A través del decreto 302/2024, la actual gestión nacional liderada por Milei desreglamentó la Ley Argentina Digital N° 27.078. Según las consideraciones de la medida, representa un avance hacia la desregulación de los precios en el sector. Ahora quedará a criterio de las empresas la definición de los nuevos aumentos en los servicios sin ningún tipo de regulador estatal que frene, autorice o defina los montos.
Nuevamente el Gobierno nacional libertario realizó otra desregulación e hizo algo similar a lo que sucedió en el mercado de las prepagas de salud, al publicarse en el Boletín Oficial el Decreto 302/2024, el cual reemplaza y deroga algunos artículos de la Ley Argentina Digital 27.078. De esta manera, liberaliza el mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y deja los precios de los servicios de telefonía, tv por cable e internet librado al criterio de las empresas, sin ningún tipo de regulador estatal que frene, autorice o defina los nuevos montos.
En este sentido, la publicación en el boletín oficial señala que “el presidente en acuerdo general de ministros decreta: – Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias por el siguiente ´los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación´”.
La medida representa un paso hacia la desregulación de precios en el sector, con el objetivo de fomentar la competencia, incentivar la inversión y mejorar la calidad del servicio para los usuarios de todo el país. En ese sentido, el Decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a dichos servicios.
El informe oficial establece que los precios fijados por los licenciatarios deben ser justos y razonables, garantizando que cubran los costos de explotación y permitan a todos los argentinos acceder a servicios de calidad. Entre las motivaciones que impulsan la reforma, se señaló la necesidad de incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en zonas rurales y remotas, para reducir la brecha digital en Argentina.
Al liberar a los licenciatarios de las restricciones de precios, el gobierno espera estimular la expansión de redes y servicios, asegurando una cobertura más amplia y una mayor inclusión digital. Sin embargo, el trabajador del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en la delegación de Paraná y delegado de los trabajadores despedidos tras el cierre esa sede, Andrés Ynza, sostuvo: “Dijeron que iban a competir y que iban a mejorar los precios, así como la calidad de las empresas, pero son todos versos. Son empresas que se cartelizan y cobran lo que quieren”.
En este sentido, Ynza advirtió que “en mayo ya se aplicará un 20% de aumento en las facturas de internet y telefonía móvil sobre el precio básico de las tarifas. Va a ser un vuelto en comparación de lo que vendrá más adelante”. Por último, el delegado agregó: “Es lo mismo que hicieron con las prepagas”.
Es que esta receta de desregulación que utiliza (y no funciona) el Gobierno de Milei, ya se vio en la Medicina Prepaga, un sector que desde el inicio de la gestión libertaria tuvo aumentos del 150%, gracias al DNU 70/2023, que habilitó la suba de sus servicios. Lo paradójico es que incluso el ministro de Economía Luis Caputo, acusó a las prepagas de atacar a la clase media con sus aumentos desmedidos. Asimismo, reconoció que a las compañías “se les fue la mano” con las subas y que hubo una cartelización por parte de las empresas del sector, aunque por el momento no anunció medidas para los fuertes aumentos.
Cabe señalar que este avance en la liberación de los precios se da en el marco de la intervención y el desguace llevado a cabo por la actual gestión del Enacom (organismo que se encargaba de tal regulación), dispuesto en enero pasado por el ejecutivo nacional, que designó como Interventor del ente estatal al Licenciado Juan Martín Ozores.
Por otra parte, el decreto sostiene que “en cuanto al fondo de la cuestión, es importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente”.
Finalmente, con esta decisión, el Gobierno anuló el decreto de 2020 promulgado por la administración anterior y con el cual se trató de regular los precios de los principales servicios de TV por cable, telefonía (fija y móvil) e Internet. Algo que sin dudas funcionó, ya que la Ley Argentina Nacional cumplió un rol fundamental al declarar de interés público el desarrollo de las TIC, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados. Además, mediante esta normativa, se le brindó el acceso casi a la totalidad de los habitantes del país en condiciones geográficas y sociales equitativas “con los más altos parámetros de calidad”.
