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Comenzó el “festival de importaciones”: cierra la planta de TDI de Petroquímica Río Tercero

Comenzó el “festival de importaciones”: cierra la planta de TDI de Petroquímica Río Tercero

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

La empresa cordobesa anunció que cerrará su fábrica de Diisocianato De Tolueno para importarlo a menor costo desde Asia. Los más de 120 despidos, sumado a la caída productiva para ese municipio, son consecuencias directas de la apertura indiscriminada de importaciones ejecutada por el gobierno nacional, sumada la profunda recesión de la economía. Al mismo tiempo, desde Fabricaciones Militares temen el mismo destino por la producción de ácido nítrico.

Desde la semana anterior, trabajadores de la fábrica de Diisocianato De Tolueno (TDI) de la empresa Petroquímica Río Tercero, comenzaron a recibir telegramas de despido ante la necesidad de esta de abaratar costos de producción, en el marco de la profunda recesión económica a nivel nacional. La apertura de importaciones como “solución” propuesta por el gobierno, posibilitó el reemplazo de la mano de obra de los más de 120 trabajadores del ramal de PRT por el mismo producto proveniente desde Asia.

Fue la propia PRT la que argumentó, tanto en los telegramas enviados  a trabajadores como en diversas comunicaciones, que el cierre del ramal de TDI se da “como parte de una transformación forzada por la caída global de ventas y la sobreoferta de este producto, principalmente impulsada por la irrupción de plantas de gran escala en Asia”. 

 Así mismo, en un telegrama de despido de un trabajador de la empresa publicado en el medio Perfil, se visualizan sendos argumentos: “la situación crítica del país, abrupta, marcada y significativa caída del mercado y precio internacional del TDI, nos obligan a discontinuar la producción de TDI. Por esta razón nos vemos en la obligación de notificarle su despido por falta de trabajo”.

De esta manera, trabajadores de la empresa, en conjunto con los de otras que se ven en la posibilidad de ser afectadas por los mismos motivos, comenzaron un plan de lucha que, entre otras acciones, dio lugar a una marcha este lunes en la localidad pertinente. Las acciones son nucleadas a grandes rasgos entre el Sindicato de Empleados Químicos, y la Asociación de Trabajadores del Estado de Río Tercero. 

“Está claro que el plan de ellos o lo que habían anticipado comenzó, esto lo sabíamos que iba a pasar”, aseguró para el mismo medio el secretario gremial del Sindicato de Químicos, Lucas Felici. “Nosotros anoche hemos cortado la ruta en los accesos a Río Tercero. Inmediatamente el gobierno de la Provincia se puso en contacto con nosotros. Nos dejaron un mensaje de acompañamiento en esta situación que es gravísima”, añadió además.

En ese sentido, unas 4 mil personas, entre las que se encontraron trabajadores químicos alineados y no alineados con los sindicatos nombrados, marcharon durante el lunes por las calles céntricas de la ciudad de Río Tercero. Allí se adhirieron además, desde otros obreros nucleados a la mesa sectorial como aceiteros, gastronómicos, camioneros, gráficos, docentes, entre otros, como vecinos de a pie. 

Sucede que, la coyuntura de destrucción de puestos laborales, golpea directamente a la localidad en cuestión, a la industria química en particular, y a la industria en general a lo largo y ancho del país. Por lo mismo, los trabajadores de la empresa estatal Fabricaciones Militares (radicada también en Río Tercero), temen que su destino sea el mismo, ya que, por su parte, la fabricación de ácido nítrico representa el 70% de su facturación, y a partir de ahora, PRT, que les compraba dicho químico, lo importará desde China. Este suceso los llevó a declarar instantáneamente el estado de alerta y movilización, ante lo que parece ser un destino inminente para los trabajadores de FM.

 “Sabemos que no estamos dentro del proyecto de Milei. Somos solidarios y acompañamos a nuestros compañeros petroquímicos sabiendo que esto además abre la posibilidad de los despidos en Fabricaciones Militares (FM)”, aseguró para el medio Página 12 David Salto, secretario General de ATE Río Tercero. “El ácido nítrico al 98 iba todo para PRT, y el ácido nítrico al 65 va para la planta de amonio que sirve para fertilizantes y para la fábrica nuestra de Villa María. Esta producción implica el setenta por ciento de los ingresos de FM, y por lo tanto sabemos que va a haber consecuencias”, detalló además.

El cierre de Petroquímica Río Tercero, sumado a los inminentes recortes dentro de Fabricaciones Militares (con posibilidad de cierre), representa un abrupto golpe productivo y fiscal para la localidad en cuestión. En esa línea, el propio intendente, Marcos Ferrer, adelantó que “puede haber un efecto dominó” dentro de este “tremendo impacto” para la actividad económica de la ciudad. Además, sugirió que “debería haber una revisión respecto de cómo se sostiene la industria nacional por más que se abran importaciones”.

Por otro lado, el sindicalista Salto agregó que a los 125 despidos que ya se efectuaron en PRT “hay que sumarle 80 de las pymes que trabajan con este ramal de la empresa, además de quienes le hacían la logística”, lo cual grafica cómo la apertura de importaciones, sumada a la recesión, rompe con varios eslabones productivos al mismo tiempo y destruye puestos de trabajo.

