En el marco de la incorporación de 66 comedores de UTEP a la entrega de alimentos del gobierno nacional, tras meses de denuncias e intimaciones, Multimedio Trinchera dialogó con la coordinadora del CELS, quien repasó como fue este trayecto desde el inicio de la gestión libertaria.
Finalmente, el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello resolvió cumplir con la orden de la Justicia contencioso administrativa, e incorporó a 66 comedores comunitarios al programa estatal que brinda asistencia alimentaria. Si bien esto no significa la entrega total de los alimentos -puja que el gobierno mantiene desde el inicio de su gestión con las organizaciones sociales-, la resolución se presenta como un avance.
Aunque suene bastante descabellado, tras casi un año de mandato del gobierno de Javier Milei, la cartera encargada del bienestar social decidió finalmente cumplir con una de las demandas realizadas a través de diversos sectores sociales: la entrega de alimentos a los comedores comunitarios. En este caso, los 66 espacios integrados a los que el gobierno deberá asegurarle el presupuesto para alimentos están registrados por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Desde que inició la gestión actual, el presupuesto designado a la compra de alimentos se subejecuta tan solo en un 12%. Todo esto en un marco donde el plan económico giró en torno a un “enfriamiento de la economía” con una brutal devaluación y un congelamiento de los salarios, y en donde la pobreza, que ya se encontraba en un nivel crítico (43%), escaló a más del 50%.
Al mismo tiempo, con escasos argumentos como que “muchos de los comedores que figuraban dentro del programa alimenticio no existían”, entre otras acusaciones realizadas sin pruebas, el gobierno suspendió la entrega de alimentos a una gran cantidad de comedores. Desde ese momento, tanto UTEP como otras organizaciones intimaron al gobierno y a la ministra Petovello. “En casos como los comedores de la fundación Isla Maciel, por ejemplo, recibimos tres inspecciones y aún así nunca entregaron las tarjetas”, afirmó en ese sentido la abogada Coordinadora de la Clínica Jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Lucia de la Vega.
De la Vega, a través del CELS, acompañó las distintas instancias judiciales que realizó UTEP para llegar a esta resolución. “Este camino fue recorrido con la UTEP, con un primer amparo en febrero, y ese amparo tuvo una medida cautelar que salió recién en julio. Es decir, que la justicia le ordenaba al gobierno que implemente el plan de alimentación que ellos mismo decían que estaba vigente”.
“Ahí el gobierno nos empezó a decir que no cumplíamos con los requisitos que se habían presentado, entre los comedores de UTEP, la Poderosa y los del FOL”, aseguró la entrevistada, haciendo alusión a las diversas instancias de apelación a las que recurrió el gobierno para no ceder en un hecho tan básico como la entrega de alimentos.
No obstante, De la Vega aseguró: “Hemos ido demostrando que el gobierno no entregó alimentos, que solo hizo convenios con pocas organizaciones, estamos viendo que se les fueron desarmando todas las mentiras, y que tienen que cumplir”.
El motivo que hizo ceder a la gestión libertaria fue el carácter de ultimátum que presentó en esta última intimación el juez federal en lo contencioso administrativo, Enrique Lavié Pico, quien el último jueves le había dado el ultimátum a la cartera que dirige Pettovello de incorporar estos 66 comedores, o de lo contrario el Estado sería multado con una fuerte suma económica, sumado a un posible proceso judicial a la encargada de la cartera.
Así mismo, De la Vega destacó la labor del juez Casanello durante este proceso: “Han sido sumamente importantes las medidas tomadas por el juez en su momento, con relación a los galpones, en donde se evidenció que el gobierno tenía la comida sin entregar”.
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