Ley Bases: con los cambios votados, solo 1 de cada 11 mujeres podrán jubilarse a los 60 años

Ley Bases: con los cambios votados, solo 1 de cada 11 mujeres podrán jubilarse a los 60 años

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La Cámara Baja aprobó en el día de hoy la ley Bases y entre las aprobaciones particulares, se incluye una reforma en el acceso a la jubilación, la cual perjudicará mayormente a las mujeres: se eliminaría la moratoria previsional para crear un retiro proporcional para los mayores de 65 años que no tengan 30 años de aportes. Solo el 10% de las mujeres, completa los aportes.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en el marco del debate por la Ley Bases, la derogación de la ley 27.705, la moratoria previsional aprobada en marzo de 2023 que habilitó a cerca de 800 mil personas en edad de jubilarse a acceder a un haber, pese a no contar con los 30 años de aporte que establece la ley. El Gobierno busca un nuevo esquema en el que cada persona cobre de acuerdo con sus años de contribución al SIPA.

La eventual aprobación de la medida perjudica especialmente a las mujeres, en lo que respecta a las implicaciones para el acceso a la jubilación. En caso de derogarse la denominada “Unidad de pago de deuda previsional”, la moratoria y todas las mujeres que no reúnan los 30 años de aportes efectivos cobrarían una Prestación Proporcional recién a los 65 años (cuando actualmente está en los 60 años), de la misma manera que sucede en la actualidad con los varones, detalla el proyecto consensuado.

Cabe destacar que la moratoria previsional en rigor beneficia a dos grupos en particular, primero a aquellos que cumplen con la edad jubilatoria pero no alcanzaron los 30 años de aportes establecidos por ley, y luego a las personas que aún no llegaron a la edad límite, pero saben de antemano que no llegarán a acumular los 30 años de aportes necesarios. Permite regularizar los períodos faltantes hasta diciembre de 2008, inclusive, con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Además, el sistema actual se basa en ajustar las cuotas según la “Unidad de Pago de Deuda Previsional” (UPDP), determinada por la “remuneración mínima imponible”, actualmente fijada en $45.281,15. Esto implica que las cuotas se descuentan en base al 29% de esta remuneración mínima no imponible, lo que equivale a $13.131,53. Una novedad respecto de las anteriores: un plan de pagos para quienes estén a menos de 10 años de llegar a la edad jubilatoria. Esas personas, pueden empezar a cancelar sus deudas previsionales, para llegar a la edad de retiro sin pasivos por atender.

Sin embargo, la propuesta gubernamental busca reemplazar esta moratoria por la Prestación de Retiro Proporcional. En este sentido, el artículo 227° de la ley votada señala: “Créase la Prestación de Retiro Proporcional, para aquellas personas que hubieran alcanzado los sesenta y cinco años años de edad y que no cumplan con el requisito previsto en el artículo 19 inciso “c” de la Ley 24.241 y sus modificaciones”, que habla de 65 años de edad sin distinción, estirando el plazo que rige al día de hoy para ese grupo de mujeres.

De prosperar la derogación impulsada por La Libertad Avanza, aquellos que no hayan completado sus aportes solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a partir de los 65 años, lo que equivale a un haber mínimo del 80% de la jubilación mínima, que actualmente es de $260.141,60 (incluyendo el refuerzo). Para contextualizar, en mayo los beneficiarios de tal pensión percibirán $222.113. Sin embargo, son muy pocas las mujeres que logran completar con tales aportes.

Al respecto, la abogada especializada en temas previsionales, Andrea Falcone, resaltó que la derogación de la moratoria implicaría que la mayoría de las mujeres no lleguen a jubilarse a los 60 años y deberán esperar hasta los 65 para acceder a la PUAM o a un retiro proporcional, ya que solo el 10% de ellas logra completar los 30 años de aportes al llegar a la edad jubilatoria.

En paralelo, la ex directora nacional de Economía Igualdad y Género e investigadora del Conicet, Sol Pietro, resaltó en un hilo de Twitter (ahora X) que “la moratoria previsional es la principal vía de jubilación para las mujeres en la actualidad. Según datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIG), solo el 8,8% de las mujeres en edad de jubilarse tienen 20 años de aportes o más”. Por este motivo, expresó Pietro, el 85,4% de las mujeres jubiladas accedió a la jubilación a través de una moratoria previsional, mientras que en los varones este número disminuye al 50,0%. Por eso, el 76,5% de las mujeres jubiladas cobra el haber mínimo, frente a un 30,0% de los varones.

Esto se debe, en gran medida, a los altos niveles de informalidad laboral, las interrupciones generadas por tareas y responsabilidades de cuidado, como la maternidad, y la carga desproporcionada de tareas del hogar que recaen sobre las mujeres.

Asimismo, Pietro resaltó que “las mujeres con hijos dedican un considerable tiempo diario a tareas de cuidado, lo que representa una parte significativa del Producto Interno Bruto (PIB). Esta realidad desmiente la noción de que las mujeres se jubilan sin haber trabajado, ya que la labor de cuidado es fundamental para el funcionamiento de la sociedad”.

“Las mujeres destinan en promedio casi cuatro años más que los hombres a tareas de cuidado a lo largo de 29 años, 3.9 años más a tareas de cuidado que los varones.” Esta disparidad en la distribución de responsabilidades justifica, según ella, “la diferencia en la edad jubilatoria entre géneros que existe en muchos países”, argumentó la ex funcionaria, al respecto del debate sobre el aumento de la edad jubilatoria para las mujeres, de 60 a 65 años.

No está de más resaltar que este cambio también afectaría a la mayoría de los hombres, con 7 de cada 10 no pudiendo jubilarse a los 65 años debido a la alta informalidad laboral. Con respecto a aquellos jubilados que ya entraron en la moratoria, no sufrirán ningún cambio por tratarse de un derecho adquirido.

