POR MIRANDA CERDÁ CAMPANO*
Sebastián Piñera volvió a arremeter contra la República Bolivariana de Venezuela. Dijo, entre otras cosas, que Maduro “tiene los días contados” y que “no hay democracia, ni libertad de expresión; hay presos políticos y no hay respeto por los derechos humanos”. Si se hace un análisis de los 15 meses de gobierno del actual mandatario chileno, se observa con bastante claridad la hipocresía con la que se maneja la derecha en Nuestra América.
Quizás a Piñera se le olvidó el informe que le enviaron desde Amnistía Internacional hace algunos días. El documento se titula “El presidente Piñera nos debe” y en la introducción se señala que durante este año de gestión “el gobierno ha tomado decisiones que lamentablemente implican que la deuda en derechos humanos ha crecido en lugar de disminuir”.
En materia de género, el informe indica que no se ha asegurado una apropiada aplicación de la ley que despenalizó el aborto y tampoco se ha avanzado en la implementación de una educación sexual integral desde las etapas más tempranas de la vida escolar. Además, el gobierno eliminó la promoción de la igualdad de derechos en materia de matrimonio y, en la misma línea, restringió la ley de identidad de género que facilita la posibilidad de cambio de nombre y sexo registral para menores de entre 14 y 18 años.
Piñera, que pareciera ser todo un promotor de los derechos humanos cuando habla de Venezuela, ha sido muy cuestionado por su política migratoria. La migración es un derecho humano y, sin embargo, a través de decretos de urgencia, el gobierno dispuso un proceso de regularización masiva (muy engorroso para los migrantes), además de impulsar la entrega de visas en los consulados de los países de origen con criterios que los expertos califican de discriminatorios, selectivos, y limitados. Por otra parte, el gobierno rechazó el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas, del cual Chile había sido un gestor destacado.
El conjunto de estas políticas proviene de la necesidad que tienen muchos gobiernos de derecha de usar la migración como un instrumento político: culpar a los extranjeros del crimen, la desigualdad y todos los males sociales es una vieja táctica para exculpar a los verdaderos culpables de las crisis.
Otro de los puntos cuestionados en el informe es la consulta indígena a través de la cual se pretende modificar la Ley Indígena (Ley 19.253) y que solo apunta a justificar una mayor penetración del capital extractivo a territorio mapuche. El gobierno, con la clase empresaria en el poder, busca mediante engaños, mentiras y fraudes, que los empresarios capitalistas puedan ingresar al wallmapu. El proceso fue criticado por el relator de ONU sobre Pueblos Indígenas y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero como siempre, se utiliza el aparato comunicacional en manos de los grandes grupos económicos, para tratar de hacer creer al resto de la población chilena que es un grupo minoritario el que se opone a la consulta indígena, a pesar del enorme rechazo que hay en las comunidades de todo el wallmapu.
Por último, el documento sostiene que el gobierno de Sebastián Piñera también ha detenido el proyecto de reforma constitucional que busca declarar imprescriptibles e inamnistiables los crímenes de lesa humanidad, aparte de haber debilitado la creación de una comisión calificadora permanente de víctimas de tortura política.
La impunidad que supone esta serie de medidas, sólo permite que los delitos de lesa humanidad se repitan, al mismo tiempo que habilita el uso excesivo de la fuerza de Carabineros en su actuar. La represión ejercida en contra de estudiantes, organizaciones sociales y el pueblo mapuche se ha vuelto moneda corriente durante el gobierno de Piñera.
El sistema educativo también se orienta bajo los principios neoliberales. La Ley de Aula Segura que habilita a funcionarios policiales a requisar a lxs estudiantes antes de ingresar a clases cada día y otras políticas similares, han llevado a la totalidad de la comunidad educativa a las calles en las principales capitales del país. Lxs estudiantes se han movilizado con una creciente energía desde finales de abril. Como si no fuera suficiente el clima de persecución, el gobierno se ha sumado a una propuesta realizada por un organismo consultor para quitarle la condición de obligatoria a las asignaturas de Historia y Educación Física. Algo similar había ocurrido años atrás con Filosofía, propuestas o decisiones que expresan el fuerte interés de las elites por moldear una futura masa laboral con bajo nivel reflexivo y cultura histórica, social y, especialmente, política.
La agenda del gobierno de Piñera no pasa por el fortalecimiento de los sistemas públicos, ni en salud, educación o vivienda, y donde puede intenta introducir al sector privado. Es lo que está sucediendo con la Educación Pública y así lo entienden lxs maestrxs que llevan más de tres semanas de paro y protestan contra esta reforma que se pretende introducir en el plan de estudios. Además exigen el pago de un bono para lxs docentes de la educación diferencial y enumeran 11 puntos entre los que se destacan el desconocimiento por parte del Estado chileno del reajuste salarial que desde 1981 deberían haber recibido lxs profesores, el agobio laboral, la titularidad de las horas de extensión y el fin al doble proceso de evaluación docente.
“El gobierno tiene que escuchar que estamos defendiendo la Educación Pública, totalmente abandonada por un gobierno que quiere que se siga deteriorando para que los amigos privados arremetan con sus negocios”, dijo, a modo de consigna ante una marcha de colegas en Valparaíso, Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores.
El abandono de la educación pública esconde una serie de efectos que van desde las extensas jornadas de trabajo y aspectos salariales a una completa falta de inversiones en infraestructura. Una suma que ha deteriorado los niveles de la educación pública chilena y que deja entrever la enorme brecha entre los rendimientos de la educación pública y la privada. Un proceso de decadencia que también se expresa en las enormes desigualdades de la sociedad chilena.
Con un gobierno en retroceso y sin respuestas, es posible que estemos en las puertas de un interesante proceso de acumulación de fuerzas por parte de la ciudadanía y sus organizaciones. El retroceso de Piñera y la falta de respuestas por parte de su gobierno, junto con procesos similares desarrollándose en el resto de Nuestra América, ponen en evidencia la crisis del ascenso político conservador que comenzó hace pocos años. Bolsonaro enfrenta una ofensiva desde varios flancos que prácticamente lo han dejado inmóvil y sin respuestas, Macri ha llevado a la economía argentina al desastre, Moreno en Ecuador se encuentra al borde de la caída de su silla presidencial, y Duque ha sido desenmascarado por sus relaciones con el paramilitarismo y el propio narcotráfico.
En contrapartida se anuncian los vientos de recuperación de los proyectos nacionales, populares y progresistas: la recuperación del diálogo en Venezuela, la línea independiente y latinoamericanista de López Obrador en México, la firmeza de Evo Morales en Bolivia, las iniciativas electorales del peronismo en Argentina y la revelaciones de la conspiración ilegal contra Lula en Brasil abren una compás de esperanza para un nuevo impulso de los procesos emancipadores en la región.
