“La historia es nuestra y la hacen los pueblos”

“La historia es nuestra y la hacen los pueblos”

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Por Miranda Cerdá Campano*

A 46 años del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, resulta aleccionador volver sobre la intervención norteamericana en el continente y entender que muchos de los adherentes a la dictadura y el proyecto político de Augusto Pinochet y sus amigos de Washington, hoy pertenecen al gobierno de Sebastián Piñera.

Septiembre con S de Salvador

Después del triunfo de la Revolución Cubana, América Latina y el Caribe se convirtieron en un campo de batalla política y militar entre el imperialismo yanqui, aliado a las derechas locales, y las resistencias populares. El de Chile fue un caso emblemático. Allí la izquierda tenía una rica tradición de lucha, contaba con un movimiento obrero combativo y había tenido éxito en los últimos procesos electorales.

El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende alcanzó la primera mayoría en las elecciones generales celebradas en Chile. La vía chilena al socialismo legó múltiples hitos para la historia. El programa de Allende propuso la construcción de una economía estatal planificada que se concretó en actos como la nacionalización del cobre y la expropiación o compra de acciones que le permitieron un control del 80 por ciento de las industrias y algunos bancos. La ansiada reforma agraria posibilitó la expropiación de unos 4400 predios y se ampliaron derechos sustanciales en salud y educación.

Como se ha demostrado por los propios documentos desclasificados de la CIA, la agencia operaba en contra de la candidatura de Allende desde 1964 y en las elecciones de septiembre del ‘70, canalizaron 350 mil dólares para la campaña del derechista Jorge Alessandri, además de invertir cerca de un millón para manipular el resultado electoral. El 24 de octubre, el pleno del Congreso, de acuerdo con la Constitución, debía elegir entre las dos mayorías más altas.

El presidente yanqui por aquel entonces, Richard Nixon, ordenó evitar que el socialismo asumiera la presidencia y la CIA concibió dos posibles planes. El primero consistía en que el Congreso eligiera a Alessandri y este renunciara para convocar a nuevas elecciones donde toda la derecha apoyaría a Eduardo Frei, hombre de confianza de Washington. Pero el plan fracasó porque Allende y Tomic habían acordado previamente que uno reconocería la victoria del otro si la diferencia superaba los 5 mil sufragios y así fue. El segundo plan contemplaba crear un clima de inestabilidad política para propiciar una intervención militar y la anulación de las elecciones. Encargado por la CIA, el general Roberto Viaux debía secuestrar y ocultar a René Schneider, general constitucionalista y jefe del ejército, pero este se defendió, fue herido y falleció dos días después, el 25 de octubre. El día anterior, Allende fue electo por el Congreso con 195 votos a favor.

La experiencia de tres años de gobierno de la Unidad Popular sacudió a propios y ajenos. El proceso, vital para la historia latinoamericana, incluso contó con una visita de lujo: Fidel Castro llegó en noviembre de 1971 a Chile y permaneció allí 23 días para conocer de primera mano el socialismo conquistado a través de las urnas.

Allende fue un socialista sin renuncias, un antiimperialista sin concesiones y conmovió América Latina, dejando sentadas las bases de aquellos cimientos forjados a principios de siglo. Las experiencias de Venezuela con Hugo Chávez, de Ecuador con Rafael Correa y de Bolivia con Evo Morales, donde se recuperaron los recursos naturales, tienen en el gobierno de Allende, un luminoso precedente en la nacionalización de la gran minería del cobre en manos de oligopolios yanquis, en la nacionalización de la banca y la expropiación de los principales conglomerados industriales.

La herencia de Pinochet y las derechas en América Latina

La visita de Fidel acrecentó la voracidad golpista de Washington. El 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende, el líder de esa revolución pacífica resistió hasta la muerte el asedio imperialista. Su proyecto no logró ser comprendido cabalmente por los mismos partidos que conformaban la Unidad Popular y su soledad intelectual fue siendo cada vez más patente en un escenario donde la polarización de la sociedad era vertiginosa, y su lógico final se anunciaba como epílogo inevitable de un país dividido por el odio y la intolerancia. A pesar de su inteligencia y experiencia, y aunque fue advertido por amigos del proceso, Allende no pudo admitir la posibilidad de una ruptura por la vía militar. Su ciega confianza en las instituciones y en la ética política le imposibilitaron pensar que las Fuerzas Armadas traicionarían sus funciones.

