Bloqueo de EEUU: peligra la vida de cinco niñas y niños venezolanos en Argentina

Bloqueo de EEUU: peligra la vida de cinco niñas y niños venezolanos en Argentina

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Los esfuerzos del Departamento de Estado Norteamericano no sólo están puestos en apretar cada vez más la tenaza que asfixia la economía venezolana. Gran parte de los recursos se emplean en justificar las medidas coercitivas unilaterales, impuestas al Estado venezolano con el objetivo –declarado sin prurito– de derrocar al presidente Nicolás Maduro Moros y, con él, al proyecto socialista bolivariano.

Discursivamente imponen en la agenda mediática una versión según la cual el bloqueo económico/financiero contra Venezuela, sólo afecta las cuentas particulares de funcionarios del gobierno en el exterior. Nada más lejos de la realidad. En el territorio, la asfixia es patente en el pueblo venezolano, que cada vez tiene más dificultades para solventar sus necesidades materiales básicas como consecuencia de estas medidas.

En suelo venezolano, el bloqueo y la guerra multidimensional tienen su correlato en las dificultades para el suministro de servicios públicos como agua potable, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, transporte, acceso a la salud y a la alimentación. Pero fuera del territorio, el pueblo venezolano no queda exento de las sanciones.

Daños colaterales

El caso que nos ocupa en esta nota es el de cinco niñas y niños de Venezuela que se encuentran recibiendo tratamientos médicos de alta complejidad en el Hospital Italiano de Buenos Aires, gracias a un subsidio otorgado por la Fundación Simón Bolívar, dependiente de la empresa CITGO, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), ubicada en Houston, Texas (EEUU).

Al autoproclamarse el diputado Juan Guaidó como “presidente” de Venezuela el 23 de enero de 2019, esta empresa fue confiscada por el gobierno estadounidense y usurpadas sus funciones, incluyendo las autoridades de la #FundaciónSimónBolívar, que han anunciado la suspensión del convenio con el Hospital Italiano para este mes de octubre.

La información fue obtenida de una fuente -que prefiere no identificarse por temor a represalias de la Fundación- cercana a familiares de los niños y niñas que han recibido este subsidio, a través de convenios firmados por el Gobierno Bolivariano con este centro de salud desde hace 10 años. A continuación reproducimos parte de la conversación:

¿En qué estatus está el convenio en este momento?

Esta es una lucha que viene desde 2019, desde que se registró uno de los bloqueos más fuertes que ha tenido el Estado venezolano, cuando el señor Juan Guaidó se instaló como presidente interino. Desde entonces el gobierno de Estados Unidos bloqueó todas las cuentas, bloqueó CITGO, y en ese momento, tuvimos un fuerte golpe las familias de estos niños que están aquí, los que están en Italia y en Brasil. Hubo interrupciones en sus convenios médicos porque no podía la Fundación bajar los fondos. Aquí, gracias a Dios, el hospital y los doctores siempre nos apoyaron en los momentos duros que vivimos y bueno, aquí seguimos luchando.

Aunque la Fundación Simón Bolívar sigue en convenio con el Hospital Italiano, desde entonces ha tenido interrupciones. Primero dieron un lapso de tres meses y debido a la lucha constante, con apoyo de la Embajada, Fundalatin, las Madres de Plaza de Mayo, el padre Numa (Molina) y un conjunto de actores políticos, nos ayudaron y alzamos la voz para que todos estos casos fueran vistos, fueran reconocidos ante el mundo. Estuvimos también ante la Organización de las Naciones Unidas gracias a Fundalatin y los casos fueron elevados a Michelle Bachelet cuando estuvo en Venezuela: ella sabe de estos casos, que también fueron expuestos por videoconferencia en la cumbre que hubo en Ginebra por los Derechos Humanos. Debido a toda esta lucha que hemos tenido, la Fundación, que desde ese momento la maneja el equipo de Guaidó, se ha visto en la obligación de continuar los convenios médicos que hay en Argentina.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet en visita a la sede de Fundalatin en Caracas, junto a su titular, María Russián. (Fuente: Fundalatin)

¿Las condiciones del convenio se mantienen?

