El eje ordenador de gran parte de la polémica en el stablishment político nacional gira en torno a la renegociación de la catastrófica deuda que dejo el servil hijo de Franco. En principio, y como se ha abordado en este espacio, la pelota está en la cancha de los bonistas: la propuesta del Gobierno nacional, después de muchísimos idas y vueltas, se estiró hasta llegar a su límite. Esta oferta cuenta con el respaldo de gran parte de la comunidad internacional, incluso con el de la mismísima cabeza del FMI, Cristalina Georgieva. El principal enemigo, con activos por 6 billones de dólares, es el holding más importante del mundo, Black Rock, que mantiene una posición intransigente.
El Gobierno nacional se encuentra al borde del default. Ya estaba en default virtual desde el 2019 cuando el mejor equipo de los últimos 50 años dijo que no podía pagar la deuda que había contraído un año atrás. La situación de extrema debilidad en la que se encuentra el país no es producto de una mala gestión; muy por el contrario, es gracias al arduo trabajo del gobierno de Cambiemos. Sin caer en la conspiranoia anticuarentena, anti 5G, anti Bill Gates, etc, se podría pensar que durante la administración de McCree hubo un plan para dejar al país en la situación en la que se encuentra.
¿Por qué? Básicamente porque hubo un plan sistemático para vaciar las arcas estatales, al mismo tiempo que utilizaban su posición en distintos puestos de poder para realizar negociados. Los casos más resonantes estas últimas semanas están relacionados con el procesamiento del ex CEO de Shell y ex ministro de energía Juan José Aranguren por dolarizar las tarifas de gas y poner precios que no estaban relacionados con los costos de producción, o sea a ojo.
Además, este lunes se procesó al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex ministro de Vialidad Nacional Javier Iguacel. El procesamiento lo dictó, previo a su renuncia por presiones, el juez Rodolfo Canicoba Corral porque pudo comprobar cómo desde los organismos estatales se artículo con las empresas que tenían las concesiones de los peajes para transferir recursos estatales a las arcas privadas. Para lograr esto pusieron en posiciones de poder en los organismos estateles a personas cercanas, llegando incluso a crear puestos nuevos para dejar por debajo a personas que no eran de confianza; así se aseguraban estar en los dos lados del mostrador a la hora de negociar.
Otro factor clave es que nadie sabe qué pasó con los miles de millones de dólares que se tomaron prestados. Si bien este hecho es harto conocido, no se termina de tomar noción de lo que significa que un gobierno tome deuda a ese ritmo (sin pandemia de por medio) y no haga nada con la plata. No se hicieron escuelas, ni hospitales, no se incentivo el aparato productivo, no se invirtió en empresas nacionales y un largo y tedioso etcétera. La gran pregunta entonces es ¿dónde está esa plata?
Tras una extensa investigación, la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público pudo dar cuenta de la ilegalidad de la deuda contraída con el FMI. Lo que descubrieron, básicamente, es que no se cumplió ninguno de los pasos legales para tomar el préstamo. En otras palabras, te hacen más papeles los “arbolitos” que venden dólar ilegal, que los funcionarios de Cambiemos. Para dejar en claro de qué se está hablando, acá van dos ejemplos: “No hay constancia del dictamen previo del Banco Central sobre cómo el crédito que se pretendía tomar iba a impactar en la balanza de pagos (requisito exigido por el art. 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156); no hay constancia de actos administrativos mediante los cuales se haya decidido tomar el crédito. No obra en el expediente decreto presidencial alguno, así como tampoco Resolución del Directorio del Banco Central ni Resolución del Ministerio de Hacienda” (2).
El que avisa…
La aparición de los sectores evangélicos como fuerzas gravitantes en la política nacional no es algo que deba ser tomado a la ligera. Mucho se habló de su rol en la llegada al poder de Jair Mesías Bolsonaro, gracias a su fuerte anclaje en los sectores populares.
En Argentina aún no tienen la misma fuerza que en el país vecino, pero ese es su objetivo: transformarse en un partido político de peso. El hombre que está llevando todo adelante se llama Diego Villamayor, quien integró el gobierno de María Eugenia Vidal. Este muchacho es el coordinador de Una Nueva Oportunidad, un espacio político que ya cuenta con presencia real en 25 distritos.
Los últimos meses se estuvieron reuniendo con personas cercanas a Rogelio Frigerio y apuntan en los próximos días a reunirse con el diputado nacional por Mendoza Alfredo Cronejo y con la Unión Cívica Radical. El principal objetivo que tienen es poder ser uno de los actores en la coalición opositora. La estrategia es buscar lavarle la cara a Cambiemos, intentando atraer a los votantes que perdieron las elecciones pasadas.