Durante el golpe de Estado, Augusto Pinochet ocupó el puesto de mando número uno e impartió desde allí las órdenes. Su dictadura dejó más de 44 mil víctimas, entre ellas 3216 muertos de los cuales 1185 fueron detenidos desaparecidos y 33 mil detenidos y torturados. Pinochet eliminó el sistema de seguridad social, impuso un Plan Laboral cuyo propósito fue despolitizar a los sindicatos y eliminar la correa de trasmisión entre negociación colectiva y distribución del ingreso; devolvió el control del sector forestal y la pesca a las empresas del sector privado, lo que significó, en varios casos, la expulsión de comunidades rurales e indígenas, la degradación y erosión de suelos, la disminución de los cauces de agua y la contaminación a gran escala; privatizó la salud y la educación y desnacionalizó el cobre, renunciando a la soberanía sobre los recursos naturales; y traspasó los derechos de las hectáreas recuperadas por los mapuches a dominios privados.

La reducción al mínimo del rol del Estado, la represión a estudiantes, docentes, organizaciones sociales y pueblos indígenas que mantienen la lucha por sus tierras, la libertad empresarial a ultranza merced de la desregulación y el gasto social prácticamente nulo, son algunas de las medidas que hoy, a 46 años del golpe, continúan implementándose en consonancia con los designios de Washington.

Las dictaduras del Cono Sur abrieron un abismo de sangre en las sociedades latinoamericanas de fines del siglo pasado, pero se proyectan aún en nuestro tiempo. Regímenes perversos, como el de Alberto Fujimori y administraciones como las de Carlos Andrés Pérez en Venezuela o Álvaro Uribe en Colombia fueron el preámbulo de gobiernos repudiables como los de Jair Bolsonaro, Piñera o Iván Duque.

A casi medio siglo de la gran jornada que iniciara Chile de la mano de Salvador Allende, es importante no bajar la guardia ante tan perverso e incorregible enemigo, cualesquiera sean sus gestos, retóricas o personajes que lo representen. Aquellos que pisan la Casa Blanca en busca de apoyo diplomático, blindaje mediático, dinero o armas para derrocar a sus gobiernos, jamás tendrán un lugar en la historia viva de sus tierras. “El león es sanguinario en toda generación”, cantaba Violeta Parra y está claro: el imperio no cambia.


*Periodista especializada en Sudamérica, redactora de Revista Trinchera y columnista del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata) y colaboradora de Agencia Timón
Aquí tiene un espejo, señor Piñera

Aquí tiene un espejo, señor Piñera

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POR MIRANDA CERDÁ CAMPANO*

Sebastián Piñera volvió a arremeter contra la República Bolivariana de Venezuela. Dijo, entre otras cosas, que Maduro “tiene los días contados” y que “no hay democracia, ni libertad de expresión; hay presos políticos y no hay respeto por los derechos humanos”. Si se hace un análisis de los 15 meses de gobierno del actual mandatario chileno, se observa con bastante claridad la hipocresía con la que se maneja la derecha en Nuestra América.

Quizás a Piñera se le olvidó el informe que le enviaron desde Amnistía Internacional hace algunos días. El documento se titula “El presidente Piñera nos debe” y en la introducción se señala que durante este año de gestión “el gobierno ha tomado decisiones que lamentablemente implican que la deuda en derechos humanos ha crecido en lugar de disminuir”.

En materia de género, el informe indica que no se ha asegurado una apropiada aplicación de la ley que despenalizó el aborto y tampoco se ha avanzado en la implementación de una educación sexual integral desde las etapas más tempranas de la vida escolar. Además, el gobierno eliminó la promoción de la igualdad de derechos en materia de matrimonio y, en la misma línea, restringió la ley de identidad de género que facilita la posibilidad de cambio de nombre y sexo registral para menores de entre 14 y 18 años.

Piñera, que pareciera ser todo un promotor de los derechos humanos cuando habla de Venezuela, ha sido muy cuestionado por su política migratoria. La migración es un derecho humano y, sin embargo, a través de decretos de urgencia, el gobierno dispuso un proceso de regularización masiva (muy engorroso para los migrantes), además de impulsar la entrega de visas en los consulados de los países de origen con criterios que los expertos califican de discriminatorios, selectivos, y limitados. Por otra parte, el gobierno rechazó el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas, del cual Chile había sido un gestor destacado.

El conjunto de estas políticas proviene de la necesidad que tienen muchos gobiernos de derecha de usar la migración como un instrumento político: culpar a los extranjeros del crimen, la desigualdad y todos los males sociales es una vieja táctica para exculpar a los verdaderos culpables de las crisis.

Otro de los puntos cuestionados en el informe es la consulta indígena a través de la cual se pretende modificar la Ley Indígena (Ley 19.253) y que solo apunta a justificar una mayor penetración del capital extractivo a territorio mapuche. El gobierno, con la clase empresaria en el poder, busca mediante engaños, mentiras y fraudes, que los empresarios capitalistas puedan ingresar al wallmapu. El proceso fue criticado por el relator de ONU sobre Pueblos Indígenas y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero como siempre, se utiliza el aparato comunicacional en manos de los grandes grupos económicos, para tratar de hacer creer al resto de la población chilena que es un grupo minoritario el que se opone a la consulta indígena, a pesar del enorme rechazo que hay en las comunidades de todo el wallmapu.

