Así lo confirmó el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, en la reunión del Día Mundial del Internet celebrada en el municipio de Tigre.
El vicejefe de Gabinete Jorge Neme, anunció que el Gobierno Nacional proyecta terminar para mediados de 2023 una conexión por banda ancha de 4G libre para todo el país. La medida se dio a conocer en el marco del encuentro realizado en el municipio de Tigre por el Día Mundial de Internet.
El funcionario explicó que “uno de los desafíos del área es contar con una dinámica de gestión que brinde ciudadanía plena a cada uno de los argentinos y argentinas“, y que “en la actualidad nadie es un ciudadano plenamente libre si no tiene la posibilidad de conectarse a la banda ancha y a la internet“.
Neme estuvo acompañadopor el presidente de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) Matías Tombolini, y la presidenta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini.
El próximo domingo ARSAT cumplirá 16 años dentro del negocio de las telecomunicaciones y fue destacada por Neme, quien aseguró que la empresa estatal “es muy importante” para Argentina, y que “transita hacia el desarrollo gracias a las fuertes decisiones políticas que se tomaron entre los años 2005 y 2008“.
“La inversión que hizo y hace el Estado permitió la capacidad de diseñar, fabricar, producir y administrar satélites e incorporar al país a un club en el que solo hay ocho miembros en todo el mundo. Esto es jugar en primera“, remarcó el vicejefe de Gabinete.
El encuentro fue realizado en la Estación Terrena de Benavídez de Arsat y contó con la participación de jóvenes estudiantes secundarios, universitarios y emprendedores del mundo tecnológico y digital del municipio de Tigre.
El 17 de mayo, fecha fijada por las Naciones Unidas (ONU), se celebra a nivel mundial el Día de Internet, también conocido como Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
La nueva medida reducirá la brecha digital mediante la implementación de proyectos que lleven conectividad a barrios populares sin que las condiciones socio-económicas establezcan un impedimento al acceso.
Mediante la Resolución 792/2022, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dispuso la transferencia de dos mil millones de pesos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal con el fin de financiar obras de conectividad en barrios populares.
Cabe destacar que el programa del Enacom, que empezó a funcionar en junio de 2020 con el objetivo de desarrollar la infraestructura de internet, está dirigido a las villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap). La iniciativa busca propiciar la reducción de la brecha digital a través de la implementación de proyectos que permitan la conectividad en estos espacios sin que las condiciones socio-económicas constituyan un impedimento.
El organismo busca que los actores de la comunidad se constituyan en licenciatarios de Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) -un requisito para la presentación de proyectos al programa- mediante capacitaciones y acompañamiento, además de favorecer los procesos de formación digital en general. Asimismo la propuesta prevé un financiamiento de hasta el 100% de los proyectos elegidos con el aporte de la subvención del Fondo Fiduciario del Servicio Universal.
Cabe destacar que el fondo administrado por el Enacom, adquiere un aporte equivalente al uno por ciento de los ingresos totales de cada licenciatario de servicios de telecomunicaciones. Además financia diferentes iniciativas con la meta de posibilitar el acceso de calidad y a un “precio razonable” de los servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes.
Asimismo, la última transferencia de fondos, también por dos mil millones, al programa de barrios populares fue generada a fines de diciembre de 2021, y según la resolución de este lunes se “revela insuficiente para asegurar su continuidad”. De esta manera el ente decidió realizar una nueva erogación. A su vez, de acuerdo con el Renabap, en el país existen 4.561 barrios populares en el que viven más de cuatro millones de personas, y 65% de los mismos no cuentan con acceso a internet.
La semana pasada el Directorio del Enacom avanzó con el incremento del presupuesto del Programa debido “a la creciente demanda y necesidad” por parte de los sectores populares del país. De esta manera, el organismo decidió quintuplicar el financiamiento original de 2020 y ahora posee un total de cinco mil millones de pesos.