No tomar esto con la seriedad que amerita, obliga a recordar el caso brasilero. Estos espacios representan a un sector transodiante, homofóbico y que busca cercenar derechos. Nunca hay que tomar a la ligera el surgimiento de estas expresiones de odio institucionalizadas y maquilladas.
La chancha y los veinte
El círculo del infierno en el cual funciona el sistema global ha llegado a un punto sin retorno. Las multinacionales destruyen ecosistemas y explotan a sus empleados para producir bienes que sobrepasan hace décadas la capacidad de consumo del mundo; es decir que mientras se mueren de hambre cientos de miles de personas, al mismo tiempo se tiran toneladas de alimentos. Así de cínico es el sistema capitalista global que busca enajenar e individualizar a las masas obligándolas a consumir frenéticamente, no sólo bienes materiales sino también ideales de vida completamente carentes de empatía, que tienen como finalidad última los logros personales y los followers de instagram.
Soledad Barruti lo plantea bien claro en sus dos libros “Malcomidos” y “Mala Leche”: la industria alimentaria no huye de la lógica de mercado. Esto tiene como resultado supermercados abarrotados con productos que parecen alimentos y que incluso parecen distintos, pero están hechos de los mismos ingredientes: azúcar (en realidad jarabe de maíz de alta fructosa que es más barato y peor, por supuesto), aceite y harina. A estos ingredientes se le agregan colorantes, saborizantes, resaltadores de sabor y cientos de químicos. Lo más loco de todo esto es que las empresas que se encargan de chequear que estas sustancias no generen efectos negativos en el cuerpo, son propiedad de las mismas empresas que hacen los alimentos (divino todo).
La industria alimentaria se sostiene gracias a los desmontes, la destrucción de la biodiversidad, a los desplazamientos de comunidades originarias y a los agrotóxicos. El posible acuerdo con China llevado adelante por el canciller Felipe Solá (quien le abrió la puerta en el año ’96 a Monsanto y su glifosato) es profundizar estos modelos de saqueo. Este acuerdo implicaría tener cientos de miles de chanchos hacinados y llenos de antibióticos.
La primera cuestión es que las condiciones en las cuales se tiene a los animales es el caldo de cultivo de nuevas pandemias como la Gripe Porcina, el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) o el mismísimo COVID-19, que surgen gracias a estos modos de producción. La segunda cuestión está relacionada con el alimento de los chanchos, granos transgénicos provenientes del monocultivo. Este modo de explotar la tierra incluye desmontes, la destrucción irrecuperable de biodiversidad y el desplazamiento y exterminio de comunidades originarias.
Se ha cuestionado mucho la oposición a este proyecto esgrimiendo argumentos que corren de eje la discusión, como plantear una incipiente xenofobia contra China gracias a la estrategia discursiva yankee.
Lo que todes deben preguntarse es cuál es la noción de soberanía que defienden o qué piensan que es un país soberano. La soberanía implica cuidar nuestros bienes comunes y no rematarlos para conseguir dólares que nos saquen del apuro. No es una cuestión hippie liberal pedir que no se siga con los desmontes o con la extinción de especies autóctonas. Es la explotación desmedida lo que trae niveles de lluvias y nevadas récord, inundaciones o apariciones de plagas como el dengue.
No existe la justicia social sin justicia ambiental, porque son los más vulnerables los que sufren los golpes de un ecosistema desgastado; quienes pierden sus casas en inundaciones; quienes tienen que migrar del campo a la cuidad porque no hay más lugar para su modo de trabajar la tierra o quienes son directamente cazados y desplazados de sus tierras ancestrales. Si Argentina verdaderamente quiere ser la patria de les humildes debe tener la decisión política de incluir a pueblos originarios y al campesinado en las políticas de estado.
Referencias:
1) https://www.letrap.com.ar/nota/2020-7-28-9-14-0-los-principales-bonistas-aseguran-que-los-inversores-apoyan-su-contraoferta
2) https://www.tiempoar.com.ar/nota/la-deuda-con-el-fondo-monetario-internacional-es-ilegal
3) https://www.pagina12.com.ar/281132-causa-peajes-guillermo-dietrich-fue-procesado-por-administra
4) https://www.google.com/amp/s/www.pagina12.com.ar/274428-denuncian-a-aranguren-por-pactar-precios
5) https://www.letrap.com.ar/nota/2020-7-27-16-4-0-la-pata-bonaerense-del-evangelismo-25-municipios-con-jefatura-en-lanus
6) https://www.pagina12.com.ar/281359-soledad-barruti-instalar-megagranjas-de-cerdos-es-comprarnos
