Se oficializó la convocatoria a las PASO y a las elecciones generales

Se oficializó la convocatoria a las PASO y a las elecciones generales

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El Gobierno convocó a elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para la selección de candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur para el 13 de agosto, y a elecciones generales para el 22 de octubre. Además, se anunció la creación del Comando Electoral.

Mediante el Decreto 237/2023 publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno convocó a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la selección de candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur para el 13 de agosto, y a las generales del 22 de octubre. Además, se fijó la fecha del 19 de noviembre para un eventual balotaje presidencial.

En los considerandos, el Decreto expresa que “el Código Nacional Electoral establece que las Elecciones Nacionales tendrán lugar el cuarto domingo de octubre inmediato anterior a la finalización de los mandatos”. Asimismo, resalta que por la citada Ley N°26.571 “se estableció que las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias tendrán lugar el segundo domingo de agosto del año en que se celebren las Elecciones Nacionales”.

En este sentido, el informe precisa que “en el presente año finalizan los mandatos del señor Presidente de la Nación y de la señora vicepresidente de la Nación, de 130 miembros de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y de los Senadores y Senadoras de las provincias de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz”.

El Decreto que autorizó el presidente de la Nación Alberto Fernández establece que sea, como es usual en todos los comicios nacionales, el Ministerio del Interior a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro el que adopte “las medidas necesarias para la organización y realización de los comicios”.

Por otra parte, el Gobierno nacional oficializó hoy la creación del Comando Electoral mediante el Decreto 238/2023 publicado en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; y el de Seguridad, Aníbal Fernández.

El objetivo principal del Comando es la custodia de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las elecciones generales y una eventual segunda vuelta electoral. Además, se destacó que el organismo dependerá del Poder Ejecutivo y según el documento, se autorizó al Ministerio de Defensa “a designar al o a la Comandante General Electoral quién designará a los o las Comandantes de cada Distrito Electoral y dependerán de él o de ella a partir de su designación”.

El organismo tendrá a su cargo las funciones de coordinación y ejecución referentes a las medidas de seguridad que establece el Código Electoral Nacional y también las destinadas a facilitar la observancia de las demás disposiciones legales vinculadas con los actos comiciales de las PASO, las Elecciones Generales y la eventual segunda vuelta electoral.

Particularmente se ocupará de la vigilancia de los locales en los que funcionarán las mesas receptoras de votos, de las sedes e infraestructuras destinadas al ingreso y procesamiento de datos para el recuento provisional de resultados que realiza la Dirección Nacional Electoral, como así también para el escrutinio definitivo en las sedes de los Juzgados Federales con Competencia Electoral y Juntas Electorales Nacionales de cada distrito.

Además, se ocupará de la custodia de las urnas así como la documentación durante su transporte y hasta la finalización del escrutinio definitivo en cada distrito y en cada una de las instancias electorales. La cobertura de los objetivos de custodia comenzará a las ocho horas del día previo a cada elección y deberá permanecer en forma permanente hasta el repliegue del material y de la documentación electoral.

Por su parte, el Ministerio de Defensa subordinará al Comando a los efectivos del Ejército, la Armada y de la Fuerza Aérea que este requiera, en tanto que el de Seguridad controlará al Comando los efectivos de la Gendarmería, de la Prefectura Naval, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía Federal Argentina.

En paralelo, necesitará de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la subordinación al comando de los efectivos de sus respectivas fuerzas de seguridad. Además, se extenderá desde los cinco días anteriores a las elecciones y hasta la finalización del escrutinio definitivo en cada distrito la movilización de los efectivos afectados a los operativos de seguridad electoral.

El documento especifica que ante la circunstancial necesidad de servicios de seguridad para la custodia de material o documentación electoral que fuera parte de eventuales recursos judiciales pendientes de resolución que exceda de la fecha mencionada deberá cubrirse con efectivos de custodia de los Juzgados Federales con competencia Electoral.

Pedido de absolución de Cristina: una respuesta esperada ante la avanzada del Poder Judicial

Pedido de absolución de Cristina: una respuesta esperada ante la avanzada del Poder Judicial

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Finalmente, la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hizo uso de su instancia de apelación donde pidió su absolución por falta de relación directa en las pruebas. La decisión recae en el organismo que cada vez es mas apuntado por diversos sectores sociales por romper con la democracia. 

La defensa de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, presentaron ante el Tribunal Oral Federal 2 y mediante el recurso de apelación, el pedido de absolución a la ex presidenta en la causa “vialidad” 24 horas antes de que esta instancia finalice.

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy firmaron la instancia pedida por Fernández, en la cual reafirma su inocencia a través de un comunicado de 395 páginas que deberá ser elevado a la Cámara de Casación Penal donde buscará hacerse valer en base a la columna vertebral de dicho pedido. La presentación se sostiene en la falta de prueba directa contra la acusada en las maniobras por las cuales fue acusada.