Hasta el día de la fecha se han aprobado proyectos que alcanzan a cubrir el 10% del total de dichos barrios y a 87.000 familias. Recientemente se aprobaron cinco iniciativas (por $480.000) en las provincias de Buenos Aires, Chubut y Santa Fe. Cabe destacar que desde fines de 2021, el Enacom aprobó 23 proyectos distribuidos en 14 provincias por $1.600.779.804.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo encargado de regular el precio de estos servicios, confirmó dos subas de 9,5% para mayo y julio próximos.
En un reciente documento, el Ente Nacional de Comunicaciones (organismo encargado de regular el precio de las tarifas de internet, telefonía fija/móvil y televisión por cable y satelital), confirmó a través de la Resolución 725/2022 del Boletín Oficial, que habrá dos subas programadas de 9,5% -cada una- para mayo y julio próximos. Además, las autoridades dispusieron un incremento específico de los valores máximos que pueden cobrar las compañías de telefonía celular en la modalidad prepaga.
El documento firmado por el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, destaca que es una actualización que se suma a la que se realizó en enero pasado (que fue del 9,8%) y que alcanzó solamente a las empresas de internet, telefonía fija y televisión por cable y satelital, que cuentan con menos de cien mil clientes. De esta manera, a partir de la facturación de mayo, las prestadoras de telefonía celular podrán aplicar el primero de los aumentos, para cualquiera de sus planes en las modalidades prepagas o mixtas.
De igual manera, en julio, podrán volver a incrementar sus precios otros 9,5% acumulando una suba del 19%. Lo mismo sucederá con las licenciatarias de Servicios de Telefonía Fija (STF), de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVA-I), de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico y radioeléctrico (SRSVFR) y de Servicios de Comunicación Audiovisual de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital (DTH).
Asimismo los precios para la “modalidad prepaga pura” de la telefonía celular, quedaron fijados de la siguiente manera: la Recarga de 50 MB de datos móviles por día tendrá un costo de $27,40 en mayo y de $30 en julio; Segundo de voz a $0,42 en mayo y $0,46 en julio; y SMS a $5,50 en mayo y $6 en julio. En todos los casos los montos serán con impuestos incluidos.
El ENACOM advirtió que cualquier cambio que eventualmente puedan realizar las empresas “sobre sus planes, precios y condiciones comerciales con arreglo a las autorizaciones de incrementos aprobadas en la presente Resolución, deberán ser comunicadas” a las autoridades nacionales.
En este sentido, el organismo destacó que cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por las compañías y “que supere los valores expresamente autorizados”, deberá ser reintegrado a los usuarios en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican por mora en el pago.
Además, en aquellos casos en los que algún cliente no abone su factura con los aumentos no aprobados por el ente, las prestadoras “deberán abstenerse de computar los plazos legales vigentes para proceder a la suspensión del servicio ni aplicar, con causa en dichas facturas, las demás disposiciones vigentes”.
Asimismo, el Poder Ejecutivo advirtió a las compañías que de incumplir con esta medida “se entiende violatorio de los derechos de los clientes y las clientas e incumplimiento de las obligaciones de los prestadores y dará lugar a la aplicación de las sanciones”.
Por último el Gobierno señaló que dado el “último incremento autorizado por el ENACOM fue de aplicación segmentada y asimétrica para enero de 2022, y destacando el enorme esfuerzo que las prestadoras del sector realizan para acompañar las distintas medidas de contención de la pandemia corresponde autorizar nuevos incrementos con aplicación para los meses mayo y julio 2022″.
Desde hace algunos meses se viene escuchado cada vez con mayor intensidad, las idas y vueltas de la brutal guerra comercial que libraron los EEUU y China. Muches ya afirman que esta guerra de aranceles, en el fondo es una disputa por la producción de la inteligencia artificial y la red 5G que transformará de manera sustancial las formas de vida que hoy se conoce.
