El Frente de Todos logró aprobar el presupuesto previsto para 2023, pero no consiguió el apoyo necesario para que el poder judicial entre en el esquema tributario por el pago de Ganancias.
Tras más de 15 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto para el año 2023. El oficialismo se mantuvo expectante durante los días posteriores a la presentación del presupuesto, ya que en el mismo se incorporaba un artículo para que les integrantes del poder judicial comenzaran a paga el Impuesto a las Ganancias.
Si de por si la aprobación del presupuesto ya supone un complejo debate, debido a la necesidad de consensuar con fuerzas que representan otros intereses, la presencia de este ítem implicaba agregar más pimienta sobre el debate. En tal sentido, el presupuesto finalmente fue aprobado (lo cual representa un gran alivio para el oficialismo), algo necesario de lo cual ni siquiera la oposición podía prescindir si pretendía disputar las elecciones del año próximo.
Pero la inclusión del poder judicial en el pago de Ganancias fue rechazada.La medida era rechazada no sólo por varios bloques opositores, sino que contó con la presión ejercida por distintos nucleamientos de trabajadores del poder judicial. En ese sentido, Guadalupe Santana, Secretaria de Capacitación de la Federación Judicial Argentina, explicó a Radio Trinchera porqué se manifestaron en contra de su inclusión en Ganancias: “El artículo 100, que finalmente se removió, incluía a todos los jueces y juezas y al resto del escalafón de los trabajadores del poder judicial en las mismas condiciones, lo cual presentaba un primer problema de movida, ya que los jueces y juezas de todo el territorio nacional cobran de piso 1 millón de pesos, mientras que los trabajadores nos encontramos muy por debajo de ese nivel, entonces eso ya marcaba una complejidad, porque nos ponía a discutir al mismo nivel de jueces que están en condiciones muy distintas de trabajo a las nuestras”.
“Nuestra posición, como Federación Judicial Argentina, (que es la entidad gremial de segundo grado, de la cual yo participo), fue la de oponerse a que de un momento para el otro, de aprobarse este artículo, percibamos una reducción de nuestros salarios en un 30 o 35%. De los 120 mil trabajadores que somos a largo del país, la mayoría somos los de escalafones bajos, y cuando se piensa en jueces por ahí se apunta y se proyecta en base a los jueces y juezas de Comodoro Py, pero al interior del poder judicial las situaciones son distintas y variadas”, explayó.
De aprobarse dicha ley, el Estado habría incrementado el ingreso en sus arcas públicas en $237 mil millones de pesos adicionales, y hubiese equiparado en términos tributarios a la totalidad de les integrantes del poder judicial con el resto de les trabajadores formales que tienen ingresos superiores a los $330 mil pesos mensuales y pagan ganancias.
En esa línea, Santana manifestó estar convencida que ningún trabajador debe estar incluido en dichas recaudaciones: “Nosotros creemos que ningún trabajador tiene que pagar ganancias, en todo caso la discusión debe ser una reformulación tributaria en la que efectivamente, quienes tienen sus ingresos dolarizados y ganan más, sean los que más aporten”.