“Nosotros observamos que durante los tres años y medio que duró el proceso del juicio no se pudo probar la hipótesis de la fiscalía, es decir, nunca se pudo atribuir una determinada conducta ilícita al accionar directo de la entonces presidenta, lo cual es esencial en materia de condena”, explicó en comunicación con Revista Trinchera Claudia Viviana Roca, abogada y presidenta de la Asociación Americana de Juristas – Rama Argentina (AAJ).

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron a principios de diciembre una condena de seis años de prisión para la ex presidenta de la Nación, donde se esgrimía una hipotética comisión de delito de administración fraudulenta, agravada por ser cometida en perjuicio de administración pública. “En el momento que fue dada a conocer esta sentencia entendimos que básicamente se pedía la proscripción de la doctora Cristina Fernández de Kirchner”, remarcó Roca y añadió que desde la AAJ pudieron ver que “ese juicio estuvo plagado de violaciones a las garantías del debido proceso”, lo cual según sus explicaciones llegó hasta la negativa de un pedido de ampliación de declaración indagatoria que fue formulada por la actual vicepresidenta, lo que “viola el artículo 380 procesal penal de la Nación”. Además de los vínculos entre el fiscal y el juez del tribunal sentenciante, lo que también viola el “principio 1,3 de las reglas que pesan sobre la conducta judicial, conocidos como principios de Bangalore”, que indican que un juez tiene que estar libre de conexiones inapropiadas con el poder ejecutivo y legislativo, demostrándolo así públicamente.

“Recurren a 1600 hojas de sentencia para hacer un desarrollo obsceno en una sentencia, para tapar que lo que no existe es un vínculo directo en una conducta determinada a Cristina Fernández de Kirchner”, prosiguió en su análisis la presidenta de la Asociación de Juristas y añadió que para ello se ignoraron archivos de audio “vinculados a un montón de personas menos a la vicepresidenta”. Además remarcó que la absolución del ex ministro de Economía y Obras Públicas, Julio De Vido, es una prueba de la nula comprobación, ya que pertenece a una cadena de “delegación natural” que se rompe en el eslabón del mencionado ministro.

El pedido de absolución en la instancia de apelación por parte de Cristina Fernández era una vía esperable y lógica de respuesta por parte de su equipo de defensa. Las posibilidades de que la Corte Suprema lo tenga en cuenta se reducen por ser un Poder Judicial co-actuado y funcional a distintos intereses que delibera el caso. Por lo mismo, las movilizaciones en contra del poder Judicial que no representa al voto popular han sido recurrentes en los últimos meses, como es el caso del ayuno de una semana llevado a cabo por el Padre “Paco” Olveira (cura en opción por los pobres) junto a otros cuatro colegas.

En el mismo sentido, la Asociación de Juristas manifestó: “creemos en la democracia y por eso realizamos en agosto del año pasado una presentación pidiendo el juicio político a esta corte suprema en diez hechos distintos”, pero “sin ignorar que representan la cúpula de un poder judicial completamente co-actuado a intereses geopolíticos que no son los de toda la población”.

“Esta sentencia debería ser declarada nula ya que todo este episodio fue armado con el objetivo de proscribir a un sector político tirando a su líder, y el patrón repetido en toda Latinoamérica de lawfare da cuenta de ello”, concluyó Roca.

El FMI confirmó que se renegocia el acuerdo con Argentina

El FMI confirmó que se renegocia el acuerdo con Argentina

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El Fondo Monetario Internacional confirmó que “continúa trabajando con las autoridades argentinas para fortalecer el programa económico acordado”. Por parte del Gobierno nacional, desde el Ministerio de Economía, ratificaron “la rediscusión del programa”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que el staff técnico del organismo trabaja con el Gobierno argentino con intercambios que “avanzan de manera constructiva”, se busca mostrar una señal tranquilizadora en jornadas de alta volatilidad en la plaza cambiaria local.

En paralelo, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, ratificó “la rediscusión del programa” con el FMI para fortalecer el programa económico y continuar el acuerdo de desembolsos para fortalecer las reservas. En medio del impacto que está percibiendo el mercado cambiario local a partir de lo que definió como “rumores” y “falsos informes”. 

Con respecto al comunicado del organismo multilateral momentos después de los tweets de Sergio Massa, fuentes del FMI aseguraron que “el staff técnico continúa trabajando con las autoridades argentinas para fortalecer el programa económico acordado con el país en el contexto de la sequía muy severa”. Además, desde el ente señalaron que “los intercambios entre las autoridades y el equipo del Fondo Monetario Internacional avanzan de manera constructiva”.

Al tiempo que anunció que se va a cambiar la rediscusión del programa que Argentina mantiene con el Fondo, Massa dio un mensaje ante la escalada del dólar blue y cuestionó las “versiones”, así como los “rumores” y “falsos informes” que impactan en los instrumentos financieros vinculados con el dólar.

