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Mediante un decreto, el Gobierno Nacional le puso fin a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y uno de los argumentos fue que ese tipo de investigaciones corresponden al Poder Ejecutivo. Entre los diferentes repudios, Axel Kicillof condenó al oficialismo por sus “constantes ataques a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

Este miércoles el Gobierno nacional a cargo de por La Libertad Avanza (LLA) decidió, de un plumazo, disolver la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada formalmente en 2004 para localizar bebés apropiados por la última dictadura militar. De esta manera, CONADI ya no contará con su Unidad Especial de Investigación (UEI), por lo que no podrá conducir pesquisas ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda que las Abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante hace 47 años, de manera ininterrumpida.

Mediante el decreto 727/2024 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno derogó el decreto que le dio origen formal a la Conadi. En los argumentos, el Gobierno planteó que corresponde al Ministerio Público Fiscal llevar adelante este tipo de investigaciones, las cuales quedan fuera de la órbita del Ejecutivo. Con ese criterio, por ejemplo, no habría existido la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), creada en 1984 por un decreto del gobierno de Raúl Alfonsín y que elaboró el informe Nunca Más.

Específicamente uno de los objetivos del nuevo decreto es derogar otro decreto, pero de 2004, que había creado la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”, que desde entonces funciona bajo la órbita de la Conadi, ésta última creada por la Ley 25.457 de 2001.

El argumento de Milei y Cúneo Libarona para impedir la continuidad de las tareas (eliminando la Unidad Especial de Investigación de la Conadi) es que se le ha dado “a un órgano de la administración nacional facultades de investigación, por iniciativa propia para la individualización de los responsables de posibles hechos criminales”, dándole “potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal”.

Casualmente, el escrito lleva las firmas sólo del Presidente y su ministro amigo, algo que no pasa con los decretos en general, ya que suelen llevar las firmas de todo el Gabinete o, en su defecto, de la mayoría de sus miembros.

Asimismo, el oficialismo sostiene en su nuevo decreto que “no tiene sustento constitucional que un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional lleve a cabo medidas y tenga prerrogativas de índole jurisdiccional o que correspondan al Ministerio Público Fiscal”. Esto deja a la vista que el cinismo para ellos no tiene límites, ya que es el mismo Gobierno que, para fundamentar su negacionismo de los 30 mil detenidos desaparecidos, se apoya en las cifras de víctimas del terrorismo de Estado recopiladas en el informe Nunca Más.

Además, los gobernantes ultraderechistas en el decreto sostienen: “No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con este, el legislador asigna a órganos específicos del Estado Nacional”. 

Sin embargo, lo que no quieren legitimar es que se sigan buscando a más de 400 personas cuyas identidades fueron cambiadas por otras falsas en el mismo momento en que fueron arrancados de los brazos de sus madres y padres; o que nacieron en las maternidades clandestinas de los centros de detención militares, policiales y penitenciarios.

Repudios al unísono

Apenas enterada del nuevo decreto presidencial, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo en diálogo con el periodista Ari Lijalad: “Este gobierno está cerrando todas las puertas posibles para seguir haciendo la búsqueda que, por supuesto, es un derecho humano universal”. “Llevamos más de 47 años de lucha, este impedimento es aberrante. No puede ser que se quiera borrar la historia para que no se hable más y se hable de cosas que siempre perjudican a la sociedad”, sentenció Carlotto.

La presidenta de Abuelas aclaró que “la Conadi es importantísima” y recordó que su hija Claudia, tía a la vez de uno de los jóvenes recuperados por Abuelas (hijo de Laura Carlotto, que continúa desaparecida) trabaja allí desde 1993, “ampliando la búsqueda de los desaparecidos pero también de otros niños robados en otras circunstancias”. Para Carlotto, desde LLA “están haciendo cosas para dejar de hablar de los desaparecidos, se burlan con sadismo”.