Por último, el documento sostiene que el gobierno de Sebastián Piñera también ha detenido el proyecto de reforma constitucional que busca declarar imprescriptibles e inamnistiables los crímenes de lesa humanidad, aparte de haber debilitado la creación de una comisión calificadora permanente de víctimas de tortura política.

La impunidad que supone esta serie de medidas, sólo permite que los delitos de lesa humanidad se repitan, al mismo tiempo que habilita el uso excesivo de la fuerza de Carabineros en su actuar. La represión ejercida en contra de estudiantes, organizaciones sociales y el pueblo mapuche se ha vuelto moneda corriente durante el gobierno de Piñera.

El sistema educativo también se orienta bajo los principios neoliberales. La Ley de Aula Segura que habilita a funcionarios policiales a requisar a lxs estudiantes antes de ingresar a clases cada día y otras políticas similares, han llevado a la totalidad de la comunidad educativa a las calles en las principales capitales del país. Lxs estudiantes se han movilizado con una creciente energía desde finales de abril. Como si no fuera suficiente el clima de persecución, el gobierno se ha sumado a una propuesta realizada por un organismo consultor para quitarle la condición de obligatoria a las asignaturas de Historia y Educación Física. Algo similar había ocurrido años atrás con Filosofía, propuestas o decisiones que expresan el fuerte interés de las elites por moldear una futura masa laboral con bajo nivel reflexivo y cultura histórica, social y, especialmente, política.

La agenda del gobierno de Piñera no pasa por el fortalecimiento de los sistemas públicos, ni en salud, educación o vivienda, y donde puede intenta introducir al sector privado. Es lo que está sucediendo con la Educación Pública y así lo entienden lxs maestrxs que llevan más de tres semanas de paro y protestan contra esta reforma que se pretende introducir en el plan de estudios. Además exigen el pago de un bono para lxs docentes de la educación diferencial y enumeran 11 puntos entre los que se destacan el desconocimiento por parte del Estado chileno del reajuste salarial que desde 1981 deberían haber recibido lxs profesores, el agobio laboral, la titularidad de las horas de extensión y el fin al doble proceso de evaluación docente.

“El gobierno tiene que escuchar que estamos defendiendo la Educación Pública, totalmente abandonada por un gobierno que quiere que se siga deteriorando para que los amigos privados arremetan con sus negocios”, dijo, a modo de consigna ante una marcha de colegas en Valparaíso, Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores.

El abandono de la educación pública esconde una serie de efectos que van desde las extensas jornadas de trabajo y aspectos salariales a una completa falta de inversiones en infraestructura. Una suma que ha deteriorado los niveles de la educación pública chilena y que deja entrever la enorme brecha entre los rendimientos de la educación pública y la privada. Un proceso de decadencia que también se expresa en las enormes desigualdades de la sociedad chilena.

Con un gobierno en retroceso y sin respuestas, es posible que estemos en las puertas de un interesante proceso de acumulación de fuerzas por parte de la ciudadanía y sus organizaciones. El retroceso de Piñera y la falta de respuestas por parte de su gobierno, junto con procesos similares desarrollándose en el resto de Nuestra América, ponen en evidencia la crisis del ascenso político conservador que comenzó hace pocos años. Bolsonaro enfrenta una ofensiva desde varios flancos que prácticamente lo han dejado inmóvil y sin respuestas, Macri ha llevado a la economía argentina al desastre, Moreno en Ecuador se encuentra al borde de la caída de su silla presidencial, y Duque ha sido desenmascarado por sus relaciones con el paramilitarismo y el propio narcotráfico.

En contrapartida se anuncian los vientos de recuperación de los proyectos nacionales, populares y progresistas: la recuperación del diálogo en Venezuela, la línea independiente y latinoamericanista de López Obrador en México, la firmeza de Evo Morales en Bolivia, las iniciativas electorales del peronismo en Argentina y la revelaciones de la conspiración ilegal contra Lula en Brasil abren una compás de esperanza para un nuevo impulso de los procesos emancipadores en la región.

Desmilitarizar la ciudadanía nuestroamericana

Desmilitarizar la ciudadanía nuestroamericana

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Por Flor Luengo*

La militarización de la vida cotidiana como política de estado no es nada casual. Es un alineamiento a los designios del imperio y una forma de generar miedo y desmovilización en la sociedad.
Movilización en Chile exigiendo la desmilitarización de los territorios mapuches

“Los araucanos” fue el término que encontró el hombre blanco español para nombrar a los Mapuches. El nombre originario de este pueblo indígena que se encuentra en la patagonia de Chile y Argentina, significa “gente de la tierra”. Rafael Nahuel era parte de la comunidad que tiene sus tierras en Villa Mascardi, Río Negro. Fue en ese territorio que la policía lo asesinó por la espalda.