Mediante su cuenta de Twitter, el jefe de la cartera de Economía señaló: “Hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar”, en referencia al comportamiento de las cotizaciones del dólar CCL y MEP que subieron cerca de un 11% desde la semana pasada. Asimismo subrayó: “Vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del Programa”.

Además, el ministro anunció que se va a “usar a la Justicia Penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF (Unidad de Información Financiera) y a la CNV (Comisión Nacional de Valores) para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero”.

“Paralelamente vamos a seguir con los acuerdos de multilaterales, exportadores con transformación de exportaciones a yuanes y el acuerdo de desembolso con el FMI para re fortalecer las reservas que por el impacto de la sequía se vieron perjudicadas”, concluyó Sergio Massa vía Twitter.

Cabe destacar que el 31 de marzo último, el Directorio del Fondo aprobó la cuarta revisión del acuerdo con la Argentina y el desembolso de unos US $5.400 millones comprometidos en el acuerdo firmado en marzo de 2022.

Si bien esta última revisión incluyó un descuento de dos mil millones de dólares en la meta de acumulación de reservas internacionales para 2023, por el efecto de la sequía sobre las exportaciones mantuvo sin cambios la meta de 1,9% del Producto Interno Bruto (PBI) de déficit fiscal para este año, algo que discrepa con un escenario de menor actividad económica.

Edesur: el Gobierno anunció un plan de inversión por $7000 millones

Edesur: el Gobierno anunció un plan de inversión por $7000 millones

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Así lo dio a conocer el Ministro de Economía, que además declaró que se realizarán 278 obras en 12 partidos del conurbano y en CABA. Los trabajos en la red se llevarán a cabo durante los próximos 180 días y serán beneficiados alrededor de 600 mil usuarios.

El ministro de Economía, Sergio Massa, dio a conocer un plan de obras de energía eléctrica por unos $7000 millones que la distribuidora eléctrica Edesur tendrá que realizar en 12 partidos del conurbano bonaerense. El objetivo principal será resolver los cortes de suministros en amplios sectores de la población de la zona sur del área metropolitana ante los picos de demanda durante el invierno y el verano.

El plan de infraestructura consiste en 278 obras en los municipios de Florencio Varela, San Vicente, Presidente Perón, Ezeiza, Esteban Echeverría, Quilmes, Cañuelas, Avellaneda, Lomas de Zamora, Berazategui, Lanús y Almirante Brown. Además, los trabajos en la red se llevarán a cabo durante los próximos 180 días, beneficiarán a unos 600 mil usuarios, es decir un total estimado de 2.4 millones de personas, y serán financiados con parte de los ingresos por facturación que recibe Edesur, explicó Massa al encabezar la firma de un acta de compromiso esta tarde en el CCK.

Acompañaron al jefe de la cartera de Economía: la secretaría de Energía, Flavia Royón; el Interventor de Edesur, Jorge Ferraresi; su par del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello. Al principio del acto, Massa detalló que lo que se pretende “es completar el plan invierno y llevar adelante las obras del plan verano dentro de 180 días”, y agregó que “para la empresa, es un hecho desgraciado en el que le tocó pagar multas por incumplir el contrato, pero para el Estado es la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones”.

En este sentido, el ministro de Economía sostuvo que esta labor “tendrá un criterio social y no comercial”, y precisó que el financiamiento de las obras anunciadas se realizará mediante el porcentaje determinado en la resolución de incremento tarifario para el 2023, por lo que la distribuidora “deberá destinar el 37% de su facturación al plan que se desarrollará en los próximos 180 días”.

Además, anunció que en 30 días el Gobierno Nacional dará a conocer el Plan Quinquenal que priorizará las obras a realizar en los próximos cinco años en la ciudad de Buenos Aires y partidos del conurbano. De esta manera, luego de nueve años se reactivan las obras en estaciones transformadoras, subestaciones y de tendido eléctrico.

Cabe destacar que el ENRE le aplicó la semana pasada una sanción económica a Edesur por un valor de $132.665 millones, que irán directamente como resarcimiento a los usuarios por los cortes de luz ocurridos en este último tiempo. Asimismo, desde el ente regulador dejaron en claro que se trata del primero de un conjunto de resarcimientos que la empresa de distribución eléctrica tendrá que abonar a los clientes por lo acontecido durante los meses de verano.

Por su parte, Royón recordó que en marzo pasado hubo picos de demanda de energía eléctrica y destacó: “El sector de generación respondió como debía y no hubo inconvenientes en la generación”. En sentido, la secretaria reconoció “el trabajo que realizó la compañía mayorista Cammesa, ya que pudimos afrontar este tipo de demanda en Argentina sin inconvenientes, con picos de temperaturas inusuales”.

