La Cámara Argentina de la Construcción advirtió al Gobierno nacional por el ajuste: “Se necesita otro plan”

La Cámara Argentina de la Construcción advirtió al Gobierno nacional por el ajuste: “Se necesita otro plan”

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El titular del organismo de la construcción, Gustavo Weiss, volvió a pedirle encarecidamente al gobierno un cambio de rumbo en sus políticas económicas y desde el sector también sostuvieron que “Nación no va hacer nada”. Asimismo, el ámbito de la construcción es el que más pérdida de empleo registró durante el periodo comprendido entre marzo de 2023 y marzo de 2024, según el último informe del Sistema Previsional Argentino.

Actualmente el sector de la construcción es el que más pérdida de empleo registró durante el periodo comprendido entre marzo de 2023 y marzo de 2024, sostuvo el último informe del Sistema Previsional Argentino (SIPA). En este sentido, el encargado de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Gustavo Weiss, realizó un fuerte reclamo al Gobierno nacional y sugirió un cambio de rumbo en sus políticas económicas. En sus declaraciones, Weiss problematizó la deuda de $400 mil millones que el Estado mantiene con el sector de la construcción.

En principio, Weiss resaltó que “la recesión económica que estamos atravesando es consecuencia del ajuste económico que el Gobierno ha aplicado” y subrayó la importancia de implementar un plan de desarrollo que complemente el ajuste económico. “Si no conseguimos inversiones no hay ninguna posibilidad de que el estándar de la vida de los argentinos mejore”, afirmó y señaló que es fundamental enfocarse en la “estabilidad macroeconómica” y en el “desarrollo de una moneda fuerte”.

En la convención anual de la CAC, Weiss señaló las dificultades que atraviesa el sector y expresó su opinión sobre las medidas tomadas por Luis Caputo, ya que “la estabilidad macroeconómica conlleva a recesión y es lo que está pasando. Lo importante es si esto va a mejorar en un plazo relativamente corto”, analizó.

En este sentido, el titular de la CAC agregó: “El éxito o fracaso del plan económico del Gobierno lo iremos viendo en el tiempo. No está garantizado el éxito”. Y concluyó: “No veo una salida rápida, no está garantizado. Ojalá me equivoque”.

Frente a las dificultades que atraviesa el sector, en diálogo con Radio Noticias (99.5), el presidente de la Cámara de la Construcción de La Pampa, Adrián Pérez Habiaga, resaltó: “Acá nadie piensa en ganar plata, sino en mantener las empresas, y superar estos cuatro años porque está claro que Nación no va a hacer nada”. 

Además, el empresario sostuvo que “son tiempos muy difíciles” aunque se esperanzó en la labor del Gobierno de La Pampa para reactivar la obra pública. Finalmente, Pérez Habiaga, declaró: “No iniciamos acciones legales porque La Pampa tiene intenciones de recuperar la obra aunque sea con esta realidad económica de por medio”, sostuvo al agregar que “la situación, hoy por hoy, es compleja”.

Con respecto a los datos del SIPA, el ritmo de la caída de actividad en el sector de la construcción se acelera. Interanualmente, la variación que tuvo Construcción fue de -18,3% (pasó de 467.000 puestos de trabajo a 381.400). Respecto al primer trimestre del 2024, el sector siguió con caídas: -4,6% en enero; -3,1% en febrero y -2,6% en marzo.

En ese contexto, y en coincidencia con el informe de SIPA, la presidenta de Cámara Argentina de la Construcción en Santa Fe (Camarco), Verónica Eizmendi, analizó la situación de la actividad y explicó que intentarán reactivarla, ya que “en el país y en la provincia se viene dando la disminución de la mano de obra desde el año pasado”, dijo Eizmendi,.

En esa línea, Eizmendi enumeró las cuestiones que llevaron al sector a sufrir las complicaciones que atraviesa el sector actualmente, tales como “la devaluación, la inflación, el aumento de tasas y la falta de stock”, y “la obra pública cero cuando se pasó de gestión nacional”.

“Todo tiene que ver con todo e influyó en que disminuya el ritmo de la construcción y la cantidad de obras ahora que empezaron a pagar”, aseguró la presidenta de CAMARCO y aseveró: “A nivel nacional había 400 mil puestos de trabajo de convenio con la Uocra y hubo una baja de entre 100 mil y 130 mil. También hay muchas empresas que pueden llegar a cerrar sus puertas”.

