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Día: 28 de octubre de 2022

Bolivia: freno de producción a las sombras del pasado

Bolivia: freno de producción a las sombras del pasado

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Los grandes productores de alimentos impusieron un freno distributivo en todo país en reclamo por la decisión de posponer el censo por parte del gobierno. El gobierno respondió prohibiéndoles exportar. La situación se tornó en un tira y afloje en el que una negociación puede ser la mejor salida.

A raíz de la decisión gubernamental de posponer un año el censo nacional, el núcleo de productores agroindustriales más fuerte y concentrado de Bolivia (los de Santa Cruz), decidieron frenar la distribución de alimentos al resto del país, a modo de protesta.

En primera instancia, esta respuesta corresponde a la necesidad expresada por los altos cargos de Santa Cruz de tener una actualización del control poblacional, ya que, al ser el epicentro del país en términos de crecimiento, es también la zona que más migraciones internas recibe por año. En este sentido, quienes defienden los intereses de Santa Cruz, exigen el censo para redistribuir nuevamente los fondos nacionales según actividad productiva y cantidad de habitantes.

Al respecto el periodista boliviano Diego Peña, dialogó con Radio Trinchera y remarcó que “Santa Cruz recibe un flujo migratorio muy grande de todas partes del país, porque el altiplano es un lugar hostil y difícil para vivir, en comparación con esa región que tiene una tierra muy fértil, entonces cada día hay más gente”.

“Por lo mismo, los altos mandos de la ciudad quieren que se realice el censo poblacional, que corresponde a fines de este año. Sin embargo, el gobierno lo pospuso para 2024 a través de un decreto, lo cual supone retrasar la redistribución de los recursos económicos en cuanto a la población que cada lugar supone”, analizó Peña.

Un pedido que -a priori- resulta sensato porque se le entrega a Santa Cruz una porción de recursos no actualizada al crecimiento de la ciudad, que además es la más determinante en la política nacional, y en reclamo de algo necesario como el censo, “que no fue concedido por un error del gobierno”.

Como medida ante el freno del aparato productivo que alimenta al país, el gobierno de Luis Arce decidió prohibir las exportaciones a los mismos, con el objetivo de conseguir una mesa de diálogo y obtener una normalización de la situación.

El accionar fue rápido, pero no evita pensar en los fantasmas de un pasado muy cercano: “La situación es peligrosa, ya que el golpe de 2019 inició también con un paro en la ciudad de Santa Cruz, donde esta todo el aparato agroindustrial, y donde más fortaleza tiene la derecha, que ejerce una presión racial contra prácticamente el resto del país”, argumentó Peña.

El colega boliviano remarcó que “es un grave error cederle a la derecha un motivo y excusa para poder activar de nuevo una maquinaria golpista, que se gesta desde que asumió Luis Arce, y que  además saben que funcionó en el pasado, a pesar de que no es la misma situación, ya que en 2019 había algunos argumentos de mayor peso”.

A diferencia de 2019, en los últimos días, las organizaciones sociales, campesinas y originarias manifestaron estar preparadas para la situación. A esto se le suma el rápido accionar y control del gobierno, que frenó las exportaciones, por lo que la situación tiene algunos puntos distintivos en cuanto al golpe de 2019.

“Bolivia tiene una de las economías más estables a pesar del intento de golpe y la pandemia, y la inflación casi no existe, pero de igual manera el racismo intrínseco instalado en las clases altas, medias y hasta bajas, a través de los dispositivos hegemónicos colabora para que un sector importante de la población ‘banque’ los supuestos motivos con los cuales intentan justificar este inicio de maquinaria golpista”, explicó Peña.

Peña remarcó que para él “en estos primeros días de paro se está preparando el terreno para que luego, cuando el conflicto escale y se dé un conflicto social grave que tenga muertos y obligue al presidente a renunciar, haya una excusa para explicar cómo causalidad”, al tiempo que insistió en remarcar que la situación es distinta a la de hace tres años y que se puede esperar una resolución a través de negociaciones en los próximos días.

