Diputados: se envió el paquete de reforma fiscal con cambios en ganancias y monotributo

Diputados: se envió el paquete de reforma fiscal con cambios en ganancias y monotributo

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

El Gobierno nacional envió al Congreso, con entrada por Diputados, el proyecto de paquete fiscal que incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias, Monotributo, Bienes Personales, moratorias, y prevé un blanqueo de capitales. El objetivo principal es dejar sin efecto la reforma aprobada a finales del año 2023.

A mitad de esta semana, el Gobierno nacional liderado por Javier Milei envió un paquete de reforma fiscal al Congreso y confía en que esta vez será aprobado. El punto más relevante de este proyecto marcha por la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. De aprobarse esta ley, el mínimo no imponible será de 1.8 millones de pesos para los solteros, mientras que para los casados con hijos será de 2.2 millones de pesos, con una primera escala del 5% en ambos casos.

En principio, el escrito oficial con entrada por Diputados, rechaza la aplicación de otros regímenes especiales sobre el Impuesto a las Ganancias, por lo cual pasará a llamarse Ingresos Personales. “Se establece que no resultan aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes –generales, especiales o estatutarias, excepto las contenidas en la ley del gravamen y en la antes mencionada Ley 26.176–, decretos, convenios colectivos de trabajo”, expresa el documento.

Para tales cambios el informe argumenta que “el sistema fiscal argentino registra una de las mayores tasas de presión fiscal en el mundo cuando se analiza el sector formal de la economía. La existencia de numerosos impuestos distorsivos dificulta y margina a muchos individuos, empresas y emprendimientos del sector formal”. “Eso derivó en un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de estas empresas, que perjudicó ampliamente la recaudación fiscal”, sostiene el proyecto.

De esta manera, la reforma fiscal propuesta por el Gobierno nacional incluye también la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, el impulso del Régimen de Regularización de Activos y las modificaciones al Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.

En consonancia, el proyecto impulsa la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, los nuevos pisos, actualizaciones y escalas del Impuesto a las Ganancias, la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor y la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

El objetivo del oficialismo es gestionar el proyecto la próxima semana en un plenario de comisiones, además de que sea discutido en paralelo con la Ley Ómnibus, ya que esta última será reflotada mediante un nuevo dictamen en base al texto que cayó en febrero. Este tiene más de 279 artículos y contiene las privatizaciones, las desregulaciones económicas y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). También está compuesta por la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, y la delegación de facultades al Ejecutivo.

Para lograr los votos en el Congreso (tanto en Diputados como en el Senado), el ministro de Interior, Guillermo Francos, encabezó una serie de reuniones con gobernadores dialoguistas, en principio estuvo con Claudio Vidal (Santa Cruz). Luego viajó a la capital santafesina para participar de la asunción del presidente de la región centro. Allí participaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y luego tuvieron un encuentro con el integrante del Gabinete.

Además, el ministro de Interior hizo acto de presencia en la provincia de Santiago del Estero y se reunió con Gerardo Zamora para afianzar un acuerdo legislativo para el Senado. El miércoles de la corriente semana, Francos recibió en su despacho a los diputados del bloque de Innovación Federal, que se compone de cuatro legisladores de la provincia de Misiones, tres de Salta y uno de Río Negro.

Los puntos más importantes del Paquete fiscal esbozado por Nación

En principio algunas de las modificaciones que plantea el proyecto Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes son: Impuesto a las Ganancias, allí, se elimina la eximición de la cuarta categoría y se establecen escalas, contemplando la ganancia neta imponible mensual acumulada. Asimismo se contempla que “los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir del año fiscal 2025, inclusive, por el coeficiente que surja de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior”.

Con respecto al “Blanqueo de capitales” quieren establecer un Régimen de Regularización de Activos para personas residentes y no residentes con un plazo hasta el 30 de abril del 2025, con la posibilidad de prórroga hasta el 31 de julio del 2025. Los individuos que pueden ser sociedades, “quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones”, detalla el Proyecto.

Sin embargo, no pueden participar funcionarios (ni sus familiares) del Poder Ejecutivo, Legislativo ni Judicial en órdenes nacionales, provinciales o municipales; tampoco personal diplomático, autoridades universitarias

En tanto a los “Impuestos de Bienes Personales” el proyecto propone la creación del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, que apunta a reducir la tasa máxima de 2,25% hasta el 0,45%. Asimismo, el primer pago no podrá ser de menos del 75% del total del impuesto y los contribuyentes que opten por adherirse al régimen “gozarán de estabilidad fiscal hasta el año 2038 respecto del Impuesto sobre los Bienes Personales y de todo otro tributo nacional”.