El convenio ha continuado, pero ellos han cambiado ciertas políticas y puesto restricciones como que por ejemplo hay que autorizar cosas para poder avanzar en los tratamientos.

Lo último fue una llamada donde les comunicaron a las familias que en octubre supuestamente se paralizan los convenios y tendrían que regresar a Venezuela, porque la Fundación Simón Bolívar en Texas está aplicando una nueva política, una nueva visión, bajo la cual ellos trabajarían con otras fundaciones y otras ONG en Venezuela. Incluso, si usted se mete en la página de la Fundación Simón Bolívar, ya han donado una cantidad de dinero, la última que vi fue de 500 mil dólares, a fundaciones que supuestamente son de Venezuela, pero en realidad son fundaciones que están fuera de Venezuela.

¿Cuál ha sido la posición de las familias posición al respecto?

Hay disposición de regresar si se garantiza la salud de los niños. Pero en este contexto surgen muchas preguntas: ¿quién garantiza el traslado seguro de los niños a Venezuela? ¿Quién garantiza la estadía en Venezuela para pasar este momento tan contundente como es la pandemia? ¿Quién garantiza los medicamentos? Porque sabiendo que existe un bloqueo, no están llegando medicamentos. El Estado venezolano quiere comprar, quiere adquirir medicamentos y por donde entra le bloquean, le sancionan, sancionan a las empresas y hay casos que requieren medicamentos de por vida. La respuesta de ellos fue que eso lo están canalizando en Venezuela con fundaciones y ONGs a las que ellos supuestamente van a inyectarles dinero.

¿Cómo se materializa el subsidio con la Fundación Simón Bolívar, para que tengamos idea de cómo ha sido el apoyo del Estado venezolano a estos casos y qué implicaría la suspensión del Convenio?

El convenio establece que la familia tiene todo cubierto: manutención, vivienda, todo lo que es la parte hospitalaria de los pacientes y cualquier emergencia, además de un seguro médico aparte para el resto de la familia. Aquí el Estado venezolano garantiza todo. Incluso, en el convenio establece que los padres no pueden trabajar ni nada, porque deben estar dedicados al cuidado del paciente.

Familiares de las víctimas de las guarimbas (actos terroristas) y del bloqueo económico contra Venezuela exponen sus demandas a Michelle Bachelet (Fuente: Fundalatin)

La vida no tiene precio

En declaraciones recientes, Mariela Poleo,  quien usurpa las funciones de Presidenta de la Fundación Simón Bolívar, ha expresado que se encuentran en un proceso de transición en el cual se plantean, por un lado, tercerizar la atención social a través de otras ONGs y, por el otro, ampliar el espectro de atención que venía manejando la institución desde su creación en 2006, con una línea clara de atención de pacientes con enfermedades de alta complejidad, que de otra forma no podrían cubrir sus tratamientos.

En ese sentido, ha señalado que “los pacientes que la fundación ha tenido son pacientes que tienen enfermedades catastróficas que son sumamente costosas”. “Hay pacientes por los cuales se ha pagado hasta un millón de dólares en tratamientos, entonces, cuando vemos la situación del país y la crisis humanitaria que hay, con un millón de dólares podemos hacer muchas cosas. Y si bien una vida no tiene precio, queremos ayudar a un mayor número de personas”, agregó.

Luego, Poleo explicitó que en la medida en que estos pacientes puedan volver a su vida normal, los van desincorporando del programa –como es lógico-, pero remata diciendo que “tenemos un grupo reducido de pacientes todavía que están bajo la Fundación”. La pregunta que queda es: ¿Qué pasará con pacientes nuevos que requieran atención en casos tan complejos como estos? Pareciera que la pretendida ampliación del espectro de la Fundación, será a costa de resignar la atención de casos de salud complejos como los que se atienden hasta ahora.