Con respecto a Santa Fe, la referente de Camarco aclaró que no hay cierres de empresas, pero advirtió que “se registraron entre ocho mil  y 10 mil pérdidas de empleo”. “En Santa Fe estamos tratando de reiniciar todas las obras, que casi todas se han reiniciado, y las obras con fondos nacionales que están paradas se van a evaluar una por una para ver cuál se reinicia con esos fondos y cuál va a asumir la provincia”, informó, aclarando que hay obras que podrían no retomarse.

Finalmente, otro de los datos que visibiliza la crisis actual de la industria de la construcción, es del INDEC, el cual indicó que la actividad en dicho sector presentó un desplome interanual del 32,6%, aunque mostró una segunda mejora mensual consecutiva, con un incremento del 6,2% respecto a abril.

En cuanto a la producción de insumos para la industria de la construcción, las mayores caídas anuales se registraron en artículos sanitarios de cerámica (-60,4%), hierro redondo y acero (-48,9%), asfalto (-47,8%), mosaicos graníticos y calcáreos (-47,2%) y pisos y revestimientos cerámicos (-41,8%). Solo las pinturas experimentaron una merma menor al 10%.


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Plan Motosierra: el Gobierno suspendió la asistencia a pacientes con cáncer

Plan Motosierra: el Gobierno suspendió la asistencia a pacientes con cáncer

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Bajo la premisa de “revisar los circuitos administrativos” la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales quedó suspendida y no brindará más atención al público. La medida deja en la incertidumbre a muchísimas personas que incluso tienen patologías terminales y en caso de interrumpirse sus tratamientos puede traerles consecuencias irreversibles e incluso provocarles la muerte.

El Ministerio de Capital Humano tomó la decisión de suspender la actividad de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), con la excusa de “revisar los circuitos administrativos”. La resolución del gobierno libertario deja en la incertidumbre y a su merced a centenares de personas, ya que el programa se encargaba de otorgar subsidios para la adquisición de medicamentos (de alto y bajo costo) e insumos médicos a gente que carecen de cobertura médica y están en condiciones de vulnerabilidad social y sanitaria.

Mediante una resolución, firmada por el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello, el Gobierno cerró el programa DADSE con el objetivo de llevar a cabo ajustes en “los sistemas readecuación en los sistemas y procedimientos”. Este parate del organismo, aparte de ser imprevisto, no brinda más información ni da contactos para aquellas personas que acudían a dichos servicios, lo cual demuestra la frialdad y lo poco humano del gobierno de turno.

La suspensión de DADSE no es casualidad, dado que se produce en un contexto de reajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei para cumplir con los términos del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto coincide con el accionar de Pettovello al paralizar la entrega de alimentos a los comedores populares. Además se suma a la escalada en los precios, que se ha intensificado desde finales de noviembre, cuando finalizaron los acuerdos de precios con las empresas del sector.

Cabe recordar, que la DADSE, establecida en 2016 mediante una regulación de 2004, se encargó de brindar ayuda a aquellos que carecen de cobertura de salud, proporcionando medicamentos oncológicos, para enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes. Asimismo el organismo habilitó la entrega de subsidios a personas físicas, a efectos de financiar la adquisición de medicamentos, insumos y productos médicos para la realización de prácticas médicas y se focalizó en la población de mayor vulnerabilidad.

Es por ello que adultos, adolescentes, embarazadas y niños con cáncer, enfermedades crónicas discapacitantes y patologías agudas urgentes necesitan del funcionamiento de este organismo y al interrumpirse los tratamientos puede traerles consecuencias irreversibles e incluso provocarles la muerte.

Asimismo, en caso de persistir esta decisión política, miles de personas en situación de pobreza se quedarían sin sus medicamentos. Además, no podrían costearlos en un cuadro de alza de los precios producto de la política de desregulación y en beneficio de las farmacéuticas de Milei.