 Ante la inminente destrucción en el sistema productivo que -como no podía ser de otra manera- generan las políticas adoptadas por el presidente de la Nación, Javier Milei, explicadas anteriormente, es importante no solo remarcar, así como en otros artículos, cada industria que lamentablemente cae en el camino, sino además su importancia y su historia. Por el lado de Petroquímica Río tercero, hasta la fecha era la única empresa de toda América latina que producía TDI, siendo este el rol productivo con el que comenzó a funcionar en 1981.

“Esta es una ciudad que ha sufrido mucho. La voladura de la fábrica en los noventa y los despidos en aquellos años fueron los más tristes que vivió la población. Ahora se está generando la misma angustia”, recordó Salto. “Uno de los objetivos del proyecto de Milei es el de la destrucción de los puestos de trabajo, la mayoría depende de las fábricas que están cerrando, pero estamos organizados para resistir”, ratificó.

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Exorbitante, violento e incoherente allanamiento a la vivienda de la dirigente social Miño

Exorbitante, violento e incoherente allanamiento a la vivienda de la dirigente social Miño

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

La ex titular del FISU fue intervenida en su domicilio por un grupo policial de la bonaerense con motivo de allanamiento por el supuesto robo de una moto. El cuerpo policial, encapuchado y con armas largas, requiso el domicilio durante dos horas y golpeó tanto a Miño como a sus hijos.

Oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires realizaron un violento allanamiento durante la noche de este martes a la vivienda de la dirigente social y ex presidenta del Fondo de Integración Socio Urbano (FISU), Fernanda Miño, en Villa La Cava, partido de San Isidro, en donde golpearon tanto a ella como a sus hijos. La  supuesta razón del hecho fue una órden de allanamiento por el robo de una moto.

Según lo descrito por la propia Miño, el suceso se dió en una situación de “emboscada”, en donde el personal policial “encapuchado y con armas largas”, la esperaron escondidos alrededor de las 22: 30 horas al llegar a su casa, tras asistir al evento documental presentado por la ex legisladora porteña, Ofelia Fernández. Tras la denuncia del dirigente social, Juan Grabois, se pudieron recuperar más hechos dentro de la cronología.

Grabois fue uno de los primeros en asistir al hecho con grupo de abogados de la organización Patria Grande, espacio al que pertenecen todos los mencionados anteriormente. Allí, él mismo denunció esa misma noche que a Miño no la habían dejado comunicarse con su abogado, y que tampoco se indicaba la causa del exabrupto. 

“Estuvieron dos horas revolviendo la casa. Le pegaron mucho a Fernanda, la tiraron al piso, le pegaron a las niñas que están totalmente aterrorizadas. Esto no queda así. No nos chupamos el dedo. Nunca jamás hicieron esto para agarrar un narco de los que matan pibes en este barrio”, denunció Grabois, que además aseguró que el cuerpo policial se retiró a 5 minutos de su llegada con los abogados del espacio.

Por otro lado, el dirigente social profundizó las posibles búsquedas de este accionar desmedido e comprobado: “Fernanda volvió de C5N a las 22 hs a su casa. Ayer había salido en la tapa del Observante Romano. Viene planteando el tema narco los barrios hace varios días”. “¿Se piensan que nosotros somos boludos y que vamos a creer que tan diligentes son los fiscales que, por el robo de una moto, van a hacer un allanamiento a las diez y media de la noche, cuando Fernanda está volviendo de una actividad política y social?”, replicó además

En medio de esta actuación incoherente de la policía bonaerense, es importante recordar que, uno de los tantos objetivos de acusaciones y calumnias del gobierno nacional para provocar su desfinanciamiento y reestructuración fue hacia el mismo FISU, dirigido por Miño. De hecho, la misma semana en donde el poder ejecutivo resolvió girar los fondos de esa dirección  la cartera económica, a cargo de Luis Caputo, la máquina de operaciones de fake news del gobierno comenzó a operar la idea de que tanto Miño como Grabois habían desviado varios de esos fondos. 

Tras estos rumores que sentaron las bases para que el gobierno realice dicha maniobra, el propio subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, (funcionario oficialista), reconoció que el FISU funcionó de manera transparente, y que incluso aportó mucho a la construcción en barrios hacinados 

Este hecho no removió ni la decisión del gobierno en los traspasos de los fondos, ni las denuncias realizadas sobre Miño ni Grabois, pese a que de todas maneras tampoco se hallaron pruebas para avanzar en la causa.  De la misma manera, Revista Trinchera relevó hace meses como la misma mecánica de producción de fake news le bastó al gobierno para retirar una concesión de la fundación Arcangel y devolverla a Parques Nacionales.

“Agradecemos al gobernador Axel Kicillof su solidaridad con Fernanda y su familia, y esperamos que el Ministro de Seguridad del GBA tome medidas contra los agentes que ejercieron brutalidad en el ejercicio de sus funciones”, mencionó además Grabois, quien además aseguró que investigarán por sus medios que órdenes hilaron este hecho.