Luego, en dialogó con Telam, Royón afirmó que el Plan de Inversión anunciado para Edesur “busca una solución definitiva a los problemas de servicio” mediante la realización de “obras a mediano y largo plazo”, y detalló que habrá “una auditoría de control” compuesta por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) e intendentes que garantizaran el cumplimiento de los compromisos. De esta manera concluyó que en el equipo de la Secretaría de Energía son “conscientes de que estas obras tenían pendientes muchísimo tiempo”, y reafirmó que se busca “una solución de fondo”.

Por su parte, Ferraresi remarcó que “los intendentes venían sufriendo este problema hace 10 años” y remarcó que se trabajó para poner “en valor todo lo que había que hacer en el territorio, recorriendo todos los municipios”. Además, el interventor de Edesur destacó la participación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) como fiscalizador de las obras e hizo hincapié en el seguimiento que harán los intendentes del plan de infraestructura.

En el marco del acto, Massa también confirmó que se comenzará a desarrollar la nueva Subestación Eléctrica MITRE de 220/132 kV y vinculaciones, que una vez finalizada la obra, la zona sur de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) incorporará 1055 MVA. La obra en CABA que contará con una inversión de USD 145 millones y finalizará en un plazo de 42 meses, incorporará una potencia de 1.055 MVA.

Además, generará un ahorro anual estimado de US $5,5 millones. La inversión beneficiará a 3.8 millones de vecinxs de CABA mediante la mejora en la calidad de servicio en los picos de demanda del invierno y el verano. Cabe destacar que los distritos más afectados por los cortes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron: Almagro, Balvanera, Boedo, Caballito, Flores, La Boca, Monte Castro, Nueva Pompeya, Parque Chacabuco, Recoleta; San Cristóbal, Versalles y Villa Crespo.

Asimismo, las localidades bonaerenses más perjudicadas por los cortes eléctricos de marzo pasado fueron Avellaneda, Gerli, Lanús, Lomas de Zamora, Monte Chingolo, Monte Grande, Remedios de Escalada, Sarandí, Temperley y Wilde. 

Estuvieron presentes en el acto los intendentes Blanca Cantero (Pte. Perón); Juan José Mussi (Berazategui); Marina Lesci (Lomas de Zamora); Andrés Watson (Florencio Varela); Nicolás Mantegazza (San Vicente); Juan José Fabiani (Almirante Brown); Mayra Mendoza (Quilmes); Alejandro Granados (Ezeiza); Marisa Fassi (Cañuelas); Diego Kravetz (Lanús); Fernando Gray (Esteban Echeverria); y el ministro de Desarrollo Económico de CABA, José Luis Giusti. Cabe señalar que el único cabecilla de los distritos que faltó fue Horacio Rodríguez Larreta (CABA).

Denuncia penal contra el Gobierno porteño por el usufructo de datos biométricos

Denuncia penal contra el Gobierno porteño por el usufructo de datos biométricos

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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas realizo la denuncia por “violación de secretos” a las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la presunta utilización de este tipo de datos sin una “justificación racional”. 

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente por “violación de secretos” a las autoridades del Gobierno porteño, que conduce Juntos por el Cambio (JxC), por la presunta utilización de datos biométricos sin una “justificación racional”. Además, desde el sector que conduce Horacio Rodríguez Larreta se solicitaron los datos de distintos dirigentes y figuras opositoras.

La investigación la realizó el fiscal Sergio Rodríguez, que resolvió, en un expediente de 31 páginas, efectuar la denuncia penal por hechos que se encuadran en el de “acción pública previsto en el artículo 157” del Código Penal. En este sentido, el artículo prevé penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que “revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”.

En los procedimientos previos, el fiscal remitió que tomó conocimiento mediante notas periodísticas de posibles irregularidades en el “uso de datos biométricos por parte del gobierno de la Ciudad” provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en suscripto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en 2019, conducido en aquel momento por Marcelo D’Alessandro, que renunció al cargo por la filtración de chats de otra causa.

En el marco del convenio de Cooperación Técnica se estableció que el Renaper proporcionaría “información disponible en sus sistemas informáticos” para “identificar y/o verificar la identidad de las personas sobre las cuales el Ministerio desarrolle las tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma”. Sin embargo, en el mismo acuerdo se ordenó que “se encontraba prohibida la utilización de la información brindada” para “fines distintos a los mencionados”.

Con respecto a la violación de secretos, en otro pasaje del documento, al que accedió el medio Télam, Rodríguez precisó que el delito de “violación de secretos” sanciona a todo aquel funcionario que “se introduce o penetra de cualquier forma a un banco de datos personales sin autorización, pero no especifica la manera de acceso, admitiéndose cualquier vía de ingreso”.

