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Etiqueta: #Senado

Betail SA, la posible pantalla detrás de Kueider

Betail SA, la posible pantalla detrás de Kueider

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

El senador apresado en el límite fronterizo de Argentina y Paraguay por transportar dinero no justificado comparte las acciones de una empresa criadera de pollos con varios bienes de lujo. Mientras tanto, los antecedentes de sus socios complican aún mas su situación.

El senador por Unión Federal, Edgardo Kueider fue hallado a fines de la semana pasada con más de 200 mil dólares no declarados cuando cruzaba desde la frontera de Argentina hacia la de Paraguay. Inmediatamente, el juez Humberto Otazu ordenó su detención y prisión domiciliaria durante 4 meses en un departamento perteneciente al Estado Asunción, Paraguay, sumado al pago de una fianza de 300 mil dólares.

Transcurridos algunos días del escándalo político, las diversas investigaciones han ido desencadenando algunos posibles vínculos empresariales que pueden llegar a dar respuesta a esa cantidad de dinero no justificada por parte de Kueider. El primer lazo fue hecho a partir del vehículo mediante el cual el senador, junto a su acompañante y secretaria secretaria Iara Guinsel Costa circulaban. Se trata de una camioneta Chevrolet Trailblazer 4×4 SUV modelo 2021, secuestrada durante el suceso, a nombre de Rodolfo Daniel González, socio del senador en Betail S.A.

Betail Sociedad Anónima es una empresa creada en 2019 para el ganado bovino, de la cual Kueider declaró poseer el 50% de las acciones. Esta tiene registrados como activos tres departamentos y dos cocheras en el edificio de lujo Live, en la ciudad de Paraná. Las mismas fueron adquiridas mientras Kueider ejercía como senador, según consta en registros judiciales y periodísticos. 

Por otro lado, el socio de Kuieder, González, trabaja para este como empleado en comisión de su despacho en el Senado. Al mismo tiempo que posee múltiples domicilios y actividades comerciales declaradas, figura como titular del vehículo (que además adeuda más de $3.6 millones en patentes desde 2021, según registros de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos); y es presidente de otras sociedades como Iceler S.A., Neopop S.A. y la Arrocera Los Colonos.

Para completar este esquema sospechoso, el edificio Live, donde Betail tiene sus activos, es propiedad de Claudio Torul, un empresario que fue detenido hace algunos años por pago de sobornos para obtener vigilancia privada, y es vecino de Kueider en el mismo complejo.

Por lo pronto, la justicia federal, junto a la de Concordia investigan a Kueider por posible lavado de activos en relación a la suma encontrada en conjunto con los inmuebles. Al mismo tiempo, desde el entorno del Senador intentan desligar a Gonzalez alegando que este “no tiene ninguna función”.

En torno al mapeo político, desde que el hecho sucedió, las distintas facciones se lo tiran encima unos entre otros. Nadie quiere hacerse cargo de Kueider, quien compuso listas para el Frente de Todos en 2019, pero luego ingresó al recinto parlamentario en 2023 mediante el partido Unión Federal, al mismo tiempo que, durante el transcurso del año, se aseguró “oficialista”, votando leyes gruesas como la Ley Bases.

En torno a ello, el bloque de Unión por la Patria, en donde se encuentra integrado Unión Federal, no mostró resquemores a la hora de pensar en la expulsión de quien llaman “traidor”, aunque el presidente de la Nación, Javier Milei, insista en tirar el “muerto” al peronismo todo. 

 

 

 

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Senado: La oposición llegó a un acuerdo y avanzó con la reforma jubilatoria 

Senado: La oposición llegó a un acuerdo y avanzó con la reforma jubilatoria 

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Contra el interés del oficialismo, las bancadas opositoras impulsan una norma que reemplace el sistema que rige actualmente. La nueva iniciativa busca una recomposición del 8,1%, modifica la fórmula y agrega una suba anual en el mes de marzo.

Durante el día de ayer, en el Salón Illia del Palacio Legislativo del Senado de la Nación continuó el debate sobre la reforma jubilatoria. Con la participación de un especialista en regímenes previsionales, la oposición logró un dictamen que ratificó el proyecto que durante el mes de junio, había sido aprobado en la Cámara de Diputados.

El sistema de jubilaciones que se encuentra vigente en este momento fue establecido por un DNU de Javier Milei presentado en el mes de marzo. En tanto, el proyecto que se debatirá bajo el nombre del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones plantea la combinación entre el IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con un ingreso extra del 8,1% para jubilados.

Tal resolución ratificó el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en el mes de junio, en un plenario donde confluyen las comisiones de Trabajo y Presupuesto, mientras que el oficialismo propuso su propia redacción. Ahora esta iniciativa podría llegar al recinto la semana próxima.

Para la obtención de tal acuerdo, desplegaron la misma maniobra que motorizaron los bloques dialoguistas en la Cámara baja, aunque con algunas excepciones. El dictamen de mayoría se compuso en el Senado por la totalidad de los integrantes de Unión por la Patria del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión, sumados a los radicales Martín Lousteau y, en disidencia, Pablo Blanco.

Uno de los radicales que dio indicios de firmar, pero que finalmente no lo hizo, fue Daniel Kroneberger, mientras quedó en suspenso la rúbrica de la senadora Mónica Silva, de Río Negro. Cabe recordar que tal provincia, al mando del gobernador Alberto Weretilneck, viene de ser beneficiada con la inversión de YPF y Petronas para la megaplanta de gas natural licuado (GNL), con el guiño del Gobierno.

En paralelo, el oficialismo con la voz del senador y titular de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, propuso un dictamen propio que cosechó pocas adhesiones, entre ellas la de dos radicales: Eduardo Vischi y Víctor Zimmerman, ambos en disidencia. Tal escrito contenía las principales modificaciones que fueron motorizadas por el Ministerio de Economía, tras las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, la semana pasada.

En tanto, el especialista que asistió a la reunión de comisiones del Senado, Manuel Mera, dijo que el cambio que necesita el sistema jubilatorio “es de fondo”, y además agregó que  “no se trata de una moratoria más o menos. Se trata de estudiar y modificar si fuese necesario la obligatoriedad de los 30 años de aportes para ser pasivo”.

Actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC):

Además del aumento del 8,1% que recompone la pérdida de enero en las prestaciones, el proyecto que obtuvo el apoyo mayoritario, pliega la fórmula al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para su actualización mensual y establece un aumento adicional una vez al año, en marzo, por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.

También, constituye que el haber mínimo será de 1,09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto, y acuerda que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales, así como también pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional.

Con respecto a los cambios principales que buscaban desde la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda, pasaban por la eliminación de los artículos 2, 4 y 10: pese a aceptar la recomposición del 8,1%, el Ejecutivo propuso que no fuera de carácter retroactivo, sino que su aplicación sea ejecutada posteriormente a la sanción del proyecto.

En cuanto a los artículos, el N° 2 del proyecto original, y sobre el que ahora acordaron el kirchnerismo y parte de la UCR, establece un aumento adicional una vez al año, en marzo, por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.

Finalmente, el artículo N° 4 fija que el haber mínimo será de 1,09 respecto del valor de la canasta básica total, mientras que el artículo N°10 obliga a cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y pagar las sentencias firmes.

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Ni vencedores ni vencidos

Ni vencedores ni vencidos

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

La frase dicha por Eduardo Lonardi al asumir como la cara visible de la autodenominada “revolución libertadora”, cobra más sentido para describir la jornada de este miércoles que por aquel entonces. El oficialismo debía sacar una ley como sea, con los artículos que sea, y, evidentemente, en las condiciones sociales que sea. ¿Realmente le garantiza el repunte económico y político?

El periodismo más paupérrimo y berreta que habita la Nación argentina se ha encargado de instalar durante los 6 meses que lleva la presidencia de Javier Milei que se “gobierna con las manos atadas” debido a su inferioridad de representantes legislativos y provinciales, ya que “no pudo sacar una sola ley”.

Entre medio, ignoran la propia incapacidad política del gobierno para hacer acuerdos, ignoran que el primer proyecto enviado trató de realizar prácticamente una reforma constitucional encubierta, con más de 600 artículos, e ignoran incluso que desde fines de diciembre gobiernan con un Decreto Nacional de Urgencia -aún vigente- que representa más de lo que cualquier presidente ambicioso podría aspirar a cambiar en medio año. Los resultados están allí a la vista: 10 puntos de pobreza aumentados en ese lapso, una indigencia bestial, y una sociedad que se autopercibe fuertemente deteriorada, más allá de la visión que aún tenga sobre el gobierno.

De esta manera, y con aprietes de por medio, como entregar lo que ya debía garantizar a los gobernadores provinciales (obra pública, coparticipación, etc), el oficialismo tiene su ansiada ley. Descascarada, por obvias razones, pero vigente, que sigue siendo más de lo que cualquier político optimista podría aspirar en 6 meses. 

Este lugar de victimización cuajado entre la narrativa del propio gobierno y medios de comunicación afines a sus intereses, o sorprendentemente inocentes, posicionaron a gran parte del aparato político en la posición de “demosle lo que pide, y ya no tendrá como excusarse en la casta política”. Porque si es cierto que, Javier Milei ya no podrá utilizar ese recoveco cómodo de víctima de “la casta y las ratas del Congreso” en donde estos no le dejan cumplir su humilde deseo de reformar a fondo la composición legal de la Nación y tener facultades delegadas. Ahora absolutamente todo será responsabilidad de él. 

Así se lo debería percibir desde que dejó de ser panelista de televisión para ser presidente, y más con un DNU que impactó de manera directa en los horrorosos números sociales que se miden a día de hoy. Pero esta narrativa, explicada anteriormente, le dio un aire de largo alcance (que comenzó a desgastarse en las últimas semanas). Lo expuesto entonces lleva a una conclusión: el gobierno tuvo una victoria política en la rama burocrática, pero a partir de ahora perderá una carta fundamental en su propio relato.

Ante este escenario, en la previa de lo que se sabía, sería una ley que en general sería aprobada (de no existir anomalías de último minuto), tanto militantes organizados como jubilados, estudiantes y manifestantes asistieron a la Plaza de los dos Congresos con una esperanza mínima de que la ley finalmente no salga. Las expectativas estuvieron puestas mayormente en lo que sucediera en las votaciones en particular de cada artículo; y el objetivo principal de mostrar el rechazo a una mega ley con artículos ya implementados anteriormente, que no solo no solucionan nada, sino que empeorarán la ya miserable vida de la mayoría de los argentinos.

Desde las primeras horas de la mañana/mediodía del miércoles, cuando puertas adentro del Senado comenzó el debate legislativo, se podían visualizar columnas de distintos movimientos sindicales, sociales y estudiantiles que concentraban en las inmediaciones de la Avenida 9 de Julio y Lima, con el objetivo de llegar hacia la Plaza de los dos Congresos. Mientras la movilización se desarrollaba con normalidad y sin sobresaltos, en las puertas del recinto se podía percibir la tensión entre las fuerzas de seguridad, conformadas por la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, y los grupos que merodeaban las tres direcciones valladas. Detrás de esto, camiones hidrantes, motocicletas y grupos policiales armados mostraban los dientes de lo que pocas horas después se convertiría en un anunciado operativo represivo.

Mientras la jornada transcurría con total normalidad, en el marco de una protesta que copaba la plaza y las inmediaciones sin mayores revuelos, el operativo de seguridad encarnó la orden de borrar del escenario a todo manifestante, y comenzó un operativo de avance forzoso sobre ellos, con métodos represivos como gases lacrimógenos y disparos de chorros de agua de los camiones hidrantes que más tarde se convirtieron en balas de goma. La imagen que se conforma cada vez que el parlamento discute leyes en contra de los argentinos no iba a faltar en esta ocasión, e iría escalando con el paso de los minutos y las horas.

