reprimida ayer por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Ministerio de Capital Humano en la jornada de “Olla vacías” de la UTEP, Pereyra declaró: “No son los mismos gases lacrimógenos que se han utilizado en otras manifestaciones. Sentía el gas todavía quemando, como si te estuviera prendiendo fuego”. “Hay un ensañamiento importante de las fuerzas de seguridad con las organizaciones. Hay una orden y quieren mostrar que aquellos que quieran salir a defender la Patria o los derechos, van a sufrir represión”, prosiguió la referenta y sentenció: “Se olvidan de quién es el pueblo argentino. Nuestra querida Norma Plá decía que somos mucho más pueblo que milicos“.

En consonancia, varios legisladores de Unión por la Patria (UxP) y el FIT reaccionaron ante la represión e impulsaron dos pedidos para suspender la sesión y pasar a un cuarto intermedio, pero ambos fueron rechazados. Desde la calle, la diputada nacional de UXP Cecilia Moreau sostuvo: “No se puede sesionar así. Hay que seguir debatiendo pero en un marco de paz y tranquilidad, no con este operativo desmedido que pone en riesgo la vida de la gente. Le pido a Milei que levante la sesión”.

Además recordó la represión de diciembre de 2017 contra la movilización que se dio en repudio a la reforma previsional de Mauricio Macri. “A (Emilio) Monzó ya le pasó en 2017, que no pudo seguir sesionando por la represión. Nada bueno puede pasar cuando en la calle hay este nivel de deshumanización”, declaró Moreau.

Finalmente, en el ámbito cultural se realizará el Festival de Unidxs por la Cultura, bajo el lema: “Contra la Ley Ómnibus y el DNU, porque la cultura es necesaria y está en emergencia!”. Será en la Plaza Congreso a partir de las 16.30 horas y contarán con la presencia de: Peteco Carabajal, Arbolito, Saga, Las manos de Filippi, Invisibl3s, Juli Laso, Barbarita Palacios y Javi Casalla, Alto Guiso y Alta Gama.

Diputados: cómo se conformarán los bloques y autoridades de la Cámara

Diputados: cómo se conformarán los bloques y autoridades de la Cámara

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De cara a la conformación que tendrá desde el 10 de diciembre ese cuerpo parlamentario, el primer tema a definir es el de la presidencia de la Cámara. Ese lugar, según la tradición parlamentaria, estaría en manos del futuro oficialismo nacional.

Los diferentes espacios que conformarán la Cámara de Diputados de la Nación comenzarán, en los próximos días, las negociaciones para definir sus autoridades, la creación de los interbloques y la integración de las comisiones, de cara a la conformación que tendrá desde el 10 de diciembre ese cuerpo parlamentario. El primer tema que se definirá es el de la presidencia de la Cámara, lugar que, de acuerdo con la tradición parlamentaria, estaría en manos del futuro oficialismo nacional, pese a no ser el espacio de mayor volumen en la nueva configuración.

Como antecedente inmediato, en diciembre de 2015, el Frente para la Victoria (antes de su parcial desmembramiento en febrero de 2016) tuvo mayoría de bancas que Cambiemos, e igualmente le cedió la presidencia a Emilio Monzó del PRO. Ahora se repetiría la acción y la titularidad de la Cámara recaería en un diputado de la Libertad Avanza (LLA), del PRO o algún independiente, según la distribución de otros espacios de poder. Los nombres que suenan para el lugar son Oscar Zago y Guillermo Montenegro, de LLA; Florencio Randazzo, del “schiarettismo”; Miguel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal; y Cristian Ritondo, del PRO. 

Este último estaría por ahora perfilado con mayores chances. Igualmente, desde el Frente de Todos (FdT) aseguran que el gesto de darle la presidencia a un representante del oficialismo no implica “un cheque en blanco” para la persona designada, sobre todo en lo referido “al tema del personal y a la relación con los gremios legislativos”.

Con respecto a los bloques e interbloques, desde el sector de LLA analizan la conveniencia de crear una unión entre LLA y el sector del PRO que apoyó a Javier Milei, en una bancada que sumaría entre 67 y 70 diputados: los 37 de LLA y unos 30/33 del PRO y de otros monobloques que hoy integran JxC, como el de Ricardo López Murphy o el del olmedista salteño Raúl Zapata.

El resto de los socios de JxC piensan por estas horas en un interbloque de “centro-democrático” que sume entre 55 y 60 integrantes, y en el que reunirían los 35 radicales; 10 del PRO más cercanos a Horacio Rodríguez Larreta; 3 del espacio de Monzó y Margarita Stolbizer; el mencionado Pichetto y los diputados pertenecientes a nuevas provincias que gobernará JxC, como San Luis, San Juan o Chubut.

Cabe destacar que desde ese sector buscan convencer a la Coalición Cívica de que se mantenga dentro del interbloque para llegar a 60, aunque Elisa Carrió anunció el domingo que para ella “Juntos por el Cambio se rompió”. En paralelo, el actual oficialismo, aspira a mantener su unidad, más allá de que hacerlo “desde el llano” no es lo mismo que desde el poder. Tratarán de mantener la unión de los 105 diputados que lo integran y que provienen de espacios como el kirchnerismo, La Cámpora, el Frente Renovador, los gobernadores, los movimientos sociales y los representantes sindicales, entre otros.