En este sentido, se advirtió que “el acceso/consultas” a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en el marco del citado convenio “parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados, por lo que podría calificarlos de ilegales”.

Cabe destacar que el reconocimiento facial se incorporó en CABA en 2019, dicho Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que se contrastaría con la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). En este sentido, el fiscal advirtió que “salvo orden judicial, se encontraba prohibido incorporar imágenes y registros de otras personas que no se encuentren registradas”.

Asimismo, mediante la investigación de los datos, Rodríguez llegó a la conclusión que “existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del SRFP”. Además, el fiscal detalló que “tanto el peritaje como la propia información brindada por el Renaper dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos”.

Para el fiscal lo interesante es que hasta 2020 el Conarc tenía 40 mil registros de personas buscadas por el Poder Judicial, mientras que de los datos del Renaper se desprende que el número de consultas anuales del Ministerio de Justicia porteño fue 2.563.190 en 2019; 5.420.590 en 2020; 6.969.878 2021 y 3.367.330 en 2022.

De esta manera, Rodriguez inició “un sumario administrativo” para las autoridades del Renaper por la información brindada y por no velar por el cumplimiento de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales; y efectuar la denuncia penal contra los funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Cabe señalar que la causa ya fue sorteada y será el Juzgado Federal y Correccional N° 3 el que investigue los hechos.

Por otra parte, entre las personas espiadas y por las que el Gobierno porteño solicitó datos se encuentran: el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman; el dirigente social Juan Grabois; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini.

Además, el informe detalla que la mayor cantidad de solicitudes recayeron sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (226 consultas), el desaparecido policía porteño Arshak Karhanyan (92 veces) y el presidente Alberto Fernández (76 dictámenes). Además, se constató que hay dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y personas afines al principal partido de la oposición: la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; entre otros.

Reprocann: El Gobierno extendió el periodo de vigencia a 3 años 

Reprocann: El Gobierno extendió el periodo de vigencia a 3 años 

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El Ministerio de Salud amplió de uno a tres años la autorización del registro que otorga el cultivo controlado de la planta de cannabis como tratamiento medicinal, terapéutico y paliativo del dolor y agilizó los tiempos de tramitación.

En el marco de la Resolución 766/2023, publicada ayer en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación amplió de uno a tres años el período de vigencia del certificado de aprobación para el cultivo controlado de la planta de cannabis como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, que se obtiene mediante la inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). 

De esta forma, a través de las disposiciones establecidas en la Ley N° 27.350 y en sintonía con la celebración mundial del producto derivado de la planta sativa, la cartera que conduce Carla Vizzotti modificó el artículo 10 de la normativa N° 800 a modo de “prueba fehaciente y autosuficiente del cumplimiento de las condiciones establecidas”.

En este sentido, el texto publicado en la edición del Boletín Oficial detalla: “El Certificado de autorización emitido por el Reprocann se constituye como prueba fehaciente y autosuficiente del cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente resolución durante el plazo de vigencia de TRES (3) años desde la fecha de emisión”.

Además, el informe plantea la mejora de la gestión administrativa relacionada con el certificado de aprobación para el cultivo controlado de la planta de cannabis que se obtiene a través de la inscripción en el Reprocann enmarcado en la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis.

La sanción se acordó en respuesta al aumento de las solicitudes de inscripción al programa que hubo en los últimos meses, se realizó una revisión del procedimiento de evaluación de trámites que permitió acelerar los tiempos de resolución, y esto implicó bajar la espera promedio a menos de 10 días hábiles.

De este modo, mientras que en febrero había más de 33 mil trámites a evaluar, en la actualidad el stock es de 1.600 trámites, estos últimos requieren información adicional para completar su evaluación. Cabe destacar, que al día de la fecha existen más de 200 mil pacientes aprobados para el cultivo controlado.

Por otra parte, se habilitará en Reprocann un módulo especial para Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), actores estratégicos en la política pública en materia de cannabis medicinal en Argentina. Las ONGs podrán asistir mediante el cultivo de cannabis a hasta 150 pacientes.

Asimismo, en la Resolución 767/2023 publicada se incorpora el THC al uno por ciento a los ingredientes farmacéuticamente activos. Esto favorecerá a los desarrollos productivos nacionales en lo referido al aprovisionamiento de este insumo para la elaboración de las herramientas terapéuticas que los requieran. De esta manera, al momento que la concentración de THC se aumente al uno por ciento, los productos serán regulados como psicotrópicos y se aplicará el régimen correspondiente a las sustancias psicotrópicas. 

Sobre el cultivo del cannabis y del cáñamo industrial, la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) avanza en la incorporación del cáñamo al Código Alimentario Argentino, lo que permitirá propiciar el desarrollo de las economías regionales dedicadas a este sector productivo y acompañar a las regulaciones nacionales ya existentes. En este sentido, se tenderá al mayor aprovechamiento de diferentes propiedades nutritivas del cannabis y sus semillas de alto valor nutricional considerándolo como un superalimento.