Sin dudas, como vimos hoy, la Ley de Bases del oficialismo plantea cambios significativos en el sistema jubilatorio que podrían dejar a muchas mujeres sin acceso a una jubilación digna o incluso fuera del sistema jubilatorio, evidenciando la crueldad y la vehemencia con la que se mueve el Estado Nacional en todos sus niveles. Será el turno ahora del debate en la cámara de senadores para que finalmente la ley, y sus distintos capítulos, sea efectivamente aprobada o rechazada.

Es necesario abordar las desigualdades de género en el ámbito laboral y de cuidado, algo que evidentemente estuvo ausente en el debate desarrollado en el día de hoy. Quedará por verse de qué manera actúan las y los senadores cuando la ley se trate en dicha cámara.


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Transporte: se anunció un paro aéreo, marítimo, terrestre y portuario en rechazo al Impuesto a las Ganancias

Transporte: se anunció un paro aéreo, marítimo, terrestre y portuario en rechazo al Impuesto a las Ganancias

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La medida de fuerza será el próximo 6 de mayo, en rechazo al regreso del cobro de Ganancias. Frente al avance de la ley, la delegación de Puerto San Martín del Centro de Patrones accionó de manera directa e inmovilizó a todos los buques arribados allí, además, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo anunció una huelga de tiempo indeterminado en protesta y podría afectar los embarques de harina y aceite de soja.

El paquete fiscal propuesto por el Gobierno de Javier Milei desencadenó una serie de protestas en diversos sectores claves de la economía argentina, y uno de ellos fue Transporte. Al respecto, el secretario general adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid, anunció un paro para el próximo martes 6 de mayo, el cual paralizará el transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo. Puntualmente, la medida de fuerza se dará en rechazo a la Reforma Laboral y la modificación en la Cuarta Categoría del Impuesto a las Ganancias, aprobada hace instantes en el Congreso de la Nación.

De esta manera, el oficialismo enfrentará un complicado inicio de mes en los primeros días de mayo, ya que al paro de Transporte se le suman las movilizaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) por el Día del Trabajador (estipulada para el primero de este mes) y el segundo Paro General del año convocado para el 9 de mayo en reclamo de las medidas tomadas por Milei y los más de 10 mil despidos de empleados estatales.

“El lunes 6 de mayo en horas de la mañana y cerca del mediodía se interrumpirán las actividades en el transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo en rechazo al acuerdo fiscal que nuevamente sanciona el Impuesto a las Ganancias”, informó Schmid, que también es el secretario general del Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento (Dragybal), a través de sus redes sociales.

La instancia nace por el descontento de los empleados de transporte luego de que se conociera la inclusión del Impuesto a las Ganancias en el proyecto de ley presentado por el gobierno libertario, arancel que el ex ministro de Economía, Sergio Massa, eliminó en septiembre del año pasado, y que atañe a los trabajadores del gremio.

Por otra parte, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo anunció una huelga por tiempo indeterminado en protesta contra el Impuesto a las Ganancias y las reformas laborales propuestas por el Gobierno nacional.

“El paro anunciado por tiempo indeterminado afecta al 80% de las aceiteras y comenzará tras la apertura de la sesión que tratará (el impuesto a) Ganancias y la Reforma Laboral en Diputados”, señaló SOEA a través de un comunicado. Tales acciones podrían afectar significativamente los embarques de aceite de soja y harina, ya que Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de estos productos.

En consonancia, este lunes, la delegación Puerto San Martín del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo se sumó a los gremios que paralizan la actividad en rechazó al paquete fiscal presentado. La iniciativa afecta el amarre, practicaje, provisiones y servicios a buques que llegan al cluster de puertos ubicados desde la ciudad de San Lorenzo a la localidad Timbúes.

En este sentido, desde la organización manifestaron que “el momento es ahora”, en referencia al inicio del tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso Nacional. Al respecto, el secretario del Interior del Centro de Patrones, Alberto Maldonado sostuvo: “No podemos hacer oídos sordos a este intento de quitarle a los trabajadores lo que ganan con su esfuerzo y ver como aquellos que fugaron dólares al exterior le bajan el tributo a cero (0)”.

Tras anunciar el paro, el dirigente sostuvo que “el salario no es ganancia y los legisladores lo saben”. En misma línea, Maldonado recordó las denuncias realizadas por el secretario general de la entidad, Mariano Moreno, y recalcó que “la actividad fluvial está en riesgo, tenemos que poner un freno a este modelo extractivista y que pretende reemplazar nuestro trabajo con trabajadores precarizados”.

Este plan de lucha se suma a la huelga de 72 horas anunciada para el mismo día, en todo el país, por los trabajadores estatales que controlan la calidad sanitaria de los alimentos (Senasa). La medida de fuerza será en rechazo al proyecto de ley Bases, ya que, según el sindicato, “propicia una salvaje reforma del Estado, y el desguace total del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria”. El paro paralizará las exportaciones agroindustriales e impactará en el ingreso de dólares a la Argentina. 

Cabe destacar que uno de los puntos de mayor controversia del paquete fiscal recientemente aprobado en Diputados es el Impuesto a las Ganancias. Si bien se realizaron algunas modificaciones, como la actualización de deducciones personales y la escalada de las alícuotas de forma semestral, aún persiste la preocupación entre los contribuyentes.

La aprobación de este proyecto implica la reinstauración del Impuesto a las Ganancias para un considerable número de trabajadores. La eliminación de la cuarta categoría durante septiembre de 2023 eximía del pago del tributo a más de 800 mil contribuyentes, una medida que generó expectativas durante la campaña presidencial. Sin embargo, su reintroducción ahora genera un fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad.


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Ley Bases: el Gobierno consiguió avanzar con la Reforma Laboral ¿Cómo quedó?

Ley Bases: el Gobierno consiguió avanzar con la Reforma Laboral ¿Cómo quedó?

