Una vez más un proceso judicial en la ciudad de La Plata revela accionares incongruentes por parte de funcionarios municipales. La policía federal, acusada de torturar y espiar ilegalmente a los feriantes detenidos hace cinco años sin pruebas contundentes, habría recibido las primeras imágenes por parte del sector de seguridad de la municipalidad.
A días de cumplirse cinco años del hecho, actualmente se desarrolla el juicio a “los feriantes”, quienes fueron acusados de “extorsión” y “asociación ilícita” mientras realizaban trabajos como vendedores en los tradicionales puestos de ventas en las plazas de la ciudad de La Plata. En este caso, los seis imputados fueron detenidos un 14 de diciembre de 2018 en Parque Saavedra, ubicado entre las calles 64 a 68 y 12 a 14, y desde allí, sin condena firme, fueron encarcelados de modo preventivo.
Estela Martínez y Roberto Martínez (hermanos), Alicia Lauge, Claudia Monti, Jorge Fierro y Javier Huertas son los feriantes que actualmente se encuentran privados de su libertad y en proceso de juicio. Su defensa, compuesta por Ignacio Fernández Camillo, Solange Barnetche, Adrián Rodríguez Antinao y Federico Ravina, pide la absolución con el argumento de que es una “causa armada”, mientras que el fiscal a cargo Pablo Caniggia, pidió la absolución para Monti y Roberto Martínez tras presentar sus alegatos, mientras que pidió una pena de seis años para los restantes, que de igual manera podrían salir en libertad por llevar dos o tres de la condena cumplida en la prisión preventiva.
“Los delitos por los que se los culpan son extorsión y asociación ilícita, pero no hay ni un testigo de todos los que acudieron que hayan podido comprobar esto”, explicó para Radio Trinchera Ignacio Fernández Camillo, abogado de los feriantes. “Lo que sucede en síntesis es que están juzgando a laburantes por organizarse para trabajar”, aseguró.
Según lo reconstruido por el abogado defensor de los imputados, estos habían solicitado el mismo día de la detención, horas antes, una medida de “no innovar” ante el municipio, lo cual les permitía vender sus productos en el espacio público. Pese a que el pedido fue aceptado, horas más se les allanó los puestos y se los metió presos. “Incluso al otro día se les robaron las estructuras que ahora se alquila en Plaza San Martín”, añadió. Los trabajadores de feria además denunciaron haber sido torturados por parte de la policía federal, lo cual se suma a un posible espionaje revelado a través de los propios oficiales a la hora de declarar, lo cual embarra aún más al municipio de Julio Garro. Sobre esto último, los miembros de la policía federal citados a declarar aseguraron que “hacían tareas de investigación”. Sin embargo “hay una diferencia fina entre espionaje ilegal y tareas de investigación”, detalló Camillo Fernández.
En esa línea, el abogado de los feriantes explicó que las actividades que corresponden a tareas de inteligencia deben atentar contra el Estado, y pertenecen al mismo rango que la trata de personas, tráfico de personas, narcotráfico y otros delitos graves que atentan contra la seguridad nacional, lo cual “está muy lejos de trabajadores de feria”. Asimismo, se confirmó que el proceso de investigación se inició sin órdenes judiciales mediante testimonios de los propios oficiales.
“La policía Federal declaró en primera instancia que la orden de hacer inteligencia se la dio la fiscal, oficio que no consta en la causa”, aseveró Camillo. “Luego, estos mismos declaran que a ellos les llegaron videos de las cámaras de Parque Saavedra con la feria y había seguimientos a las personas que estaba denunciadas por el municipio con ampliaciones o zoom, por lo que el primer espionaje ilegal lo hace el municipio desde monitoreo”, agregó.
Sin pruebas contundentes y con más de un engranaje que no cierra en el comportamiento entre algunos trabajadores del municipio y la policía federal, les acusades ya llevan cuatro años y medio privados de su libertad, siendo esta la primera oportunidad de acceder al derecho a un juicio justo. Según el criterio de la defensa de los acusados, las situaciones demuestran un claro aparato operatorio en contra de trabajadores y un tiro directo al trabajador organizado, en un gobierno municipal que tacha los últimos días de sus ocho años de gestión donde no es ni por cerca la única vez que se persiguió y/o golpeó a trabajadores callejeros, así como tampoco es la primera vez que en un proceso judicial se develan accionares inconsistentes entre los funcionarios municipales, teñidos por evidentes conductas corruptas que lastiman a ciudadanos inocentes.