La decisión del libertario “funcionario del PRO” se toma sin tener en cuenta el impacto negativo que puede tener en las personas más necesitadas, y se anuncia junto con la posibilidad de iniciar acciones administrativas y judiciales si fuera necesario. Es por ello que el gobierno debe abrir de manera urgente la DADSE y girar los fondos necesarios para cubrir la demanda de todos los pacientes. Están en juego sus vidas.

Licuado de salario, el trago del verano

Licuado de salario, el trago del verano

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La era Milei inicia oficialmente con un desguace al poder adquisitivo de la clase media y baja mediante el paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que confirmó una devaluación del 120% en el tipo de cambio oficial, acompañada de la quita del esquema de movilidad en jubilaciones, congelamiento del salario social complementario y nulas señales de paritarias. 

Apenas hubo guiño para quienes perciben la Asignación Universal Por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, complementaria a esa política social. El aumento será del 100% para la primera y del 50% para la segunda. Sin embargo, las actualizaciones que pretenden alcanzar a los aumentos de octubre y noviembre no ven ni a lo lejos de la curva los aumentos de 30% en combustible o 40% en alimentos sucedidos la semana anterior, todo esto sin contemplar los que inminentemente se avecinan en estos días en base a lo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Con la misma desventaja corre el programa Potenciar Trabajo que a partir de ahora directamente dejará de participar en la maratón. Congelamiento total de este ingreso para quienes subsisten con una política que hace años demandaba ser institucionalizada, pero que lejos de ello, de mantenerse la postura planteada actualmente, desaparecerá sin mayores sobresaltos. Y es que, si se contempla que ya se devaluaron los alimentos en un 40% y estos ingresos no se actualizarán en los meses venideros (en los que el propio presidente, Javier Milei, espera un inflación aún más alta) entonces el poder adquisitivo de quienes lo perciben se reducirá casi al total.

Lo de Luis Caputo fue un asesinato a sangre fría de los salarios de las clases medias y bajas, en la exacerbación de una herencia que fue ultra profundizada por él mismo en 2018, cuando liquidó las divisas obtenidas a través del crédito del Fondo Monetario Internacional a precios menores. Las divisas se fugaron y Caputo regresó para dar el golpe final: el ajuste necesario para pagar la deuda que se fue mediante el mecanismo de la bicicleta financiera finalmente lo pagan los trabajadores, que ya venían aportando pequeñas cuotas mediante las políticas económicas de una gestión que maniobró para que el ajuste sea lo más leve posible, a la llama de unas condiciones negativas y extraordinarias para ordenar las cuentas macroeconómicas. Por incapacidad de estar al momento histórico y porque la coyuntura para generar superávit gemelos nunca llegó al gobierno de Alberto Fernández (pandemia, guerra y sequía que desordenó las cuentas y obligó a la emisión), piloteado por Sergio Massa en los últimos tramos, se le terminó el tiempo y el desenlace alguna vez planeado por Mauricio Macri -cuando aseveró que había que avanzar en la misma dirección pero a fondo- llegó.

La justificación al ajuste utilizada por el equipo económico libertario se narra para extraños mediante un recurso ya utilizado por Macri en 2015: sinceramiento. Para propios no es una novedad. Se está en el entendimiento de que existe una “masa” de emisión que hay que ajustar. Se está al tanto porque nunca fue una política de elección, sino lo que la coyuntura fue obligando a la espera de un respiro. Parecía que llegaría este 2024 con los frutos de lo invertido en energía y la normalización del sector agro una vez finalizada la mayor sequía e 13 años. Sergio Massa planificaba de esta manera y con estos saldos regularizar la situación fiscal, sin que la guillotina caiga en la nuca de les trabajadores, y en la proyección de poder liberar restricciones cambiarias en 12 meses. Sin embargo, esta metodología es más fácil, sobre todo para quienes no tienen tacto social. Así es como Luis Caputo pretende ajustar las cuentas con los deudores. El término “casta” se reversiona.

“Vienen a hacer una formidable baja de salarios”, había anticipado el lunes Rubén López, Secretario de Acción Política de ATE Capital, en comunicación con Radio Trinchera. Lo que tal vez no era esperable era la dimensión del golpe único que ayer se dio desde el ministerio de Economía, que incluso sorprendió a los mas fatalistas.