Por otra lado, el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, el informe plantea la derogación del Título VII de la Ley N° 23.905 que establecía “en todo el territorio de la Nación un impuesto que se aplicará sobre las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país”.

Por último, el documento propone dos regímenes, el primer de ellos es el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que tienen el objetivo de “garantizar a los contribuyentes y consumidores transparencia total sobre la carga tributaria efectiva que recae sobre los productos y/o servicios” se establecen una serie de consideraciones a discriminar en las documentaciones de las operaciones y se solicita que, en caso de ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios, se debe “indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado”.

Luego, está el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que buscará constituir un esquema “más eficiente para los contribuyentes y para el erario público”. En este sentido, unas de las consideraciones es establecer como primera categoría un tope para los ingresos brutos anuales de hasta $6.450.000, un patrimonio de superficie física de hasta 30 metros cuadrados, un consumo de energía eléctrica anual de hasta 3.300 KW y un piso de monto de los alquileres devengados de hasta $1.050.000. 


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El Gobierno lanza cambios en el monotributo: amplían derechos a trabajadores vulnerables

El Gobierno lanza cambios en el monotributo: amplían derechos a trabajadores vulnerables

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El Estado Nacional estableció una serie de cambios en el régimen de monotributo para el trabajador independiente promovido, con una reducción de las cargas obligatorias para que los trabajadores informales y vulnerables puedan acceder a la cobertura social.

El Gobierno nacional oficializó el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, y formalizó una serie de cambios en el régimen de monotributo para el trabajador independiente promovido. El Decreto 444/2023 publicado este martes 5 de septiembre en el Boletín Oficial resalta la reducción de las cargas obligatorias con el objetivo de que los trabajadores informales y vulnerables puedan acceder a la cobertura social.

De este modo el nuevo monotributo, consiste en una modificación del régimen previsto para el trabajador independiente promovido, es decir, personas que realizan actividades que no configuran una relación de dependencia, y que representan su única fuente de ingreso, sin capital propio y con la sola ayuda de los útiles y herramientas necesarias.

En un acto previo a las elecciones primarias, el titular del Palacio de Hacienda y candidato presidencial, expuso: “No vamos a esperar al 10 de diciembre para poner en marcha el monotributo productivo. A fin de agosto lo vamos a poner en marcha en un gran trabajo con todos los movimientos sociales, con un DNU. Lo primero que tenemos que hacer es darle a ese trabajador el derecho a una obra social, un seguro de riesgo de trabajo, aporte jubilatorio, porque tenemos que visibilizar para ponerlos en el circuito formal de la economía”.

El decreto de este martes establece que, durante los primeros 36 meses a la adhesión al régimen, sólo se pagará 1% de los ingresos brutos mensuales o el equivalente al 25% del aporte mensual al sistema previsional correspondiente, lo que resulte menor. Tras el vencimiento del plazo, la cuota de inclusión social aumentará a 2,25% de los ingresos brutos mensuales.

Con respecto a les trabajadores que se enmarcan en la norma, se encuentran aquelles que elaboran o transforman materias primas en la vía pública o en la casa del trabajador, es decir, sin un local estable. Algunas de las actividades contempladas son: acopiadores, agricultores, artesanos, albañiles, apicultores, arrieros, canasteros, cementistas, changadores, chapistas, costureros, cocineros y cuidadores de vehículos.

Además, podrán acceder a dicha norma: dibujantes, enfermeros, esquiladores, floricultores, jardineros, lustradores, leñadores, pequeños productores agropecuarios, pintores, serenos, zapateros y vendedores ambulantes, entre otros. Cabe destacar que en este régimen, las personas están exentas del pago del impuesto integrado y sólo se contempla el pago de una cuota del cinco por ciento mensual de lo facturado mensualmente que se destina a cuenta de los aportes jubilatorios. Además, de forma opcional, podrán realizar un aporte para acceder a una obra social.

Por otro lado, la iniciativa señala que una vez finalizado el año, les trabajadores cuyas cuotas hayan resultado inferior al aporte mínimo anual de jubilaciones, tengan la posibilidad de pagar la diferencia para ser considerados aportantes regulares. A partir del decreto de hoy, dicha diferencia, será financiada por el Ministerio de Desarrollo Social en el caso de aquellos trabajadores que estén inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP).

Del mismo modo, el régimen será compatible desde ahora con los programas de carácter alimentario de Desarrollo Social. Anteriormente la medida no permitía su acceso a aquellos trabajadores que “perciban otros ingresos de cualquier naturaleza”.

Si bien la norma impide la adhesión a aquellos trabajadores que obtuvieron ingresos brutos superiores a la suma máxima prevista en la Categoría A del monotributo, la ley estipulada de hoy permite el “diferimiento del pago de parte de las cotizaciones” a las que se encuentran obligados los contribuyentes que, si bien reúnen las condiciones de vulnerabilidad previstas por el esquema, poseen ingresos que superan la suma máxima de la Categoría A, pero son inferiores a los de la Categoría B.

Con respecto a los considerandos, los cambios remarcan y buscan “otorgar a más personas trabajadoras la posibilidad de incorporarse al circuito formal de la economía y promover la igualdad de oportunidades mediante el goce de prestaciones de la seguridad social”. Asimismo el documento oficial anticipa que esta medida será “reforzada con las propuestas que oportunamente elevará el Poder Ejecutivo” en el proyecto de ley del Presupuesto 2024.

AFIP: Nuevo reintegro para monotributistas y autónomos

AFIP: Nuevo reintegro para monotributistas y autónomos

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La Administración Federal de Ingresos Públicos devolverá $1.345 millones de pesos a más de 649 mil pequeñes contribuyentes. El beneficio será para quien haya pagado en tiempo y forma su cuota mensual. En ciertos casos será de hasta un 50%.

El nuevo reintegro de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será de un monto superior a los $1345 millones de pesos para aquelles monotributistas y autónomes que abonaron durante 2021 sus obligaciones por débito automático o tarjeta de crédito. El beneficio al cumplimiento comprende a más de 649 mil pequeñes contribuyentes de todo el país: 557 mil monotributistas y 92 mil autónomes. La cantidad de pequeñes contribuyentes que recibirán el pago este año es un 62% superior a la de 2021. 

La medida que lleva a cabo la administración que encabeza Mercedes Marcó del Pont, consiste en la devolución de una porción del componente impositivo abonado a lo largo del año. Les beneficiaries recibirán un importe equivalente al impuesto integrado mensual y el pago será acreditado automáticamente en las cuentas bancarias o tarjetas de crédito adheridas como medio de pago por cada une de les contribuyentes cumplidores.

Les contribuyentes que hayan iniciado la actividad el año pasado y ante tal caso no hubieran abonado 12 meses completos tendrán la devolución del 50%, siempre que la cantidad de cuotas pagadas en término fueran entre seis y 11, ambas inclusive. El monto acreditado, o los motivos por los que no se realizó el reintegro, podrá consultarse con la clave fiscal en el servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomes (CCMA).

La AFIP además aclaró que les pequeñes contribuyentes que deseen adherir al débito automático pueden obtener información de cómo hacerlo en sus servicios web. A su vez el reintegro para monotributistas y autónomes se suma a otros beneficios puestos en práctica en los últimos meses como la moratoria y la condonación de deudas hasta cien mil pesos, contenidos en la ley de alivio fiscal, herramientas que usaron más de 857 mil pequeñes cooperantes.

Por otra parte, el organismo habilitó en diciembre pasado la absolución de deudas prevista en la ley de alivio fiscal. De esta manera les contribuyentes pudieron solicitar el beneficio para regularizar obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social vencidas al 31 de agosto de 2021. El perdón fiscal incluyó los intereses resarcitorios, punitorios, multas y sanciones. También incorporó beneficios para les cooperantes cumplidores y la implementación de procedimientos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones resultantes de los procesos de fiscalización.

Por último, la absolución de deudas la pudieron solicitar entidades y organizaciones sin fines de lucro como clubes de barrio, cooperativas de trabajo y escolares, bibliotecas populares y organizaciones comunitarias. También abarcó deudas inferiores a cien mil pesos de monotributistas de micro y pequeñas empresas que cuentan con el Certificado MiPYME, y otros pequeños contribuyentes.

Los movimientos sociales respaldaron la propuesta del Gobierno para un nuevo monotributo

Los movimientos sociales respaldaron la propuesta del Gobierno para un nuevo monotributo

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Dirigentes de organizaciones sociales y políticas respaldaron la iniciativa del Gobierno Nacional para “formalizar” a los trabajadores y las trabajadoras de la economía social, a través de la creación de un nuevo monotributo destinado a ese sector, que les permitirá tener las mismas prestaciones que un trabajador formal, en materia previsional y de salud, entre otros beneficios.

“Unos 4.5 millones de habitantes de nuestro país están en la economía popular y trabajan mucho, es hora que ese trabajo se reconozca como tal”, celebró Gildo Onorato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y dirigente del Movimiento Evita.

Onorato destacó que el presidente Alberto Fernández haya escuchado sus necesidades y lo haya volcado en un proyecto de ley sobre el que hoy trabajan varios Ministerios y la AFIP, y dejó claro que esa iniciativa va en el sentido de lo que sostiene su agrupación de que Argentina requiere que el crecimiento económico sea “de abajo hacia arriba”.

Esta semana, el Gobierno nacional anunció que trabaja en un proyecto para llevar al “circuito formal” a los trabajadores de la economía social, a través de su registro como monotributistas productivos, lo que implicará facilidades en el pago de las cargas durante los primeros años y acceso a jubilación y cobertura de salud.

Según Onorato, el “monotributo inclusivo absorbe medidas que los movimientos populares venían demandando para la reconstrucción de la relación fiscal y financiera del cooperativismo y el mutualismo” con las instituciones y también de la “compra estatal a las cooperativas”, que termina mejorando además la actividad comercial de esas pequeñas unidades de negocio.

Rafael Klejzer, director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social y referente del Movimiento Popular La Dignidad, destacó también la iniciativa al considerar que es un “reconocimiento estatal de la condición de laburantes de aquellas personas que, descartadas del mercado laboral, se inventan un trabajo para resolver la materialidad de su vida”.

Según dijo, la iniciativa “viene a restaurar derechos negados por la economía de mercados, que no puede ni quiere resolver el problema del trabajo”.

En tanto, para Luis D´Elía, secretario general de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) y presidente del partido MILES, el “monotributo social” implica “subsidiariedad al trabajo comunitario y cooperativo” y marca un “camino al salario básico y universal”.

Eduardo Montes, presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FETRAES), también se expresó y dijo que “los trabajadores de la economía social y popular empiezan a dejar la informalidad con este proyecto” y agregó: “Creemos que esta política apunta a reconocernos como lo que somos, trabajadores”.

“Es hora de que empecemos a entender que la economía social; las cooperativas de trabajo y fábricas recuperadas, los emprendedores y emprendedoras, los compañeros de la agricultura familiar, los que iniciaron una olla popular en pleno macrismo y hoy trabajan en transformar esa organización en emprendimientos productivos para sus vecinos; todos estos sectores representan una alternativa real para reactivar la economía de nuestro país”, subrayó.

El Gobierno nacional anunció que trabaja en un proyecto para llevar al “circuito formal” a los trabajadores de la economía social, a través de su registro como monotributistas productivos

Desde la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el diputado Juan Carlos Alderete (FTV-CCC) dijo que la medida también “ayuda para que pymes y micropymes puedan incorporar a trabajadores de los planes sociales a la formalidad”, al tiempo que ratificó que “siempre es positivo transformar el trabajo informal o precarizado en empleo registrado”.

Nahuel Beibe, secretario general del Movimiento Martín Fierro, también manifestó su apoyo a la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional “para fortalecer al sector”, pero dijo que necesitan “más impacto para multiplicar el trabajo, incorporando a esos trabajadores masivamente en la obra pública, la construcción de viviendas populares y la producción de alimentos en tierras públicas”.

Ángel Lito Borello, coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes y secretario de DDHH de la UTEP, valoró este instrumento que “mejora los derechos de lxs trabajadores que son empujados a la informalidad y al descarte” y dijo que siguen “reclamando ser parte del diseño de las políticas públicas que fortalezcan la economía popular y a sus organizaciones, para una mayor integración popular en el proyecto de país” al que aspiran.

Desde Barrios de Pie-Libres del Sur, la dirigente Silvia Saravia, aportó su mirada y dijo que “regularizar al sector es importante”, en tanto que Gastón Harispe, diputado del Parlasur (FTV-PJ) y responsable del Movimiento Octubres, consideró que el proyecto del Gobierno “es imprescindible para avanzar en formalizar a trabajadoras y trabajadores para poder facturar y vender productos, tener derecho a jubilarse, créditos, beneficios sociales como jubilaciones y obra social”.

“Es avanzar para volver a la experiencia peronista de trabajo digno que nuestro pueblo necesita. En un mundo donde la exclusión avanza y los trabajadores son descartados por mayor productividad y ganancias con poca mano de obra, el trabajo es el eje de la disputa entre países”, completó.

Finalmente, desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Agustín Suárez dijo a Télam que “la informalidad en el sector rural es muy amplia e histórica” y que por esa razón desde su agrupación junto a la Mesa Agroalimentaria Argentina vienen “reclamando hace tiempo que vuelva el Monotributo Social Agropecuario a costo cero”.

“Monotributo que antes del Gobierno de Mauricio Macri estaba y servía, no es ni va a ser algo que solucione el problema de la informalidad en los trabajadores pero es un primer paso para dar acceso a la salud, a obra social, para facturar, aportar a la jubilación a trabajadores informales”, advirtió.

Artículo publicado originalmente en Telam

Marcelo Cena
Marcelo Cena

Trabajador de Prensa en diversos medios. Militante de la vida Peronista. No soy neutral.

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