La metodología elegida por el gobierno para regresar a las leyes de indemnización establecidas, fue la creación de una serie de pasos regresivos.
El Gobierno Nacional oficializó el fin del decreto que obligaba la doble indemnización laboral en el marco de la “emergencia laboral”. El DNU fue establecido a fines de 2019 y prolongado ante la aparición de la crisis sanitaria del covdi-19.
La estrategia fue empleada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante sus primeros días de gobierno, a través de un Decreto Nacional de Urgencia y utilizada posteriormente como parte de un paquete de medidas que tenía como objetivo mantener el empleo durante la crisis sanitaria que comenzó a los 3 meses de gestión.
La metodología elegida por el gobierno para regresar a las leyes de indemnización establecidas, fue la creación de una serie de pasos regresivos, la cual comenzó en diciembre de 2021, con la reducción del 25% del pago doble y finaliza al cabo del mes de junio.
El anuncio fue hecho este jueves por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, donde explicó que “la doble indemnización fue una medida que se tomó de emergencia y que tenía que ver con la crisis provocada con la pandemia”.
“La verdad es que tenemos números de empleo que muestran que el desempleo sigue bajando, que se siguen creando empleos, 20.000 por mes. Ese crecimiento del empleo nos permite considerar que hay una nueva situación en la que lo que tenemos que seguir haciendo es promover la creación de empleo formal y las mejores paritarias”, argumentó Cerruti.
La normativa preparada para finalizar progresivamente la doble indemnización, establecía un “esquema de porcentajes de adición de las indemnizaciones debidas que regirán a partir de enero de 2022, con un porcentaje del setenta y cinco (75%) durante el primer bimestre del año, y luego, en forma bimestral, reducciones del veinticinco por ciento (25%) para llegar al último bimestre, que finalizará el 30 de junio de 2022, con un incremento que ascienda a un cuarto de la indemnización debida”.
El ministro de trabajo, Claudio Moroni, explicó que desde el gobierno no ven la necesidad de seguir con la medida, ya que el empleo y el crecimiento económico crecen mes a mes, por lo que, una medida de urgencia no es necesaria en un contexto de “reflote económico acentuado”.
Por otro lado, el abogado laboralista, Hector Recalde, expresó a través de su cuenta de twitter que el decreto debía seguir, ya que “los motivos que dieron origen al decreto no cesaron en muchos sectores, y por el contrario, aumentaron”.
El pedido de Recalde aplica a una lectura sobre la realidad laboral que, por fuera de los números que indican el crecimiento de la industria privada, demuestra desde otro ángulo que aún no existe un dinamismo suficiente en ofertas laborales.
Sumado a esto, no hay que dejar de lado que el poder adquisitivo de un trabajador promedio en el contexto actual, no solo no siempre alcanza para cubrir las necesidades básicas mensuales, sino que además puede significar un relevo distinto en la producción de trabajo, ya que muchos asalariados dependen de 2 o hasta 3 trabajos para poder cubrir sus necesidades.