Por su parte, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires (PBA), Axel Kicillof, expresó: “La eliminación de la CONADI representa un enorme retroceso para nuestra democracia. Otro hecho gravísimo que va en sintonía con los constantes ataques del Gobierno Nacional contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

“Si lo que pretenden con estas provocaciones es borrar la memoria, no van a poder, porque la lucha incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a cada uno de los nietos apropiados es también la lucha de todo el pueblo argentino, que dijo de una vez y para siempre que Nunca Más es Nunca Más”, sentenció el dirigente opositor.

En consonancia, el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, sostuvo: “Son claras las prioridades de quienes hoy son gobierno: liberar genocidas, torturadores y secuestradores de identidades. Sepan también que quienes votaron a favor de la ley bases ahora son cómplices de la perversidad de quienes robaron bebés, y de eso no se vuelve”. “A donde vayan los iremos a buscar”, sentenció el militante. 

El Gobierno de La Pampa, mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, elevó un documento en el cual “lamenta y rechaza” el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), “pieza clave en la ayuda recibida por Abuelas de Plaza de Mayo desde el Estado nacional en la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura cívico militar”.

Tal pronunciamiento apunta a que con el cierre por un Decreto del Gobierno nacional de la Unidad Especial que depende de la CONADI, “ya no podrá hacer investigaciones ni acceder a los archivos del Estado para ayudar en esta tarea a Abuelas, obstaculizando su tarea”.

“Merced a la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI”, prosigue, “se pudo encontrar finalmente a la hija de la pampeana Lucía Tartaglia, desaparecida en 1977, la nieta número 125 restituida”. También recordó que “falta saber dónde están los hijos apropiados de los pampeanos Ana María Gutiérrez y Carlos Orzaocoa”.

“Es parte de las consecuencias de la Ley Bases votada en el Congreso de la Nación, una embestida más de este Gobierno al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que aunque se intente desmantelar desde una política de negacionismo y ajuste, es parte integrante de nuestros valores democráticos, una causa popular y una política de Estado del gobierno pampeano” concluye el escrito pampeano.

En paralelo, en redes sociales se generó una fuerte polémica por la doble vara oficialista, ya que aunque se dictaminó la eliminación del CONADI, hasta el momento el Gobierno Nacional no dijo palabra alguna sobre los diputados libertarios que visitaron a genocidas como el exmilitar Alfredo Astiz en la cárcel de Ezeiza.

Por el momento, no se sabe con exactitud todavía qué pasará con las investigaciones que están en marcha, si el gobierno de Milei pretende que se archiven sin más. En tal caso, el responsable es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el exjuez Alberto Baños.

Finalmente, cabe recordar que Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado la maniobra, ante lo cual la auxiliar fiscal Ana Oberlin pidió preservar el acervo documental que la Conadi produjo a lo largo de décadas. En este marco, el juez federal Ernesto Kreplak dictó una medida cautelar para que el gobierno no ponga en riesgo todo lo trabajado por el organismo.

¿Qué era la Conadi?

La Conadi era el organismo del Poder Ejecutivo encargado de colaborar con Abuelas de Plaza de Mayo en el hallazgo de sus nietos y cuenta con la tarea de rastrear y sistematizar elementos de prueba en los diferentes estamentos del Estado a fin de dar con el paradero de personas que han sido desaparecidas o apropiadas y darles la posibilidad de que recuperen su identidad.

El área inició sus tareas en 1992, para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad. Una ley de 2001 ratificó su existencia. Tres años más tarde, en 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó un decreto, el 715, mediante el cual se creó una unidad especial de investigación (UEI) dentro de la Conadi y se la facultaba a acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.

A través de la Unidad Especial de Investigación creada por el decreto que hoy Milei deroga, trabajando en común con la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños Durante el Terrorismo de Estado de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, se logró la recuperación de identidad de muchas de personas que habían sido secuestradas y su identidad cambiada por los genocidas.