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Otro paso a la desnacionalización: El Gobierno privatizara cuatro represas del Comahue

Otro paso a la desnacionalización: El Gobierno privatizara cuatro represas del Comahue

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

El Ejecutivo habilitó, mediante un decreto, el concurso público nacional e internacional, de los paquetes accionarios mayoritarios de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Mientras tanto, sigue vigente la prórroga de las concesiones por las cuatro centrales hidroeléctricas ¿Como será el proceso?

Tal como había anticipado Revista Trinchera, el Gobierno Nacional tomó la decisión de avanzar en la privatización de cuatro represas ubicadas sobre los cauces del río Limay y del río Neuquén. Esto se da en el marco del plan oficial de achicamiento del estado. Las centrales hidroeléctricas en venta son Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Según lo establecido en el decreto 895/2024, publicado este jueves, en el Boletín Oficial, las plantas energéticas ahora podrán ser vendidas mediante un concurso público nacional e internacional. El documento nacional lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Economía Luis Caputo.

Cabe destacar que las represas estaban siendo operadas con prórrogas transitorias, y ahora están sujetas a reprivatización. Además, se encuentran en manos de empresas privadas, pero los contratos de concesión están vencidos.

Las cuatro centrales hidroeléctricas enmarcadas en el Decreto son: El Chocón (que incluye su regulador, Arroyito) está en manos de la italiana Enel. La concesión original venció en 2022; Cerros Colorados, en manos de la argentina Aconcagua, también tiene vencido el contrato desde hace dos años.

Alicurá está concesionada a la estadounidense AES, con los mismos plazos que las anteriores; y Piedra del Águila está manejada por Central Puerto. Su concesión venció en 2023.

La privatización de estas centrales hidroeléctricas forma parte del plan de transformación de empresas públicas, y será llevada a adelante por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la secretaría de Energía. El objetivo es la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las sociedades operadoras, en un proceso que se extenderá por 180 días.

¿Cómo es el proceso de privatización de represas?

En principio, durante este período, los actuales concesionarios seguirán operando las plantas hasta que se concrete la transferencia al sector privado. Se estableció que el proceso de oferta del paquete accionario mayoritario deberá incluir diversos anexos, como el contrato de concesión, inventarios, normas de manejo de aguas y la protección ambiental, entre otros.

Además, la normativa oficial faculta a la secretaría de Energía para gestionar las transferencias necesarias de bienes, personal y contratos, asegurando la continuidad del funcionamiento de las plantas.

Hasta el momento, el paquete accionario de estas cuatro empresas está en manos de Enarsa (con el 98% de las acciones) y NASA (con el 2%), de forma «transitoria», hasta que se complete la privatización.

“Facúltase a la secretaría de Energía, en coordinación con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, ambas del Ministerio de Economía, a fijar las pautas del Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo”, resalta la nrmativa.

Privatizadas por el menemismo

Es necesario resaltar que a partir de 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, las represas hidroeléctricas fueron concesionadas por un período de 30 años. Como el plazo se cumplió el año pasado, en medio del proceso electoral. el ex ministro de Economía, Sergio Massa, dispuso sucesivas prórrogas, que se iban actualizando cada 60 días.

El objetivo del peronismo, si ganaba las elecciones, era finalizar las concesiones y que las represas volvieran a ser estatizadas, con un acuerdo para gestionarlas con los gobiernos provinciales, algo por lo cual presionaban los gobernadores. Sin embargo, el triunfo de Javier Milei cambió todos los planes.

Menciones del Decreto 895/2024

El llamado a concurso público de las represas se da en el marco de la Ley Bases, cuyo título pertinente es reglamentado a través del decreto 695/2024. El mismo establece las normativas para las privatizaciones. Cada empresa o sociedad a privatizar debe presentar un informe detallado al Poder Ejecutivo, especificando el tipo de privatización, procedimientos, modalidades y plazos. Este informe también es enviado a la Comisión Bicameral del Congreso para su revisión.

Finalmente, el Gobierno deberá convocar ofertas del sector privado, tras la autorización del Ejecutivo. La normativa aclara que, antes de formalizar los contratos, la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación deben revisar los documentos pertinentes. En caso de observaciones, se requerirá un nuevo informe antes de proceder.

Esta medida marca un hito en el plan de privatizaciones del actual Gobierno, orientado a agilizar la transferencia de activos al sector privado y el achicamiento del estado. Desde el Ejecutivo se señala que el objetivo es mejorar la eficiencia en la gestión de las empresas, en este caso de las centrales hidroeléctricas.

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Ni con licuadora ni con motosierra: la deuda pública no encuentra techo

Ni con licuadora ni con motosierra: la deuda pública no encuentra techo

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Pese a la liquidación de los títulos en moneda local con la mega devaluación de diciembre al tipo de cambio oficial, el atraso cambiario y otras medidas dispuestas por el Gobierno Nacional acrecentaron aún más el endeudamiento interno, que se acerca al medio billón de dólares.

La Secretaría de Finanzas, constitutiva del ministerio de Economía, publicó esta semana la última actualización del nivel de deuda pública, correspondiente al 30 de septiembre, la cual alcanzó los 460 mil dólares, un nuevo récord en la historia de las finanzas de la Argentina, alcanzado fundamentalmente a partir de dos medidas de la actual gestión.