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Tras el dictamen de comisiones en Diputados, el oficialismo impuso un apartado dentro del capítulo laboral con menos artículos y diversas modificaciones que la normativa presentada y vetada en febrero pasado. Entre los puntos claves y más controversiales, el proyecto ampliará el período de prueba de entre seis meses a un año y la creación de un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones.

Luego del fuerte desplome que sufrió la Ley Bases del Gobierno nacional el pasado 5 de febrero, Milei y sus secuaces volvieron a presentar el proyecto el pasado jueves (del cual solo quedaron en pie 240 artículos de los 600 originales) y logró dictamen en las comisiones de Diputados gracias al respaldo de la oposición dialoguista. Uno de los puntos más controversiales que entraron en el escrito final fue, justamente, el de la reforma laboral que tiene entre sus artículos más discutidos el período de prueba de entre seis meses a un año y la creación de un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones. Tanto Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) criticaron la iniciativa que se discutirá el lunes en el recinto de la Cámara Baja.

En principio, en el apartado denominado “Modernización laboral”, la nueva Ley Bases desarrolla la reforma de la legislación de trabajo de 17 artículos con distintas modificaciones sobre el proyecto Ley de Empleo Nº 24.013. Ahora, el proyecto cuenta con puntos de contacto con el documento que presentó el radicalismo, ya que constan con transformaciones que diputados del partido de la Unión Cívica Radical (UCR) defendían como necesarias y que incluso conversaron con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en Casa Rosada. 

En este sentido, la iniciativa del radicalismo modifica únicamente dos apartados del ámbito laboral, las 20.744 y 24.013, mientras que deroga el artículo 1 de la ley 25.323, una propuesta muy distante al capítulo IV del DNU 70/2023 que permanece en la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, el oficialismo logró sellar un acuerdo a contrarreloj con las bancadas aliadas y pactó su incorporación al proyecto del Gobierno libertario a cambio de sus votos a favor.

Las modificaciones de la ley laboral propuestas por la Ley Bases

Extensión del período de prueba: actualmente es de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de ocho meses para pymes de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta cinco trabajadores. Asimismo, la empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez, y la utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.

El fondo de cese laboral optativo: se podrá determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones).

La derogación de multas por no registración laboral: este apartado fue borrado del texto original, el artículo establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquean empresas en el marco de pujas salariales o laborales.

Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): otro aspecto fundamental de la Ley, según destaca el oficialismo, ya que establece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares.

Aunque el oficialismo evitó avanzar (como proponía la UCR) contra el aporte de los trabajadores a sus organizaciones gremiales y los límites del derecho a huelga a múltiples actividades laborales, la oposición dura al gobierno libertario tuvo fuertes críticas y advertencias por el avance contra los derechos de los trabajadores. En este sentido, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, señaló: “Para garantizar el quórum en el recinto y las firmas (dictamen) accedieron al pedido de un bloque por el tema reforma laboral: entregaron los derechos de los trabajadores y trabajadoras argentinas a cambio de firmas en el dictamen y a cambio de quórum y votos en el recinto”.

Martínez también pidió “hacer memoria” y repasó las tapas de los diarios a lo largo del año 2000, ya que en aquel momento el gobierno de Fernando de la Rúa y su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, impulsaron una reforma laboral que desencadenó el escándalo de las coimas en el Senado para aprobarla, con la posterior renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez.

A su turno, la diputada e integrante del FIT y PTS, Myriam Bregman, detalló que lo que está haciendo el oficialismo y su bancada “es ilegal y es anticonstitucional, ya que no pueden hacer una reforma laboral sin que pase por la comisión de trabajo, eso va a ser impugnado, ustedes lo saben. Solo le están dando una señal a los patrones del Llao Llao, nada más que eso. Es inconstitucional porque viola el principio de progresividad de derecho y todos los tratados internacionales, de derechos humanos y laborales firmados por nuestro país”.

En paralelo, la diputada del FIT-PO, Romina del Plá, ató los cabos que el oficialismo venía soltando con la reforma laboral y la Ley Bases, y mencionó: “Para los trabajadores hay impuesto sobre los salarios, liquidación del monotributo social y derogación de las jubilaciones por moratoria. Para los empresarios hay moratoria impositiva, blanqueo de capitales y reducción de la alícuota a bienes personales. Si atamos los puntos, una vez más a los trabajadores nos hacen pagar la fiesta de los fugadores, de los narcos y de los empresarios”.

Tras la confirmación del avance de la Ley el camionero e integrante de la CGT, Pablo Moyano, en diálogo con AM750 aseguró que esta reforma representa “una condena para los trabajadores”, y agregó: “La rechazamos de plano. No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones y que se le tengan que pagar ellos mismos”.

Por último, Moyano alertó por la pérdida de derechos y lamentó que, si avanza la reforma, los trabajadores no tendrán derecho a huelga, ya que “plantea los períodos de prueba y eso no es negociable. Eso es regresivo, te saca derechos. Y es represiva si llevás adelante una medida de fuerza”. De esta manera, el intento de Milei de concretar una reforma laboral en una sesión que se extendería entre el lunes 29 y el martes 30, fortalecerá la movilización por el Día del Trabajador y el paro general que la central obrera convocó para el 9 de mayo.


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El abogado violentado por la Policía de la Ciudad fue liberado luego de que le implanten marihuana para intentar justificar la golpiza

El abogado violentado por la Policía de la Ciudad fue liberado luego de que le implanten marihuana para intentar justificar la golpiza

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Tras increparlo por participar de la marcha universitaria, el abogado fue brutalmente golpeado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Luego le implantaron marihuana en su mochila para caratular su detención durante 15 horas.

