El oficialismo realizó un fuertísimo avasallamiento sobre el sector educativo en los últimos días. A la ley que busca perseguir y penar el pensamiento y la reflexión dentro de la educación pública se le suman los dichos del referente libertario Benegas Lynch.
Uno de los tantos pilares sobre los que La Libertad Avanza capitalizó la representatividad de su voto fue la existencia de la pandemia del COVID19: las restricciones sanitarias, que fueron un denominador común en el mundo entero, dieron tela para cortar todo tipo de teorías conspirativas, algunas con menos sustento que otras. Por otra parte, el Gobierno de Alberto Fernández condecoró este caldo de cultivo para el hartazgo social con errores que terminarían inclinando la balanza hacia una opinión sustancialmente negativa.
En este sentido, cuando todavía no habíamos llegado hasta esa fase, el gobierno de Alberto Fernández tenía la suficiente imagen positiva como para controlar que las normas sanitarias se cumplieran con el lanzamiento de una red de denuncia y vigilancia, lo cual fue tergiversado por algunos cuadros de LLA en aquel momento como una medida de persecución dictatorial. Hoy, esta facción tradujo todos esos discursos representativos a un inminente triunfo electoral, pero ahora en la práctica, no hace más que aplicar estas metodologías que se demonizaron en el camino a la presidencia de Javier Milei, incluso hasta con una cuota de venganza.
De “bajar la inflación de un plumazo” a tener casi 100% en poco más de cien días; de criticar los acuerdos de precios a utilizarlos para controlar el mercado interno, el gobierno oficialista no para de contradecirse en su práctica. En esa línea, en los últimos días se oficializó la presentación de un proyecto de ley que sigue la misma lógica contradictoria, aunque puede ser un poco más peligroso que un simple acuerdo de precios. Puntualmente, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que intentarán penar el “adoctrinamiento” en los sectores educativos, y que abrirán una línea de denuncias telefónicas para que alumnos y padres puedan denunciar los hechos.
El conflicto aquí es entender qué significa “adoctrinamiento” para un gobierno en el que su presidente, Javier Milei, acude a una escuela y plantea una batalla ideológica contra “la izquierda marxista”, al mismo tiempo que gestiona un ejército de trolls en redes sociales que acosan, violentan y amenazan a todo el que produzca un comentario negativo sobre su gestión o su proceder.
En esa línea, esta propuesta parece traducirse a que las apreciaciones sobre el autoritarismo de Javier Milei son ciertas, y que ahora pretende impulsar un mecanismo de persecución a cualquier docente que promueva el pensamiento crítico, y/o cuestione cualquier mecanismo que no tenga que ver con su ideología anarco capitalista y anti colectivista.
En paralelo, no sorprenden las declaraciones del “sostén filosófico” del propio Milei, Alberto Benegas Lynch. El libertario aseguró este domingo que la educación secundaria no debe ser obligatoria ya que “libertad es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo”. Quedó muy claro cual es su concepto de “libertad”: libertad para que un propio sistema educativo cada vez tenga más expulsados, menos sujetos formados y más trabajo infantil. No es necesario aclarar que, en campaña, estos mismos criticaron la “decadencia” del sistema educativo y acusaron a sus oponentes electorales de querer sembrar ignorancia.
Al fiel estilo del que parece ser su modelo económico, filosófico y social, medidas como estas recuerdan a espantosas frases como las del presidente de facto de la última dictadura cívico eclesiástica y militar , Rafael Videla, que aseguraba que el “exceso de pensamiento” genera “conductas subversivas”. Mediante el desfinanciamiento que presenciamos actualmente a universidades, leyes como la que se explica aquí y un presidente que impone su propia doctrina, La Libertad Avanza va en un horizonte de imposición de una única verdad y pretende utilizar el aparato estatal para disciplinar.
“A todas las medidas de ajuste, desfinanciamiento educativo, precarización laboral y vulneración de derechos sociales ya ejecutadas por el gobierno nacional, ahora se suma la amenaza hacia las y los docentes por adoctrinamiento”, comunicó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). A través del mismo, aseguraron que ven con preocupación “la represión, censura y persecución ideológica que el gobierno está llevando a cabo en contra de la docencia en nuestro país”.
Desde la Secretaría de Educación aseguraron que se buscarán dar carácter legal al proyecto en el marco de la nueva “Ley Bases” que prepara el oficialismo, “con modificaciones para los artículos 11 y 26 de la ley N° 26.206 que refieren a las garantías de los derechos a la educación de los niños en el aula”.
Joaquín Bellingeri
Militando desde la información y la palabra contra el amarillismo oportunista y por una sociedad en la que predomine la equidad social.