El Gobierno tramita un crédito de US$ 200 millones destinado a proyectos pymes

El Gobierno tramita un crédito de US$ 200 millones destinado a proyectos pymes

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Durante su visita a Washington, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Ignacio De Mendiguren, avanzó en la negociación de un crédito con el Banco Mundial. Los fondos serán para más de mil PyMEs de todo el país, y estarán destinados a generar empleos de calidad y promover el aumento de la productividad mediante la generación de exportaciones de bienes con valor agregado.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, avanzó en la negociación de un crédito de US$ 200 millones con el Banco Mundial (BM). El préstamo estaría destinado a proyectos productivos de PyMEs argentinas, sería ejecutado por el Banco Argentino de Desarrollo (BICE) y cuadruplica una línea de crédito anterior de US$ 50 millones, colocada entre 2021 y 2022.

Las conversaciones con el BM formaron parte de una misión que incluyó gestiones ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos para incrementar el acceso de productos de economías regionales argentinas, de otras reuniones con empresas estadounidenses que invierten en el país y con los representantes argentinos ante los organismos multilaterales de crédito. El préstamo tendría como objetivo general “promover, facilitar y expandir el acceso a financiamiento productivo para micro, pequeñas y medianas empresas en la República Argentina”.

A partir de este capital, los bancos podrían financiar proyectos productivos con impacto ambiental y social positivo, exportaciones y capital de trabajo. También se contemplaría, un cupo especial destinado a empresas dirigidas y/o conformadas por mujeres. El propósito principal del nuevo fondo es alcanzar a más de mil PyMEs de todo el país, generar empleos de calidad y promover el aumento de la productividad de las empresas a través de la generación de exportaciones de bienes con valor agregado.

Según se informó oficialmente, los fondos se colocarán mediante el canal de segundo piso del BICE e irán volcados a otras entidades financieras, tanto privadas como públicas, en sus niveles nacional, provincial y municipal. Al respecto, al término de una reunión que mantuvo con funcionarios del Banco Mundial en Washington, De Mendiguren señaló: “Nos dijeron con total claridad que en el nuevo contexto económico mundial Argentina es hoy un bien público global, porque tenemos recursos que hoy necesita y demanda el mundo y la capacidad humana y tecnológica para desarrollarlos”.

En este sentido, el secretario agregó que se le explicó a los funcionarios “lo que está haciendo el equipo económico que lidera Sergio Massa para ordenar las variables macroeconómicas y al mismo tiempo impulsar el cambio de matriz productiva que necesita el país para no volver a caer en las crisis recurrentes de nuestra historia”.

En el marco del encuentro, los funcionarios repasaron el impacto del préstamo anterior, de US$ 50 millones, que el BICE ejecutó a través de bancos comerciales para que asistan a PyMEs con capital de trabajo, créditos de inversión y comercio exterior. De esta manera se permitió impulsar el desarrollo de la Plataforma PYME, el Legajo Único Financiero y Económico de las PYMES (LUFE) y la Factura Electrónica de Crédito.

De Mendiguren estuvo acompañado por un equipo técnico liderado por el jefe de gabinete de la Secretaría, Gabriel Vienni y fue recibido en la sede del organismo por la directora de Estrategia y Operaciones, a cargo de la vicepresidencia de la Región de América Latina y el Caribe, Seynabou Sakho; el director global de la Práctica de Finanzas, Competitividad e Innovación, Jean Pesme; y la gerente regional para la Práctica de Finanzas, Competitividad e Innovación, Yira Mascaró. También, participó de manera virtual el director regional del organismo, Robert R. Taliercio.

Presupuesto adentro, Ganancias afuera.

Presupuesto adentro, Ganancias afuera.

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

El Frente de Todos logró aprobar el presupuesto previsto para 2023, pero no consiguió el apoyo necesario para que el poder judicial entre en el esquema tributario por el pago de Ganancias.

Tras más de 15 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto para el año 2023. El oficialismo se mantuvo expectante durante los días posteriores a la presentación del presupuesto, ya que en el mismo se incorporaba un artículo para que les integrantes del poder judicial comenzaran a paga el Impuesto a las Ganancias.