Cabe señalar que hace seis años se sancionó la Ley de Uso Medicinal del Cannabis, sin embargo, el acceso al tratamiento se vio restringido por su reglamentación. En 2020 se realizó una nueva reglamentación que amplió su utilización más allá de la epilepsia refractaria y permitió el auto cultivo, garantizó la provisión para pacientes, fomentó la investigación y autorizó la producción pública y privada de aceite y otros derivados.

Luego, en marzo de 2021, el Gobierno reglamentó la creación del registro para el auto cultivo de marihuana. A partir de ello, decidió darle vigencia de un año a la autorización y ahora fue extendida a tres años.

Los usuarios pueden inscribirse “mediante un representante y obtener autorización para cultivar, para acceder al cultivo a través de una tercera persona (cultivador) o a través de una organización civil autorizada a esos efectos”. El requisito para solicitar la autorización es contar con indicación médica de uso de cannabis y puede realizarse en https://reprocann.msal.gob.ar.

Finalmente, se informó que el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación firmaron un Acta Complementaria y un Convenio Marco de Cooperación Institucional. El objetivo será adoptar medidas de coordinación conjunta para la generación de un canal directo de comunicación entre ambas partes.

Además, este trabajo conjunto consiste en adecuar mediante un curso seguro para los requerimientos fiscales y sus respectivas respuestas relativas a información sobre los diferentes perfiles disponibles en el Reprocann. El convenio también aporta al propósito de agilizar los tiempos de los procesos administrativos para proteger los derechos de las personas.

YPF Luz inauguró su primer parque solar en San Juan

YPF Luz inauguró su primer parque solar en San Juan

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La sección energética de la empresa nacional continúa con el desarrollo del suelo argentino en combinación de las nuevas tecnologías y en pos de la sustentabilidad ambiental. En esta ocasión fue el turno de la energía solar, dentro de un mazo que baraja crudo, litio, gasoil, entre otros.

Yacimientos Petróliferos Fiscales (YPF) inauguró su primer parque solar en Bella Vista, San Juan, a través de su sección YPF Luz, encargada de la exploración de recursos en energía eléctrica renovable. Alcanzará una capacidad instalada de 100 Mega Watts, equivalente a la energía utilizada en 88 mil hogares y llevará el nombre de ‘Zonda’.

La infraestructura energética cuenta con 170 mil paneles bifaciales repartidos en una zona de 200 hectáreas y permitirá reducir la emisión de 110 mil toneladas de dióxido de carbono por año. El financiamiento de la obra fue costeado con la emisión de un bono verde de 63,9 millones de dólares, sumado a un financiamiento de Anses, con lo que se completó un total de 90 millones de dólares que sostuvieron una obra de 16 meses, que a su vez aumentó la circulación de empleo interno y trabajo directo e indirecto.

YPF Luz (YPF Energía Eléctrica S.A.) es una empresa líder en generación de energía eléctrica en el país que opera desde 2013. Actualmente la compañía tiene una capacidad instalada de 3.232 MW que provee al mercado mayorista e industrial, y está construyendo otros 155 MW. Tiene como misión generar energía rentable, eficiente y sustentable, que optimice los recursos naturales para la producción de energía térmica renovable.

El acto de inauguración contó con la presencia del gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac; la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente de la Nación, Cecilia Nicolini; el intendente de Iglesia, Jorge Espejo; el presidente de YPF, Pablo González; el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano; entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.

La generación de energía solar forma parte del extenso trabajo que YPF hace en toda la región con el aprovechamiento de los recursos argentinos y la tecnología que posee para apuntar su trabajo hacia la agenda que la ecología marca en los mercados, tanto en la producción de esta energía renovable, como en el pozo no convencional de extracción de crudo de Vaca Muerta, que también tiene beneficios en reducción de daño ambiental, así como la misma extracción de litio, utilizado para la creación de baterías que se usan en automóviles eléctricos.

Al respecto, el presidente de YPF, Pablo González, declaró durante la inauguración: “Venimos a ratificar el compromiso de YPF e YPF Luz con la inversión y la contribución en materia de energías renovables; estamos probando de que de manera mancomunada, se puede ser eficiente, crecer en producción y ser amigable con el ecosistema”, y agregó que “San Juan es la primera productora de energía solar en el país y eso lo vamos a seguir fortaleciendo con el trabajo serio y profesional que ya venimos haciendo”.

Por su parte, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, expresó: “Ver que una empresa emblemática que tiene nuestro país sigue federalizando su administración y su gestión nos hace pensar que San Juan y la Argentina no solo tienen presente, sino que también tiene mucho futuro”, además de concordar en que “el desarrollo de las energías renovables es una necesidad para proteger al medio ambiente”.

