Durante más de dos semanas, las pantallas de todo el país transmitieron el minuto a minuto de lo que parecía ser un escándalo familiar devenido en tomas y usurpaciones con fines políticos, que dejó de lado todo debate profundo. El show era la grieta: el campo de chombas y Toyotas Hilux versus militantes subordinades a las órdenes de Grabois y de la oveja negra de la élite argentina, Dolores.
El clan Etchevehere dio que hablar. Para bien o para mal, para molestia de muches o para goce de poques. La disputa familiar estalló el 15 de octubre con un video de Dolores Etchevehere denunciando la violencia intrafamiliar y las perversas prácticas de sus hermanos, terratenientes explotadores y (oli)garcas. Acompañada de Juan Grabois y organizaciones sociales y campesinas, se instaló en Casa Nueva, estancia sometida a los conflictos sucesorios de la familia, para comenzar con el Proyecto Artigas: una nueva forma de pensar al campo, el otro campo.
Las discusiones de fondo no fueron levantadas por los grandes medios masivos, pero que las hubo, las hubo. No fue sólo una disputa familiar, sino que salieron a la luz los entramados estructurales de la élite terrateniente argentina, que perpetúan relaciones de poder donde los únicos beneficiados son ellos: pocos, varones, ricos e impunes.
Mucho para poques
Los datos hablan por sí solos. Según el registro de Tierras Rurales de la Nación, aproximadamente 65 millones de hectáreas del país, casi el 40% del territorio nacional, son propiedad de 1200 terratenientes. Mientras que casi un 40% de la población argentina, 18 millones de personas aproximadamente, no tienen acceso a tierras o vivienda propia. La acumulación de tierras en pocas manos es un hecho.
Y es más, es complejo constatar las identidades de les mayores poseedores de tierras del país porque se ocultan detrás de sociedades pantalla, la titulación a nombre de terceros y las barreras burocráticas en las instituciones que administran los catastros y registros públicos de la propiedad.
La adquisición de los territorios del país por parte de extranjeros y/o grandes terratenientes data de los inicios de la Argentina como Estado-nación, cuando a través de campañas de exterminio, secuestro y persecución a comunidades indígenas se delimitaron las fronteras del país. Luego, en momentos de la historia en donde lo legal no existía, como durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, se dio otra distribución de tierras para las familias que colaboraban al proceso dictatorial. Generación por generación se fueron enriqueciendo y nunca se les puso un parate a la constante acaparación de tierras.
En el caso de los Etchevehere, más recientemente, se apropiaron de 70 hectáreas productivas de la Escuela Agrotécnica “El Quebrachito” que se encuentra frente a Casa Nueva. ¿Cómo las ocuparon? Se pararon en el alambrado del colegio proclamando hasta dónde le correspondía al colegio y cuánto a su familia, cambiaron los candados, rompieron alambrados, destrozaron inmuebles y levantaron toda la tierra, arruinando la siembra. La escuela contaba con 204 hectáreas, pero hoy solo se dispone “para su función” un 10% de las mismas.
La demonización de las tomas de tierras de familias sin hogar son las únicas discriminadas; cuando se trata de apellidos fuertes y difíciles de escribir, nadie dice absolutamente nada.
El despojo de muchas Dolores
El colectivo feminista tiene aún debates sin saldar. Que el patriarcado no deja afuera a ninguna y a ningune fue quedando claro. Que el feminismo debe ser popular e interseccional y que la cadena de opresiones y discriminaciones impacta con mayor voracidad según la clase social, la etnia, la identidad de género, la orientación sexual, las discapacidades y los cuerpos, está en proceso. Que una mujer blanca, cis, heterosexual, flaca y con poder económico tiene ciertos privilegios de clase, es aún tema de disputa. Se debatió, se teorizó y se militó. Pero hay un debate dado, aprendido, marcado a fuego: en este sistema patriarcal y capitalista salen perdiendo todas y todes.
Dolores Etchevehere es una de ellas. Su estatus social y su trayectoria académica no la salvaron de las opresiones ni de una vida atravesada por la violencia de género intrafamiliar. Como Dolores, millones. Como mujer rural desheredada de su tierra, miles. Incontables como víctima de los poderes fácticos machistas que hacen y deshacen, mueven y rompen, atacan y destruyen, y acá no ha pasado nada.
