La Justicia intimó al Gobierno nacional a presentar un plan, en el plazo límite de dos días, en base a un amparo colectivo presentado por la UTEP y el CELS. La disposición del juez Martín Cormick se da en plena feria judicial y ahora el Ministerio de Capital Humano deberá informar cómo repartirá los alimentos.
A principios de esta semana, el Juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, dispuso que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, informe en un plazo máximo de 48 horas cómo acreditará la distribución de alimentos para las personas que concurren a comedores populares.
La resolución de Cormick refiere a la cautelar que emitió su colega, Walter Lara Correa, quien hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación de quienes asisten a los comedores.
Sin embargo, desde Capital Humano creen que la cautelar de Lara Correa en realidad “reconoce el trabajo” que viene haciendo el Gobierno porque “se validó la implementación actual de los planes y programas y se admite que las medidas tomadas por la gestión anterior deben ser revisadas, auditadas y reestructuradas”.
Cabe señalar que pese a estar en medio del receso invernal, la Justicia habilitó la feria para cumplir el fallo que obliga al Gobierno continuar con la entrega de alimentos a comedores. “En el caso median circunstancias suficientemente excepcionales al efecto para tener por configurada la urgencia exigida para habilitar la feria judicial”, argumentó el magistrado.
Además, el magistrado pidió que “el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes”. “Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras”, agrega el escrito.
Causa de los alimentos: la situación judicial de Sandra Pettovello y el Gobierno
El caso comenzó a principios de este año cuando las organizaciones reclamaron que el Gobierno había dejado de entregar los alimentos a comedores y merenderos, por lo que solicitaron que se mantengan las políticas sociales. A raíz de esto, el expediente se convirtió en un amparo colectivo y el juez Lara Correa lo aprobó.
En paralelo, Juan Grabois presentó una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Pettovello, acusándola de no entregar alimentos. En esta investigación, se descubrió que el Gobierno nacional tenía cinco toneladas de comida almacenada en dos galpones en Buenos Aires y Tucumán.
En tal causa, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, se ordenó la presentación de un plan para la distribución de los alimentos, muchos de los cuales estaban próximos a vencerse.
Finalmente, el fallo de Casanello fue apelado por el Ministerio de Capital Humano y ratificado por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal. Sin embargo, el Gobierno llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la distribución de alimentos es una decisión política que no debería ser judicializada.
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