El abogado perteneciente a la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) y representante legal de la organización AMMAR (Asociación de Mujeres meretrices en Argentina), Matias Darabos, fue liberado tras más de 15 horas privado de su libertad en la Comisaría 1 A ubicada en calle Suipacha al 1156. Fue interceptado y golpeado por tres efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires: la agente Lara Coria, y los agentes Fabian Albero Martínez y Ángel Raúl Cantero. Tras ser liberado alrededor de las 12 y 40 acudió directamente a realizar la denuncia a la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).

Mientras que no se registraron -hasta el momento- otras situaciones de violencia institucional/policial en el marco de la Marcha Federal Universitaria realizada este martes 23 de abril, el hecho sucedido en los alrededores de Plaza San Martín al caer la noche, cuando se dilataba la concentración, llamó la atención de manera preocupante. Darabos fue detenido sin motivo alguno tras acompañar “a unos amigos que viven por la zona” cuando finalizaba una jornada de lucha que transcurrió en márgenes de paz, en la cual ni siquiera se desarrolló ningún altercado con el “operativo anti piquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como se especulaba de antemano.

Según lo relatado por el abogado al Multimedio Trinchera, los efectivos policiales lo rodearon luego de despedirse de sus amigos, cuando frenó debido a sentirse “descompuesto”. “Me increpan y me dicen que estaba borracho, que me las tome, a lo que yo contesto que no me falten el respeto, y entonces me preguntan de manera desafiante si venía de la marcha”, detalló. “Les pedí que se identificaran porque no tenían su placa y no sabía si eran policías o si estaban disfrazados, a lo que me contestaron que no tenían por qué hacerlo. Les aseguré que era abogado y me respondieron que ‘se lo pasaban por el orto’, y tras algunos entredichos más recibí un golpe de atrás con una tonfa”, prosiguió.

“Cuando me golpean caigo al piso y me empiezan a patear la cabeza mientras me decían: ¿Así que querés marchar? Me cagaron a patadas, yo me hice bolita para protegerme, y cuando se cansaron me levantaron y me tiraron como si fuera una bolsa de papa”.

Tras esto, Darabos indicó que fue esposado por los oficiales y que dos personas se acercaron a preguntar qué sucedía. Ante esto, los policías retomaron la excusa de que estaba borracho, lo que fue contradicho por el abogado, que con esta custodia aprovechó para sacar su celular y mandarle un mensaje a sus colegas. “Me sacaron el celular y lo tiraron por ahí, me tuvieron dos horas esposado esperando al móvil. Entre medio llegó el SAME, me curaron así nomás y se fueron”, relató.

“También en el lapso en el que me tuvieron esposado, empecé a asegurarles que los iba a denunciar, que esta locura no iba a pasar así nomás, y como se dieron cuenta que podían tener problemas, entre Lara Coria y Fabián Martínez decidieron ponerme marihuana en mi mochila”, detalló Darabos, sobre la coartada que utilizaron los oficiales para justificar el hecho. Tan patético como bruto pensar que, aún si la marihuana fuera suya, habilitaría a realizar tamaña golpiza.

La liberación del abogado se dio luego de que sus compañeros de ACVI realizaran los procedimientos jurídicos correspondientes. ACVI es una asociación que acompaña en cada una de las movilizaciones que se despliegan en la ciudad y distintos puntos del país para intervenir y denunciar cualquier tipo de situación donde se evidencie violencia institucional. “Hicimos la denuncia en la Procuraduría contra la Violencia Institucional, donde se solidarizaron y me trataron muy bien”, contó.

Como se mencionó antes, el acta de arresto fue justificada con “tenencia de estupefacientes”, y de yapa se agregó “resistencia a la autoridad”. “Todo el procedimiento fue irregular, un hecho gravísimo que obviamente responde al clima de época”, reflexionó Darabos. 


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Tarifas de gas: alertan que podrían aumentar más de lo anunciado

Tarifas de gas: alertan que podrían aumentar más de lo anunciado

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Según lo estipulado por las resoluciones que legitimaron el incremento, el pago de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) le mete más presión a las subas de las tarifas por este servicio en la temporada de otoño e invierno. De esta manera, las distribuidoras podrían aumentar aún más de lo acordado.

Según el presidente de la Nación, Javier Milei, el aumentazo en las facturas del gas era parte del camino ya transitado, sin embargo la suba continúa debido a que el pago de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), que llegan por barcos al puerto bonaerense de Escobar a un alto costo, le mete más presión a las subas. Además, desde la Casa Rosada trascendió que las últimas subas convalidaron los precios mayoristas formalizados con el Plan Gas, que resultan de los convenios de las petroleras con producción nacional y las distribuidoras.

A fines de marzo, el Estado nacional dictó la Resolución 41/2024, la cual estipula que la Secretaría de Energía, conducida por Eduardo Rodríguez Chirillo, no trasladó a los usuarios el costo estimado de las importaciones, que a veces es mayor que la producción local (más de US$ 10 por millón de BTU -Unidad Térmica Británica- frente a US$ 4,43 en invierno, el período que va de mayo a septiembre).

De esta manera, si la cartera de Economía que encabeza Caputo no se encarga de garantizar la diferencia con subsidios, los contratos económicos del sector estarán en peligro. Si bien aclaran desde el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que no está riesgo el abastecimiento “físico”, es decir, que habrá suficiente cantidad de gas para todos, la incógnita que se mantiene es quién se encargará de ese gasto adicional.

Con respecto al gas importado, a principios de abril la empresa pública Energía Argentina (Enarsa) compró los primeros 10 embarques por US$210 millones, a un costo promedio de US$9,99 por millón de BTU. Asimismo, en la corriente semana, Enarsa realizó la segunda licitación con un costo que sería apenas más alto al ya mencionado. También se confirmó que la compañía argentina compró 30 cargamentos, y llegarán entre el periodo de abril y agosto.