En uno de sus recientes trabajos, el colega uruguayo Aram Aharonian, arroja algunos datos al respecto. Para dimensionar de lo que se habla, cuando hoy se contrata un servicio de internet las posibilidades son de 50 MB, 100 MB o 300 MB. El significado de esta combinación de números y letras es en realidad equivalente a la cantidad de megabytes (medida de cantidad) que se transmiten por segundo en esa conexión.
Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) la velocidad mínima de la conexión 5G será 40 veces más rápida. Una capacidad de descarga de 20 gigabytes por segundo y 10 GB de subida[1].
Este salto en la velocidad de conexión es lo que modificará múltiples factores de la vida de las personas, ya que con ella se empieza a hablar del Internet de las Cosas o de los Objetos (OIT por sus siglas en inglés). De continuar por esta vía, todos los objetos que nos rodena irían, paulatinamente, siendo fabricados para que se conecten a la red de redes (internet), y si para “el 2014 había unos mil 600 millones de objetos/máquinas conectados, para 2020 se espera que sean unos 20 mil millones”[2].
El 5G modificaría no sólo la velocidad con que las personas podrían comunicarse, sino las formas de producción (y por consiguiente influiría en las de trabajo), la circulación de dinero, objetos domésticos inteligentes que transformarán las prácticas hogareñas, medios de transporte sin conductores, o condiciones en la medicina (operaciones a distancia), en la educación (virtualizada), incluso en las confrontaciones bélicas (guerra de drones).
Aharonian retoma una proyección del Centro de Investigación de Futuro e Innovación de la South Wales Business School, la cual asegura que “en los próximos 15 años el impacto de esta nueva tecnología destruirá al menos el 30% de los empleos” que hoy realizan les seres humanos, para pasar a automatizarse.
Súmese el análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) según la cual el principal problema de los mercados laborales es la mala calidad: 700 mil millones de personas trabajan en condiciones deficientes que los hacen vivir en la pobreza o pobreza extrema. Si a esto le sumamos que “el 61% (dos mil millones de trabajadores) sobreviven en la economía informal”[3] y que 1 de cada 5 jóvenes menores de 25 años no trabaja, no estudia o recibe formación, el panorama se complejiza aún más.
Volviendo a la disputa por el 5G y la inteligencia artificial, otro de los aspectos que se deben tener presentes en este momento es la compleja situación a la que se está avecinando la población mundial respecto de los marcos normativos o regulatorios para una economía digital que cada vez cobra mayor relevancia a nivel global.
La directora de Programas Internacionales del Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR por sus siglas en inglés) y coordina la red mundial “Nuestro mundo no está en venta” (OWINFS por sus siglas en inglés), Deborah James, señala en un artículo publicado recientemente que con la aparición de la economía digital, los datos de las personas se han vuelto el insumo más valorado por las corporaciones del Big Tech o GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft).
Estas multinacionales que se han enriquecido a raíz de la venta de los datos que cada usuarie entrega a esas plataformas (“Un reciente estudio estima que en 2018, solo en publicidad en fuentes noticiosas, Google habría facturado US$ 4,7 mil millones, equivalente al 81% del ingreso publicitario de la industria mediática de EEUU en el mismo año[4]”), están impulsando modificaciones en los convenios internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), promoviendo acuerdos que les permitan sortear las regulaciones y el cobro de impuestos que hacen los Estados.
En la reunión ministerial de la OMC de diciembre de 2017 (en Buenos Aires), varios gobiernos africanos obstruyeron la intención de los países desarrollados de comenzar con las negociaciones, “pero todos los gobiernos desarrollados, más algunos en desarrollo con regímenes de derecha, firmaron una “Declaración Conjunta” apoyando nuevas negociaciones sobre temas de comercio digital”[5].