Si de por si la aprobación del presupuesto ya supone un complejo debate, debido a la necesidad de consensuar con fuerzas que representan otros intereses, la presencia de este ítem implicaba agregar más pimienta sobre el debate. En tal sentido, el presupuesto finalmente fue aprobado (lo cual representa un gran alivio para el oficialismo), algo necesario de lo cual ni siquiera la oposición podía prescindir si pretendía disputar las elecciones del año próximo.

Pero la inclusión del poder judicial en el pago de Ganancias fue rechazada.La medida era rechazada no sólo por varios bloques opositores, sino que contó con la presión ejercida por distintos nucleamientos de trabajadores del poder judicial. En ese sentido, Guadalupe Santana, Secretaria de Capacitación de la Federación Judicial Argentina, explicó a Radio Trinchera porqué se manifestaron en contra de su inclusión en Ganancias: “El artículo 100, que finalmente se removió, incluía a todos los jueces y juezas y al resto del escalafón de los trabajadores del poder judicial en las mismas condiciones, lo cual presentaba un primer problema de movida, ya que los jueces y juezas de todo el territorio nacional cobran de piso 1 millón de pesos, mientras que los trabajadores nos encontramos muy por debajo de ese nivel, entonces eso ya marcaba una complejidad, porque nos ponía a discutir al mismo nivel de jueces que están en condiciones muy distintas de trabajo a las nuestras”.

“Nuestra posición, como Federación Judicial Argentina, (que es la entidad gremial de segundo grado, de la cual yo participo), fue la de oponerse a que de un momento para el otro, de aprobarse este artículo, percibamos una reducción de nuestros salarios en un 30 o 35%. De los 120 mil trabajadores que somos a largo del país, la mayoría somos los de escalafones bajos, y cuando se piensa en jueces por ahí se apunta y se proyecta en base a los jueces y juezas de Comodoro Py, pero al interior del poder judicial las situaciones son distintas y variadas”, explayó.

De aprobarse dicha ley, el Estado habría incrementado el ingreso en sus arcas públicas en $237 mil millones de pesos adicionales, y hubiese equiparado en términos tributarios a la totalidad de les integrantes del poder judicial con el resto de les trabajadores formales que tienen ingresos superiores a los $330 mil pesos mensuales y pagan ganancias.

En esa línea, Santana manifestó estar convencida que ningún trabajador debe estar incluido en dichas recaudaciones: “Nosotros creemos que ningún trabajador tiene que pagar ganancias, en todo caso la discusión debe ser una reformulación tributaria en la que efectivamente, quienes tienen sus ingresos dolarizados y ganan más, sean los que más aporten”.

La Cámara de Casación Penal concedió salidas transitorias al represor Adolfo Donda

La Cámara de Casación Penal concedió salidas transitorias al represor Adolfo Donda

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Los jueces Mahiques, Ledesma y Yacobucci revocaron una decisión contraria adoptada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5. La Secretaria de Derechos Humanos y diferentes organismos expresaron su rechazo a la medida.

La Cámara Federal de Casación Penal le concedió salidas transitorias al represor Adolfo Miguel Donda, condenado a prisión perpetua por crímenes de Lesa Humanidad cometidos en la Ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. La decisión quedó plasmada en un fallo de la sala segunda del máximo tribunal penal que lleva las firmas de los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. De esta manera, se revocó una decisión contraria adoptada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5.

Los jueces de Casación resolvieron “hacer lugar” al recurso presentado por la defensa oficial, que buscaba “anular la decisión impugnada y conceder las salidas transitorias a Adolfo Miguel Donda, con las medidas de contralor que disponga el tribunal“. El TOF 5 había rechazado conceder a Donda las salidas transitorias y en sus argumentos había reseñado que el represor, que ya tiene una condena perpetua firme en la causa ESMA II, también tiene una condena similar en la causa ESMA Unificada que aún debe ser revisada por la Casación.

La propia Casación reseñó en su fallo que “Adolfo Miguel Donda fue condenado, por sentencia firme, a la pena de prisión perpetua” en el caso bajo estudio y que “también fue condenado a la pena de prisión perpetua, en el marco de la causa N° 1282 y sus conexas -´ESMA UNIFICADA´-, sentencia que se encuentra a estudio de este Tribunal“.

Quienes se oponen al beneficio para el represor señalan distintos puntos para que no se le otorgue, entre ellos está que en la causa ESMA Unificada tiene un pedido de condena a perpetua que debe ser revisado. Por su parte, la defensa del represor sostiene que el ex militar cumplió más de 20 años de prisión efectiva debido a que está en prisión desde el 16 de septiembre de 2003 y antes, en 1987, había estado cuatro meses tras las rejas.

En su momento el TOF 5 rechazó sus salidas transitorias y remarcó que de los informes psicológicos del condenado se desprendía que “mantiene la negación de su responsabilidad en los hechos probados por el fallo que se ejecuta, lo que da cuenta que no se ha desplegado de manera eficaz ninguna reflexión en torno a los actos criminales atribuidos“.

Sin embargo, los jueces de la sala segunda de Casación resaltaron que Adolfo Donda cumple con todos los requisitos legales para acceder a las salidas transitorias y que cuenta con informes positivos sobre su conducta, emitidos por distintas áreas del Servicio Penitenciario Federal.

“Sin perder de vista la magnitud de los delitos cometidos, que implican graves violaciones a los derechos humanos, hemos de señalar que Adolfo Miguel Donda fue sometido a juicio, condenado, y se le ha impuesto la pena de prisión perpetua por tales hechos -permaneciendo detenido desde el 26/2/87 al 23/06/87 y desde el 16/09/03 hasta la actualidad, ininterrumpidamente, conforme se indicó en la decisión cuestionada-, razón por la cual, aplicando las reglas vigentes, la solución propuesta con relación al instituto bajo examen resulta conforme a la ley y Constitución Nacional“, argumentó Casación sobre su decisión.

Adolfo Donda fue el jefe de operaciones del Grupo de tareas 3.3 de la ESMA y segundo jefe de Inteligencia. Era hermano de José María Donda y cuñado de María Hilda Pérez, padres de la titular del INADI, que desaparecieron en 1977. “Durante la última dictadura, Donda fue jefe de Operaciones del grupo de tareas de la ESMA y fue condenado a prisión perpetua en las causas ‘ESMA II’ y ‘ESMA Unificada’ por crímenes de lesa humanidad contra más de 200 víctimas”, recordaron desde la cartera que conduce Horacio Pietragalla Corti. 

Tras conocerse la decisión del tribunal, la Secretaría de Derechos Humanos publicó un comunicado en el que manifiesta su rechazo a la resolución de la Cámara de Casación, la cual consideraron como “una grave decisión“. Además, agregan que “no tuvieron en cuenta que la falta de arrepentimiento demostrada por el opresor ni el peligro al que exponen a sus víctimas con este tipo de beneficios“.

La CTA Autónoma regional La Plata también expresó su repudio a la decisión mediante un comunicado en el que señala que “las víctimas habían manifestado su rechazo a esta posibilidad“. También sostienen que “estas decisiones son contrarias a la larga lucha de nuestro pueblo en busca de la verdad, la memoria y la justicia. Manifestamos nuestro enérgico repudio y preocupación ante estas decisiones de la justicia“.

Por su parte, el ex juez Federal, Carlos Rozanski, señaló vía Twitter que “las salidas transitorias otorgadas al genocida Adolfo Donda son ilegales e inmorales“, ya que “los delitos de lesa humanidad no prescriben. En las razones de esa particularidad, se encuentran algunas de las de la ilegalidad de las salidas transitorias de genocidas“.

Ademas, el represor es reconocido por haberse apropiado en ese entonces de su sobrina, la dirigenta política y actual titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), Victoria Donda, hija de José Laureano Donda y de María Hilda Pérez, aún desaparecides. Incluso este represor deberá afrontar un proceso judicial por este hecho, que empezará el 7 de noviembre y estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6, integrado por los jueces Ricardo Basílico, María Gabriela López Iníguez y Daniel Obligado.

El represor está acusado de haber participado de la retención, el ocultamiento y la entrega de su sobrina, nacida en cautiverio y entregada al ex prefecto Juan Azic. Los testimonios, además, lo señalan como la persona encargada del “vuelo de la muerte” en el que “trasladó” a su cuñada, madre de Victoria. Victoria Donda logró recuperar su identidad en 2004 por la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo tras haber estado 27 años bajo una identidad falsa.

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