Por Flor Luengo*
En un reciente comunicado, la organización Feministas de Abya Yala, manifiesta su total apoyo al pueblo venezolano a raíz de la situación económica y política que está viviendo. Recordemos que el 10 de enero del año 2019, comenzó un nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro Moros que durará hasta el año 2025.
Figuras paternalistas como Estados Unidos no reconocen este hecho y luchan para legitimar sus propios intereses y borrar del mapa a un presidente elegido por el voto popular, es decir, un presidente constitucional.
Las mujeres de Abya Yala sostienen que esta amenaza es parte de la acción mundial de la derecha, y de la tutela norteamericana sobre gran parte de los gobiernos del continente, que buscan aislar a la Revolución Bolivariana y ahogarla tanto política como económicamente. Es también la acción previa a una posible agresión militar de EEUU, la Unión Europea y sus aliados en América Latina (gobiernos como los de Colombia, Brasil, y Argentina), que no pueden dar lecciones de democracia a nadie, por sus activas participaciones en fraudes y violaciones a los derechos humanos.
Ante tal situación, la organización feminista manifestó su respaldo y la convicción del derecho del pueblo venezolano a su autodeterminación e independencia política y económica, a la defensa de su soberanía, y el rechazo de toda forma de intervención extranjera.
Cuando la crisis económica y política se profundiza, son los colectivos más vulnerados quienes encabezan la resistencia en la vida cotidiana. Al vivir en un sistema patriarcal (social y culturalmente hablando), todo lo que de éste proviene nace desde la jerarquización y segmentación entre quien domina y quienes son dominados. Esta violencia es propia del sistema patriarcal. Esa tutela de un Estado sobre el otro es un signo de violencia, dominación y opresión. Ese paternalismo asqueroso representa la imposibilidad de autonomía por parte de quien es considerado inferior, imposibilitado a tomar decisiones, deficiente.
Desde este escenario se paran los movimientos disidentes en América Latina (y en Venezuela hoy más que nunca) para luchar contra los crímenes de odio y por el reconocimiento a los derechos de las personas Trans, Travas y travestis, y de los colectivos LGTBIQ. En relación a ello, muchas veces escuchamos decir que ser transexual es percibirte de un sexo que no es aquel con el que naciste, que la persona sufre por esto -cosa que seguramente debe ser cierta pero no en todos los casos-. Ser transexual no se reduce sólo al plano biológico de la persona, no repercute solamente en su anatomía, sino que es un hecho político en sí mismo. Se trata de adoptar y llevar adelante una politicidad que se expresa en el pensamiento, en la ideología, en los intereses, en la forma de mostrar y de vivir el cuerpo, en las maneras de organización que se entretejen. Es una forma de habitar el mundo. La persona trans no se identifica sólo con ser hombre o ser mujer, se resiste a este disciplinamiento y elige ser otra identidad diferente. Desde la organización es que se resiste, desde el agrupamiento, el recobijo de gente que toma las diferencias como diferencias políticas y que luchan para el reconocimiento de sus colectivos.
En esta lucha por la legitimidad y el reconocimiento a ser otra identidad que las estipuladas, los gobiernos demuestran con sus decisiones políticas, el respaldo a lo jurídico que puedan brindar a las organizaciones que se reúnen, que debaten y que crean la posibilidad de la propia existencia y convivencia dentro de la sociedad.
A continuación, un relevamiento de leyes relacionadas con la identidad de género en algunos países de la región nuestroamericana:
ARGENTINA 2012. Ley 26.743, país pionero en el mundo. Reconoció legalmente el derecho a la identidad autopercibida para que las personas trans tengan documentos con nombre y género a elección. El único requisito es el propio consentimiento.
COLOMBIA 2015. En ese año se exhortó al Congreso de la República a promulgar una ley de identidad de género que proteja los derechos fundamentales de las personas transgénero, lo cual no ha tenido ningún avance hasta el momento. Por lo pronto, lo que se consiguió fue el Decreto 1227, por el cual se agilizó el trámite de cambio de sexo en documentos públicos ante notarios, al cual pueden acceder, inclusive, los menores de edad, siempre y cuando sus tutores estén de acuerdo con la modificación en el registro civil y existan certificaciones médicas que establezcan la madurez suficiente del adolescente, sería necesario un respaldo legal.
BOLIVIA 2016. La ley N° 807, de Identidad de Género: Reconocimiento hacia y en las comunidades originarias.
PERÚ 2016. Reconoció el derecho a la identidad de género y la rectificación en los documentos. Sólo en la capital peruana viven alrededor de 22.500 mujeres trans, de las cuales un 89% no cuenta con un seguro de salud y un 70% no encuentra una salida laboral alternativa a la prostitución.
ECUADOR 2016. Aprobó la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles que permite cambiar en el DNI la información de sexo por la de expresión de género. Continúan existiendo ciertas restricciones que potencian la discriminación, como la existencia de una doble cédula.
URUGUAY 2018. Ley Integral Trans. Reparación estatal para todas aquellas personas trans víctimas de violencia; inclusión de información estadística, garantía de educación, vivienda y salud y la creación de cupos laborales en el ámbito público y en programas de capacitación.