Dolores denuncia a sus hermanos por violencia económica y de género. Dice que la vivió “tal como la describe la ley”. Se refiere a la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que en su artículo 5 anuncia con precisión las situaciones que comprenden a la violencia económica y patrimonial. Si la escuchamos a Dolores, las atravesó todas.
Igual las estructuras no cambian y en los medios aparecen una y otra vez funcionarios y periodistas que ponen en duda su palabra y reviven el estigma de la “joven bolichera” que no puede, bajo ningún punto de vista, ser víctima de violencia de género. “¡Pero si es de Aries!”, escribió el periodista Mariano Obarrio en un intento de deslegitimación vomitivo.
Pero Dolores no arrugó. No lo hizo con los estancieros y ruralistas, que con sus aires de impunidad absoluta y control territorial le ofrecieron un salvoconducto para huir de su propia tierra. Menos iba a retroceder frente a un par de operadores políticos y judiciales que se arrodillan -para sorpresa de nadie- frente los poderes fácticos profundamente patriarcales.
El 26 de octubre Dolores ratificó la denuncia contra sus hermanos frente al fiscal Federico Delgado, en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. Durante más de dos horas y media cumplió con su declaración testimonial en el expediente que investiga violencia económica y de género; años de aprietes de su hermano, Luis Miguel. Ese que seguro viste en cadena nacional durante días y que intentó con todo su empeño fijar la imagen de “hombre bien”. Ese que fue Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en el gobierno de Macri y presidente de la Sociedad Rural Argentina. Sí, ese. Aprietes, extorsión, amenazas y más violencia.
Con esto, el 5 de noviembre el fiscal Delgado consideró que la violencia de género es un factor clave en el caso y decidió dar intervención a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia Contra las Mujeres (UFEM) para que colabore en la investigación.
“Una mujer para ellos es alguien inferior. Eso es lo que viví siempre en las mesas familiares. Catalogan a la mujer como algo que no sirve, que no tiene capacidad, que no puede tener ideas propias, ni un proyecto, ni llevarlo a cabo”, expresó la Etchevehere disidente en una entrevista a Página/12.
La disputa de Dolores contra el clan familiar no es un caso aislado. La violencia hereditaria por razones de género, con particular incidencia en sucesiones que implican mujeres rurales, campos y agro, recorre una larga trayectoria en nuestro país. El 80% de la propiedad de la tierra en Argentina está en manos de varones. Sólo aparecen entre un 15 y un 20% de mujeres registradas como propietarias. Lo rural no es para mujeres, dicen. Las sucesiones tampoco. Por eso, ellas deben sentarse a escuchar y ser testigos silenciosas de los despojos y reparticiones injustas que, sin consideración ni mayores obstáculos, ejecutan entre hermanos, primos e hijos.
Como escribió la periodista feminista Luciana Peker, la decisión de desalojo de la estancia “Casa Nueva” el pasado jueves 29 de octubre no fue la victoria judicial de la propiedad privada, “sino de quienes defienden la propiedad privada en manos masculinas”.
“La Justicia de Entre Ríos falló a favor de los poderosos, a favor de los corruptos. Esto es un ejemplo de lo que yo viví estos 11 años de calvario”, dijo la impulsora del Proyecto Artigas en un audio que difundió Juan Grabois, uno de sus abogados, tras conocerse el fallo. Lo repitió cada vez que pudo hacerse oír. 11 años de denuncias, de dolor y de resistencia.
El caso de Dolores se convirtió en emblema de las mujeres que han reivindicado históricamente su derecho sobre la tierra, sobre sus vidas y sobre sus decisiones. Es una lucha colectiva. Dolores es muchas a la vez. Dolores es el respaldo del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. Es el apoyo de la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas (AMRAF), que se pronunció sin dudarlo: “Lo que le sucede a Dolores, le sucede a muchas mujeres. Tiene que ver con la batalla cultural que estamos dando en todos los ámbitos. Dicen que es mucho más difícil romper con una estructura cultural, que darle vida a una ley”. También es la sororidad feminista de la organización Mujeres en Red que definió a Dolores como “una portadora del emblema emancipatorio de los feminismos que aran en tierra fértil”.
