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Por Luciano Montefinale

“Yo pregunto a los presentes
si no se han puesto a pensar
que la tierra es de nosotros
y no del que tiene más”
Daniel Viglietti

Mientras Mauricio Macri firma el decreto 591/2019 que permite la importación de basura peligrosa –proveniente, principalmente, de Estados Unidos y Europa–, prohibida por diferentes leyes y decretos con más de veinte años de vigencia, ciertos actores con poder de direccionar los discursos –y de filtrarlos en sectores que se ven perjudicados por los mismos–, se escandalizaron por las declaraciones de Juan Grabois sobre reforma agraria, pusieron toda la maquinaria para censurar el tema y apuntaron los cañones contra el dirigente social y quien se animara a cuestionar el privilegio de ese 1% que vive a costas del 99% restante.

El debate postergado en la agenda política local

En Argentina los factores que imposibilitaron la discusión son varios y debemos remontarnos a la segunda mitad del siglo XIX, con la delimitación del territorio, la imposición del Estado nación a través del genocidio de los pueblos originarios y la concentración de las tierras robadas por terratenientes oligárquicos y empresarios extranjeros. Si consideramos que en 150 años esa concentración se ha agravado, provocando desplazamientos, modos de consumo dañinos, contaminación y una larga lista más de efectos contraproducentes para las mayorías, resulta más que necesario discutir la distribución de la tierra.

En 2015 y en el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas, 150 jefes y jefas de Estado definieron el acceso igualitario a la tierra como una meta clave para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y así cumplir tres de sus objetivos específicos: terminar con la pobreza, eliminar el hambre y alcanzar la igualdad de géneros.

En 2016, el informe “Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina” de Oxfam, afirma que Nuestra América es la región del mundo con mayor desigualdad en la distribución entre los grandes productores y el resto: el 51,19% de la tierra productiva está concentrada en el 1% de las explotaciones de mayor tamaño. Metiéndonos en las patrias chicas, Colombia encabeza el triste podio con más del 67% de la tierra productiva en manos del 0,4% de las explotaciones. En Argentina, el 1% posee el 35,93%.

La ONG utiliza el coeficiente de Gini para la tierra –en el cual 0 indica la mínima desigualdad, y 1 la máxima–, que arrojó que la desigualdad en el conjunto de la región es de 0,79, siendo 0,85 en América del Sur y 0,75 en América Central. En tanto, en Europa es de 0,57, en África de 0,56 y en Asia de 0,55.

Más allá de los números que por ahí tienden a alejarnos de la materialización y verdadera dimensión del problema, la extrema desigualdad, imposible de ser relativizada luego de este invierno donde gente murió en la calle –en un país con capacidad de distribuir para todes sus habitantes una porción de tierra donde erigir un techo y pasar las noches– y con hambre –en un país con capacidad de alimentar a una población mayor a la suya–. Básico, ¿no? Entonces, vale preguntarse si este atropello a la razón no está más ligado a un orden social feudal que a una democracia moderna.

La enorme asimetría entre los que tienen más y los que tienen menos, tiene vinculación directa con el modelo de explotación extractivista y depredador de los bienes comunes, específicamente en las actividades petroleras, mineras, forestales y el agronegocio, todas actividades que se expandieron significativamente en las últimas dos décadas.

Desde la década de los noventa, con la importación de modelos de producción y organización territorial, diseñados a la medida de las transnacionales, se impuso en el país uno de los mayores crímenes contra las comunidades y el planeta entero: el monocultivo, en general, y el de soja, en particular. En Argentina el 49% del territorio cultivado tiene soja.

Mención aparte merecen les campesines y pueblos originarios, que por resistir en territorio el saqueo mencionado, mueren a manos de un defensor de este orden establecido de repartición desigual de la riqueza.

–Dígame, Sociedad Rural, ¿sigue pareciendo un disparate discutir esto?

Este diálogo ficticio es meramente protocolar, los procesos revolucionarios que tiran por tierra estas injusticias no piden permiso para entrar a la historia.

Sumado al lobby eterno del agro para que nunca se hable de latifundio, es cierto, también, que el momento económico que atraviesa el país debido a la crisis autoimpuesta por la administración macrista, tiende a poner estas discusiones en segundo plano, y si a eso se le suma la cuestión electoral, sigue bajando escalones en el orden de prioridades.

Claro que en términos de soberanía urge sacarse de encima al FMI, pero vale discutir si vamos a pagar la deuda con los dólares de la explotación a las comunidades y los bienes comunes, o si vamos a “diseñar un modelo en el cual Vaca Muerta, el uso intensivo de agroquímicos, la deforestación, la minería a cielo abierto vayan quedando atrás.”, como afirma la Doctora en Economía, Mercedes D’Alessandro, en su nota “El Macri de Schrödinger”, donde agrega que es necesario incorporar las perspectivas de los feminismos y el ecologismo para tal tarea.

Para la prensa monopólica (¡Oh, como la tierra!) parece que hay tabúes que mejor ni tratar. Los falsos periodistas que operan con servicios de inteligencia, el sector del poder judicial que persigue opositores y, ahora, la distribución de la tierra.

Bienvenido el debate que corre el velo al principal núcleo de concentración del poder de quienes, en línea histórica, gobiernan desde siempre con las máscaras de la época. Comentario aparte merecen quienes perteneciendo al 99%, reproducen las censuras impuestas por el 1%. Es urgente y necesaria la distribución igualitaria de la tierra, es urgente y necesaria la desconcentración del poder que traba el desarrollo de la Argentina como país soberano.