Críticas a Garro por el desplazamiento de la ‘zona roja’ de La Plata

Críticas a Garro por el desplazamiento de la ‘zona roja’ de La Plata

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Este jueves 20 de abril a las 11 hs en avenida 7 y 49 se realizará una movilización convocada por organizaciones del colectivo travesti – trans contra la reubicación de la zona de oferta de trabajo sexual. Desde el sector se tildó la decisión de “arbitraria e inconsulta”.

La Municipalidad de La Plata que preside Julio Garro notificó a principios de abril que en el plazo inmediato la denominada zona roja será mudada de los sitios del casco urbano en la que se ubica desde hace años hacia el área del bosque en la calle 122, desde 52 hasta 55. Esto generó malestar y repudio en las organizaciones vinculadas al activismo travesti y trans y se manifestarán el jueves 20 de abril en 7 y 49 bajo la consigna «Julio Garro viola los derechos humanos de las personas travestis y trans».

Además, las organizaciones travestis, trans, de diversidades, políticas, sociales, estudiantiles y gremiales se convocarán a las calles para movilizar ante el código represivo de Julio Garro que busca criminalizar sus identidades. “Exigimos al Municipio políticas integrales. Que cumpla de manera efectiva y urgente la implementación del Cupo Laboral Travesti Trans”, señala el documento.

En paralelo, cuestionaron en el texto que la decisión fue “tomada una vez más de manera arbitraria e inconsulta por el intendente, Julio Garro”, y añadieron: “Por unanimidad, las organizaciones y espacios que participamos de la convocatoria, manifestamos nuestro rechazo a la medida”. Entre los fundamentos de la oposición, se mencionó que “viola los derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional, en la Ley N° 26.743 de Identidad de Género y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional a los que la Argentina suscribe”.

En esa misma línea, también se advirtió que reubicar la zona roja “convierte a la ciudad de La Plata en un Estado proxeneta que pretende regular el trabajo sexual sin consentimiento de quienes lo ejercen; imponiendo la zona y cobrando multas de hasta 350 mil pesos a quienes circulen por fuera de ese espacio”.

Al respecto, Radio Trinchera dialogó con la referenta de Marea Rosa y activista por los DDHH, Galaxia Rod, y detalló: “Lo que planteó el municipio es una medida de cartón, es un organismo que tiene que tener vías administrativas y tendría que tener una ordenanza pero solo tiene artículo que habla de una reubicación”. Además, agregó: “No hubo un comunicado oficial, se hizo mediante un medio de comunicación local informando a los vecinos, siendo un parche de campaña electoral de Julio Garro y de Juntos por el Cambio”.

La semana pasada, diferentes organizaciones se presentaron en la Comisión Provincial por la Memoria y presentaron una acción judicial en contra del municipio de la ciudad de La Plata. En este sentido, Galaxia sostuvo: “En primera instancia presentamos un pedido de informe para lo que es el intendente de la ciudad Garro y el ministro de seguridad de la provincia Sergio Berni en la que solicitamos esas vías administrativas que establecen la reubicación y la zona actual que menciona el municipio”.

Asimismo, el comunicado destaca que desde que asumió Garro es “clara su postura” sobre el colectivo travesti trans “mediante sus dichos transodiantes y patologizantes”, esto da paso al “marcaje, estigmatización y la criminalización, lo que abona los discursos y prácticas transodiantes que devienen en travesticidios y transfemicidios”, critica.

Por otro lado, el archivo cuestiona que la implementación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, sancionada en la Provincia de Buenos Aires en 2015, “no es parte de su agenda” y que el colectivo deviene en un “chivo expiatorio” de su administración en época de campaña electoral, “habilitando la persecución, las vejaciones, decisiones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, torturas y muertes de compañeras travestis y trans”.

“El municipio lo plantea como medida de seguridad pero sabemos que deben estar acompañadas de medidas hostiles para nuestras compañeras que trabajan en la zona roja que ejercen el trabajo sexual o están en situación de prostitución”, recalcó la referenta de Marea Rosa.

Además, Rod agregó que “atenta contra la libre circulación de las personas travestis-trans en la ciudad, sea el trabajo que realice o circule por el barrio del Mondongo” y puntualizó: “Soy vecina del barrio y la verdad que nos preocupa porque sabemos que históricamente los delitos policiales representaron la persecución de nuestros colectivos de identidades, instalando la pelea de los vecinos con las trans y la realidad es que nosotros también somos vecinas y ciudadanas de La Plata”.

En este sentido, el informe señala que “se instalan políticas de ‘orden’ que vuelven a criminalizar nuestras identidades, como lo hicieron los Edictos Policiales y Códigos de Falta de los años 90″. Al respecto, Rod declaró: “se nos está corriendo de cualquier tipo de discusión y no es solo esto sino que tenemos otras demandas por el simple hecho de ser personas travestis-trans y hasta ahora nunca se ha tomado ninguna medida o ayuda social”.