Desde el ingreso del gobierno nacional el 10 de diciembre, y con él, de la nueva cartera económica a cargo de Luis Caputo, las medidas económicas tuvieron una única dirección: licuar los títulos emitidos en moneda local con la devaluación del peso, que se encontraba rozando los 400 pesos, a 800. Esta medida, por consecuencia, desencadenó una brutal inflación de 25 y 20 puntos para los meses de diciembre y enero respectivamente, que sumados al congelamiento salarial deterioraron el poder adquisitivo.

Estos fueron los “costos” que el ministro Caputo decidió que el ciudadano común asumiera con el objetivo de “reordenar la macroeconomía”, objetivo para el cual es importante reducir el nivel de endeudamiento tanto público como privado. No obstante, si bien en aquel momento todos los títulos lograron licuarse casi en U$S 55.000 millones, dos medidas fundamentales del esquema financiero de Caputo la elevaron a niveles históricos.

Según lo detallado en el informe surgido de las entrañas de la cartera económica, la deuda se incrementó durante estos 10 meses de gestión libertaria en 89 mil millones de dólares, en donde un 72% del monto corresponde a títulos públicos emitidos por el Tesoro; un 17% a acreedores externos oficiales; un 9% a Letras del Tesoro y el resto a adelantos del Banco Central y otros pasivos.

Si analizamos esta discriminación proyectada en el estudio publicado, podemos ver que el grueso del incremento (72% de títulos emitidos por el tesoro) responden a una medida directa tomada entre Caputo y su mano derecha en gestión, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, cuando decidieron “cortar las canillas de emisión” de esa entidad, para ser absorbidas por el Tesoro.

Esta medida fue celebrada por Caputo como un “el fin de la emisión” que, como el mismo gobierno había dicho en campaña, es un “cáncer” que se paga con inflación futura. Resulta que no solo la “emisión cero” como tal es una utopía vendida por el libertarianismo, sino que además, la emisión no se cortó, si no que solo cambió de dirección. Al revés de lo que Caputo le muestra a la sociedad Argentina, el gobierno siguió emitiendo a través de títulos públicos del tesoro, que significaron el grueso que hoy lleva la deuda pública a niveles nunca alcanzados.

La otra medida que permitió romper este récord negativo al gobierno de Milei es el ya conocido atraso cambiario que tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), como el sector agroexportador le señalan desde hace meses, así como lo hizo también el mismo sector financiero con el repunte del dólar ilegal durante julio, que se estabilizó entre los 1200 pesos debido únicamente a la intervención del propio Caputo en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios). Al sobrevaluarse la moneda local, la deuda en ese valor crece, lo cual genera el efecto contrario al que se produce con una devaluación como la de diciembre. 

“Como por arte de magia, desapareció el déficit cuasifiscal y Milei instantáneamente redujo el déficit del Estado en varios puntos del PBI. Eso es simplemente una chantada”, disparó en ese sentido el economista Carlos Rodríguez, ex aliado del presidente, quien se alejó de la gestión antes de que esta empiece. 

En resumidas cuentas, hay un esfuerzo inhumano que la cartera económica está obligando a realizar a los argentinos para licuar las deudas públicas, ahorrar divisas y estabilizar la macroeconomía que resulta en vano, ya que, tras meses de destrucción de la calidad de vida, y un incremento de la pobreza en diez puntos, la deuda pública no solo volvió a crecer, sino que además superó su récord histórico, mientras que las divisas ahorradas durante el primer trimestre volvieron a dar negativo durante los siguientes meses ante la necesidad de estas para intervenir en el MULC y estabilizar de manera ficticia el precio del dólar paralelo.

 

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Histórica marcha de antorchas en la ciudad de La Plata tras las 48 horas de toma

Histórica marcha de antorchas en la ciudad de La Plata tras las 48 horas de toma

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Con la participación de más de 30 mil estudiantes, docentes y no docentes, el centro de la ciudad se tiñó en fuego ante un gobierno que no cede en su decisión de descascarar el financiamiento de las universidades.  La marcha coronó la toma activa de gran parte de las instituciones de la UNLP durante la semana.

La comunidad universitaria de la ciudad de La Plata coronó este miércoles la toma de 48 horas de la muchas de sus facultades con una marcha de antorchas que se estima, fue unas de las más grandes -sino la más grande- de los últimos años en la región. El hecho estuvo enmarcado en la coyuntura de lucha a nivel nacional que las distintas universidades y su comunidad vienen sosteniendo ante el desfinanciamiento de La Libertad Avanza, profundizado a partir del veto al financiamiento de estas instituciones, emitido por el presidente de la Nación, Javier Milei, y sellado por la Cámara de Diputados la semana anterior.

En el marco de la definición de toma activa por parte de la mayoría de las universidades a nivel nacional, y con clases públicas, se desarrolló durante este martes y miércoles una doble jornada de lucha ante la decisión del gobierno nacional de seguir postergando una recuperación salarial para los docentes y no docentes a nivel universitario, quienes, así como todos los salarios a nivel general, sufrieron una pérdida pronunciada en su poder adquisitivo ante la mega devaluación del 118% al tipo de cambio, en conjunto con la liberación de precios.