Cabe recordar que en años anteriores, Enarsa se hizo cargo de casi todo ese costo, pero esta vez el Gobierno libertario (que está de turno) decidió licitar en el Mercado Electrónico de Gas (Megsa) todo el gas importado para las distribuidoras a un precio de US$12,90, que incluye la importación y el proceso de regasificación, es decir, transformar el gas de estado líquido a su estado natural e inyectar en los gasoductos de alta presión.

Ahora, las nuevas autoridades de la compañía energética intentaron licitar dos veces y el resultado en ambos casos quedaron vacíos y ninguna distribuidora se presentó a comprar el gas. Esto se debe principalmente al hecho de no tener la seguridad de que el Estado nacional le autorice el traslado de ese costo a sus usuarios finales (pass through), que son pequeñas industrias, casas y comercios. Asimismo, la Ley 24.076 que regula al sector del gas, dicta que las distribuidoras tienen un “principio de neutralidad”, dado que no pueden ganar ni perder plata por el componente gas, que compran a las productoras y llevan a los usuarios.

El negocio de Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor y Gas NEA es regulado y tiene sus propias tarifas. Además, como consecuencia del incremento de sus ingresos, autorizado por Milei y sus secuaces, inyectarán inversiones para el mantenimiento y mejora de sus redes por $74.110 millones hasta el 31 de diciembre de 2024.

De esta manera, el horizonte para los usuarios es bastante duro. El fuerte aumento del gas del corriente mes, que superó el 650% interanual por la eliminación casi total de subsidios a los hogares N1 (ingresos altos), los comercios y las industrias, así como una quita parcial de la ayuda del Estado a los hogares N2 (ingresos bajos) y N3 (clase media), se le suma que en mayo habrá otro escalón superior, por la entrada en vigencia de los precios de invierno. En esta etapa el componente gas pasa del US$2,89 al US$4,43 por millón de BTU en la zona donde tiene concesión Metrogas, es decir Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (GBA).

Si el conflicto económico por las importaciones se salda a favor del traslado pleno a los usuarios, estos precios ascenderán por las nubes y generarían la necesidad de un incremento adicional de las tarifas. Es por ello que es tan necesaria la puesta en marcha del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta, ya que ayuda a atenuar la cantidad de importaciones de combustibles líquidos y gas licuado, y lo que permite bajar el costo de abastecimiento local y los subsidios, al transportar producción -y trabajo- nacional con menores precios que el gas que se trae de afuera.


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El movimiento estudiantil platense, en unidad para enfrentar lo que viene: desafíos y tareas después del Congreso de la FULP

El movimiento estudiantil platense, en unidad para enfrentar lo que viene: desafíos y tareas después del Congreso de la FULP

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A finales de la semana pasada, la Federación Universitaria de La Plata tuvo un nuevo congreso donde, luego de muchos años, se consolidó la unidad del campo popular en el frente “La educación es soberanía”. La presidencia quedó en manos de la Mella y la JUP, y todas las organizaciones vinculadas al peronismo fueron incorporadas.

El pasado viernes 19 de abril, se desarrolló en la Facultad de Artes el 40° Congreso de la Federación Universitaria de La Plata (FULP). El congreso se vio enmarcado en la crítica situación que atraviesan en este momento las universidades y la educación pública en la Argentina, algo que venimos ya trabajando en el medio y que se pudo ver de manera evidente en la inmensa Marcha Federal Universitaria realizada el pasado martes.

En ese sentido, la conducción de la Federación, y el campo popular en general, llegaba con la responsabilidad y la tarea de fortalecer la unidad, de aumentar sus niveles de representación respecto a años anteriores y de nuevamente, evitar que la presidencia quede en manos de la Franja Morada, la fuerza con mayor cantidad de congresales en toda la UNLP.

El congreso comenzó con un panel a cargo de las representaciones de los tres gremios universitarios, ADULP, ATULP y la FULP. Más tarde, se desarrollaron distintas comisiones para debatir temas de actualidad entre todo el movimiento estudiantil participante. Los ejes de estas fueron “Derechos humanos y memoria”, “Trabajo y economía” y “Ciencia y políticas ambientales”. Pasadas las discusiones, donde se vieron tensiones entre las fuerzas cercanas al peronismo y al campo popular, con los espacios trotskistas, el congreso pasó a la etapa de mística y encuentros internos de las organizaciones, mientras en paralelo se desarrollaban las distintas reuniones entre los representantes de las fuerzas, para definir una lista que logre incorporar a todos.

Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, se convocó a la presentación de listas, donde se impuso el Frente “La educación es soberanía”, compuesto por todas las organizaciones del campo popular. La presidencia quedó a cargo de la Mella y la JUP, las vicepresidencias fueron para el Miles y el Frente Natural y la secretaría general en manos de La Cámpora. A su vez, el Movimiento Estudiantil Liberación, la CEPA, el Colectivo Estudiantil, y otras organizaciones con representación, quedarán a cargo de las distintas secretarías. 

Podemos pensar que, dada la coyuntura, el movimiento estudiantil hizo lo que debía hacer, o lo que la coyuntura le imponía: dejar mezquindades y disputas internas, y priorizar la unidad para enfrentar el brutal ajuste que se está atravesando. Sin embargo, queda por verse si será suficiente y si el frente podrá trabajar de manera conjunta y coordinada, pensando políticas para garantizar la permanencia estudiantil, algo imperante en este momento.

Por lo pronto, la nueva conducción tuvo su instancia de estreno en la Marcha Federal, donde más de mil estudiantiles movilizaron junto con el gremio representando al movimiento estudiantil de la ciudad. 


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Marcha sí, sesión no: la Cámara Baja no llegó al quórum para tratar el presupuesto universitario

Marcha sí, sesión no: la Cámara Baja no llegó al quórum para tratar el presupuesto universitario

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Luego de la multitudinaria movilización en defensa de la educación pública en todo el país, la Cámara de Diputados iba a debatir este miércoles el financiamiento de las universidades y el FONID. La instancia, impulsada por Unión por la Patria, se vio truncada por el faltazo de seis legisladores lo que imposibilitó el tratamiento en el recinto. La Libertad Avanza y sus socios brillaron por su ausencia.

