Por Miranda Cerdá Campano
¿Acaso Lenín Moreno se olvidó de quién le dio la mano en su llegada a la presidencia? ¿Las promesas y el proyecto político que se sostenía en campaña fueron sepultados? Lo concreto es que el gobierno de turno en Ecuador dio un giro inesperado en la orientación de la política económica. Encuadrado en la “revolución ciudadana” y apoyado por el ex presidente Rafael Correa, Lenín Moreno se había comprometido a generar 200.000 plazas de trabajo anuales para el resurgimiento de la economía; construir 325.000 nuevas viviendas que generarían más de 136 mil empleos por año y entregar casas sin costo alguno para 191 mil familias más pobres; conceder créditos preferenciales para jóvenes emprendedores y empresarios que se desarrollen en “sectores estratégicos”; y pedir ayuda a la ONU para combatir la corrupción.
Nada de esto sucedió. Desde hace algunos meses y paulatinamente, el primer mandatario formuló la idea de que el sector privado se erija como “motor de la economía”. Sistemáticamente se redujeron las inversiones del sector público y, como consecuencia de ello, de modo paradójico se empezó a desacelerar el crecimiento de la economía. En el marco de la nueva política, se nombraron a dirigentes o figuras relevantes del sector empresarial en las carteras de economía, comercio, industrias, turismo, trabajo y vicepresidencia. Luego, ciertos ministerios se fusionaron, como Comercio, Acuacultura e Industrias.
Se aprobó la Ley de Fomento Productivo, donde se exoneró del pago de multas, intereses y recargos a los deudores del SRI, IESS, SENAE, beneficiando especialmente a los grandes grupos económicos y filiales de empresas multinacionales. Se establecieron diversos tipos de exoneraciones y/o reducciones del impuesto a la renta en determinadas zonas del país para incentivar nuevas inversiones.
Poco tiempo después, se incrementaron los precios de la gasolina extra, super, ecopaís con el propósito de recaudar mayores recursos para reducir del déficit presupuestario y, en contrapartida, bajar los subsidios del Estado. No obstante, simultáneamente se establecieron nuevos subsidios, verbigracia a los taxistas. El conjunto de medidas ejecutadas se orientaba a crear las condiciones favorables para la suscripción de una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Analistas económicos especialmente ortodoxos y los gremios empresariales alentaron la necesidad de acudir al FMI para conseguir créditos baratos y, así, poner en orden las finanzas públicas, dado que el gobierno no tomaba medidas suficientes para reactivar la economía. En la visión del equipo económico del gobierno la “única opción” que le quedaba era acudir al FMI porque el riesgo país era sumamente elevado y los mercados internacionales estaban cobrando tasas de interés sustancialmente mayores.
En la Carta de Intención suscrita por el Ministro de Economía y Finanzas y por la Gerente del Banco Central de Ecuador a principios del mes pasado y dirigida a Christine Lagarde, directora del FMI, se describe el programa de políticas públicas que se van a ejecutar durante los próximos tres años, un programa que apunta a crear una economía más dinámica, sostenible e inclusiva, impulsar la competitividad y la creación de empleo; proteger a los pobres y más vulnerables; fortalecer la sustentabilidad fiscal y los cimientos institucionales de la dolarización del Ecuador; así como mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción.
El año pasado, Argentina solicitó un plan de rescate al FMI por USD 57.000 millones para evitar la fuga de capitales, la depreciación de la moneda y la inflación galopante, entre otras cosas. Luego de los desembolsos realizados por el FMI, las tasas de interés superaron el 60%, el tipo de llegó a rozar los 45 pesos por dólar, la inflación registró más del 50% anual, la deuda externa alcanzó cerca del 100% del PBI y la economía se contrajo en 2,6% en 2018, más de lo proyectado por la propia entidad financiera.
Lejos de generar nuevos puestos de trabajo y ayudar a los sectores más vulnerables, la verdadera función del FMI es evitar que las crisis económicas en los distintos países del mundo pongan en riesgo los negocios de las grandes multinacionales imperialistas, incluso permitiendo el salvataje del capital líquido de los fondos de inversión.
No hay mucho para explicar. La intervención del FMI en la economía de cualquier país del mundo representa el fin de su soberanía. Y sí, hasta hoy la modernidad se ha edificado en torno a ciertas nociones que la Revolución Francesa puso sobre la mesa, como la libertad, la igualdad y la fraternidad, solamente a partir de la “soberanía nacional”, eso que nosotros podríamos llamar actualmente “soberanía popular”. Por tanto, la supuesta globalización económica, en términos liberales, no significa otra cosa que una transferencia del poder de los Estados.
Sin dudas, en el devenir de todos esos mecanismos hay muchas deficiencias o defectos, pero son todavía procedimientos elegidos por los pueblos, que aún en última instancia tienen elementos de legitimación democrática: es decir, uno es presidente porque la gente lo ha votado. No obstante, cuando el poder se transfiere a esas instituciones que no ha elegido nadie, sin vínculos con los sectores sociales y sin ningún tipo de rendición de cuentas a la ciudadanía, nos topamos con el gravísimo problema del vaciamiento a la patria soberana.
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* Periodista especializada en Sudamérica, redactora de Revista Trinchera y columnista del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata) y colaboradora de Agencia Timón
