Uruguay tiene un sistema de elecciones de voto obligatorio cada cinco años. Generalmente el primer año de gobierno es una “luna de miel” entre la nueva administración y el pueblo, salvo que se utilicen medidas de shock o sobrevenga una crisis. El segundo y tercer año se consolidan las políticas de gobierno, se empiezan a dar las pulseadas fuertes contra los sindicatos, gremios, cámaras empresariales.
Ya el cuarto año la campaña se empieza a delinear, los candidatos empiezan a marcar su perfil y competir en sus internas para poder llegar a los comicios bien posicionados. Obviamente esto es una pincelada de trazos gruesos con algunas generalidades alrededor de la historia uruguaya. La historia y la política no son mecánicas.
Lo que sucede en este período de gobierno ya muestra otro tipo de escenario. Primero la pandemia de la Covid-19 y aunque el gobierno no se movió ni un ápice de su plan de ajuste, le permitió extender su “luna de miel” con la sociedad. El relevamiento de personas en situación de calle en Montevideo –hecho por el gobierno y la ONU el 27 de julio- reveló, que había 3.907 personas en situación de calle; un aumento de 16% en comparación con 2020.
Sin embargo, aunque las encuestas de consultoras daban números interesantes para el propio gobierno, el blindaje mediático era (y es) abrumador; el pueblo organizado se montó en una campaña de recolección de firmas para derogar 135 artículos del buque insignia del proyecto neoliberal gobernante, la Ley de Urgente Consideración (LUC), y lo lograron con holgura.
La habilitación al referéndum cambia la correlación de fuerzas entre el gobierno y el campo popular organizado, inscribe un nuevo mojón en el calendario electoral (2022) e inaugura la campaña electoral tres años antes de éstas. Es que con este panorama no hay respiro ni tiempo para cavilaciones.
La derecha sabe que la cantidad de firmas logradas son un alerta amarilla para su gestión: 800.000 rúbricas en un país de tres millones no es algo para tomarse a la ligera, ni para subestimar.
La campaña contra los frenteamplistas
Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Oscar Andrade son las tres figuras que se proyectan como presidenciables dentro del centroizquierdista Frente Amplio. Si quedaba alguna duda, incluso para algunos frenteamplistas, la derecha despeja todo tipo de niebla al lanzar ataques con virulencia hacia dichas figuras.
Cosse y Orsi son los intendentes de Montevideo y Canelones respectivamente, dos de los departamentos más poblados de Uruguay y bastiones frenteamplistas. Andrade es senador de la República y referente del sindicalismo obrero y una de las caras más visibles de la campaña contra la LUC.
La campaña contra Cosse empezó apenas asumió el cargo de Intendenta en noviembre de 2020. Las críticas arreciaron en todos los medios de comunicación, se le otorgaban minutos a la oposición departamental prácticamente todos los días por cualquier tema que se imaginen: desde los contenidos de los programas de TV del canal municipal hasta el color con el que se pintan los semáforos.
Luego el turno fue de Yamandú Orsi. En la Junta Departamental de Canelones se discutió sobre un fideicomiso de 80 millones de dólares para reactivar la economía de dicho departamento, a través de obras y generación de empleo. Todo apuntaba a que el fideicomiso se aprobaba e incluso contaba con el voto de algunos ediles de la oposición (oficialistas en el gobierno nacional) pero abruptamente los votos desaparecieron.
Es que según declaraciones de los propios ediles de la Coalición Multicolor, fueron presionados desde el Ejecutivo nacional para que no votaran dicho fideicomiso. Lo que es claramente una operación para que la popularidad y la buena gestión de Yamandú Orsi no siga prosperando.
Sin embargo, ésto es también un dolor de cabeza para los dirigentes de derecha locales de Canelones. La Coalición Multicolor tiene diez alcaldías de treinta y ahora tienen que explicarle a sus votantes locales por qué no hay nuevas fuentes de trabajo en una economía cada vez más diezmada y que en el interior del país es donde más duro pegó.
La figura de Yamandú Orsi salió fortalecida, ya que más allá de mostrarse molesto por la situación, separó de manera sagaz el conflicto a la interna de Canelones y entre su intendencia y el gobierno nacional. A la interna siguió cosechando apoyos incluso de la oposición, a nivel nacional el gobierno lo puso en la palestra mediática. Una victoria pírrica del gobierno nacional.