Mientras tanto, la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), con el objeto de recaudar adhesiones, ha hecho circular una carta dirigida al presidente de la República Argentina, Dr. Alberto Fernández, para que interceda en estos casos y así lograr que se garanticen los derechos humanos fundamentales de estos cinco niños, niñas y adolescentes de entre dos y 13 años, con cuadros de artresia de vías biliares, mal rotación de intestino, síndrome de Alajille, transplantes hepáticos con complicaciones, entre otras patologías de alta complejidad que, de no ser atendidas oportunamente, quedan en riesgo de vida.

Dayana López Villalobos
Dayana López Villalobos

Comunicadora Social (UNICA/VE). Especialista en Prácticas Sociales de Lectura y Escritura (UNGS/AR).
Diplomada en Diseño Editorial por el Instituto Internacional de Periodismo “José Martí” de La Habana
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La educación no se negocia

La educación no se negocia

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

“Escucho un fuerte NO A LA LEY, y la verdad es que no hay ley, hay un borrador”, se justificó José Thomas, minimizando la discusión que instaló en la comunidad educativa mendocina.

Para comenzar la profundización en el debate es necesario tener en cuenta el estado en el que se encuentra la educación en la provincia: una desidia con todas las letras.

Las paritarias están cerradas desde comienzos de año y en marzo se le sumó la emergencia sociosanitaria actual, la cual profundizó la desigualdad a la hora de dar clases virtualmente: la conectividad e insumos tecnológicos tuvieron que ser garantizados por les docentes y por les estudiantes y sus familias. El Estado ausente optó por dejar fuera del sistema educativo a les que no contaban con el sustento necesario para seguir conectades a la distancia.

La Dirección General de Escuelas (DGE) no garantizó recursos ni capacitaciones para que les docentes afronten la educación no presencial de forma adecuada.

Con esta situación escondida bajo la alfombra, el titular de la DGE, José Thomas, bajo el ojo del gobernador, Rodolfo Suarez, presentó el 17 de septiembre el proyecto para una nueva Ley de Educación.

¿De qué trata la ley?

29 de septiembre de 2020, Caravanazo docente
Fuente: José Gutierrez

“Lo que hemos propuesto es una ley marco para que todos podamos debatir, para que nos acerquemos al ideal que tenemos y a lo que pensamos que tiene que ser la educación en Mendoza. Esto, bajo el concepto de que toda crisis, todo desorden es oportunidad para que haya un gran orden”, dijo el líder cambiemita, Rodolfo Suarez.

Es una declaración que dice mucho con palabras vacías, deja en claro que la ley responde a lo que elles piensan que debe ser la educación, lo cual nos adelanta bastante teniendo en cuenta el camino neoliberal que siguen las políticas de la provincia.

Algunos de los ejes que más se debatieron

La reforma pedagógica:

Se propuso trabajar de forma “bimodal” con el Sistema Educativo Digital (SED) que plantea la modalidad “presencial-virtual”. Si bien suenan cercanos estos términos por el contexto que nos sumerge a la virtualidad, la ley busca implantar esta modalidad para todo momento.

Sin embargo, no se garantizarían los recursos necesarios para trabajar de esta forma, por lo que el costo de la educación recaerá otra vez en los educadores y educandos. Solo el 33% de los hogares de Mendoza cuenta con acceso a internet, y la brecha educativa se ampliaría de forma descomunal.

Con respecto a las currículas y temáticas a abordar, se menciona la promoción de la Educación Sexual Integral, pero argumenta que no se impone su obligatoriedad. El proyecto de ley carece de perspectiva de género, supone un retroceso en derechos y afecta la calidad educativa.

La reforma laboral:

Explícitamente propone la reforma del Estatuto Docente y precariza los salarios por productividad. La meritocracia no podía faltar en esta pila de políticas.

En el artículo 142 se plantea que le directore de la DGE deberá “proponer la adecuación del Estatuto Docente al espíritu de esta ley”. Se vulnerarían los derechos de les docentes dando lugar a una modificación inconsulta por parte de una sola persona y que hoy justamente no es la favorita de les docentes.

