El gobierno nacional ha elegido poner en el eje de la discusión del presupuesto universitario la transparencia que las instituciones llevan con sus cuentas, mientras busca juntar todo tipo de argumentos para ir hasta la última instancia judicial con el veto al financiamiento. Ante esto, es importante saber que mecanismos son los que fiscalizan dichas cuentas. ¿Cual es el rol que ejercen la AGN y la SIGEN?
En medio del tire y afloje que se ha dado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, que busca asegurar la actualización salarial para ese nivel de la educación, el Gobierno Nacional volvió a sembrar dudas respecto a cuál será el sistema de auditoría que controle los ingresos y gastos de cada institución. Según adelantaron desde el propio gobierno, se contempla la posibilidad de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) retome su ejercicio como organismo auditor.
Sin ser específicamente una cuestión de ingenuidad, desde el oficialismo se ha puesto en duda, tanto en campaña electoral como durante su gestión, si las universidades, así como casi todas las entidades públicas, son transparentes, muestran sus gastos y publican sus balances de manera regular. Todas estas incógnitas contribuyen a sembrar dudas sobre sectores públicos que son objetivos del plan económico de ajuste y desfinanciamiento cíclico que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por eso mismo, es importante conocer de qué manera se auditan las universidades según los mecanismos actuales dispuestos por las diversas leyes.
Por un lado, la Ley de Educación Superior, sancionada en 1995, dispone a la Auditoría General de la Nación (AGN), como ente que debe fiscalizar y auditar los gastos de cada universidad en toda la nación, ya que estas conservaron su rango nacional, en medio de otras modificaciones que, por ejemplo, le otorgaron a cada provincia la potestad sobre los niveles educativos de primaria y secundaria.
Debido a lo detallado anteriormente, la AGN se encarga de auditar las universidades, ya que es la que se encarga de hacerlo en todas las entidades de la nación. Por si esto fuese poco, al mismo tiempo, la SIGEN se encarga de ejercer el control interno del sector público nacional en Argentina, por lo que también tiene jurisprudencia natural en el control de estos balances, y allí es donde se encuentra el hilo desde el cual el oficialismo tensa para poner en duda a las universidades y, de alguna manera, “bajarles el precio”: El 28 de noviembre de 2022, el procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, dictaminó que solo la AGN debía seguir a cargo de la fiscalización de los gastos de las universidades nacionales, dejando sin efecto a la SIGEN, algo que igualmente no significa que dicha auditoría haya quedado huérfana.
En ese sentido, en la página oficial de la SIGEN se pueden encontrar los informes de evaluaciones internas publicados desde 2003 hasta la fecha en donde dejó de tener efecto. Sin embargo, si existe el interés de seguir los movimientos universitarios hasta la fecha, la propia AGN también tiene en su sitio web las distintas auditorías hechas hasta la fecha actual.
Además, a fin de mostrar aún más transparencia, en 2020 el Consejo Universitario Nacional (CIN), elaboró un portal llamado Universidades Compran, en donde se visualizan registros de las diversas compras de bienes y servicios que realizan las universidades. Allí se encuentran activamente 37 de las 53 instituciones de educación superior, que detallan todas las contrataciones, sus estados y montos.
En paralelo al argumento oficialista sobre la pérdida del equilibrio fiscal para justificar el veto a la ley establecida por ⅔ del congreso, el oficialismo se apalanca sobre 6 informes que la propia AGN aún tiene en proceso, y que el último balance publicado de la misma corresponde a 2018, precisamente de la Universidad de Buenos Aires de Psicología, pasando por alto los informes de la misma SIGEN o el portal de la CIN.
Si la problemática que el gobierno nacional encuentra con el financiamiento se redujese sólo a términos de transparencia, este debate solo contemplaría la discusión de si la SIGEN debe o no continuar con la auditoría de las universidades. Sin embargo, el furgón de cola que trae consigo tiene que ver con la necesidad de asentar que ciertos fondos desaparecen, y, hasta en algunos casos, buscar el propio desprestigio a la misma educación, visibilizando a los ojos de cualquier despistado que las intenciones tienen una búsqueda un poco más retorcida.
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