Por José Miguel Urzua*
Recientemente en el periódico británico Financial Times (17-10-19), el presidente de Chile, Sebastián Piñera afirmó que el país era un oasis sudamericano respecto de la situación de otros estados del vecindario sumidos en lo que definió como populismo, demagogia y crisis política. Afirmó que en Chile había democracia estable, empleo, mejora creciente en los salarios y equilibrio macroeconómico. Concluyó con la disposición de “hacer todo” para evitar que ocurriera lo que está pasando con los países vecinos.
Por otro lado, el país sufre la peor crisis hídrica, con el invierno más seco (comúnmente lluvioso) desde hace 60 años. Esta situación ha llevado al gobierno a declarar emergencia agrícola en varias regiones y 17 comunas de la Región Metropolitana. Diferentes luchadores/as de organizaciones de defensa del agua, han declarado que esta crisis se amplifica a partir del carácter mercantil de la transacción de la propiedad del agua, consignado en el código de aguas de 1981 (promulgado en dictadura), el cual es defendido férreamente por las patronales agrícolas y forestales. Según datos de CNN para 2030, el 57% del consumo de agua estará destinado a la industria forestal y el 37% para la agricultura. Solamente el 2% para agua potable.
Este 18 de octubre ocurrieron diversos hechos espontáneos de manifestación social, convocados un día antes en las redes sociales, impulsados por los/as estudiantes, orientados a evasiones masivas en el pago del metro, y que continuaron durante el día con la destrucción de varias estaciones de este medio de transporte, saqueos, barricadas y cacerolazos en distintos puntos de la capital.
La convocatoria tuvo eco en la población a partir del alza del pasaje del metro, sin embargo, podría atribuirse al encadenamiento de diversos hechos que encolerizan a la población: la impunidad de varios ejecutivos de empresas involucrados en evasión de impuestos, corrupción en Carabineros y las Fuerzas Armadas, perdonazos tributarios a grandes empresas, las pingües ganancias de las administradoras privadas de las pensiones (AFP`s) y la salud (Isapres), colusiones empresariales para la fijación de precios en mercancías de consumo básico, represión policial al pueblo mapuche, zonas de sacrificio ambiental, crisis sanitaria en el sistema público de hospitales, la desidia y altos emolumentos de los/as parlamentarios/as, abandono de la educación pública, innecesario involucramiento gubernamental en la crisis política de otros países sudamericanos, alto endeudamiento de la personas, bajos salarios, desigualdad social, alzas en el pago de la luz eléctrica y la impericia política del presidente y sus ministros/as respecto de declaraciones inoportunas hechas para suavizar los hechos descritos, logrando un efecto contrario al esperado.
La interpretación que hacen las autoridades es errónea pues conciben a estos hechos como meramente delictuales, invocando la Ley de Seguridad Interior y el Estado de Emergencia. Mediante estas medidas son los militares lo que controlan el orden público en una circunstancia no provocada por un fenómeno de origen natural como los terremotos, algo inédito en este período postdictatorial.
El primer recuento después de las protestas en Santiago son 41 estaciones de Metro quemadas y/o destruidas y 308 personas detenidas. Hay también, 56 policías heridos, 49 vehículos policiales con daños y 11 civiles constataron daños.
Sin duda, estos hechos dan cuenta que el oasis tiene una crisis no solamente hídrica, sino social, política, económica e institucional.
* Dr. en Antropología chileno