El salario variaría de acuerdo al rendimiento académico de les estudiantes, según el artículo 24, inciso e. De esta forma se individualizan las situaciones y se las toma como casos aislados que no están atravesados por sus distintos contextos. Todo se reduce a lo que le docente enseña o deja de enseñar.

De la mano con lo mencionado previamente, se establecería un Instituto de la Calidad Educativa con fines de medición y control a docentes. Se juzgaría al docente en función de criterios mercantilistas y se lo culparía por falencias del sistema educativo.

La reforma represiva:

Junto con el Instituto de la Calidad Educativa, se incorporarían mordazas ideológicas y ciberpatrullaje en redes sociales a les docentes, según el artículo 11, inciso 1. A la censura y la persecución que atentaría contra el derecho a la libertad de expresión, la llaman “función policial”.

La reforma de las Escuelas Artísticas Vocacionales:

Se busca reducir a los colegios artísticos con el traspaso de su dependencia a la órbita municipal. Además, la educación artística es mencionada como de “mero entretenimiento”, sacándole al arte el sentido de importancia que merece.

La reforma presupuestaria:

Se propone mantener el aporte del 35% del presupuesto provincial a la educación, que nunca se cumplió, y tampoco establece los plazos para alcanzar esa meta. Además, se incentiva a la mercantilización de la educación: el artículo 3, inciso 1, incluye el financiamiento de empresas u organizaciones privadas. La educación deja de ser vista como derecho humano para entenderla como un bien de consumo.

El “diálogo”

Rodolfo Suarez y José Thomas en la apertura del Pre Congreso Pedagógico Mendoza 2020. Fuente: MDZ

En el otro lado de la discusión, José Thomas y Rodolfo Suarez realizaron la apertura del Pre Congreso Pedagógico Mendoza 2020, con el objetivo de abrir la discusión de la ley. Se pensaba una segunda instancia para el 18 de octubre, pero los planes se cayeron. Se rechazó la ley y la convocatoria -inconsulta- al congreso virtual, que no garantizaba una participación crítica y disidente.

Los distintos sindicatos, colegios, grupos de docentes y la mayoría de la comunidad han concordado en que no hay condiciones que garanticen su participación verdadera en la discusión. La emergencia sociosanitaria dificulta el intercambio de ideas y discusión. Además, les docentes han enfatizado que el educar desde casa sin el apoyo estatal es trabajar el doble. No hay condiciones materiales, físicas, ni psíquicas para afrontar el debate.

Se realizaron plenarios en los colegios de toda la provincia y se decidió rechazar el tratamiento de la ley mientras dure el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

El pueblo habló

El 29 y 30 de septiembre se convocó a caravanas en toda la provincia bajo la consigna #NoAEstaLeyDeEducación. Se recorrieron varios departamentos con una columna de cinco mil autos aproximadamente, que culminó en la Casa de Gobierno. La respuesta de Suarez fue retrasar el debate hasta el año que viene.

“Una vez más, nos enteramos por los medios, y no por los canales oficiales correspondientes, que se postergó para la segunda mitad del 2021 el debate sobre el proyecto de ley de educación provincial”, comunicó el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Mendoza a través de un comunicado.

Se seguirá luchando hasta lograr la culminación de esta ley, el aumento salarial de emergencia del 40% y la tan requerida reapertura de paritarias.

Fuente: Los Andes

Tal como lo lograron a fines del año pasado con la Ley 7.722, la comunidad mendocina supo organizarse y encontrar las estrategias para manifestarse y detener los proyectos originados por un sector que sólo busca grandes beneficios para pocos a costa del pueblo.

“No he escuchado voces en contra”, comenta Thomas. Déjeme decirle señor director, si no escucha el grito del pueblo es porque no quiere.


Fuente:
https://www.sute.com.ar/

Agustina Flores
Agustina Flores

Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

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