Ante ese contexto, el gobierno sólo otorgó un aumento para gastos en funcionamiento del 270%, sustancial para el funcionamiento de cada edificio, pero que no alcanzó al salario docente y no docente, por lo que las distintas organizaciones estudiantiles coincidieron a lo largo y ancho del país en realizar esta medida que no se ejecutaba desde 2001, cuando la coyuntura económica y las resoluciones presidenciales eran similares a las actuales. En aquel momento, el por entonces presidente Fernando de La Rúa había presentado un presupuesto anual que se ajustaba “solo a lo que ingrese”, un copiar y pegar del presupuesto 2025 presentado por Milei hace tan solo un mes.

Este miércoles, tras la finalización de las distintas tomas, estudiantes de  las 17 sedes de la Universidad Nacional de La Plata -así como en todo el país- marcharon con antorchas junto a gremios universitarios y autoconvocados desde Rectorado, pasando por Plaza Italia y Plaza Moreno, para luego finalizar nuevamente frente al Rectorado, ubicado en calle 7 entre 47 y 48.  Se estima que la concurrencia fue de unas 30 mil personas aproximadamente, formando una columna a lo largo de más de 20 cuadras. 

 

Así mismo, este jueves el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un nuevo paro de la actividad docente y no docente, el cual combinado con las medidas tomadas por los estudiantes los días previos, concluye una semana atravesada por un rechazo múltiple a las decisiones fiscales de Milei, quien no otorgó este aumento que tan solo representa el 0,14 del Producto Bruto Interno nacional. 

“El Frente Sindical ha resuelto la profundización del plan de lucha con un horizonte de disputa con el gobierno nacional, que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario”, aseguraron desde el FSUN a través de un comunicado oficial.

Lamentablemente, el clima de puja salarial ante un gobierno que no cede para sostener un superávit fiscal que baje indicadores especulativos como el riesgo país, o el dólar de calle, -intervenido por el mismo gobierno-, cada vez es más violento. Además del envío de varias unidades policiales a diversas universidades, rompiendo con la auto administración de las universidades garantizada en la Ley Universitaria de 1918, se generaron tensiones aún mayores como en la universidad de Quilmes, donde un grupo de estudiantes vinculados a una organización libertaria ingresaron este lunes en medio del contexto de asamblea estudiantil y rociaron con gas pimienta a otros estudiantes. 

Pese a esto, tanto gremios estudiantiles como docentes y no docentes intentan conservar la compostura y realizar las distintas instancias de lucha mediante los métodos explicitados en la constitución, en un marco donde, inevitablemente, la violencia escala partiendo desde la ruptura de la propia investidura presidencial, realizada por el propio Milei desde que ejerce ese cargo y ataca a todos los sectores que se opongan a él desde sus redes sociales, compartiendo posteos con altos niveles de violencia explícita.

 

El conflicto seguirá en toda la comunidad universitaria y particularmente en nuestra ciudad, donde se definió una jornada de paro docente para los días lunes y martes de la próxima semana. A su vez, el movimiento estudiantil tendrá una asamblea interfacultades el próximo lunes donde se discutirán las nuevas medidas de lucha.

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Sector Publico: El Gobierno facilitó las privatizaciones y avanzó con reformas en la CNV

Sector Publico: El Gobierno facilitó las privatizaciones y avanzó con reformas en la CNV

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Este jueves la Comisión Nacional de Valores habilitó un régimen especial para facilitar, de manera transitoria, el ingreso de las empresas públicas al régimen de oferta pública ¿Que empresas se podrían privatizar?

En el marco de una fuerte avanzada en contra de las empresas públicas, el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei decidió acelerar las reformas para facilitar su privatización. En ese camino, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dio este jueves un paso clave para permitir la integración de las compañías sujetas a privatización al mercado de capitales.

Tal iniciativa quedó plasmada en la Resolución General 1024/24 publicada en el día de ayer en el Boletín Oficial con las firmas del presidente de la Comisión, Roberto E. Silva; la vicepresidenta, Patricia N. Boedo; y la vocal del directorio, Sonia F. Salvatierra.

Con estas resoluciones, el organismo nacional puso en marcha un régimen especial para las empresas sujetas a privatización. Según comunicó ayer la CNV, la medida busca facilitar el ingreso de estas entidades al régimen de oferta pública, ajustándose a los principios de transparencia.

Se trata de una administración contable especial y transitoria de dos años, en el cual las entidades deben presentar sus estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y cumplir con requisitos simplificados de información intermedia.

Esta flexibilización tiene como objetivo apoyar el proceso de privatización, facilitando el cumplimiento de los requisitos financieros, especialmente para entidades estatales que enfrentan dificultades en la presentación de balances.

Claves de la reforma impulsada por la CNV:

La Resolución General 1024/24 establece un régimen contable transitorio, el cual se trata de un período de dos años durante el cual las empresas en proceso de privatización pueden presentar estados financieros bajo un régimen contable simplificado, lo que les permite adaptarse gradualmente a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Otro punto que aborda la normativa es la flexibilización a la hora de hacer la presentación de información, ya que se destaca que durante el período de transición las empresas solo deberán presentar una reseña informativa simple y sintética por los períodos intermedios, lo que reduce la carga administrativa.