El oasis y la sequía

El oasis y la sequía

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Por José Miguel Urzua*

Estudiantes chilenos movilizados contra las medidas de ajuste de Sebastián Piñeira

Recientemente en el periódico británico Financial Times (17-10-19), el presidente de Chile, Sebastián Piñera afirmó que el país era un oasis sudamericano respecto de la situación de otros estados del vecindario sumidos en lo que definió como populismo, demagogia y crisis política. Afirmó que en Chile había democracia estable, empleo, mejora creciente en los salarios y equilibrio macroeconómico. Concluyó con la disposición de “hacer todo” para evitar que ocurriera lo que está pasando con los países vecinos.

Por otro lado, el país sufre la peor crisis hídrica, con el invierno más seco (comúnmente lluvioso) desde hace 60 años. Esta situación ha llevado al gobierno a declarar emergencia agrícola en varias regiones y 17 comunas de la Región Metropolitana. Diferentes luchadores/as de organizaciones de defensa del agua, han declarado que esta crisis se amplifica a partir del carácter mercantil de la transacción de la propiedad del agua, consignado en el código de aguas de 1981 (promulgado en dictadura), el cual es defendido férreamente por las patronales agrícolas y forestales. Según datos de CNN para 2030, el 57% del consumo de agua estará destinado a la industria forestal y el 37% para la agricultura. Solamente el 2% para agua potable.

Este 18 de octubre ocurrieron diversos hechos espontáneos de manifestación social, convocados un día antes en las redes sociales, impulsados por los/as estudiantes, orientados a evasiones masivas en el pago del metro, y que continuaron durante el día con la destrucción de varias estaciones de este medio de transporte, saqueos, barricadas y cacerolazos en distintos puntos de la capital.

La convocatoria tuvo eco en la población a partir del alza del pasaje del metro, sin embargo, podría atribuirse al encadenamiento de diversos hechos que encolerizan a la población: la impunidad de varios ejecutivos de empresas involucrados en evasión de impuestos, corrupción en Carabineros y las Fuerzas Armadas, perdonazos tributarios a grandes empresas, las pingües ganancias de las administradoras privadas de las pensiones (AFP`s) y la salud (Isapres), colusiones empresariales para la fijación de precios  en mercancías de consumo básico,  represión policial al pueblo mapuche, zonas de sacrificio ambiental, crisis sanitaria en el sistema público de hospitales, la desidia y altos emolumentos de los/as parlamentarios/as, abandono de la educación pública, innecesario involucramiento gubernamental en la crisis política de otros países sudamericanos, alto endeudamiento de la personas, bajos salarios, desigualdad social, alzas en el pago de la luz eléctrica y la impericia política del presidente y sus ministros/as respecto de declaraciones inoportunas hechas para suavizar los hechos descritos, logrando un efecto contrario al esperado.

La interpretación que hacen las autoridades es errónea pues conciben a estos hechos como meramente delictuales, invocando la Ley de Seguridad Interior y el Estado de Emergencia. Mediante estas medidas son los militares lo que controlan el orden público en una circunstancia no provocada por un fenómeno de origen natural como los terremotos, algo inédito en este período postdictatorial. 

El primer recuento después de las protestas en Santiago son 41 estaciones de Metro quemadas y/o destruidas y 308 personas detenidas. Hay también, 56 policías heridos, 49 vehículos policiales con daños y 11 civiles constataron daños.

Sin duda, estos hechos dan cuenta que el oasis tiene una crisis no solamente hídrica, sino social, política, económica e institucional.


* Dr. en Antropología chileno
El macrismo empobrece

El macrismo empobrece

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Por Nasim Iusef Venturini*

Desde el comienzo de la campaña presidencial de M. Macri mintieron a destajo para intentar convencer a la población que iban a erradicar la pobreza, no cobrar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, mantener los beneficios de los jubilados y prometían una lluvia de inversiones que jamás sucedió.

Pasaron 3 años y medio de gestión de la Alianza Cambiemos y nada de eso sucedió, todo lo contrario, el proceso de endeudamiento brutal condena la capacidad de despliegue de política pública por parte del Estado, con un claro interés en achicarlo para cercenar derechos y empobrecer a la población.

Hoy en Argentina una familia con 2 integrantes adultos y 3 niñxs, necesita de $32.761 para alcanzar niveles de consumo y no ser considerados “pobres”. Lo alarmante de esto es que representa un valor 58,9% mayor a lo que hace un año la misma familia necesitaba para no ser etiquetada como pobre.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en la Argentina alcanza el valor de $12.500 por lo tanto un hogar de las características anteriores necesita que los dos adultos trabajen y cobren en promedio 31% más que el SMVM.

En el último año y tomando los valores de abril a abril (por últimos datos disponibles de la evolución de salarios) el promedio de los salarios (registrados y no registrados) aumentaron un 36,7% y el SMVM lo hizo en 31,6%, por lo tanto ,si lo comparamos con la evolución de la Canasta Básica Total, que mide los bienes y servicios básicos que necesita una persona para vivir tuvo un aumento de 61,5%. La diferencia de porcentajes equivale al empobrecimiento de la población en general.

Además, si cobraban en promedio $15.000 el año pasado ese monto alcanzaba para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) de ese hogar y sobraba un puchito para algunas cosas esenciales que quedan por fuera de la medición del INDEC, en un año los salarios no subieron al ritmo de la CBT que subió 58,9% de junio del 2018 a junio del 2019, por lo tanto en este período todas y todos los trabajadores y jubilados que cobramos ingresos padecimos un empobrecimiento directo producto de las políticas económicas del macrismo.

En un país donde la desocupación ya trepó el 10%, donde día a día cierran fuentes de trabajo, estos números no muestran más que el resultado empobrecedor que tienen las políticas del macrismo sobre toda la población, en especial en los sectores de ingresos bajos trabajadores y jubilados.

El modelo de país agroexportador que quisieron vender como la panacea es contrario a la posibilidad de generar fuentes de trabajo y que se puedan gestar desde el Estado políticas públicas para contener la miseria que genera este modelo de exclusión, que día a día avanza en la reprimarización de la economía y deja a miles en la calle y sin esperanzas.

Nuestro pueblo ha torcido rumbos económicos tan trágicos como este, por eso vota viendo la heladera y no la tele.


* Lic en Economía, integrante del colectivo "Economía a pata", Co-conductor de “Promocionando la Salud” (Radio Futura - FM 90.5), Redactor de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.
Bolsonaro y la necesidad de desmontar el sistema educacional en Brasil

Bolsonaro y la necesidad de desmontar el sistema educacional en Brasil

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POR MIRANDA CERDÁ CAMPANO*

Movilización #15M – Foto: Guilherme Ramos – Fuente Mídia Ninja

El desprecio de Jair Bolsonaro por la educación, especialmente la universitaria, no es ninguna novedad. Durante su campaña ya daba señales a través de Twitter de lo que pretendía hacer con el sistema educacional: desmantelarlo para permitir la privatización de todas las Universidades Federales; pues el Estado “derrocha” demasiado dinero en esa cartera.

Paulo Freire, uno de los teóricos brasileños más influyentes del siglo pasado en esta materia, propone pensar la educación como una “herramienta que les permite a las personas libertarse en el pensar y no resignarse en ser dominados y obedecer”. ¿Qué quiere el presidente? No se sabe a ciencia cierta, pero está claro que no quiere una sociedad informada, ni crítica. No es casualidad que desde el ejecutivo se haya lanzado una campaña para despojar a Freire del título de Patrono de la Educación Brasileña que recibió del Estado en 2012 como reconocimiento por todos los años dedicados a trabajar por una educación transformadora.

Cuando Ricardo Vélez Rodríguez asumió en el Ministerio de Educación, se pensaba que su principal propósito a la cabeza de esa cartera estaba destinado a desmontar las políticas educacionales, pero luego de unos cuantos dichos y acciones bizarras, se le solicitó la renuncia. El recorte en educación debía producirse ya, y Bolsonaro presenta a Abraham Weintraub. En sólo 22 días, el actual ministro se cargó a las carreras de sociología y filosofía al afirmar que ninguna de estas áreas le generaría un “retorno inmediato a  los contribuyentes” y que profundizarían la crisis de financiamiento de las Universidades Federales cuando no representan ni al 2% del total de alumnos matriculados en dichas universidades; y anunció el recorte del 30% a todas las universidades públicas con el argumento de que ninguna de ellas se encuentra realizando producciones científicas relevantes para el provecho de la nación. Evidentemente, al ministro no le avisaron por cucaracha que en la actualidad, el 90% de la investigación y producción científica de Brasil es realizada en las Universidades Federales y que muchas de ellas ocupan los primeros lugares en los rankings internacionales de educación superior.