Por otro parte, el informe enfatiza en que la zona de la que se ‘mudará’ la zona roja “tiene una relevancia histórica” para su comunidad y confirma: “Es el lugar donde vivimos, nos concentramos, marchamos, nos juntamos y donde ha sido asesinada más de una compañera. Es un territorio que habitamos durante años y que constituye un corredor de la memoria travesti y trans en nuestra ciudad”.

Entre otros cuestionamientos, se remarcó que al no poder dar una respuesta concreta a la problemática, la reubicación a 122 entre 52 y 55 impulsada por la Municipalidad de La Plata abre las puertas a “un nuevo conflicto jurisdiccional con los municipios de Ensenada y Berisso”.

En caso de que se mueva a esa ubicación, Rod señaló: “Sabemos que estaremos solas ante un caso de inseguridad, ya que hemos tenido compañeras asesinadas en pleno casco y al estar en plena triple frontera con las municipalidades de Ensenada y Berisso, no sabríamos a quien recurrir. De esta forma lo que hace la municipalidad de La Plata es sacarse el problema de encima y tirarlo a otro municipio, para decir ‘lo logramos y limpiamos el barrio'”.

SiPreBo concentró frente al Diario El Día

SiPreBo concentró frente al Diario El Día

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Ante la negación de la patronal ADIRA a recomponer los salarios de les trabajadores de prensa, el gremio SiPreBo organizó una concentración a modo de protesta en las puerta del diario “El Día”.

Trabajadores de prensa de la Ciudad de La Plata, en coordinación con el Sindicato de Prensa Bonaerense (SiPreBo) concentraron este martes en las puertas del Diario El Día (Diagonal 80 Número 815), como punto de protesta por la imposibilidad de negociar recuperaciones salariales con la patronal ADIRA (Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina).

ADIRA es una entidad gremial empresarial que nuclea medios de comunicación de todo el país, a excepción de Ciudad de Buenos Aires, y negocia en representación de ellos las condiciones laborales con los gremios de trabajadores, como lo es en este caso con SiPreBo. Desde esta entidad, se denuncia que la patronal se resiste constantemente a tratar la instancia de paritaria que se propone desde el gremio de trabajadores para la recuperación de sueldos, en un contexto de inflación acumulada que requiere mucho más que una revisión anual.

Desde SiPreBo se denunció que el promedio de cobro de un trabajador de prensa hoy es de 121 mil pesos mensuales, hecho constatado a través del promedio percibido en el área de redacción, además de que la mayoría de estos trabajadores necesitan sueldos complementarios para cubrir la canasta básica. lo cual también fue constatado, a través de un relevamiento a trabajadores realizado el año pasado, que dio como resultado que el 68% de los trabajadores y trabajadoras de prensa de la región tiene más de dos trabajos.

“Esto tiene que ver con las políticas de la cámara patronal ADIRA, que ofrece en cada instancia de negociación cifras que no recomponen”, explicó para Radio Trinchera, en la mañana de “526 Al Fondo”, David Barresi, Secretario Gremial del Sindicato de Prensa Bonaerense (SiPreBo), y añadió que concentraron en las puerta del medio “El Día” porque “es una de las empresas más importantes que integran la cámara patronal ADIRA, y porque es una de las responsables de que esta recomposición salarial no se esté dando”.

La medida que comenzó desde la una de la tarde, fue votada el viernes pasado mediante un Congreso Ordinario de la Federación de SiPreBo, donde se discutieron las condiciones salariales con ADIRA, con resultados que no agradaron a les trabajadores. “No recibimos ninguna propuesta de aumento, nuestra paritaria va de marzo a marzo y teníamos que rever en enero o febrero”, argumentó Barresi.

Según el entrevistado, desde la patronal, ante la respuesta de no poder recomponer el salario, usan de argumento los altos costos del papel, sumado a la disminución de ingresos publicitarios que significó el cambio de consumo del tradicional medio impreso al digital. “Nosotros sabemos que los medios adheridos a esta patronal tienen otros negocios mas allá de lo que es la unidad de negocios periodísticos, que les permiten tener una espalda mucho mayor, además de que están beneficiadas por la pauta publicitaria de la provincia y el Estado nacional, y después pagan salarios miserables, entonces hay una ecuación que no da”, concluyó el secretario de SiPreBo.

Por último, ante la consulta de cómo cree que deben atravesar este pedido, en un contexto electoral como es el que se atraviesa durante este 2023, Barresi aseguró que “tenemos que generar la mayor unidad posible para darle un mensaje claro a las dirigencia política y empresariales,  porque es una rareza tener que negociar paritarias cada 3 o 4 meses, pero es lo que queda, y ante tal situación las empresas se resisten a recomponer el salario”.

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