De esta manera, con tal avance se busca que el alcance sea amplio, ya que la resolución se aplica a diversas empresas y sociedades estatales, tanto a las ya incluidas en programas de privatización como a aquellas que puedan ser incluidas en el futuro.

Tras anunciar la medida, el jefe del organismo nacional subrayó que la normativa está diseñada para acompañar las medidas del gobierno y facilitar la integración de las empresas públicas al mercado de capitales.

¿Qué empresas se podrán privatizar?

Las empresas que están en el ojo de la tormenta y que están en condiciones de privatizarse, luego de la aprobación de la Ley Bases, son ocho y se trata de: AYSA, Energía Argentina, Intercargo, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Cabe señalar que a pesar de que el Gobierno trató de incluir también a la lista a Radio y Televisión Argentina, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, acordaron con los legisladores dejar fuera del debate esas empresas estatales.

Sin embargo, el Gobierno avanzó con la declaración por decreto de la Aerolínea de bandera, como una empresa sujeta a privatización. Mientras tanto, avanzan en el Congreso algunos proyectos para proceder con su venta. En paralelo, como ya lo anticipó esta Revista, la agencia inició el camino hacia la privatización de las represas de Comahue.

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Auditorias en Universidades: El ex-militante filonazi Rodolfo Barra designó a la SIGEN

Auditorias en Universidades: El ex-militante filonazi Rodolfo Barra designó a la SIGEN

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

El procurador del Tesoro de la Nación firmó un dictamen a través del cual apartó a la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso, y oficializó a la Sindicatura General de la Nación, que depende del Ejecutivo, para realizar las auditorías.

En el marco del creciente reclamo de estudiantes, docentes y no docentes universitarios, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), funcione como órgano auditor de las universidades nacionales. En la resolución, Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales.

Además, la normativa fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, en respuesta a la solicitud que los legisladores del PRO y el MID elevaron al Gobierno nacional en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa Rosada.

Cabe destacar que solo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso (y está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández), podía llevar adelante las auditorías. Sin embargo, el Gobierno insistió en que tanto las autoridades de las universidades como sus estudiantes no querían las auditorías. Lo cierto es que la gestión libertaria no había conformado el cuerpo de autoridades de la AGN, paso necesario para auditar.

La conclusión del dictamen firmado por Barra establece: “A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”

“En tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521”, prosigue el ex militante filonazi.

El prontuario de Barra

Cuando Barra fue convocado y oficializado en el cargo por Milei, el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) manifestó su “rechazo” ante el nombramiento y consideraron que se trata de “una afrenta directa al espíritu democrático y plural de nuestro país”.

“Resulta inadmisible que una persona con antecedentes vinculados al Movimiento Nacionalista Tacuara, con tendencias próximas al nazismo, sea nombrada para un cargo de tal relevancia en nuestro país”, alertó el FACA en un comunicado de prensa.

El foro se refirió así a la foto publicada en la tapa de la revista Noticias de junio de 1996, con Barra haciendo el saludo nazi y admitiendo su paso por Tacuara: “Si fui nazi, me arrepiento”, dijo en esa oportunidad.

La decisión tomada por Barra anula la resolución del ex procurador del Tesoro Carlos Zannini, quien en noviembre de 2022 determinó que las universidades quedaban exentas de la aplicación del Artículo 100 de la ley de Administración Financiera. En 2023, el entonces ministro de Educación, Jaime Perzyck, firmó un convenio con la SIGEN lo que habilitó la posibilidad de solicitar auditorías por parte del organismo.

Al respecto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, destacó la modificación: “Celebramos este dictamen ejemplar de la Procuración que permite a la SIGEN auditar a las universidades nacionales”. “De esta manera, el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente a cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN). Logramos revertir la norma que impulsó Carlos Zannini en 2022 para evitar que el Gobierno Nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales”, sintetizó en sus redes sociales.

Tal avance en las auditorías se da en un contexto en el que todo el arco universitario ha intensificado sus medidas de fuerza con más de 100 tomas en todo el país, clases públicas y asambleas en las que deciden las estrategias para luchar contra el veto al financiamiento universitario de Javier Milei.

Estas acciones se profundizaron todavía más después de que dijera en un discurso que “la verdad incómoda en la Argentina es que la universidad pública nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y de la clase alta y media alta, en un país donde la gran mayoría de los niños son pobres”.

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Retroceso en Soberanía: El Gobierno informó que subastará ARSAT

Retroceso en Soberanía: El Gobierno informó que subastará ARSAT

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

El presidente de la empresa argentina de telecomunicaciones anunció que privatizará un porcentaje de la compañía que podría alcanzar el 49% de las acciones. Pese al carácter estratégico de este organismo, tanto en infraestructura informática como en comunicaciones, la gestión libertaria sigue con su objetivo y avanza en su plan de vaciamiento estatal.

En el marco de las “34° Jornadas Internacionales ATVC 2024: Innovación para un futuro sostenible” y bajo el lema de “reordenamiento y puesta en valor de los activos” el presidente de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT), Mariano Greco, confirmó la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar en la venta de un porcentaje de las acciones de la compañía, que podría alcanzar el 49%.