El turno le llegó al senador por el Partido Comunista Oscar Andrade. Un programa de “investigación” y amarillista, encontró irregularidades en la falta de pagos de tributos del senador por su casa, que construyó él mismo en el departamento de Canelones en un balneario obrero y que por mucho tiempo no tuvo luz ni agua.
La deuda es una irregularidad, no configura delito y asciende a $98.000. El senador dona la mitad de su sueldo para su sindicato y cobra como un albañil, ya que él se considera como tal y entiende que la política no debe ser una forma de ascender socialmente sino que sirva para que la sociedad mejore.
La situación de Andrade no escapa a la de miles de uruguayos que deben tributos y se encuentran endeudados por el costo de tener un techo propio, tema que el Frente Amplio le hincó poco el diente, que lo debe poner en primer plano si pretende volver a gobernar en 2024. Este gobierno destinó presupuesto cero para un panorama complejo de por sí, donde la especulación financiera está por encima del derecho a la vivienda.
Manini ¿se desmarca?
La doble vara de la derecha, a esta altura, ya es hilarante. Un senador oficialista le debe al Banco República 10 millones de dólares siendo millonario y yerno de un magnate ruso. Pero las cámaras de televisión no concurrieron a su hogar.
De estos últimos dos casos (Orsi y Andrade) es que el senador y líder por el partido de ultraderecha Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos (general retirado, exjefe del Ejército), se desmarcó de las directrices del gobierno nacional pese a que forma parte de él. Sobre Canelones dijo que se perjudicaba al vecino de a pie con el no voto del fideicomiso y sobre Andrade dijo que “es un tema menor” para la repercusión que le están dando.
Manini Ríos empieza a marcar su perfil propio, porque es el líder indiscutido de su formación política y se proyecta como presidenciable para 2024. Es acérrimo defensor de la LUC, pero en cuestiones puntuales se posiciona en frente de su propio gobierno porque a la interna de la coalición su partido representa una derecha más conservadora, estatista y nacionalista y el partido de Lacalle es una derecha liberal, desestatizadora y globalista.
2022 queda a la vuelta de la esquina. El resultado del referéndum será un parteaguas y además un fiel termómetro de la gestión de gobierno. De ser favorable para las fuerzas del campo popular se le pondrá freno, en parte, al proyecto de saqueo de abajo hacia arriba con reminiscencias noventosas.
Por si quedaba alguna duda, el ex presidente y padre del actual mandatario, Luis Alberto Lacalle, declaró al diario El Observador: “la agenda que fijó el gobierno del 90 al 95 es la agenda que tiene el país.”
2023 es el año donde el Frente Amplio tendrá congreso nuevamente, luego de la reconfiguración urgente y necesaria de este 2021. Varios actores políticos y sindicales como Tamara García de la central única PIT-CNT y el propio Andrade, están planteando la reedición de lo que fue el Congreso del Pueblo en 1965.
Participaron 707 organizaciones de fábrica o barrios; de pueblos o departamentos; sindicatos, cooperativas, estudiantiles, profesionales, docentes, de trabajadores rurales y jubilados, , representados por 1.376 delegados. Así estuvo configurado el primero y único Congreso del Pueblo. La propuesta intenta que se emule uno de la misma magnitud y densidad, actualizado a los tiempos que corren.
Andrade, en una entrevista para el Colectivo Periferia, declaró que ese congreso debe hacer síntesis de las luchas populares, debe reunir a la mayor cantidad de fuerzas sociales, donde el planteo debe ser superador de lo hecho por el Frente Amplio, donde no se luche solo “en contra de” -un proyecto regresivo- sino que sea propositivo y que no se llegue a votar al Frente Amplio como “el menos malo”.
Por su parte la derecha liderada por Luis Lacalle Pou y su sector, el Herrerismo, intentan posicionarse de la mejor manera. Mientras tant,o el histórico Partido Colorado se desdibuja cada día más: el batllismo es una rémora que apenas pueden evocar. Los dos partidos menores de la Coalición, el Independiente y el de la Gente serán apenas testimoniales. Cabildo Abierto es el único que se presenta como contrincante a la interna.
La campaña ya empezó. 2024 está en los ojos de todas las fuerzas políticas. Si así estamos en 2021, ¿la campaña sucia, las operaciones y la grieta llegarán para quedarse en este aparente calmo Uruguay?
Artículo publicado originalmente en Periferia