Al igual que Vélez Rodríguez, Weintraub no tiene ninguna experiencia en gestión educativa, lo que viene a confirmar la triste realidad del gabinete brasileño: casi ninguno de los ministros de Bolsonaro proviene del área para la cual fueron designados y son, además, desconocidos en el ámbito de políticas públicas. Es un gobierno de personas que no tiene preparación y que improvisa diariamente de acuerdo a sus preceptos morales. Con esto tiene que ver, seguramente, que la gestión de Bolsonaro no haya podido afianzarse o al menos enmarcarse en una suerte de proyecto claro, y esté más cerca de terminarse que de otra cosa, pese a haber iniciado hace poco más de cuatro meses.

Abraham Weintraub, el economista que Bolsonaro designó para el Ministerio de Educación

El ataque y el abandono de las universidades públicas sólo se puede entender como parte de un proyecto que busca la asfixia administrativa por escasez de recursos para proceder posteriormente a su privatización. Casualmente, la hermana del Ministro de Hacienda, Paulo Guedes, es Vice-Presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas.

Ante este panorama un tanto desolador para la comunidad educativa universitaria, se realizaron multudinarias protestas en San Pablo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasilia y Belo Horizonte durante los primeros días de mayo, y este último miércoles 15 se organizaron movilizaciones a lo largo y ancho de los 27 distritos del país. “Bolsonaro, que papelón hay plata para las milicias y no para la educación” fueron algunos de los cantos más escuchados en las calles.

Mientras tanto, Bolsonaro viajaba por segunda vez en menos de dos meses a EEUU, desde donde atacó a los estudiantes y profesores con la misma virulencia de hace un mes cuando dijo que las universidades no son lugares para albergar “militantes” y que haría lo posible para que éstos sean expurgados.  Desde Dallas, donde iba a reunirse con el ex presidente George W. Bush aprovechó para señalar a algunos medios que los participantes de este Día Nacional en Defensa de la Educación, “son idiotas útiles usados como masa de maniobra por una minoría”.

Idiota, en todo caso, es el que no quiere ver lo que salta a simple vista, la enorme expresión de descontento con los rumbos de la educación y de un conjunto de materias que solo vienen a sumarse al creciente malestar provocado por las políticas obtusas y caóticas de un gobierno que ha perdido el rumbo, o que más bien nunca ha tenido uno.

Porque no sólo en el ámbito educacional las cosas no marchan bien: la administración completa es un fiasco. Con el país subordinado completamente a los designios de Donald Trump, la inserción de Brasil en el plano externo está marcada por la ausencia de soberanía y un papel prácticamente intrascendente en los foros internacionales. El proyecto para fortalecer el bloque de los BRICS como alternativa a la hegemonía del eje Estados Unidos-Unión Europea ha quedado lejano y su política comercial poco amigable con China, siguiendo las recomendaciones de Washington, compromete la capacidad del país de seguir exportando su producción a uno de sus principales mercados. Desastroso es también el evidente retroceso en materia ambiental, donde no se ha podido contener la desforestación de la selva amazónica; y con escasa inversión en ciencia y tecnología, Brasil se encuentra dependiendo casi exclusivamente de la explotación de sus materias primas sin ningún valor agregado.

Su última medida en el plano educacional ha sido pedirle a la Agencia Brasileña de Inteligencia que investigue la vida de rectores y decanos de las Universidades Federales, lo que supone una clara persecución política y ha generado una ola de rechazo por parte de muchas entidades de derechos humanos y de los diversos estamentos universitarios. Ante este escenario, una nueva manifestación ha sido convocada por la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) para el día 30 de mayo y para el 15 de junio se ha programado una protesta nacional contra la Reforma del Sistema Previsional. La derrota en las calles del gobierno de ultraderecha parece, como nunca, un camino sin vuelta atrás.


*Periodista especializada en Sudamérica, redactora de Revista Trinchera y columnista del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata) y colaboradora de Agencia Timón  
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