Luego de quedar fuera de la Ley Bases como empresa sujeta a privatización, el futuro de la compañía estatal de telecomunicaciones pasa por salir a la Bolsa en 2025, aunque aún no está previsto el porcentaje específico de acciones que se pondrían a la venta. Al respecto Greco declaró: “En este momento estamos en un proceso de reordenamiento y puesta en valor de los activos, con la idea de que ingrese capital privado a la compañía y la modalidad va a ser salir a la Bolsa”.

El presidente de la empresa argentina de telecomunicaciones anunció que privatizará un porcentaje de la compañía que podría alcanzar el 49% de las acciones. Pese al carácter estratégico de este organismo, en infraestructura informática y de comunicaciones, la gestión libertaria sigue con su objetivo y avanza en su plan de vaciamiento estatal.

Según el funcionario, a la fecha Arsat ha sido “más un vehículo de políticas que una empresa” y hoy el desafío es complementarse con la industria. “Es una empresa consolidada en términos tecnológicos, pero a la que le falta fundamentalmente expandirse y abrirse. Pondremos en juego el porcentaje de acciones que sea más conveniente para la valoración de la empresa”, agregó Greco.

Actualmente, la empresa está íntegramente en manos del Estado, pero el 49% de las acciones se podría vender, es decir las de Clase B, (el 51% restante corresponde a las acciones Clase A reservadas al sector público). Sin embargo, Greco, en su participación en las Jornadas Internacionales organizadas por la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) y la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa), no adelantó si saldrían necesariamente con ese porcentaje a la venta.

El trabajo actual consiste en armar un plan de negocios y poner en valor los activos de Arsat, entre los que figuran más de 30 mil kilómetros de fibra óptica, dos satélites, un data center, espectro 4G y un bloque de 100 MHz de 5G que le fue cedido gratuitamente por 20 años en la subasta del año pasado, en la que Telecom y Claro pagaron US$350 millones cada una, y Telefónica, US$175 millones.

Consultado al respecto del uso que le darán al espectro, Greco dijo que aún no lo tienen definido y que es materia de discusión con el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua; y con Martín Ozores, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

En otro de los paneles del evento, el CEO de Telecom, Roberto Nobile, sostuvo: “Necesitamos una lectura de qué va a hacer Arsat con el espectro”, mientras que la Mesa Tic Argentina hará pública una nota que le mandaron la semana pasada a Genua con un conjunto de propuestas y lineamientos vinculados al rol de Arsat y que firmaron las empresas DirecTV, Telecom y Telefónica, y las cámaras ATVC, IDA, Cabase, Cacpy, Catip, Cicomra, Red Intercable, Cappi, Fecosur y Catel.

Según el escrito, las empresas dicen que “Arsat debe enfocarse en complementar al sector privado, centrándose en el rol de proveedor de infraestructura” y que “esta orientación estratégica es esencial para evitar conflictos de intereses y para maximizar los beneficios para el sector en su conjunto”.

Por otra parte, en lo que respecta a las prestaciones del organismo, sumaron que “es fundamental que no se involucre en la provisión de servicios de última milla, ya que esto la pondría en competencia directa con proveedores que son sus clientes”.

En tanto, proponen que Arsat sea una entidad 100% estatal y que tenga acceso a los fondos del Fondo de Servicio Universal para proyectos que complementen los servicios de empresas privadas, “que contribuyen a la universalización de los servicios en operación desde hace años”.

Cabe recordar que la empresa fue creada en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, mediante la ley 26.092. “Brindamos conectividad mayorista para acortar la brecha digital entre las pequeñas localidades y las grandes ciudades”, destaca en su web.

Su misión es “generar condiciones de igualdad en el acceso al servicio de las telecomunicaciones en todo el país, conectando a los argentinos con infraestructura terrestre y satelital”. “Nuestra visión es transformar el mercado de las telecomunicaciones generando valor para la nación y bienestar de los argentinos”, agrega el sitio de la compañía estatal.

Sin dudas, hoy más que nunca urge defender y priorizar el carácter estratégico de ARSAT, ya que es un estandarte de soberanía para la Nación argentina, propiciando una red de fibra óptica que cubre el territorio nacional, sus satélites, además de toda su infraestructura informática y de comunicaciones.

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Axel Kicillof dictó una clase pública en la UNLP en contra del veto universitario

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

El gobernador de Buenos Aires se hizo presente en el predio del Ex BIM III de la Universidad Nacional de La Plata para sentar posición frente al desfinanciamiento universitario que lleva adelante el gobierno nacional. Allí trazó las contradicciones en los argumentos oficialistas para avalar el veto a la ley de financiamiento, y remarcó la importancia de esta institución a nivel histórico. 

En el marco de la discusión asentada en la opinión pública sobre el financiamiento universitario, que gira en torno al proyecto de ley aprobado en ambas cámaras para garantizar un mínimo financiamiento a ese sector, y la decisión del presidente de la Nación, Javier MIlei, de vetarlo, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue convocado por la Federación Universitaria de La Plata (FULP) a dictar una clase pública en el predio del Ex BIM III donde se encuentran las facultades de Psicología y Humanidades y Ciencias de la Educación.