Los firmantes de la Declaración Conjunta, durante el 2018, se reunieron mensualmente y produjeron alrededor de 50 propuestas y en 2019 en el marco del Foro Económico Mundial anunciaron sus intenciones de comenzar con las negociaciones a pesar de la falta de mandato de la OMC.
Según señala James “la práctica de las Big Tech de extraer datos de todo el mundo con fines de lucro privado, utilizando reglas de comercio para obtener derechos para operar en mercados, mientras impiden la capacidad de los gobiernos para asegurar que sus poblaciones se beneficien, es colonialismo digital. Como la inteligencia artificial se potencia con los datos, estos son el sistema nervioso de la economía del futuro y quienquiera que los controle, dominará la economía”[6].
El gran negocio de los datos y la falta de legislación que proteja a les ciudadanes está haciendo estragos. Por sólo mencionar algunos, los casos más resonantes del manejo fraudulentos de datos se pueden observar desde las elecciones en Brasil, el caso de Cambridge Analytica en Gran Bretaña, con la multiplicación exponencial de las famosas fake news para realizar operaciones políticas, o la molesta aparición de publicidades dirigidas específicamente a cada usuarie (todo el tiempo) en redes sociales.
Ante este escenario, según afirma la periodista británico-ecuatoriana, Sally Burch, “varios gobiernos y legislaturas se están dando cuenta del monstruo que se ha creado y tratan de ponerle freno”[7] como los gobiernos europeos que legislaron sobre la protección de datos.
Más radical aún es el discurso del considerado “padre” de la realidad virtual y uno de los creadores del actual protocolo de Internet, Jaron Lanier, que directamente propone un decálogo de razones para abandonar las redes sociales. Según afirma estas nos están volviendo idiotas, nos vuelven infelices, nos hacen perder la empatía, o no quieren que tengamos dignidad económica, entre otras cosas.
Jaron Lanier
Lanier afirma que “el algoritmo está tratando de captar los parámetros perfectos para manipular el cerebro, mientras que el cerebro, para hallar un significado más profundo, está cambiando en respuesta a los experimentos del algoritmo. El estímulo no significa nada para el algoritmo, pues es genuinamente aleatorio, el cerebro no está respondiendo a algo real, sino a una ficción. El proceso -de engancharse en un elusivo espejismo- es una adicción”[8]
Los recientes problemas de Whats App, Facebook o Instagram (plataformas que son propiedad de Mark Zuckerberg), no fueron los primeros. Hace algunos meses había pasado algo similar. Una especie de apagón tecnológico-comunicacional.
Estos hechos y los contratiempos que trajeron aparejados a muchas personas a lo largo y ancho del planeta, gestó estas líneas y plantean un gran desafío que necesariamente debe estar atado a una profunda reflexión sobre el vínculo que cada individue tiene con las redes sociales, internet y las tecnologías infocomunicacionales.
Como afirma el filósofo mexicano Fernando Buen Abad, necesitamos “una “agenda” de Cultura y Comunicación para nuestro tiempo, debe interesarse por la democratización de las herramientas de producción, distribución e interlocución del “sentido”. Debe interesarse por el ascenso de una corriente semántica renovada por el fragor de las luchas sociales que en todos los ámbitos (ciencias, artes, filosofías, tecnologías…) viene librando la especie humana para garantizarse un lugar digno en su propio desarrollo y no un lugar de “espectador” sometido por un sector social acaparador e históricamente opresor de las mayorías”[9].
Todo indica que la humanidad está en una gran colmena que cada vez es más vigilada, restrictiva, opresiva y desigual, y que para revertir esta situación se requiere que las mayorías se involucran en la discusión y tengan una participación activa. Esta lucha aún no está perdida, pero se necesita de todes, de la presión a los gobiernos para que produzcan políticas soberanas que protejan y beneficien a sus pueblos.
* Periodista especializado en temas internacionales, conductor del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata), productor general del programa La Marea (FM 90.5 Radio Futura), redactor de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.
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