Este miércoles, la Cámara de Diputados tenía como objetivo debatir el financiamiento de las universidades públicas y el Fondo de Incentivo Docente (FONID), dado de baja por el Gobierno Nacional. La sesión fue pedida por el bloque de Unión por la Patria (UxP). Sin embargo, pese a la histórica marcha universitaria del día de ayer, en las bancas de la Cámara Baja se sentaron 124 de los 129 necesarios para tratar la iniciativa, por lo que sesión se cayó, aunque hubo pedido de habilitar una prórroga para intentar que más legisladores se sentaran en sus asientos, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, lo rechazó.

La sesión de carácter especial había conseguido el dictamen en el último encuentro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y esperaba ser debatida hoy a las 11 horas. Los diputados de Unión por la Patria también pidieron que se trate el Régimen de Financiamiento de Universidades Nacionales, la declaración de la emergencia presupuestaria de la educación superior de gestión pública y el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente por un plazo de cinco años.

Además de UxP, los bloques que respaldaron el tratamiento de ese tema y de un aumento a las jubilaciones y pensiones fueron: el bloque Por Santa Cruz y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. A ellos se le sumaron 15 diputados radicales no alineados con el oficialismo y seis de Hacemos Coalición Federal.

El presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, había planteado: “Contundente y masiva manifestación popular en defensa de la Universidad Pública en todo el país. El próximo paso es que los diputados y diputadas que se pronunciaron a favor den quórum para garantizar el financiamiento universitario”. Tras la fallida sesión sostuvo: “Algunos diputados están escondidos detrás de las cortinas para no debatir”.

La diputada Cecilia Moreau remarcó que el compromiso de la coalición opositora fue llevar al recinto un proyecto que esté en sintonía con la demanda de ayer. “Este es nuestro compromiso, representarlos en nuestras bancas y acompañarlos en la calle”, dijo y exhortó al Congreso “a abrirse no sólo para tratar los proyectos del presidente Milei”. A su turno, el diputado Leandro Santoro mencionó: “Hoy había sesión para aumentar el presupuesto universitario. La oposición dialoguista no bajó a dar quórum. Vamos a insistir hasta resolver este tema”.

De la oposición dialoguista, solo los diputados que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes confirmaron su asistencia. El resto, aun habiendo participado de las movilizaciones, hasta última hora mantenían la decisión de no bajar al recinto.

Con respecto al debate por el financiamiento y las auditorías, la oposición se enfocaría en el ajuste presupuestario y trataría de conseguir el quórum para tratar el tema en el recinto. Según un posteo compartido por Sergio Massa, la ejecución presupuestaria del Programa Desarrollo de la Educación Superior cayó del 0,73% del PBI en 2023, al 0,22% en 2024, sumando en el cálculo de este año la actualización anunciada del 70% de la partida de asistencia financiera para gastos de funcionamiento y el PIB nominal proyectado.

Mientras tanto el oficialismo correría el eje y pondría la mira en la necesidad de realizar auditorías. En principio el vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró el recorte del 70% que el Gobierno nacional hizo sobre el presupuesto universitario cuando ya empezaba a gestarse la marcha a favor de las universidades y tomaba fuerza el reclamo de los rectores. Luego de un tiempo, y con el objetivo de desactivar la movilización, el Ministerio de Capital Humano anunció un supuesto aumento del 70% en el presupuesto universitario de mayo, que se sumó al mismo porcentaje otorgado en abril.

Además, sostuvieron que había sido acordado con las universidades, sin embargo, rápidamente los dirigentes de los entes universitarios salieron a desmentir y a aclarar que ese incremento sólo alcanzaba a los gastos de funcionamiento, que representan apenas el 10% de los gastos totales.

En este sentido, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, detalló que el anuncio tiene el objetivo de “subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades”, que “representan solo el 10% del presupuesto universitario”, mientras que “el otro 90% son salarios, que siguen perdiendo un 35%, desde diciembre, comparados con la inflación”.

El lunes de la corriente semana, el Estado nacional anunció que hizo las transferencias con los aumentos anunciados e intentó dar por saldado el tema, sin embargo la respuesta de todo el sector educativo fue una movilización multitudinaria a lo largo y ancho del país.

Mientras tanto el oficialismo busca dirigir el debate a la resistencia de las autoridades de las casas de altos estudios a ser auditadas. En este sentido, el diputado (y ahora oficialista), José Luis Espert señaló: “Nadie en el gobierno cuestiona ni la educación pública superior, ni su financiamiento. Sólo se quiere auditar, controlar, chequear si los impuestazos que pagan los laburantes realmente van a la educación o es parte del curro de la política”.

Incluso, en el marco de su habitual conferencia de prensa, Adorni volvió a reclamar este miércoles que se auditen los fondos universitarios y señaló: “Las universidades no son gratis, son no pagas para el que estudia; la pagan los argentinos”. “Solo es sostenible una educación pública de calidad en el camino que estamos transitando, de equilibrio de las cuentas públicas y, por supuesto, de las auditorías que creamos convenientes en pos de entender un poco en qué son utilizados los fondos”, planteó Adorni.

Cabe destacar, que la Auditoría General de la Nación (AGN) será la encargada de auditar las universidades. Tras el intento del Estado nacional de encargarse de revisar los números, la AGN advirtió que es “el órgano con competencia para realizar el control externo de las universidades nacionales”.

Finalmente, la Cámara Baja iba a debatir en comisiones otros tres proyectos más: la reforma laboral, modificaciones en el Código Penal y Procesal Penal, una nueva fórmula de movilidad para jubilados, y la declaración de emergencia en universidades públicas.


