Imaginemos que el mítico filósofo griego Platón vuelve de los muertos para caminar (con barbijo) por las calles de Palermo, o va, de curioso nomás, a una marcha donde solo ve banderas de Argentina, carteles que no tienen sentido, gente saltando a destiempo y vociferando como verdad cualquier frase, que puede ser tranquilamente producto de un sueño húmedo de Durán Barba. Pensaría ¿che, me habré ido al carajo con esto de la alegoría de las cavernas? Y si mientras escrolea frenéticamente en Twitter escucha a Juana Viale hablando de meritocracia o a Sturzenegger dando concejos sobre cómo controlar el dólar ¿se pegaría un corchazo al grito de “todo rompen”?
Cuando te lo ofrecen gratis, el producto sos vos
La realidad parece cada vez más inverosímil, como si en lugar de tomar las distopías de Aldous Huxley o George Orwell como críticas a la sociedad, se hiciera lo imposible para hacerlas realidad. Las principales responsables de la crisis de información son las empresas dueñas de redes sociales, ya que cambiaron no solo los modos de percibir la realidad, sino que también permitieron que multinacionales y sectores de la derecha más reaccionaria las utilizaran para los fines más nefastos.
El principal problema que traen las redes sociales es la pérdida del lazo social en favor de burbujas en donde cada persona se encuentra inmersa en un universo que lo obliga a estar conectado y que al mismo tiempo reafirma solo lo que piensa. Esto arroja como resultado una sociedad víctima de una terrible pérdida del pensamiento crítico, que termina propiciando que la información y los datos relevantes pasen a un segundo plano para dejarle a la emocionalidad un lugar central. Es que ya no importa qué se comunica, sino los sentimientos que ese mensaje genera en el receptor.
La batalla por el sentido
Es en este marco donde se inscribe la coyuntura política nacional, dónde un gobierno popular debe encontrar la manera de sortear esta marketización del discurso para poder hacerle frente a ejércitos de blogueros, periodistas y bots, que lo único que buscan es propagar a través del miedo (la emoción más fuerte, relacionada incluso con la supervivencia) las ideas más recalcitrantes. En ese sentido, la principal preocupación del gobierno de les Fernández debería ser legislar sobre la información personal que cada usuario le da a las redes sociales, para que la misma no sea usada para realizar acciones de Target Marketing.
En Argentina los medios de comunicación se encuentran en una cruzada contra el gobierno pocas veces vista. Es que más allá de que sea vox populi que apoyaron golpes de estado y justificaron delitos de lesa humanidad, no deja de sorprender que en medio de una pandemia, que requiere el distanciamiento social, convoquen a cientos de personas enajenadas a contagiarse. ¿Buscarán acaso la muerte de cientos de argentinos para que colapse el sistema sanitario? En ese caso ¿no debería el gobierno ir un poco más lejos que salir constantemente a desmentir operaciones mediáticas? ¿Con qué se combate el odio y el miedo?
Periodismo de guerra
Es tal el poder mediático que parece que el brillante canje de deuda realizado por Martín Guzmán, con la consecuente reducción de mil puntos, (sí, MIL puntos de riesgo país), nunca hubiera ocurrido. En cambio, hoy la “preocupación” es que la clase media no puede comprar dólares. Sin embargo, lo que no cuentan es que el dólar es una commodity fundamental para la importación de insumos y que en los cuatro años anteriores asaltaron el Banco Central y facilitaron la fuga de 80 mil millones de dólares, divisas que hoy (en medio de una contracción económica mundial pocas veces vista) son vitales para el desarrollo de cualquier modelo de país.
El problema siempre es de clase
Por otro lado, mientras que desde Juntos por el Cambio se oponen (¿spoiler alert?) a que les cobren un impuesto extraordinario a las personas más ricas del país (después de todo son sus aportantes de campaña), argumentando que es un sector golpeado, entre otras frases igual de lisérgicas, hay personas viviendo en las peores condiciones en terrenos usurpados, exigiendo y poniendo en discusión una de las principales deudas de la democracia: el acceso a la tierra como un derecho humano.
En tanto, desde la otra vereda se esgrimen argumentos desde la legalidad en defensa de la propiedad privada, pero no hay que olvidar que, en primer lugar, esas tierras están manchadas con la sangre de los pueblos a los cuales se las arrebataron y segundo, que la legalidad (cómo cualquier discurso) es una ficción, por lo tanto está lejos de ser una categoría acabada y que incluso se encuentra atravesada por discursos clasistas. Es más, podría afirmarse que el sistema legal es uno de los instrumentos que se inscriben en la lógica de la perpetuación de las desigualdades de las sociedad argentina.
El hecho de que gran parte de los lotes en disputa sean de un mega proyecto para construir un country lo grafica mucho mejor que cualquier análisis: de un lado, gente viviendo en carpas, pasando frío y todo tipo de penurias; y del otro, un sector que responde a las clases altas. El problema como siempre, es de clase y allí debe estar al pie del cañón el peronismo, el único movimiento político que supo escuchar las demandas de las clases populares.
En ese sentido, uno de los principales proyectos que se encuentran entre las alternativas que baraja Axel Kicillof consiste en que el gobierno provincial compre a través de un fideicomiso y las reparta en carácter de lotes sociales. La construcción de las viviendas sería llevada a cabo por distintas cooperativas de trabajo, porque, como siempre, nadie se salva solo.
Alverso y el lawfare
Otro frente de batalla (¿no serán muchos?) que enfrenta el gobierno nacional está relacionado con el poder judicial. En principio, el primer embate al que se resisten desde el sector que fue punta de lanza en el lawfare es la reforma judicial, que básicamente buscar descentralizar el poder que tienen los tribunales federales de Comodoro Py (donde van a parar causas de corrupción, narcotráfico, trata de personas, etc), una de las cloacas de la democracia argentina, donde se dieron milagros matemáticos como que en el 90% de las causas contra CFK saliera sorteado Claudio Bonadio.
El segundo embate, está relacionado con la locura del gobierno de Alverso, Kretina y Kicillof de impedir que distintos jueces puestos a dedo en el último año de Cambiemos sean trasladados a puestos estratégicos. Lo llamativo es que casi con un discurso único, Clarín, Infobae y la Nación se rasgan las vestiduras hablando de republicanismo, pero cuando el mamerto designó a un juez de la corte suprema (ex abogado de Clarín, siempre muy endogámico) por DNU, miraron para otro lado. Lo que queda claro, una vez más, es que importan las emociones y no la verdad, y en ese terreno es en el que salen victoriosos.
El principal problema del gobierno es comunicacional. En principio porque la batalla, en tanto no se legisle, es totalmente desigual. Argentina ya supo ser vanguardia en leyes como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y ahora es momento de que lo sea legislando no sólo a las empresas que proveen los servicios, sino también a las aplicaciones como Facebook y Twitter, donde a través de permisos que nadie lee pero todos firman, se les otorga poder absoluto sobre información sensible de las y los usuarios: no sólo datos personales, sino también sobre el comportamiento de estos en las redes, lo que permite trazar un patrón psicológico que después es explotado por el mejor postor.
El monopolio de la información y de los datos no puede ser más un arma de las corporaciones para desestabilizar a gobiernos populares, como ocurrió en Bolivia, Brasil o incluso en Bielorrusia, dónde utilizan siempre las mismas estrategias: fake news para exacerbar el miedo y odio de una parte de la sociedad. En este contexto, es urgente la reformulación de una ley de medios que contemple todos estos factores y permita que la comunicación deje de ser utilizada como arma.