Entre tire y afloje, para las 17 horas la Plaza de los dos Congresos ya se había teñido de campo de batalla, con las fuerzas armadas cada vez más adelante y los manifestantes cada vez más desplazados. Entre medio, un campo que tenía todos los condimentos: balas que iban, piedras que volvían, focos de incendio y detenidos. El operativo de la ministra Bullrich fue en búsqueda de cercenar el derecho constitucional de manifestarse y reprimir para luego acusar a los atacados como violentos ante su intento de persistir en el lugar y hacer uso de su derecho. Esto sería capitalizado de tal manera horas más tardes vía comunicados oficiales, en una búsqueda narrativa que complejiza aún más el futuro en este campo.

Para las 18 horas el repliegue de la manifestación era total. El absurdo operativo corrió el eje hacia la Avenida 9 de Julio, involucrando incluso zonas que estaban excluidas de los acontecimientos. “Es un absurdo operativo policial de quien ya es responsable de los 39 muertos de 2001 cuando ella era ministra, ¿Quién va a pagar todo esto?”, ironizó el Secretario General Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, en diálogo con el móvil de Multimedio Trinchera, cuando la movilización aún transcurría de manera ordinaria.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se volvió a teñir de trinchera en un día que se discutía cómo aprobar leyes que deterioren aún más la calidad de vida de los argentinos, con un desenlace negativo que ni siquiera pudo ser presenciado por la noche. No fue suficiente, no pudieron acallar las cacerolas que siguieron repudiando lo sucedido tanto adentro como afuera del Congreso tras ser aprobada una ley que entre otras cosas, garantiza el saqueo de recursos durante 30 años sin retorno, o le da facultades extraordinarias a un presidente que lejos de mostrarse preocupado por la alta indigencia pobreza y desempleo, asegura que no es su asunto, y disfruta destruir el Estado y por ende la propia Nación. 

Más preocupante aún es el comunicado lanzado horas antes de la aprobación de la ley por la Oficina del Presidente que confirmó una búsqueda narrativa que la última vez que fue utilizada terminó con la desaparición de 30 mil ciudadanos: “terroristas que buscan un golpe de Estado”. Así se refirió el Gobierno nacional a jubilados, trabajadores y estudiantes que previamente fueron expulsados de las calles mediante represión.

Ni vencedores ni vencidos. Los argentinos percibirán aún más degradaciones en el nivel de vida a partir de estos capítulos aprobados, pero el Gobierno también tiene un problema muy grande a partir de este acontecimiento parlamentario: confía en que la aprobación de esta ley es la garantía que necesita para que la economía repunte mediante inversiones. Se habla de esto casi como si fuese algo que se da de manera automática, cuando las leyes establecidas en el Régimen de Inversiones solo garantizan la activación de cualquier economía que explote los recursos argentinos, menos la de Argentina. 

Por otra parte, la imagen de “garantía de sostenibilidad” que busca dar el oficialismo hacia el exterior con esta ley quedó manchada con el fuego, balas y gases arrojados en una jornada donde además, la ley salió arañada por un voto desempate de la presidenta del Senado, Victoria Villaruel, y con extorsiones previas. Todo esto, tarde o temprano, terminará siendo un boomerang que vuelva con la misma fuerza para un Gobierno que ya perdió sustancial credibilidad ante los escándalos de corrupción descubiertos en el ministerio de Capital Humano. 

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Ley Bases en el Senado: Como se votó capítulo por capítulo

Ley Bases en el Senado: Como se votó capítulo por capítulo

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Luego de una maratónica sesión, que estuvo marcada por una fuerte represión fuera del Congreso, la Cámara Alta aprobó el paquete fiscal en general, y contó con 37 adhesiones y 35 rechazos. Las divisiones que sufrieron modificaciones o fueron rechazadas son Ganancias, Bienes Personales, RIGI, moratoria previsional y privatizaciones. La Cámara Baja de origen podría aprobar los cambios o insistir con la redacción original.

En una sesión marcada por la alta presencia y represión de las fuerzas policiales y de gendarmería en las inmediaciones del Congreso, tras casi 21 horas, el Senado de la Nación aprobó la Ley Bases, un proyecto impulsado por el oficialismo. Tras una primera votación que terminó en un empate de 36 a favor y 36 en contra, la vicepresidenta Victoria Villarruel ejerció su voto de desempate y garantizó el progreso del paquete legislativo. El Gobierno realizó múltiples concesiones para asegurarse una aprobación en general.

De esta manera, luego de la votación los senadores procedieron al debate en particular y al tratamiento del paquete fiscal, abordando capítulo por capítulo. En este proceso, se decidieron una serie de medidas que impactarán directamente en la economía, el ambiente y la gestión administrativa de Argentina.

 Capítulo por Capítulo: ¿Qué es lo que se votó?

El Capítulo 1, trato la Delegación de facultades para el mandatario libertario Javier Milei, allí el Senado aprobó la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, específicamente para Milei, con 35 votos a favor y 35 en contra, resolviéndose nuevamente gracias al voto decisivo de Villarruel. Este título permitirá al Ejecutivo actuar en materias de emergencia según lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Cabe destacar que los senadores santacruceños Natalia Gadano y José Carambia (que habían dicho que no darían quórum para la Ley Bases), se levantaron de sus bancas y se fueron del recinto luego de la aprobación de la ley en general.

Luego, en el Capítulo 2 se debatió sobre las Privatizaciones de empresas públicas. En este punto se discutió y aprobó la privatización de empresas públicas, excluyendo a entidades como Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, con otro desempate de Villarruel luego de dos empates sucesivos y en el que los senadores radicales Martín Lousteau y Maximiliano Abad votaron en contra. Cabe señalar que minutos después de terminar la sesión, mediante el Boletín Oficial, el Gobierno declaró la emergencia ferroviaria y gracias a esta Ley Bases, los trenes podrían privatizarse.

En tanto, el Capítulo 3 acaparó los Contratos y acuerdos transaccionales, en su votación hubo 37 votos a favor y 33 en contra, asegurando la aprobación de las mismas. Luego en el Capítulo 4 estuvo la Promoción del empleo registrado, que pese a las divisiones, se aprobó con 37 votos afirmativos y 33 negativos, luego de una segunda votación de ratificación.

Con respecto al Capítulo 5 se debatió sobre la Modernización laboral, allí el Senado la aprobó con 37 votos a favor y 33 en contra, destacándose la exclusión del Artículo 96 que deroga el estatuto del viajante detallado en la Ley N° 14546.

Luego sería el turno del Capítulo 6 abocado a Energía que con 37 votos a favor y 33 en contra, el Senado lo aprobó como parte fundamental de la Ley Bases y casualmente no tuvo cambios. De esta manera, se aprobó la desregulación del mercado energético, es decir, el fin de la prioridad al mercado interno, la libre exportación y el acople de precios locales con los internacionales

Otra discusión clave que trató el Senado fue el Capítulo 7, allí se debatió el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). La votación tuvo 38 votos a favor y 32 en contra, por lo que fue aprobada con el detalle que tuvo tres votos de Unión por la Patria, de los senadores Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés. El Gobierno hizo cuatro cambios, ya que se redujeron los sectores elegibles para entrar al RIGI, selección de proveedores locales, cobros de exportaciones y modificaciones en los VPU.

Con respecto al RIGI, en diálogo con Radio Trinchera, la economista Clara Razzu señaló: “Esta aprobación no nos garantiza el ingreso de valor agregado o de inversiones productivas que genere más empleo, nos garantiza la salida de recursos naturales”.

En cuanto a la Reforma previsional, tratada en el Capítulo 8, el Gobierno cedió ante la oposición y decidió eliminar el Título VIII, que establecía el fin de la moratoria previsional. Por consiguiente el Capítulo 9 trató las Medidas fiscales para el tabaco que obtuvo 33 votos a favor, 10 en contra y 27 abstenciones. Esta decisión se tomó tras la eliminación del capítulo 8, que versaba sobre la reforma previsional.

En la última etapa del debate legislativo, el Senado aprobó el Capítulo 10 que refiere a las Disposiciones Finales de la Ley Bases, enfocado en medidas fiscales. La votación registró 36 votos a favor, 32 en contra y una abstención, marcando el cierre de un proceso intenso de deliberación.

Por otro lado, particularmente la votación tuvo como sorpresa los temas de Bienes Personales (B.P), ya que luego de aprobarse por unanimidad el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, más el blanqueo de capitales, el título de B.P del dictamen de mayoría se rechazó con 37 votos contra 35 positivos.

Luego en la misma línea, se dio la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias que ya tenía como destino la derrota. Su votación dio 41 votos negativos contra 31 positivos. De esta manera, al oficialismo no le alcanzó con la exención del 22% dispuesta para las provincias de la Patagonia.

Finalmente, quedaron sentados los cambios extra en la reorganización administrativa del Estado, privatizaciones, la reactivación de la moratoria jubilatoria y el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Ahora, la Cámara baja tendrá la definición de su sanción, ya sea para ratificar lo avalado o insistir con la versión original.

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Con el RIGI peligra la soberanía ¿Cuál es la alternativa?

Con el RIGI peligra la soberanía ¿Cuál es la alternativa?

Eduard Paz
TIEMPO DE LECTURA: 8 min.

La política de saqueo, escudada bajo el Régimen Incentivo para Grandes Inversiones, busca fomentar la minería, la explotación de hidrocarburos y el agronegocio. Pese al respaldo del CEO de YPF, Horacio Marín, más de 50 organizaciones ambientales y diferentes políticos denunciaron la inconstitucionalidad de la norma. También el proyecto de ley GNL aparece como una variante ¿De qué se trata?

La aprobación del RIGI dentro del proyecto de Ley Bases, que se debate en el Senado, significaría una reversión del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1.993 (Ley N° 24.196). Según su escritura, busca incentivar inversiones a cambio de beneficios fiscales y garantías para las grandes empresas, pero la iniciativa tiene un objetivo específico: dar vía libre a los capitales extranjeros para entrar al país, explotar los recursos naturales y llevarse las ganancias, con beneficios fiscales y sin la obligación de generar trabajo local.

Asimismo, en la megaley libertaria, se especifica que el Régimen está destinado a la industria agropecuaria, forestal, minera, de gas y de petróleo, además de infraestructura, energía y tecnología. Entre sus beneficios más importantes están la reducción del impuesto a las ganancias en un 10%, retenciones cero a las exportaciones de las empresas inversoras, sin impuesto por la libre importación de maquinarias nuevas y usadas, y bienes de capital, no estarían obligadas ni a contratar proveedores locales ni mano de obra local, ningún requisito de compre nacional, sin requisitos para liquidación de divisas en el tercer año de la inversión.

Tales beneficios lo transforman en uno de los puntos más peligrosos de todo el paquete de leyes de la Ley Bases, ya que modificara mínimamente por 30 años el ADN de la Argentina, dejando a la soberanía de la Nación comprometida al especificar que cualquier norma y ley local o nacional es completamente nula.

Cabe destacar que hay dos artículos especialmente problemáticos: en el caso del artículo 163, que incluso el secretario de Energía admitió en el Senado que la redacción era “poco feliz”, el RIGI permite que el Gobierno nacional pueda imponer y llevar a la Justicia cualquier normativa contraria al régimen. Las provincias tienen normas específicas de control que no podrán ser aplicadas. 

El segundo artículo problemático es el 219, ya que ante controversias entre el Estado nacional y el inversor, Argentina cede soberanía jurídica y accede a que la controversia se dirima en un tribunal internacional y no en los tribunales argentinos, lo que significaría renunciar a la soberanía jurídica en pos de una instancia internacional como el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Por otra parte, las empresas no estarían obligadas a dejar las ganancias en Argentina, ni a comprar o vender en el mercado local. Además, una vez sancionada, ningún gobierno o legislación podrá derogarla, tal régimen está claro que beneficia a las empresas multinacionales.

Pese al riesgo que representa el Régimen a la Soberanía, el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, defendió el RIGI y enfatizó que “tiene que aprobarse” en el Senado para que pueda avanzar el megaproyecto para construir una planta de Gas Natural Licuado (LNG, por sus siglas en inglés). El integrante del Grupo Techint también advirtió que “sin RIGI no vamos a exportar 30 mil millones de dólares por año entre toda la industria” y aclaró que YPF podría alcanzar el 40% de esas exportaciones.

El posicionamiento de Marin no es casual, ya que va en línea con la idea del Gobierno nacional de dejar todo en mano de los extranjeros, incluso sostuvo, desde la ciudad de Nueva York donde le contó el Plan 4×4 de YPF a más de 100 inversores: “Hay que avanzar con este proyecto porque va a ser muy difícil conseguir capital”. Y agregó: “Necesitamos que vengan capitales”.

Frente a los dichos del CEO de YPF, el senador nacional Oscar Parrilli, señaló: “Lo que hacen con el RIGI es regalar Vaca Muerta. Es una privatización encubierta de YPF ¿Qué tiene que decir Nación sobre las concesiones provinciales?”. En tanto, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, sostuvo: “El RIGI es un esquema de coloniaje: da incentivos fiscales, beneficios cambiarios y no tiene en cuenta generar valor agregado nacional. Combinados, implican un enorme beneficio para los sectores extractivistas a costa del laburo y desarrollo argentino”.

El RIGI una herramienta de destrucción ambiental

Otra de las aristas que se desprende del Régimen es que aumentarían los proyectos extractivistas en la Argentina. En este sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la asociación de Abogados Ambientalistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Multisectorial Humedales, Asamblea Pucará, el Instituto de Salud Socioambiental, Fundación Cauce, Greenpeace, Fundeps, Capibara y Consciente Colectivo, entre otros, redactaron una carta que sostiene el peligro que representa tal medida.

“El RIGI profundiza este régimen de privilegio que ya tiene la minería hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las Provincias, en el caso del RIGI la aprobación del proyecto de ley Bases las incluye de manera compulsiva”, detalla la carta presentada por las organizaciones ambientales.

Al respecto, el diputado nacional por Salta de Unión por la Patria (UxP) y exministro de Economía provincial, Emiliano Estrada, mencionó: “Para qué queremos una inversión en litio si al tercer año no están obligados a liquidar y no pagan retenciones. No va a dejar dólares en el país y va en contra de toda la cadena de valor porque no habrá aranceles de importación”.

“El RIGI es la vuelta final del extractivismo, el ajuste de tuerca final para convertir a Argentina en un país sin soberanía sobre su territorio. Las provincias pierden control sobre los recursos naturales existentes en sus territorios como establece la Constitución. Por eso creemos que es inconstitucional”, declaró el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AADAA), Enrique Viale.

Además, el RIGI va en detrimento de la sanción futura de nuevas leyes ambientales. Por ejemplo, si Río Negro en un futuro decide dar marcha atrás con la ley que ahora habilita la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en el Golfo San Matías (que era un área protegida hasta que se modificó la ley provincial), el Gobierno nacional puede decir que esa marcha atrás va contra el RIGI y puede llevar a la provincia rionegrina frente a la Justicia.

Proyecto de ley del Régimen de Gas Natural Licuado (GNL): una alternativa que se asoma en el horizonte

Gran parte del peronismo en el Senado rechazará el RIGI y no buscarán hacerle modificaciones. Si bien se le podrían incluir modificaciones, como agregado de valor, desarrollo de proveedores, exigencias de I+D, o menores beneficios tributarios y cambiarios. Lo cierto es que eso hará que el proyecto vuelva a Diputados y al ser la Cámara Baja la originaria del proyecto, podrían decidir mantenerlo tal cual está, eso decantaría, para el campo nacional y popular, “la vuelta a un colonialismo del siglo XXI”, según definió la ex vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Bien se sabe que el rechazo no pasa por promocionar inversiones, sino porque el régimen no tiene ningún artículo de agregado de valor nacional. De esta manera, propondrán reflotar el proyecto de ley el régimen de promoción del GNL, para seguir adelante con el mega acuerdo de YPF y Petronas, la petrolera estatal de Malasia y darle el puntapié inicial a la industria del gas natural licuado en Argentina, allí, las inversiones podrían llegar a los U$S 30 mil millones.

En consonancia, el senador de UxP, Mariano Recalde aseveró: “Estamos más para un rechazo del RIGI que para un régimen de incentivo distinto”. En declaraciones a Futurock, agregó: “Nosotros proponemos volver a tratar la ley con beneficios para el GNL, que ya tuvo media sanción”.

Cabe recordar que en el lapso del gobierno del Frente de Todos (FdT) hubo propuestas de regímenes con beneficios sectoriales tales como: la ley de hidrocarburos, que llegó al Congreso y nunca se trató; la ley de litio apenas llegó a ser un borrador; y finalmente la ley de promoción del GNL, que en octubre del 2023 obtuvo media sanción de Diputados, le falta media sanción del Senado y mantiene estado parlamentario.

Esta iniciativa que busca ser reflotada, tiene como objetivo la licuefacción de gas natural con destino a la exportación a fin de aprovechar el recurso de Vaca Muerta e incrementar las inversiones. Además, tiene como meta incrementar la producción de GNL a gran escala, promoviendo la competitividad de su oferta y alentando su expansión, incentivando al desarrollo de toda la cadena de valor del GNL, así como la industria de bienes de capital asociada a ella, con el fin de fomentar el establecimiento de polos productivos y la generación de empleo nacional.

La ley GNL también tiene beneficios para grandes inversiones, pero sólo para este sector, y desde un mínimo de U$S 1000 millones, no U$S 200 millones como el RIGI. Además, sus retenciones no son de cero, sino móviles, según el precio internacional del GNL. No tiene acceso total al dólar, sino hasta el 50% de las divisas. Y tiene un artículo específico de integración nacional.

Esta es sin dudas una de las salidas o alternativas para generar inversiones del exterior sin avasallar nuestra soberanía. Además, es un plan que podría copiarse o amoldarse (con ciertas modificaciones), a las diferentes industrias de la Nación siendo un motor clave para el crecimiento del país, teniendo también en cuenta la protección ambiental y no avasallando las facultades de los gobiernos provinciales y locales.

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Eduard Paz

Proveniente del sur, me instalé en la ciudad de las diagonales. Fiel pensante que la política y el deporte van de la mano. Siempre me vas a tener al servicio de la comunicación del pueblo y su deporte.

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Redaccion Trinchera
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El oficialismo fracasó en posponer el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, y finalmente fue rechazado con 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones. En medio de las internas y los enojos, la Cámara Alta le dio un duro golpe político al presidente que ahora necesita del apoyo de Diputados.

En una sesión histórica, y en medio de una interna feroz dentro del oficialismo, finalmente el Senado de la Nación trató y rechazó el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei a finales del año pasado. La votación terminó con 42 votos negativos, 25 positivos y cuatro abstenciones. De esta manera, la decisión final queda en manos de la Cámara de Diputados, que si apoya el DNU (hoy vigente) permitirá la continuidad de las reformas que en él se incluyen.

El golpe político para Milei es fuerte y algunos sectores señalaron a la vicepresidenta y titular del Senado por el rechazo, ya que circulaba la certeza desde hace varios días de que la Cámara no lo avalaría. Pese a las presiones del núcleo duro del jefe de Estado, Villarruel incluyó al DNU en el temario oficial. Incluso ratificó la sesión del miércoles, luego de las amenazas que recibió en redes sociales y que fueron validadas por el mandatario con sus ya famosos “likes”. A eso se sumó el comunicado emitido por la denominada “Oficina del Presidente” que señalaba en duros términos a quienes impulsaban la sesión, incluida, de forma indirecta, la vicepresidenta.

Todo continuó horas antes de la sesión, en el momento que el (ahora) socio político de Milei, José Luis Espert, mencionó no saber si Villarruel jugaba en contra o no del DNU. “No sé por qué lo hizo. Habría que preguntarle a ella que piensa”, disparó. Otro de los que sumó fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, que realizó declaraciones en esa línea: “Podría haberlo evitado, pero la presión la hizo incorporar este punto”.

El debate en el recinto

La disputa en la Cámara Alta duró más de cinco horas y fue casi idéntica a lo ocurrido en la Cámara de Diputados durante el tratamiento de la Ley de Bases. La Libertad Avanza (LLA) dio el puntapié inicial con el senador Juan Carlos Pagotto, el riojano tuvo un tibio discurso en defensa del DNU y enfatizó en que el “DNU lo conocen todos y lo han estudiado todos de memoria”.

Además, apuntó contra el kirchnerismo por tener “memoria selectiva” por los más de 100 decretos que todavía están sin tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Según indicó Pagotto, la gestión anterior “emitió decretos que nunca se han tratado” y agregó: “Muchas veces, ni la bicameral se conformaba. Y afectan derechos de argentinos que hoy tienen vigencia”.

Luego, con la exposición del líder del PRO en el Senado, Luis Juez, la defensa del DNU tomó mayor volumen ya que a pesar de marcar sus diferencias con Milei, realizó un férreo mea culpa sobre el fracaso de la dirigencia política. A su criterio, eso motorizó el desembarco del libertario a la Casa Rosada y apuntó contra el kirchnerismo. “Ahora nos agarró un apego al republicanismo. Somos gendarmes de la Constitución”, lanzó Juez.

En la votación final, se destacó el rechazo unánime de los senadores del bloque Unión por la Patria (UxP), mientras que los seis representantes de La Libertad Avanza, junto a aliados del PRO y en tanto la Unión Cívica Radical (UCR) volvió a exhibir su fragilidad interna mediante las posturas que vertieron en el hemiciclo, finalmente respaldaron el decreto de Milei.

Sin embargo, no fue suficiente para lograr su aprobación, siendo determinantes los votos en contra de algunos senadores, entre ellos Martín Lousteau, dado que su posición contraria al decreto generó nuevas críticas tanto dentro como fuera del Senado. En este sentido, Lousteau realizó un discurso pirotécnico contra el DNU de Milei, y dijo: “Aquellos que se visten con Alfonsín, recomiendo que lo lean”.

“Hasta ahora los jubilados con la fórmula existente y en función de la inflación que incrementó el actual Gobierno, han perdido uno de cada cuatro pesos de poder adquisitivo”, indicó el senador porteño y agregó: “No solo eso, además anda circulando una modificación a la actualización que justo cuando va a beneficiar a los jubilados se la quiere cambiar, robándole un trimestre entero de ajuste, de tres meses de alta inflación”.

A su turno el jefe de bloque de la UCR, Eduardo Vischi, votó a favor. El partido replicó el mismo accionar que en Diputados, durante la votación en particular de la ley de Bases. Mientras tanto, los bloques federales y el kirchnerismo hicieron hincapié también en la inconstitucionalidad del mega-decreto y apuntaron en reiteradas oportunidades a Milei. Casi se repitieron “textuales” de los discursos que realizaron en las últimas intervenciones en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Finalmente, tras el resultado que no beneficia a las intenciones del Gobierno, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en Twitter (ahora X) que menciona en su inicio: “Lo acontecido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del Presidente. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 Decretos de Necesidad y Urgencia del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del Presidente Javier Milei a sólo 3 meses de su asunción”.

“Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno nacional y el cambio elegido por los argentinos”, señaló, al mismo tiempo que el escrito recalcó que el jefe de Estado “planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación”, agrega el escrito. “Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar”, sentenció.

Diputados y senadores apuran el tratamiento del DNU

Diputados y senadores apuran el tratamiento del DNU

Redaccion Trinchera
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Desde su oficialización, el mega Decreto del Gobierno Nacional desreguló sectores sensibles de la economía que hasta el momento arrojan un saldo de 50% de inflación tan solo en dos meses. Ahora, luego de haber negado rotundamente la ley “Bases”, los recintos parlamentarios se preparan para decidir si estas modificaciones quedan vigentes o si se anulan.

Tras el fracaso de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación, distintos actores políticos de sectores opositores presionan de manera pública al Gobierno Nacional para que el mega Decreto Nacional de Urgencia (DNU) emitido en diciembre del año anterior sea tratado en ambas cámaras. Desde las distintas partes alegan que superado el tratamiento de la “Ley de Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos”, aún el DNU vigente causa “gran daño” en el mercado debido a la desregulación de costos.

Desde hace semanas, el diputado nacional por Unión Por la patria, Leopoldo Moreau, hace hincapié a través de sus redes sociales en la necesidad de tratar debidamente el DNU en ambas cámaras; el resto de sus compañeros de bloque se manifestaron en el mismo sentido. Luego, durante esta semana, fueron el senador nacional Martín Lousteau, y el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, quienes le reclamaron directamente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que decida con urgencia a los representantes de la Comisión Bicameral Permanente de modo que el trabajo parlamentario comience.

La Unión Cívica Radical expresó a través de un comunicado que su principal preocupación es “la falla al sistema republicano y a la división de poderes”. “La decisión de no designar a los representantes de la Cámara de Diputados constituye una omisión inconstitucional que atenta contra la división de poderes y el régimen republicano de gobierno”, redactó la UCR en un comunicado firmado por Karina Banfi (vicepresidente del Bloque de Diputados), Eduardo Alejandro Vischi (presidente del Bloque de Senadores), Pablo Blanco (vicepresidente del Bloque de Senadores), Inés Brizuela y Doria (vicepresidente 1° Comité Nacional UCR) y Luis Naidenoff (vicepresidente 2do del Comité Nacional UCR), además de los nombrados Lousteau y Morales.

En esta línea, Moreau planteó abiertamente a sus compañeros disidentes que “tienen la llave para que el DNU que devasta la vida, la producción y el trabajo de los argentinos se caiga”, ya que “sus 13 senadores son decisivos”. “Los alquileres de locales comerciales están haciendo estragos en una actividad donde las ventas cayeron en picada y los aumentos de tarifas plenas de electricidad y fas os ponen al borde del cierre”, argumentó además, y sentenció que “no se trata de ir detrás del kirchnerismo ni de nadie, sino de ponerse junto a las necesidades de la sociedad”.

A diferencia de una ley o derogación de ley que se trate de manera convencional en ambas cámaras legislativas, el Decreto Nacional de Urgencia rige desde que es oficializado por el Poder Ejecutivo, y solo pierde efecto si es rechazado por ambas cámaras, a diferencia de un proyecto de ley, que debe ser aprobado por las dos para tener validez.

Ley de Alquileres: se garantizaron los cambios del Senado y se tratará en el recinto

Ley de Alquileres: se garantizaron los cambios del Senado y se tratará en el recinto

Redaccion Trinchera
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El oficialismo logró 41 firmas a favor del proyecto en revisión. De este modo se sostiene la vigencia de los contratos a tres años con ajuste semestral. Sin embargo, existen dudas sobre si el tema se incluirá en la próxima sesión.

En el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto de la Cámara de Diputados, el oficialismo logró imponer su mayoría sobre el proyecto de reforma de ley de alquileres aprobado la semana pasada por el Senado, allí se ratificó la vigencia de los contratos de un plazo de duración de 3 años y un esquema de ajuste semestral.

En este sentido, el oficialismo obtuvo 41 firmas a favor de la iniciativa en revisión proveniente del Senado. El proyecto se debatió en tanto que la postura de la oposición de insistir en la sanción inicial votada por la Cámara baja recibió el respaldo de 39 legisladores.

En paralelo, se desarrolló la reunión de las comisiones de Presupuesto, presidida por Carlos Heller, y de Legislación General, a cargo de Lucas Godoy, en el segundo piso del Anexo C de la Cámara Baja, las que lxs legisladorxs sólo podían aceptar las modificaciones o insistir con el texto original del proyecto, dado que se trata de una iniciativa girada a Diputados en segunda revisión, es decir, vuelve a esta cámara de origen luego de haber sido modificada por el Senado.

De todas maneras, la definición se dará en el recinto, en las que las fuerzas que no tienen representación en la comisión de Presupuesto, como la Izquierda, los libertarios o el socialismo y de Juntos Somos Río Negro, podrían inclinar la balanza a favor de uno u otro proyecto.

Con respecto a los dichos, desde el oficialismo, el diputado nacional del Frente de Todxs (FdT), Itaí Hagman, señaló: “Estamos frente a dos opciones pero el proyecto que aprobó el Senado es mejor del que salió de Diputados”, y celebró que “ya no se esté hablando de derogación porque eso iba a dejar desprotegidos a los inquilinos”.

A su turno el diputado del PRO, Pablo Tonelli, sostuvo que “la ley no dio los resultados esperados”, y adelantó que la oposición insistirá “con la sanción originaria de nuestra cámara”, que establece, según el diputado, que “el plazo mínimo sea de dos años, que los ajustes puedan hacerse a partir de los cuatro meses y que las partes tengan la libertad de elegir entre varias fórmulas o índices que propusimos. De ese modo, volveremos a una situación de mayor equilibrio”.

Cabe recordar que la reforma originaria, votada el 23 de agosto pasado en la Cámara Baja, establece que los contratos de alquiler deberán tener un plazo mínimo de 2 años, contra los 3 años que rigen en la actualidad. Además, que los ajustes se hagan cada cuatro meses y que las partes tengan la libertad de elegir entre varias fórmulas o índices el mecanismo a emplear.

Con fuertes cruces entre diputados y diputadas de la oposición y el oficialismo, la comisión debatió por casi dos horas en torno al tema. De esta manera, con números apretados, el oficialismo decidirá en las próximas horas si convoca a una sesión especial el próximo 11 de octubre, con el objetivo de poner a consideración los cambios incorporados por el Senado.

En su redacción original, aprobada en la Cámara baja, ambas partes debían convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, con contratos por dos años, o bien podían aplicar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). También podría ser una combinación de todos los índices mencionados.

Sin embargo, el proyecto votado la semana pasada en la Cámara alta salió con modificaciones, entre las que se estableció el plazo mínimo legal de locación en tres años. En paralelo se agregó que “los contratos de locación con destino” a vivienda deberán ser estipulados “en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.

Con respecto a los aumentos, en caso de que se aprueben las modificaciones que mandó el Senado, los alquileres van a actualizarse basándose en el índice Casa Propia, un indicador que se usa para calcular la actualización de las cuotas de los créditos hipotecarios Casa Propia y Procrear II. Dicha fórmula tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

Además, la iniciativa aprobada por el Senado incorporó un último párrafo sobre el Artículo N° 9, en el que determinó que “los ingresos provenientes de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”. En este sentido, también se modificó el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y se determinó que “los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec, y la variación del coeficiente de estabilización de referencia, publicado por el BCRA”.

Otros de los puntos acordados son las multas por rescisión del contrato fijadas de acuerdo al valor del alquiler al momento de entrega del inmueble. Además, que los inquilinxs y propietarixs pueden deducir del impuesto a las Ganancias el 10 % del monto anual del contrato de alquiler. Finalmente, la Secretaría de la Vivienda va a publicar informes estadísticos de oferta y demanda de viviendas.

Impuesto a las Ganancias: el oficialismo tendría los votos para aprobar el proyecto

Impuesto a las Ganancias: el oficialismo tendría los votos para aprobar el proyecto

Redaccion Trinchera
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El interbloque del Frente de Todxs tratará este jueves en el Senado el proyecto de eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias impulsado por Massa. La iniciativa, según se especula, contaría en la Cámara Alta con los 37 votos necesarios para lograr la aprobación.

El Senado prepara su recinto de sesiones para convertir en ley, este jueves 28 de septiembre, el proyecto de eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias que supo alcanzar a los trabajadores de salarios superiores a los $700 mil. La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, recibió media sanción en la Cámara de Diputados el martes de la semana pasada y ya cuenta con dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

La Cámara Alta tratará un paquete de temas entre los que se destaca principalmente la eliminación de ese gravamen para los salarios altos, el cual cuenta con los votos para ser aprobado, como sucedió la semana anterior en Diputados.

Con respecto a la votación, el oficialismo cuenta con el apoyo de otros legisladores para obtener el quórum y juntar los 37 votos necesarios para aprobarlo. El interbloque del FdT cuenta con 31 miembros y suma a Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega, todos senadores que tienen un monobloque. También se espera que voten afirmativamente los cuatro peronistas disidentes que conforman el bloque Unidad Federal, alineados con el gobernador cordobés, Juan Schiaretti.

La senadora María Eugenia Catalfamo confirmó que los cuatro senadores del interbloque van a dar quórum y, aunque no adelantó su voto, estaría claro que votarán a favor del proyecto, ya que antes firmaron el dictamen en la comisión.

Por su parte, Juntos por el Cambio (JxC) expresó su rechazo a la reforma y como sucedió en Diputados, sus senadores harán hincapié en que la iniciativa es “electoralista” y profundizará el desequilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, no será necesaria la presencia de los senadores del interbloque de JxC para iniciar la sesión y en caso de confirmarse este escenario, no podrán impedir que el proyecto se convierta en ley.

Además, algunos de los legisladores de la oposición en su momento cuestionaron que el costo fiscal de la medida podría afectar a las arcas provinciales y reclamaron la presencia de los gobernadores en el Senado para conocer qué opinan.

También como ya pasó la semana pasada en la Cámara baja, Massa y los referentes de la CGT y las dos CTA estarán presentes este jueves en el Senado para seguir la sesión. Al día siguiente, Massa será el único orador de un acto que organiza la CGT frente al Congreso para celebrar la aprobación de este proyecto y expresar su “absoluto apoyo” a “las leyes fundamentales de cambio de Ganancias, de Compra sin IVA y de empleo Mi Pyme”, confirmó la Central de cara a las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

Qué expresa el proyecto

La iniciativa fue enviada por el titular de la cartera de Economía, Sergio Massa, y busca la reforma del impuesto a las Ganancias al crear un nuevo impuesto sobre los ingresos mediante un monto equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27% al 35%, y que se actualizará de manera semestral en base a la evolución del SMVM.

Basándose en este esquema, los puntos principales del proyecto tienen como objetivo la creación de un nuevo “impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones de privilegio y otros”. De esta manera, todos aquellos que obtengan los mayores ingresos tendrán derecho a deducir únicamente, en concepto de mínimo no imponible, la suma equivalente a 180 salarios mínimos. En el caso de los mayores haberes a 15 salarios mínimos vitales y móviles, las alícuotas irán desde el 27% hasta el 35%.

Además, la iniciativa determina que se deberá considerar al comienzo del periodo fiscal el valor del SMVM vigente al 1 de enero y que la actualización será el primero de julio de cada año fiscal. También se prevé que las retenciones realizadas sobre los mayores ingresos netos percibidos durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del SMVM vigente en julio.

Por último, la iniciativa estipula que en el caso de los trabajadores en relación de dependencia y para jubilados y pensionados comprendidos en el impuesto que vivan en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones, en Buenos Aires, el mínimo no imponible se incrementará en un 22%.

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