El congreso de la nación se encuentra debatiendo este mismo miércoles si, tal y como sucedió con el aumento del 8% a los haberes jubilatorios, se descomponen los mismos ⅔ que aprobaron dichas leyes, y finalmente se veta el proyecto que garantiza el financiamiento de las universidades a nivel nacional. Anteriormente, fueron 6 diputados de la Unión Cívica Radical quienes cambiaron sus votos para que sea posible vetar el aumento jubilatorio.

MIentras el gobierno nacional, encabezado por el presidente Milei, utiliza como argumento para dicho veto el mantenimiento del superávit fiscal -sobre el cual se ha profundizado en otros artículos en este medio-, el gobernador Kicillof explicó: “Este no es un debate presupuestario, eso es una enorme mentira. Se está afectando apenas un 0,14% del PBI, mucho menos de lo que les perdonaron a los sectores más ricos: no vengan con el discurso del déficit y la inflación, acá está claro que lo que quieren es un país para pocos”.

Además de contrastar algunos hechos de la propia gestión oficialista que se contradicen con el plan de recaudación y ahorro para mantener el equilibrio fiscal, el gobernador provincial aseguró que el desfinanciamiento a la educación contiene segundas intenciones, y marcó de manera firme una postura opositora: “Esta reunión tiene un objetivo fundamental: dejar en claro que los legisladores que no voten contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario los consideraremos traidores a nuestro pueblo y a nuestra historia”.

“A lo largo de nuestra historia, hubo un solo factor que evitó que a las universidades las arancelaran, las privatizaran o las cerraran: fue la lucha de los estudiantes, los trabajadores y la comunidad entera. La universidad nunca estuvo separada del proceso histórico y social de nuestro país”, desarrolló Kicillof, y remató: “Defender a la universidad es defender el futuro: si nos sacan la universidad pública, gratuita, masiva y de calidad, nos quedamos sin el país que queremos”.

La clase abierta estuvo acompañada por las presidentas de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), Sol Alconada y Albertina Bidart, además de la presencia de intendentes, legisladores, ministros, asesores y directores de cuerpos gubernamentales de la zona.

“Aunque no podemos reemplazar el abandono y la deserción de Milei, trabajamos para dar respuestas en la medida de nuestras posibilidades: nos comprometemos a terminar las obras que el Gobierno nacional paralizó en 25 universidades, y lo haremos con presupuesto, recursos y esfuerzo bonaerense”, añadió el gobernador provincial, en torno a otros recortes en políticas públicas que realizó el gobierno nacional.

Entre los presentes, estuvieron la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Economía, Pablo López; las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Roberto Salvarezza; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; y el director provincial de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli.

También participaron los intendentes de La Plata, Julio Alak; de Ensenada, Mario Secco; y de Navarro, Facundo Diz; la diputada provincial Lucía Iañez; el legislador Carlos “Cuto” Moreno; el secretario de Gobierno de La Plata, Guillermo Cara; su par de Educación, Paula Lambertini; además de representantes de los distintos gremios de la comunidad universitaria, que hoy aguarda las definiciones tomadas en el congreso.

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Además de contrastar algunos hechos de la propia gestión oficialista que se contradicen con el plan de recaudación y ahorro para mantener el equilibrio fiscal, el gobernador provincial aseguró que el desfinanciamiento a la educación contiene segundas intenciones, y marcó de manera firme una postura opositora: “Esta reunión tiene un objetivo fundamental: dejar en claro que los legisladores que no voten contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario los consideramos traidores a nuestro pueblo y a nuestra historia”.

“A lo largo de nuestra historia hubo un solo factor que evitó que a las universidades las arancelaran, las privatizaran o las cerraran: fue la lucha de los estudiantes, los trabajadores y la comunidad entera, la universidad nunca estuvo separada del proceso histórico y social de nuestro país”, desarrolló Kicillof, y remató: “defender a la universidad es defender el futuro: si nos sacan la universidad pública, gratuita, masiva y de calidad, nos quedamos sin el país que queremos”.

La clase abierta estuvo acompañada por las presidentas de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), Sol Alconada y Albertina Bidart, además de la presencia de intendentes, legisladores, ministros, asesores y directores de cuerpos gubernamentales de la zona.

“Aunque no podemos reemplazar el abandono y la deserción de Milei, trabajamos para dar respuestas en la medida de nuestras posibilidades: nos comprometemos a terminar las obras que el Gobierno nacional paralizó en 25 universidades, y lo haremos con presupuesto, recursos y esfuerzo bonaerense”, añadió el gobernador provincial, en torno a otros recortes en políticas públicas que realizó el gobierno nacional.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Economía, Pablo López; las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Roberto Salvarezza; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; y el director provincial de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli.

También participaron los intendentes de La Plata, Julio Alak; de Ensenada, Mario Secco; y de Navarro, Facundo Diz; la diputada provincial Lucía Iañez; el legislador Carlos “Cuto” Moreno; el secretario de Gobierno de La Plata, Guillermo Cara; su par de Educación, Paula Lambertini; además de representantes del sector universitario.

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