El 25 de noviembre de 2017, horas después de lo que pudo haber sido una masacre para la comunidad Lafken Winkul Mapu, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich saca un comunicado oficial -a las apuradas y con escasa de información- adjudicando que “hubo un enfrentamiento armado entre las fuerzas federales y parte de la comunidad”.

El supuesto enfrentamiento, fue parte de un discurso mediático que utilizaron estratégicamente para reforzar la idea de que las fuerzas de seguridad son necesarias para combatir a la RAM, (grupo la que catalogaban como “terrorista”) e impartir el orden social que la sociedad argentina demandaba. Pudo haber sido una masacre, porque fueron alrededor de 114 disparos de armas de fuego empuñadas bajo las ordenes del modelo represivo que ejecuta el gobierno nacional de Cambiemos.

En los últimos cuatro años Argentina, sumó un 18% de efectivos policiales y tiene -proporcionalmente- entre dos y cuatro veces más policías que la mayoría de los países del mundo (según datos de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas). En estrecha vinculación, en Nuestra América se han instalado 75 bases militares yanquis, siendo el Sur del Continente un lugar estratégicamente rico en bienes comunes naturales.

Respecto a la militarización de la sociedad, el gobierno de Mauricio Macri ha dado claras muestras del lugar predominante que ocupa esta idea en su proyecto de país. De 2015 a esta parte, se han vuelto a establecer relaciones carnales con el imperialismo de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Este último, administra las políticas de seguridad de Argentina, forma a las milicias en ambos territorios, y utilizando geopolíticamente al país en contra de la soberanía del pueblo palestino junto británicos y estadounidenses.

Sin duda alguna, parte de este acercamiento carnal con el imperio tiene que ver con la ministra Patricia Bullrich, su compañero de vida, Guillermo Yanco y sus lazos con el lobby armamentista. Pato ha firmado acuerdo de compras de armas a Israel por decenas de millones de dólares.

Ver nota

Desde los movimientos antimilitaristas de mujeres, se plantea la necesidad de generar un debate crítico sobre la concepción militar de un país. Entendiendo al militarismo como sistema de dominación bélica que trabaja desde la influencia, la presencia e introducción de diversas formas, normas, doctrinas y fines militares en la sociedad civil. Son la dominación, el poder y el control las necesidades básicas de la ideología militarizante en la sociedad. Desde allí, que se observen réplicas en las formas adoptadas por la ciudadanía en los hogares, en la escuela y  en el bar.

Que haya más policías en la calle y particularmente en los barrios, que aumenten las denuncias por violencia de género de mujeres que han estado casadas con efectivos de las fuerzas, que aumenten los casos de gatillo fácil, son señales de una lógica que busca implantar el miedo, la neutralidad y pasividad en cada rincón del pueblo argentino. Nuevamente intenta implantar la idea de orden, de jerarquización verticalista de los lugares de poder en la sociedad, de relaciones sociales originadas en la oposición nosotrxs – ellxs, blanco – negro, etc.

La necesidad del Imperio por colonizar integralmente los territorios es evidente. Es claro el temor a que el pueblo se organice, se encuentre y se tejan lazos de amor y solidaridad en la sociedad. El imperio sabe el poder que tiene que las personas piensen en sus propios intereses, en los de su comunidad, y que participen activamente en la defensa de sus derechos humanos, de sus bienes comunes y de su territorio.

Manifestación en Colombia ante el asesinato de líderes y lideresas sociales

Si La Minga en Colombia continúa resistiendo, si la referente colla Milagro Sala en Argentina sigue de pie y con sus ideales intactos pese a llevar más de un año como presa política, organizaciones como las FARC siguen apostando por la paz pese a la persecución y al asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia.

Las conquistas populares son diarias, a veces mínimas, y no hace falta tener una base militar cerca o estar armadx para ser funcionales al militarismo propuesto por el imperio. No se cuestiona el sujeto militar, que dignamente tiene la función de defender nuestros territorios sino de lo violenta, represiva y patriarcal que es esa institución. Si se quiere vivir en paz, el debate y la transformación de esa institución será un factor determinante para no seguir siendo furgón de cola de ninguna potencia imperial.

* Periodista, conductora del programa La Marea (Radio Futura FM 90.5), redactora de Revista Trinchera, editora del portal Luchelatinoamérica y colaboradora de Agencia Timón.
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