por M. Viviana Yopasa Ramírez*
El Acuerdo final para la terminación del conflicto armado, político y social entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), -hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-, y el Estado ha enfrentado una serie de obstáculos para garantizar su implementación. Los más graves están relacionados con la puesta en marcha de los proyectos productivos y la generación de alternativas económicas que les faciliten su inserción en la sociedad civil, y la garantía para la participación política de los ex-combatientes de las FARC.
Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), antes Zonas Veredales Transitorias de Normalización, donde habitan cerca de 8.000 ex-guerrilleros de las FARC son inestables física, jurídica y económicamente. Las propuestas de proyectos productivos de los desmovilizados, relacionados con conformación de cooperativas de trabajo y la realización de capacitaciones a la agricultura, el ecoturismo, la carpintería, etc., siguen sin contar con la financiación necesaria con la que se había comprometido el gobierno colombiano, para lograr su desarrollo y sostenimiento. Además, el acceso a la propiedad de la tierra, donde los ex-combatientes puedan asentar sus proyectos productivos sigue sin poder concretarse. La gran mayoría de las los ETCR están ubicadas en reservas forestales.
Sumado a esto los ex-guerrilleros viven en la constante incertidumbre por la falta de atención de la institucionalidad estatal que garantice las condiciones de seguridad de sus vidas, en territorios donde la violencia política ha aumentado a lo largo y el ancho del país. Tómese en cuenta que desde la firma de los acuerdos en el 2016, los ataques dirigidos a líderes y lideresas locales campesinxs, indígenas y afrodescendientes son alarmantes. Entre enero de 2016 y mayo de 2019, han sido asesinadas 837 personas, 702 serían líderes sociales, y 135 ex-combatientes de las FARC. En su mayoría militantes que estaban vinculados a procesos de restitución de tierras, sustitución de cultivos y/o eran encargados de proyectos relacionados a la minería y el sector energético, o al medio ambiente.
El asesinato a ex-combatientes de las FARC revive un amargo e impune recuerdo en la historia de Colombia, que se conoce como el genocidio del partido Unión Patriótica (UP). Partido nacido en la década de los 80, durante un proceso de negociación de paz con las FARC, cuyos miembros fueron exterminados casi en su totalidad por grupos paramilitares bajo la complicidad de la fuerza pública.
Uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz está vinculado a la conformación de mecanismos viables y estables para dar garantías de seguridad en el ejercicio de la política y brindar protección a quienes ejercen liderazgos sociales en los territorios. Hechos de violencia que han comenzado a recrudecer ahora que se acercan las elecciones regionales el próximo 27 de octubre. Ante el incremento de la persecución y el asesinato sistemático, la respuesta del gobierno de Iván Duque ha sido dilatoria, distante e ineficaz, lo que acrecienta la desconfianza al proceso de paz tanto de la comunidad internacional como de la sociedad civil colombiana.
Las fuerzas políticas enemigas de la Paz, representadas por el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez y el su actual partido Centro Democrático, han liderado una fuerte campaña política y judicial para frenar la participación política de las FARC intentando vincular a sus representantes con actos delictivos para así justificar un proceso judicial en su contra.
Uno de los hechos más sobresalientes, de mayor indignación y que ha puesto en jaque el Acuerdo de Paz, fue la detención de Jesús Santrich el 9 de abril del 2018, quien fuera vocero en las negociaciones y la firmante del Acuerdo Final, y actualmente congresista del Partido FARC.
Su detención fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación, luego del pedido de extradición de la Corte de Distrito de EE. UU, que lo acusaba del presunto envío de 10 toneladas de cocaína al país del norte. Esto puso en entre dicho el compromiso del Estado colombiano en garantizar la apertura democrática a la oposición, condicionando la soberanía jurídica a acuerdos ad-hoc con el gobierno de los EEUU, para judicializar y perseguir los liderazgos de izquierda o progresistas.
La investigación habría sido coordinada con la Fiscalía Colombiana, quien no informo de las acciones judiciales emprendidas a la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP[2]), que según la legislación vigente es quien debía encargarse de establecer los presuntos delitos cometidos después del primero de diciembre del año 2016.
El Acuerdo de Paz establece que los ex-guerrilleros no son sujetos de extradición ni se enfrentarán a la justicia ordinaria por delitos cometidos antes del acuerdo de paz. Pero como la acusación decía que los delitos habían sido cometidos después de la firma del acuerdo. Santrich debía ser sometido a la jurisdicción ordinaria por estos nuevos delitos que se le imputan.
La Fiscalía reveló conversaciones telefónicas, fotografías y videos que evidenciaban la participación de Jesús Santrich en la supuesta negociación para enviar cocaína a EEUU y su vinculación con cartel de Sinaloa. Supuestas pruebas que no revelan claramente la vinculación de Santrich.