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Javier Milei fue denunciado penalmente por haber llamado “héroes” a los que fugan dinero

Javier Milei fue denunciado penalmente por haber llamado “héroes” a los que fugan dinero

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

La denuncia por “apología del delito” la presentó el ex camarista federal Eduardo Freiler, tras los dichos del libertario frente a empresarios la semana pasada en Bariloche, en el hotel Llao Llao. Allí el Jefe de Estado había exhortado a los presentes a comprar dólares en el mercado ilegal.

El ex camarista federal Eduardo Freiler denunció penalmente por “apología del crimen”, entre otras figuras, al presidente de la Nación, Javier Milei, por su polémica frase en el Foro Llao Llao, realizado en la ciudad de Bariloche, Río Negro. La causa recayó en el Juzgado Federal N°11, históricamente ocupado por el juez Claudio Bonadío y actualmente subrogado por Julián Ercolini.

El líder libertario sostuvo en su discurso: “Se les van los dólares, entonces ponen controles de capitales, entonces el que fuga ya no es un delincuente ¡Es un héroe! El que fuga es un héroe, no importa de dónde venga la plata”. Estas declaraciones generaron muchas críticas y finalmente llegaron a la Justicia.

En este sentido, el escrito judicial señala que existe una normativa económica, financiera y cambiaria que penaliza los hechos que resaltó Milei. Según el denunciante, el Jefe de Estado incurrió en una serie de delitos, ya que buscó idealizar actividades delictivas “como la fuga de capitales, la evasión impositiva, el lavado de divisas normado en la ley 26.683, la violación del Régimen Penal Cambiario Ley 19.359 y del ‘cepo’ cambiario”, regulado por la Circular del Banco Central de la República Argentina A7340 y las Resoluciones Generales RG-981/984 y RG-959.

Asimismo, el ex camarista aseguró que Milei cometió los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP); violación de la ley 25.188 de Ética Pública en sus art. 2 inc A y C, y art. 3 e instigación a cometer delitos (art. 209 CP); además del de apología del delito (art. 213 CP) por pregonar la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos (arts. 260 y 261 CP); de Lavado de Activos y violación al Régimen Penal Cambiario ut supra mencionados.

Entre sus menciones el máximo mandatario señaló: “Es decir, logró escaparse de las garras del Estado. ¿Qué le recomendarías a tu cliente? Ahora me pongo el traje de economista: ‘comprá dólares’, después figura como fuga. Y la verdad es que si lo compran en negro, mejor. Porque así no tienen que pagar un montón de impuestos estúpidos”.

Frente a tales dicho, Freiler alertó además la gravedad que tienen y “la vehemencia con que fueron expresados, su masiva difusión, el contexto social y la máxima magistratura del enunciante pone claramente en peligro el bien jurídico que esta norma trata de proteger: el orden público”. El ex camarista también agregó: “Nadie como el mismísimo Presidente de la Nación puede socavar la tranquilidad y el orden público empoderando las acciones que son democráticamente impuestas como delictivas”.

Finalmente, Freiler advirtió sobre la conmoción social que sus dichos generan, y que “son de catastróficas proyecciones en el marco de inestabilidad económica que sufre el país y el pueblo argentino sumado a la desintegración institucional que trae aparejada las afirmaciones presidenciales”. “Quiera que vuestro accionar logre que nadie se sustraiga de las garras democráticas normativas e institucionales de nuestro bastardeado estado de derecho”, reclamó al Poder Judicial.

Javier Milei suma denuncias penales

La de Freiler no es la primera denuncia penal contra el líder libertario, ya que en la Justicia se han presentado otras demandas penales, por otros hechos. Por ejemplo, la semana pasada el secretario general del Partido Humanista de Córdoba, Fernando Schüle, presentó una mega-denuncia penal contra Milei, su gabinete y la Corte Suprema. En paralelo, el periodista Jorge Lanata presentó una denuncia penal contra el Presidente por “injurias”. Paradójicamente, la presentación recayó por sorteo en el juzgado de Ariel Lijo, a quien el gobierno propuso para la Corte Suprema.

En diciembre pasado, el máximo mandatario fue denunciado por los posibles delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento” por no haber denunciado ante la Justicia que legisladores estarían supuestamente “buscando coimas”. La presentación fue realizada por el abogado Leonardo Martínez Herrero y recayó en el Juzgado Federal N°6 de los Tribunales de Comodoro Py, subrogado por el juez Ariel Lijo ,que ahora fue propuesto por el gobierno para la Corte Suprema de Justicia.

En consonancia, Javier Milei fue denunciado penalmente por ATE, por la presunta comisión de los delitos de “abuso de autoridad”, “violación a los deberes de funcionario público” y “usurpación de autoridad” a raíz del DNU 70/2023.

Por último, un grupo de líderes, encabezados por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentaron en el Congreso de la Nación una solicitud de Juicio Político contra el presidente Javier Milei, alegando “mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos”. En la presentación solicitaron que el Congreso investigue tanto al presidente como a otros funcionarios por los posibles delitos de: instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; la posible comisión del delito de apología del crimen; y el delito de abandono de personas.


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Superávit de movilización: los fondos son de la educación

Superávit de movilización: los fondos son de la educación

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

El presidente de la Nación se atrevió a enaltecer el resultado obtenido luego de recortar y empobrecer a universidades, jubilados, trabajadores y otros sectores en la previa a la mega marcha federal. Como en los mejores tiempos, estudiantes marcharon junto a trabajadores en una fecha que marcó y marcará un antes y un después para el oficialismo. 

