Ocho años después del asesinato de la concejala y activista briasileña Marielle Franco, el Supremo Tribunal Federal condenó a 76 años de prisión a los hermanos Domingos y Chiquinho Brazão como autores intelectuales del crimen. La sentencia marca un hito contra la impunidad en Brasil y expone los vínculos entre la política y las milicias que operan en Río de Janeiro.
¿Quién fue Marielle Franco?
Un 14 de marzo de 2018, fue asesinada Marielle Franco, concejal de la ciudad de Río de Janeiro: mujer, negra, bisexual, y criada en la Favela da Maré. Su presencia desafiaba y asustaba a un sistema político que siempre fue blanco, masculino y heteronormativo. Marielle, que tenía 38 años y fue asesinada con 4 tiros en la cabeza, se había postulado por primera vez en la elección de 2016, siendo la quinta concejal más votada en Río de Janeiro.
Graduada en Ciencias Sociales por la PUC-Rio, Marielle era magister en Administración Pública por la Universidad Federal Fluminense. Su militancia en la defensa de los derechos humanos y contra acciones violentas en la favela fue impulsada después de la muerte de una amiga, víctima de una bala perdida, durante un tiroteo que involucró policías y traficantes de drogas en el Complejo de la Marea.
En 2006 integró el equipo de campaña que eligió a Marcelo Freixo para la Asamblea Legislativa. Con la elección de Freixo, fue nombrada asesora parlamentaria del diputado. Años después asumió la coordinación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
Franco fue asesinada con cuatro tiros en la cabeza alrededor de las 21:30 del 14 de marzo de 2018; también fue asesinado Anderson Pedro Mathias Gomes chofer del vehículo en el que se encontraba la concejala. La principal línea de investigación de las autoridades competentes es que su asesinato se trato de una ejecución. En consonancia con Human Rights Watch, se relacionó a la “impunidad existente en Río de Janeiro” y al “sistema de seguridad quebrado” en el Estado.
En el año de su muerte, Río de Janeiro se encontraba bajo intervención federal militar, con la justificación de controlar la violencia urbana. Marielle advertía que esto significaría un agravamiento de la violencia sobre los cuerpos de los favelados y faveladas e hizo de la Cámara de los Concejales un escenario de denuncia de las muertes de la juventud negra en la favela. Un día antes de morir, al denunciar en las redes sociales otro homicidio practicado por la Policía Militar de Río de Janeiro contra un joven negro, Marielle se pregunto: “¿Cuantos más van a tener que morir para que esta guerra acabe?”
Un día después del fallecimiento de Marielle, alrededor de 50.000 personas se manifestaron en Río de Janeiro y otras 30.000 en São Paulo. Luego, el 19 de marzo de 2018, miles de personas continuaron con las protestas en la favela de Maré, para pedir por el esclarecimiento del asesinato de la dirigente.
El Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos consideró el asesinato de Marielle como la expresión más evidente de la violencia que pretende callar e intimidar a quienes defienden los derechos humanos en Brasil. De hecho, su muerte revela no solo el ambiente intimidatorio para defensores de derechos humanos, si no que también, expresa el des-compromiso político del Estado brasileño hacia las vidas negras, la vida de las mujeres y de la población LGBTI de ese país.
¿Quienes fueron los condenados?
Después de ocho años del reclamó: “¿Quien ordenó matar a Marielle?”, se obtuvo una respuesta judicial. La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenó por unanimidad a los hermanos Domingos y João Francisco Brazão, al considerarlos responsables intelectuales del asesinato de la concejal Marielle Franco y de su conductor Anderson Gomes. Fueron declarados culpables por doble homicidio, intento de asesinato y organización criminal, agravados por motivación política, dado que Franco había denunciado una trama de especulación urbanistica orquestado por las miicias locales.
Al momento de los hechos, Domingos era consejero del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro y João Francisco diputado, cuya condición le fue retirada en 2025 y permitió avanzar el proceso judicial. Ambos tendrán que pagar una compensación de 7 millones de reales a las familias de las víctimas. A su vez, fueron condenados los expolicías Ronald Paulo Alves Pereira y Robson Calixto Fonseca, también antiguo asesor de Domingos.
El único absuelto, en relación a la acusación de la fiscalía, fue Rivaldo Barbosa, exdirector general de la Policía Civil de Río de Janeiro, aunque sí recibió una pena por obstrucción a la justicia y corrupción. Los cinco han sido señalados por las muertes de Franco y Gomes, y por intento de asesinato de Fernanda Chaves, asesora de la concejal.
Durante la lectura de su veredicto, el juez supremo Alexandre de Moraes dijo que: “El tema político se combino con la misoginia, el racismo y la discriminación. Mariella era una mujer negra y pobre que estaba desafiando los intereses de los milicianos. ¿Qué mensaje más fuerte se podía enviar? Y en las mentes misóginas de los perpetradores, ¿a quién le importaría eso?”
Hablemos de magnicidio
El asesinato de Marielle Franco es un magnicidio porque fue un crimen político contra una representante electa, ejecutado por actores con poder político y criminal, y porque su impacto trascendio lo personal para convertirse en un ataque a la democracia y a los derechos humanos en Brasil.
La Fundación del Español Urgente (Fundéu) recuerda que el magnicidio es un sustantivo válido en nuestro idioma que alude a la “muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder”. Y en términos jurídicos, según el Diccionario Panhispánico de Dudas, se lo define como “delito consistente en dar muerte a una persona relevante por su cargo o posición institucional”.
En la historia se cuentan varios magnicidios, como el del ex presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy, en 1963, o el del presidente de Haití, Jovenel Moise, en 2021. Ambos, al momento de ser asesinados, se encontraban ejerciendo sus cargos. Un ejemplo en Argentina es el intento de magnicidio a la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner, en 2022, quien ejercía el rol de Vicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández.
El asesinato de Marielle Franco no solo arrebato la vida de una mujer que encarnaba la lucha por los derechos humanos, sino que también dejó al descubierto las estructuras de poder que buscan silenciar a quienes desafían la violencia, el racismo y la corrupción. Reconocerlo como un magnicidio es comprender que su muerte fue un ataque directo contra la democracia brasileña y contra la posibilidad de construir un país más justo e inclusivo.
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