En Argentina, las leyes de sucesión son igualitarias tanto para las hijas mujeres como para las esposas. Entonces, ¿cómo llegamos a la concentración en manos masculinas? ¿Quién decide quién puede acceder a la tierra, trabajarla, habitarla, heredarla? Así como lo personal es político, lo familiar también lo es. Y la violencia económica y patrimonial no puede escaparse del eje de la cuestión, porque es, en esencia, violencia de género.
¿En qué momento el conflicto se transformó en un Grabois versus los Etchevehere corruptos? Casi sin darnos cuenta, con la naturalidad destacada de los sesgos patriarcales, las cámaras dejaron de ver a Dolores. Ahora en el ring sólo había varones. Porque así debe ser. Porque sólo ellos pueden hablar de campo, de modelos productivos, de transformación agroecológica. Las mujeres no. Dolores no. Para ella, para ellas, el silencio, la violencia, la cabeza gacha y el despojo.
El campo que alimenta, el campo que envenena
El 0,94% de los terratenientes manejan el 36% de las extensiones productivas del país bajo un modelo de producción que prioriza la ganancia económica sobre todo el resto. Las tierras son afectadas constantemente por incendios para “limpiar” suelos y expandir la frontera agropecuaria; y por la utilización de agrotóxicos, que contaminan al ambiente en su conjunto (incluyendo al ser humano), como única opción.
Ante esta situación, resulta esencial plantear otro modelo de producción, otro campo, para que nos alimente sin explotación laboral, sin contaminación a nuestros cuerpos, sin discriminación y perseguimiento a campesines. Y por sobre todo, sin terratenientes que se enriquecen a costa del pueblo, profundizando las desigualdades socioeconómicas.
El Proyecto Artigas presenta una alternativa. Piensa y practica la agroecología como modelo de producción a consolidarse sobre las tierras entrerrianas. El objetivo es claro: “construir un modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y explotación”.
Volviendo a los números, el 55% de las internaciones por cáncer en el Hospital Garrahan provienen de Entre Ríos. Les que sufren las consecuencias directas de productos como el glifosato no son les terratenientes impecables que manejan los campos desde sus cómodas casas, sino les trabajadores del campo, les que ponen el cuerpo en los campos infinitos de soja transgénica y sus familias, las niñeces que son rociadas con avionetas mientras están en el colegio. Las normativas existentes para que el envenenamiento no sea un hecho son ignoradas y ocultadas. Se ve reflejado en el aumento de un 850% del uso de agrotóxicos vinculados a la actividad agropecuaria en los últimos años. En 1996 -cuando el glifosato entra a nuestro país- se recomendaba usar 3 litros por hectárea por año, hoy se usan aproximadamente 12 litros.
Otra discusión dentro del modelo de producción tradicional es cómo afecta a la economía de les pequeñes productores por un lado y a les consumidores por el otro. “Pagamos insumos caros, se nos paga monedas por la producción y los alimentos llegan caros a las góndolas”, relatan desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).
El Proyecto Artigas está conformado por varias organizaciones sociales y campesinas que comenzaron a trabajar la tierra en Casa Nueva. La discusión está planteada: hay que cambiar la matriz productiva de todo el país. Si bien fueron desalojades, el proyecto se va a extender a 20 provincias más. Eve Kloster, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), aseguró que “el Proyecto Artigas viene a demostrar también que son necesarias e imprescindibles políticas serias de los Gobiernos que profundicen y transformen muchísimas de las hectáreas de tierras fiscales en desuso en tierras productivas y en miles de Proyectos Artigas. Y que aquellas tierras que no estén aptas para producir nos sirvan para crear loteos con servicios para la construcción de viviendas”.
Familias como la de los Etchevehere no sólo adquieren y acumulan tierras evitando toda barrera legal mientras hay 18 millones de personas sin vivienda, sino que también perpetúan una forma de producir que atenta contra la naturaleza y contra les humanes. Solo los mismos terratenientes obtienen beneficios de esto, a costa del pueblo.
Proyectos como el Artigas tienen que ser celebrado: cada parcela que sea producida bajo las lógicas de la agroecología con perspectiva de género hace política y hace catarsis, y por sobre todo, pone la comida y las discusiones en la mesa de la Argentina.