Como ya es costumbre, el presidente Javier Milei tiene formas extrañas de caer parado. La elección del día y hora para su cadena nacional en donde reafirma que “el esfuerzo vale la pena” no es casual; parece incluso escrita por los mejores guionistas. Mientras el mandatario presiona con fuerza mediática en una pelea que ya está desfasada de los márgenes reales, una inimaginable cantidad de estudiantes, trabajadores, docentes, no docentes, sindicalistas, entre otros, reúnen sus últimos aires para movilizar al día siguiente, y se recarga de energía al escuchar que el dueño del circo no retrocede, y pese a imaginar el descontento, se regocija en el mismo.

Tan solo algunos minutos posteriores bastaron para que el repudio y la desconfianza se manifieste a modo de golpe de cacerola en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La oratoria que desplegó el máximo responsable del Poder Ejecutivo en favor de su ansiado superávit fiscal, en la cual asegura que el esfuerzo valió, vale (y valdrá) la pena, no surtió el mismo efecto que en discursos anteriores. En el camino quedaron los montos jubilatorios, el salario mínimo, el presupuesto para las universidades, etc.

Por si fuese poco, el presidente eligió el momento previo a una movilización que, puertas adentro de la Casa Rosada saben, se escapará de sus márgenes. En ese sentido, esta reafirmación viene a anteponer una narrativa. “Cuidado con todo lo que vean mañana, es una falacia, o por lo menos un suceso menor ante este camino correcto que estamos forjando”, parece querer transmitir.  El repudio, que se preveía para el día siguiente, llegó por adelantado. Tronaba el escarmiento, y anticipaba los acontecimientos.

La discusión previa fue, como ya nos tiene acostumbrados este gobierno, una guerra informativa. Decanos de universidades aseguraron en diversas ocasiones cuál era el presupuesto, y cuáles eran los gastos. “Tenemos 92 millones de pesos y 15 se fueron solo en la boleta de luz de marzo”, fue por ejemplo un testimonio crudo que recogió el Multimedio Trinchera con la visita del decano de la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, Mauricio Erben. Por su parte, la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzó a recortar sus funciones.

Del otro lado, la posverdad actúa siempre con algún entredicho. En este caso, el oficialismo se las ingenió para anunciar un aumento del 70%, pero la letra chica es que se hizo sobre el presupuesto del año 2023, por lo cual, no solo no representa ningún aumento, si no que incluso es un desfinanciamiento liso y llano.

La noche que separaba las especulaciones de los hechos finalmente dio paso a los hechos. Desde que el sol se situó bien alto en el cielo, decenas de estudiantes, docentes, no docentes, trabajadores, sindicalistas, familias, “gente común”, entre irreducibles grupos sociales comenzaron a aterrizar en los alrededores de Plaza Congreso, para luego marchar por la tarde hacia Plaza de Mayo.

“Es una jornada histórica donde los trabajadores junto con los estudiantes estamos marchando en defensa de la universidad pública y gratuita, porque la gran mayoría de los estudiantes son hijos e hijas de trabajadores, y por eso tenemos que acompañar”, aseguró el Secretario General de Camioneros, Pablo Moyano, para el móvil de Multimedio Trinchera. “Esperemos que el presidente escuche esta jornada histórica, que recapacite y no cierre las universidades, porque la Argentina necesita trabajo, salud y educación”, sintetizó.

La magnitud y variabilidad de llegadas fueron disruptivas con los tiempos tradicionales de una movilización, porque esta movilización no fue tradicional. En esta ocasión el pueblo, en su máxima denominación, se hizo carne de un valor que, a los ojos de lo acontecido, es intocable: la educación pública y gratuita.

En un intento de tener un número aproximado, desde el escenario ubicado en Plaza de Mayo, aseguraron que se encontraban más de 800 mil personas. Muy por debajo debe haber quedado, entendiendo que incluso finalizado el acto, la doble fila entre quienes “desconcentraban” y quienes recién llegaban seguía en función, o más aún si se recuerda que fue una marcha federal, en la cual se replicaron focos a lo largo y ancho de todo el país.

La importancia de este acontecimiento sin dudas yace en la función particular que cumplió al adquirir el carácter universal que se vio reflejado en las diversidades sociales y políticas, y es la de desarmar el discurso con el cual Milei desacredita todo tipo de reclamo social. De igual manera lo hizo, pero al surtir efecto este factor, el presidente queda cada vez más desnudo en su esencia: no puede digerir que ahora, además de sindicalistas, trabajadores cooperativistas o militantes de organizaciones sociales existan más núcleos sociales en protesta. No puede aceptar que esas familias convencionales de clase media a las cuales puso en el lugar de “personas de bien” en su línea moral divisora -para poder demonizar a los trabajadores en protesta- lo hayan “traicionado”, y que ahora hayan sido ellos, entre otros, quienes le desbaratan la falsa idea de paz llevada a cabo con el operativo anti piquetes. No se atrevió a utilizarlo, pero sí por la noche, mientras aún masticaba el mal trago, decidió meter a todo este grupo que marchó durante la histórica jornada del 23 de abril en su denominación favorita de “zurdos”, con una lamentable publicación donde se ve a un león (él) tomando unas supuestas lágrimas de estos en una taza. 

A medida de que la realidad se tuerce por los sucesos políticos, es más fácil visualizar la incapacidad del presidente de salir de su línea recta, y de poder leer otra sociedad que no sea la que él mismo construyó desde que fuera panelista de televisión. La publicación realizada por Instagram es vergonzosa, patética e infantil, como todas las que llegan en el carácter caricaturesco que utiliza, con un “humor” digno de un excluido social. Párrafo aparte para la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que osó disfrutar de que una de las máximas representantes de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, no esté viva para presenciar el momento. “De la que te perdiste, Hebe”, publicó otra de las que se quedó con las ganas de que su yunta de genocidas quede impune a los ojos de la historia. No fue así, y conductas como estas cada vez reciben menos apoyo de una sociedad que se desangra en hambre mientras los líderes del ejecutivo relatan macro números que no resuelven ni resolverán la microeconomía, ni ninguno de los otros problemas urgentes.


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