En tanto, el Frente Renovador de la Concordia misionero, que en la elección de octubre integró su lista de diputados nacionales a la boleta que llevaba a Sergio Massa como presidente, continuará como bloque propio, con sus cuatro integrantes.

Finalmente, los otros espacios provinciales que tendrán representantes, y que también deben definir si se agrupan o no, son el oficialismo cordobés, con seis diputados, incluido Randazzo: el santacruceño con dos; el Socialismo (integra la alianza que gobernará Santa Fe) con dos, y Neuquén y Río Negro, con uno cada uno. En la paridad de fuerzas de la nueva Cámara, los cinco diputados de la Izquierda jugarán un rol importante de cara a la conformación del quórum y de la votación de los proyectos.

Sin dudas la conformación de las Cámaras de Diputados y Senadores, serán de vital importancia para el pueblo argentino, ya que las medidas que tomará el nuevo presidente de la Nación, Javier Milei, a partir del 10 de diciembre deberán pasar por el Congreso. Sin embargo, el acuerdo entre Mauricio Macri y Milei puede reconfigurar el escenario.

Ley Olimpia: la violencia digital comenzará a ser punible

Ley Olimpia: la violencia digital comenzará a ser punible

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Tras una sesión extraordinaria en Diputados, se transformó en ley el proyecto que incorpora la violencia digital a la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres. La medida trata los delitos que violan la intimidad sexual de las personas mediante los medios digitales.

En la madrugada de este miércoles, la Cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa que incorpora la violencia digital a la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, conocida como Ley Olimpia. El proyecto aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas mediante los medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

De esta manera, y con 230 votos afirmativos, el plenario legislativo aprobó por unanimidad esta medida que tuvo aportes del Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), el Interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda. Cabe señalar que la sesión comenzó el martes al mediodía y culminó en la madrugada del miércoles.

El proyecto denominado “Ley Olimpia” y presentado originalmente por la diputada Mónica Macha (FdT) lleva ese nombre en reconocimiento a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, esta última estuvo la semana pasada en Argentina y participó de la sesión en el Senado que dio su aprobación, junto a sobrevivientes argentinas de violencia en entornos digitales.

A su turno, Macha ratificó que el proyecto de ley “es producto de la definición de distintas organizaciones como Gentic (Organización Género y TIC) y como el grupo de Ley Olimpia en Argentina”. Además, recalcó: “Muchas de ellas son víctimas y sobrevivientes de la violencia digital y me parece que también es bueno cómo desde el feminismo y el transfeminismo nos organizamos para poner en esta agenda política temas que, tal vez, hasta ahora estaban acallados”.

Asimismo, la diputada indicó que la definición de violencia digital “es aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real, simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC”.

La impulsora del proyecto también resaltó que la ley promocionada “se complementa” de cierta forma con la Ley Belén. Al respecto, explicó que “la Ley Olimpia apunta a todas las instancias de prevención, de asistencia y acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de la violencia digital, mientras que, la Ley Belén lo que busca es la incorporación de la violencia digital como delito en el Código Penal, de modo que se pueda sancionar a aquellas personas que difunden material íntimo sin consentimiento, aquellos que suben el material y aquellos que lo difunden”.

Por otro lado, la diputada de la Unión Cívica Radical (UCR), Karina Banfi, celebró: “El avance en el recorrido de este proyecto y esperamos también su pronta reglamentación”, y también destacó que “nos encontramos en un estado de necesidad con respecto a la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el espacio digital”.

Cabe destacar que la medida ya fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso, pero volvió a Diputados por una cuestión técnica. En una de las modificaciones introducidas por la Cámara baja, el proyecto plantea que se entiende por violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal”.

Además, entre los puntos a resaltar del documento consta la promoción de los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital. En paralelo garantiza que se respete su dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales.

La medida plantea a la implementación de “un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible, en forma articulada con las provincias, a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinado a dar contención, información y asesoramiento sobre recursos en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen, incluida la modalidad de violencia contra las mujeres en el espacio público” señalada como “acoso callejero”.

Por otro lado, el proyecto de ley apunta la obligación y el deber de promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de identificación de las violencias digitales en las clases de educación sexual integral como en el resto de los contenidos educativo y en la formación docente.

La Ley Olimpia se presentó en julio de 2022 en un encuentro que contó con la presencia de la exministra de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el espacio de víctimas “Ley Olimpia Argentina” y la organización Género y TIC. Nucleadas en un colectivo denominado “Campaña contra la Violencia Digital” vienen reclamando la ley mediante distintas acciones, que incluyeron una campaña online de recolección de firmas, con 35 mil adhesiones a través de la plataforma digital Change.org.

Además, tiene su origen en una ley mexicana que aborda los delitos del mismo carácter en que lo hace en Argentina. En el caso de México, Olimpia logró que 32 Estados de su país tengan ley, y en la actualidad propuestas similares se debaten en Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia e incluso en Estados Unidos.

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