CHILE 2018. Con la ley de Identidad de Género, los mayores de 18 años podrán registrar su cambio de sexo ante el Registro Civil, mientras que los menores que tengan entre 18 y 14, podrán hacerlo previa autorización de sus padres. Sin embargo, se criticó el hecho de que el Estado queda en deuda con la infancia trans. Niños y niñas también son sujetos de derechos, y por ende, también tienen derecho al reconocimiento de su derecho a la identidad.
BRASIL NO TIENE. Brasil no cuenta con una ley específica sobre la identidad de género. Según un estudio hecho por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra), Brasil es el país latinoamericano con mayor índice de transcidios. Entre 2016 y 2017 aumentaron un 15 por ciento.
PARAGUAY NO TIENE. Paraguay es uno de los países más restrictivos de la región respecto a los derechos de las personas trans. No existe actualmente ninguna legislación que permita cambiar la identidad en los documentos.
VENEZUELA. Actualmente no existe ninguna norma que legisle sobre la identidad de género. Lo más reciente es una sentencia del Tribunal Suprema de Justicia del 2017. Sin embargo, se establece también el análisis individual de cada caso, mediante un conjunto de exámenes médicos, psicológicos y psiquiátricos que demuestren la veracidad de la identidad sexual pretendida. Una mirada biologicista mantiene el orden de este sistema social.
Es interesante dar cuenta que el hecho de que exista un reconocimiento jurídico hacia los colectivos antes ignorados/olvidados no garantiza el igual reconocimiento a la ciudadanía. En este marco, se sigue sosteniendo una jerarquización en las relaciones sociales de producción (desde la binaridad hombre-mujer, rico-pobre, blanco-negro, primer mundo-tercer mundo) que se instala en la modernidad y que pretende levantar la bandera de la diversidad cultural desde la concepción filosófica y política imperial.
Que algunos de los Estados hayan reconocido la lucha y la resistencia de los colectivos LGTTTI con el posterior respaldo jurídico, no solventa los años de opresión y silenciamiento que vivieron, y viven quienes se resisten a ser lo esperado. De hecho, con el avance de la derecha en Nuestra América y la implementación de las recetas del Fondo Monetario Internacional, la monstruosidad civil atenta contra las sociedades, específicamente hacia los más vulnerables que se enfrentan peligros mayores. Necesariamente entonces, la comunidad LGBTTTI, por decidir no ser la norma, está destinada a hallarse entre las más afectadas cuando los regímenes represivos imponen restricciones a la sociedad civil.
Brasil, por ejemplo, es el país de Nuestra América donde se asesinan más homosexuales. Además, el país lidera el ranking mundial de homicidios de transexuales y travestis. En el 2018 hubo 179 muertes violentas, el peor dato de la última década. Esto significa que cada día en Brasil una persona LGBTI pierde la vida por causa de la homofobia o de la transfobia.
En ese contexto, el activista gay Jean Wyllys se convertió en el primer político brasileño refugiado en el exilio. A finales de enero reveló que temía por su vida y que renunciaba a su acta de diputado por las numerosas amenazas recibidas tras muchos años dedicados a la defensa de los derechos de la comunidad LGBT.
Este 14 de marzo de 2019 se cumplió un año del asesinato de la concejala y activista Marielle Franco. Las autoridades dicen que fue meticulosamente planificado durante tres meses. Los sospechosos son identificados como Ronnie Lessa (un oficial de policía militar retirado) y Élcio Vieira de Queiroz (un policía que fue expulsado de la institución). Marielle Franco se definía como mujer feminista, negra e hija de la favela. La socióloga asesinada a sus 38 años de edad, fue la quinta concejal más votada en las elecciones municipales de Río de Janeiro, en 2016.
En síntesis, resulta interesante pensar que la organización de la economía y la estructuración interna de una sociedad, da cuenta de una particular forma de propiedad y del control de los recursos de producción más significativos (Argumedo, 2009).
En el caso particular de Venezuela, la decisión política de actuar de manera disidente respecto a las reglas del Imperialismo, le trajo consecuencias que se manifiestas en las cuestiones económicas, alimentarias, sabotajes al sistema eléctrico, lucha por la administración de los bienes comunes como el petróleo y gas, intentos de generar caos social, migración inducida que desde los medios masivos de comunicación se utiliza para convence a lxs ciudadanxs de que el territorio que sentían propio ya no lo es.
La organización popular, la colectividad y la empatía que puedan mantener serán los insumos fundamentales para enfrentar a este sistema que interpreta la explotación y el saqueo como necesidad de ser.
Mucho de los prejuicios sociales que se dicen tradicionales, históricos o culturales, en realidad son patrones oriundos instalados por la colonialidad, el eurocentrismo y el patriarcado propios de la modernidad. Salirse de eso, es dolorosamente disidente.
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* Periodista especializada en cuestiones de género, columnista del programa La Marea (Radio Futura FM 90.5), redactora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón
