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Balances positivos, independencia autárquica del Estado, construcción del GPNK y oleoducto trasandino, productor del valor agregado en energía, litio y crudo. Principal inversor en Vaca Muerta y Palermo Aike, principal generador de trabajo, pago de impuestos y mayor empresa en el país. Los únicos motivos encontrados para justificar la venta de las acciones son fake news, ya que no existe otro medio posible.

Los días se descuentan en el calendario previo a la asunción de Javier Milei, y la resistencia continúa en todo tipo de ámbito que supo sostener y cuidar el bolsillo de los argentinos. En este caso, como en tantas otras oportunidades, tocará repasar los balances que la petrolífera de bandera argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), ha conseguido en estos últimos años, sumado a algunas controversias que se dieron en torno a su recuperación en 2012.

Lo que comenzó como el descubrimiento de un pozo con “oro negro” en la localidad de Comodoro Rivadavia, Chubut, en 1907 y se confirmó en 1922 como patrimonio nacional bajo la tratativa de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, finalizó en 1993, cuando bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem se firmó el estatuto que impulsó la privatización de YPF. A partir de allí, quedó explicitado que si el Estado Nacional decidía recuperarla debía ofrecer a sus acreedores primero la compra de alguna parte, pese a que le liquide el monto de pago a Repsol, empresa que poseía los derechos de la petrolera. Este hecho finalmente sucedió en 2012, bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, pero nunca se abrió esta posibilidad a las accionistas minoristas Eton Park y Petersen Energía, ya que el poder ejecutivo no esperaría el permiso de quienes se colaron por detrás del negocio realizado con un capital argentino para, a partir de allí, poder tomar la decisión.

Esta explicación es y será importante durante las próximas semanas cuando los medios de comunicación instalen la posible privatización de la empresa híbrida en la opinión pública, y la misma se convierta de la noche a la mañana en experta en el tema. Mucho se hablará del juicio de Burford, el fondo buitre que entró a partir del vacío legal firmado por Menem a litigar y presionar en búsqueda de réditos económicos.

La producción de esta empresa no se refleja en ningún bien ni servicio, ya que está compuesta por un grupo de más de 350 abogados, y su ganancia se obtiene a través del litigio y futuro juicio, como es el caso del que ahora afronta YPF. En ese sentido, Burford “invirtió” en los derechos de litigio comprándole el 70% a Eton Park y Petersen Energía,  llevó la causa  a juicio con su equipo de abogados, y, al momento retiene tan solo el 30% de los derechos, ya que vendió el 40% restante a distintos fondos de inversión conforme avanzaba el juicio y subía de valor en la bolsa de comercio de Wall Street. Por esto mismo, la acción de YPF, que crecen de manera lenta pero constante en reflejo de su producción, dio un salto escalonado luego de la victoria de Javier Milei. Al entenderse de una posible venta, las acciones de especulación crecen ante la posibilidad de una futura riña entre grandes grupos de inversión para disputar la cacería. Las hienas “huelen sangre”.

En una primera instancia, la jueza dispuesta por la justicia de Estados Unidos, Loretta Preska, tomó los parámetros planteados por Burford, y condenó al Estado Nacional a la suma máxima prevista, tazada en 16 mil millones de dólares. Sin embargo, en las últimas horas, Preska afirmó que la Argentina no deberá depositar dicho monto, pero “ordena a Argentina aportar otros activos mencionados por los demandantes (acciones YPF, entre otros) como garantía para evitar embargos”. Que este suceso se haya dado horas después del triunfo de Javier Milei, se puede leer tal vez de la siguiente forma: ante la posible venta de la empresa, será más rentable para Burford asegurarse acciones u otros activos que podrían venderse en un futuro, a esperar un pago que no parece ser la intención momentánea del Estado Nacional. Es decir, un plato de entrada a la privatización.

No obstante, el re direccionamiento de la causa es aún muy joven como para adelantarse a las conclusiones. Lo que sí es seguro, es que, aún saldando la deuda de 16 mil millones de dólares, el brazo de protección que significa la empresa para el Estado Nacional por sobre los recursos es profundamente más valioso en contraposición de la modesta taza de derecho de exportación del 3% de las ganancias que rige sobre los minerales, acentuado en la constitución de 1994. Por ejemplo, la inversión de la empresa con interés nacional permitió la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), que permite exportar energía y ser productor primario de la misma para ahorrar en importaciones: solo en el segundo trimestre, cuando el GPNK se puso en marcha, se estimó que el gasto ahorrado en energía fue por 421 millones de dólares. En esa línea, para el 2024 se proyecta un saldo positivo (de mantenerse el GPNK, por supuesto) de 3 mil millones de dólares, según había informado el ministro de Economía, Sergio Massa.

Por si hubiese que agregar motivos del por qué es una pésima idea la venta de YPF, según informes de la Secretaria de Energía, los minerales de Vaca Muerta están tazados en 16 mil millones de barriles de petróleo, los cuales hoy solo son posibles de capitalizar para los argentinos con la inversión de la petrolera.

Las acciones de la misma en la bolsa de Wall Street además se deben a un hecho: los balances de los últimos años son los mejores de su historia. En 2022 marcó récord por 5 mil millones de dólares en ganancias. Respecto a 2023, tras el cierre del tercer trimestre con decrecimiento, aún se mantiene en una ganancia de casi 3 mil millones de dólares. Toda esta información está respaldada por fuentes como Infobae, el Cronista y los propios voceros de YPF en diálogo directo con Revista Trinchera. También gracias a YPF se finalizó este año el oleducto trasandino que permitió volver a exportar petróleo a Chile tras 17 años. Todo debido a la inversión en industria nacional, la cual Javier Milei plantea desfinanciar.

“YPF es una empresa privada cuyo accionista mayoritario es el Estado Nacional, no recibí recursos del Estado, es el principal pagador de impuestos de la Argentina es el  principal generador de empleo, es el principal generador de movimiento económico y la empresa más grande de Argentina; por donde lo mires el aporte que le hace a la Argentina es gigante”, aclararon además desde el equipo de comunicación de YPF para Revista Trinchera, ante las falsas difamaciones sobre un “mantenimiento” del Estado a la petrolera. La resistencia sigue e YPF se muestra como uno de los casos más ridículos y obscenos en la obsesión de Javier Milei de realizar un industricidio y subastar los recursos del país.