El pasado 15 de mayo, la Sección de Revisión de la JEP, resolvió aplicar la garantía de no extradición a favor de Santrich, priorizando los derechos de las víctimas a la verdad y a su reparadas. Decisión fundamentada, por un lado, en que la Sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de la realización del delito del que se lo acusaba; por el otro, que el Departamento de Justicia de los EE. UU no envió las pruebas solicitadas por la JEP para revisar y evaluarlas mismas. Asimismo, no se cumplió con la debida asistencia judicial por parte de organismos nacionales en la recaudación de pruebas por parte de autoridades extranjeras. Bajo estas condiciones la Sección de Revisión de la JEP le ordenó al Fiscal General de la Nación disponer la libertad inmediata de Santrich.
La decisión de la JEP desató la renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y su vice fiscal, María Paulina Riveros. Martínez calificó la decisión del tribunal de justicia transicional como un “desafío al ordenamiento jurídico y a la Constitución”.
Sobre el ex-fiscal recaen acusaciones de corrupción en el caso de Odebrecht. Y sus dichos generaron una fuerte movilización y polarización en el país, entre los sectores conservadores y de derecha (ligados al urubismo) quienes hicieron un llamado al Presidente Iván Duque para que reestablezva de la legalidad y la defensa de la paz, acusando a la JEP de otorgar beneficios a las FARC, denunciando la impunidad y garantías judiciales a los ex-combatientes.
El clima de tensión generado tras la renuncia del fiscal llevo a circular fuerte rumores políticos entre congresista de la bancada alternativa que salieron a advertir que el ex presidente Álvaro Uribe estaría presionando al presidente Duque para que declarara Estado de conmoción interior. La razón de este llamado era dar respuesta a la crisis de orden público que había generado el anuncio de la decisión de la JEP que según el ex fiscal Martínez ponía a prueba la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales.
Tras conocer el facho se inició una fuerte movilización social por parte de los sectores de la oposición, exigiendo la libertad de Santrich. Libertad que nunca llego a materializarse pese a la orden emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que otorgó un habeas corpus que obligaba su liberación. En la salida del penal el 17 de mayo, el ex-guerrillero fue capturado por agentes de la Fiscalía, que le leyeron una nueva orden de captura, por los mismos delitos, aclarando que ahora sería juzgado por la justicia ordinaria.
Estos hechos fueron realmente graves. Por un lado, se desconoció la soberanía judicial de los altos tribunales en Colombia, y se deslegitimaron las acciones y decisión de los organismos surgidos de los Acuerdos de Paz para la terminación del conflicto, como es la JEP.
Bajo la JEP agentes y funcionarios estatales también tiene que compadecer y contar la verdad sobre las violaciones a los DD.HH. y al Derecho Internacional Humanitario, y cuyas acciones quieren seguir encubiertas y en silencio.
Por otro lado, quedó en evidencia que el proceso de implementación del Acuerdo Final II está sujeto a las medidas jurídico-políticas intervencionistas que Estados Unidos ejerce sobre la soberanía colombiana y sus instituciones. Claro está que desconocen el mandato constitucional que señala que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento. Desconocen la responsabilidad que tiene el Estado Colombiano al suscribir y llevar adelante lo acordado en las negociaciones políticas con las FARC, cuya participación pública y política quiere ser vaciada y restringida, frenando el desarrollo de procesos integradores, populares y democráticos en el país.
Pese a los escenarios adversos, la consolidación de una paz estable y duradera, sigue siendo el reto y desafío que tiene la institucionalidad y el pueblo colombiano. Es prioritario salvaguardar y proteger las plenas garantías de seguridad para que las FARC puedan hacer un tránsito exitoso de las “armas a la política pública”.
Alentando este espíritu, el pasado miércoles 29 de mayo, la Corte Suprema de Justicia colombiana ordenó la libertad del exjefe de las FARC. El alto tribunal considera que los funcionarios que ordenaron su captura no tenían competencia para su aprehensión y legalización.
Santrich, aunque nunca se posesionó, tiene fueros parlamentarios por ser congresista de la nación, por lo que su caso, debe pasar a manos del Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que investiga y juzga a los funcionarios con fuero y que llevará, de aquí en adelante, la investigación en su contra. A razón de esto la CSJ decretó la nulidad de todo lo actuado y ordenaron su la libertad inmediata. Mientas dure la investigación por delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, Jesús Santrich no tiene por qué estar privado de su libertad.
Las FARC celebraron decisión de la Corte Suprema, reafirmando su compromiso por seguir trabajando por la paz y la reconciliación de Colombia. El senador de las FARC, Carlos Antonio Lozada, señalo vía Twitter que “se está a la espera del oficio del consejo de estado que ratifica la investidura de Jesús Santrich, una vez surtido ese trámite se podrán radicar los documentos para que se pueda posesionar como Representante a la Cámara”.
Habrá que esperar los resultados de la investigación y cómo se moverán las arenas políticas alrededor de su caso, para frenar los montajes judiciales y la persecución a las organizaciones políticas y al movimiento social en Colombia.
[2] Justicia Especial para la Paz es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en violaciones al Derecho Internacional Humanitario y generar medidas que permitan el acceso a la justicia de las víctimas.
* Lic. En educación y Ciencias Sociales, Estudiante de Maestría en Sociología de la cultura y análisis cultural en Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), UNSAM. Columnista del programa La Marea, (FM 90.5 Radio Futura), redactora de Revista Trinchera y colaboradora Agencia Timón.
