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El reciente informe de la Federación de Inquilinos Agrupados, que se difundió tras conocerse el dato del 52,9% de pobres en el país proporcionado por el INDEC, resalta que más de la mitad de los arrendatarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En el contexto de incrementos sostenidos en los costos de vivienda ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan los hogares que deben alquilar?

El panorama que atraviesan los inquilinos en Argentina se vuelve cada vez más complejo, según arrojó el reciente estudio de la Federación de Inquilinos Agrupados. En este sentido, el informe detalla que la situación económica de quienes alquilan en el país es alarmante, ya que el 80% de los inquilinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Tras conocerse el dato del 52,9% de pobres en el país proporcionado por el INDEC, la Federación de Inquilinos Agrupados puso en relieve las dificultades que enfrentan los arrendatarios, especialmente en un contexto de incrementos sostenidos en los costos de vivienda.

El análisis de la federación reveló que, en promedio, el 44,5% de los ingresos de los hogares inquilinos se destinan exclusivamente al pago del alquiler, sin tener en cuenta impuestos y servicios públicos, y deja muy poco margen para cubrir otras necesidades básicas. Este porcentaje asciende al 49,8% para aquellos contratos firmados después de la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

Además, el informe señaló que uno de cada cuatro inquilinos tuvo que mudarse en los últimos tres meses debido a la imposibilidad de afrontar los nuevos valores de alquiler, que han sufrido aumentos significativos. Lo alarmante de esta cifra es que experimentó un marcado aumento, ya que en el mes de junio el porcentaje de personas en esta misma situación era del 15%.

El estudio de Inquilinos Agrupados revela que el 92% de los inquilinos encuestados que se vieron obligados a mudarse lo hicieron bajo condiciones contractuales fuera del marco de la Ley de Alquileres. Este dato deja al descubierto las irregularidades que predominan en el sector inmobiliario, especialmente en el contexto de la aplicación del DNU 70/2023, que modificó algunos aspectos fundamentales de la legislación vigente.

En tanto, la situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es aún más crítica, ya que los inquilinos que firmaron contratos en 2024 bajo el nuevo decreto pagan hasta un 35% más que aquellos cuyos contratos están regidos por la Ley de Alquileres. Este fuerte incremento en los precios ha generado un creciente malestar entre los arrendatarios, quienes ven sus ingresos cada vez más comprometidos por el costo de la vivienda.

A modo de ejemplo, los datos del informe muestran que, en enero de este año, el precio promedio de un alquiler para una vivienda de dos ambientes a nivel nacional era de $121.017. Dos meses después, ese valor había escalado a $161.113, lo que representaba un aumento del 33% en apenas 60 días. Y para el mes de junio, la cifra alcanzó los $217.424, un 35% más que en marzo.

Este galopante aumento en los precios generó un escenario en el que, para muchas personas, mantener el contrato de alquiler se volvió insostenible. Como resultado, cada vez más inquilinos se ven obligados a negociar condiciones contractuales más cortas y a aceptar aumentos de precios en períodos cada vez más cortos.

Cómo se calcula la canasta de pobreza inquilina

Un punto importante que resalta el informe es el de la denominada “canasta de pobreza inquilina” que ascendió a $943.390,64. Este cálculo toma como referencia los datos de la Canasta Básica Total (CBT) del INDEC y los cruza con el costo del alquiler de un departamento de dos ambientes y las expensas.

Por ejemplo, en un hogar de tres integrantes, la CBT se estimó en $615.704,64 para marzo de 2024, mientras que el alquiler de un departamento de dos ambientes alcanzó los $241.561 y las expensas los $86.125. En total, esto eleva la «canasta de pobreza inquilina» a $943.390,64.

El porcentaje de pobreza varía en función de la cantidad de personas que habitan en un hogar. Si bien en hogares unipersonales el porcentaje de pobreza baja al 72%, en hogares de tres personas asciende al 80%, y en los de cuatro personas llega al 88%. Este incremento en el porcentaje refleja el desafío que enfrentan los hogares más numerosos, que deben destinar una proporción aún mayor de sus ingresos para mantenerse por encima de la línea de pobreza.

Dificultades para afrontar el pago del alquiler

Otro dato preocupante que arroja el informe es la creciente dificultad que enfrentan los inquilinos para pagar sus alquileres. Más del 80% de los encuestados identificó la situación de la vivienda y la evolución de sus salarios como sus principales fuentes de preocupación. El 42,2% de los inquilinos manifestó que espera tener dificultades para pagar el alquiler en los próximos meses, mientras que el 46,7% señaló que tal vez se vea en esa situación. Solo un 12% de los encuestados confía en que no tendrá problemas para cubrir estos gastos.

Además, el 64,6% de los hogares inquilinos tiene deudas de algún tipo, lo que agrava aún más su situación financiera. El informe también destacó que el 5% de los inquilinos está desempleado, y que la gran mayoría (80,3%) se encuentra en búsqueda de empleo, lo que sugiere una profunda relación entre las condiciones laborales y las dificultades para acceder a una vivienda digna.

Contratos de alquiler más cortos: una tendencia en aumento

El relevamiento dejó en evidencia que, tras la implementación del DNU 70/2023, los contratos de alquiler de tres años han pasado a ser la excepción. Solo el 7,2% de los inquilinos firmó contratos por este plazo, mientras que la mayoría opta por acuerdos más cortos. Los contratos de duración igual o menor a un año representan el 17,1% de los casos, y los de entre uno y dos años son los más frecuentes, ya que alcanzan el 59,9%.

Esta tendencia refleja la creciente incertidumbre en el mercado inmobiliario, donde tanto propietarios como inquilinos prefieren no comprometerse a largo plazo debido a la volatilidad económica. En este sentido, el 94,8% de los contratos firmados después del decreto contempla aumentos en los precios de alquiler cada seis meses o menos, lo que contrasta con las actualizaciones anuales previstas por la Ley de Alquileres.

Por último, el estudio puso de manifiesto la fuerte conexión entre las condiciones laborales de los menores de 25 años y las exigencias del mercado inmobiliario, ya que para muchos jóvenes que intentan emanciparse, las barreras son enormes.

Algunos de los requisitos que dificultan el acceso a una vivienda son recibos de sueldo que tripliquen el valor del alquiler y la antigüedad laboral, todo lo cual retrasa la independencia de las nuevas generaciones. En promedio, la edad de emancipación se sitúa entre los 26 y 30 años, según los datos relevados.