El Gobierno nacional avanza con un proyecto de reforma laboral que introduce modificaciones estructurales en el régimen de contratación, indemnizaciones, organización sindical y negociación colectiva de los trabajadores. La iniciativa, presentada como una herramienta para “modernizar” el mercado de trabajo y fomentar el empleo formal, trae consigo el recorte de derechos históricos y el cambio en el equilibrio entre empleadores y trabajadores.
El próximo 11 de febrero, en el Senado Nacional, comenzará el debate que, a la fecha, el gobierno de Javier Milei no tiene asegurado su aprobación. Uno de los aspectos fiscales más sensibles, que los gobernadores aliados le señalan es la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, con una baja de alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5% en los tramos superiores. Esta medida, junto con la reducción de impuestos internos y, en algunos casos, del IVA, implicaría una pérdida de recaudación cercana a $1 billón para las provincias. En este punto, el ministro de economía, Luis Caputo se niega a aceptar el pedido de las provincias que le pueden asegurar la votación en la Cámara Alta, pero pretende negociar ofreciéndoles compartir el impuesto al cheque.
Uberizar el trabajo: Punto X Punto
Banco de horas y flexibilización de la jornada
Uno de los objetivos centrales de este proyecto es la creación de un Banco de Horas, que permitirá compensar horas trabajadas, en exceso, con descanso en otros días, sin el pago de horas extra. Si bien se mantiene el tope semanal fijado por la ley de 48 horas o por convenio, se habilita la posibilidad de superar el máximo diario y, mediante acuerdos colectivos, ampliar la jornada laboral hasta 12 horas, cuando actualmente el límite es de 8 hs.
Forma de pago
La reforma establece que los salarios deberán abonarse exclusivamente mediante acreditación bancaria, en moneda nacional o extranjera, y habilita el uso de billeteras virtuales. Se eliminan los pagos en efectivo o cheque, además, se amplía el porcentaje del sueldo que puede abonarse en especie (alimentos, vivienda u otros beneficios), sin el tope del 20% vigente.
El proyecto también autoriza a los empleadores a otorgar bonos y pagos adicionales transitorios o variables por mérito, sin que generen derecho adquirido. Esto implica que dichos beneficios podrán ser eliminados de manera unilateral por la patronal
Vacaciones más flexibles
Se habilita el fraccionamiento de las vacaciones en períodos no menores a siete días y la posibilidad de gozarlas fuera del período legal actual que son del 1 de octubre al 30 de abril, siempre que exista acuerdo entre las partes, aunque el empleador tendrá la obligación de una vez cada tres años otorgar la licencia en temporada de verano El plazo de notificación se reduce de 45 a 30 días.
Indemnización por despido y Fondo de Cese Laboral
El gobierno introduce cambios profundos en el régimen indemnizatorio. Se excluyen del cálculo de la indemnización el aguinaldo, las vacaciones y los premios, lo que reduce los montos actuales entre un 44% y un 60% dependiendo de la antigüedad de los trabajadores. Además, el pago de la misma podrá abonarse en hasta 12 cuotas con un interés judicial limitado a la inflación más un 3% anual siendo el cobro de la indemnización incompatible con reclamos por daños y perjuicios en el fuero civil, obligando al trabajador a optar por una sola vía judicial.
También se pretende crear un Fondo de Cese Laboral financiado con un aporte mensual obligatorio del 3% del salario, a cargo del empleador, que se depositará en cuentas específicas administradas bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores. Estos fondos podrán invertirse en fideicomisos y fondos comunes de inversión, una posibilidad que genera preocupación por el riesgo financiero que podría asumir el trabajador.
Restricciones a la actividad sindical
El proyecto endurece las sanciones frente a bloqueos de fábricas o tomas de establecimientos, considerándolas infracciones graves, disponiendo que durante esas acciones el trabajador no percibirá salario alguno. Así mismo, las asambleas dentro del lugar de trabajo requerirán autorización previa del empleador y no serán remuneradas.
El derecho a huelga es otro de los puntos criticados por los gremios en esta iniciativa, al pretender ampliar la lista de actividades consideradas esenciales o trascendentales, que deberán garantizar entre el 50% y el 75% de prestación.
Fin de la ultraactividad
La reforma elimina la ultraactividad en los actuales convenios colectivos: los acuerdos vencidos dejarán de regir si no se firma uno nuevo. Además, se establece que los convenios de ámbito menor, como los de empresa, prevalecerán sobre los convenios colectivos generales, aun cuando sean menos beneficiosos para el trabajador.
Plataformas digitales
El “repartidor independiente”, se encontrará definido como un prestador de servicios sin relación de dependencia con las plataformas. El proyecto blanquea el actual vínculo entre plataformas de transporte y reparto y sus prestadores “independientes”, sin obligar a las empresas a abonar aguinaldo, vacaciones o licencias médicas.
Uno de los pretextos del gobierno nacional que propone un nuevo régimen laboral entre las patronales y los trabajadores es que con una “modernización” se ampliará la franja de los empleados formales que actualmente ronda el 48,3%. Nada más lejano de la realidad, teniendo en cuenta la actual situación económica:
-El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),el régimen público de jubilaciones y pensiones en Argentina, administrado por ANSES sostiene que desde 2023s se han perdido 194 mil empleos en el sector asalariado formal, pero si se tiene en cuenta los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo esa cifra aumenta a 255.724 empleados formales menos.
-Más de 2.4 millones de personas (16.6 % de la población económicamente activa) tienen más de un empleo debido a la actual situación económica.
-Para El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) la la pérdida del poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 alcanza el 15,7%.
-Casi un millón de personas trabajan para las plataformas digitales: Rappi tiene 80 mil repartidores, Pedidos Ya 40 mil, Uber cuenta con unos 400 mil conductores, Didi 350 mil y Cabify unos 100 mil.
-Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIA) la venta de ropa registró una caía interanual del 9.4% en el último bimestre del 2025. La capacidad instalada de esta industria, a noviembre del año pasado funciona al 29.2%, esto quiere decir que siete de cada diez máquinas de este sector se encuentran parada.
-De acuerdo con un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el uso de tarjetas de crédito en supermercado se incrementó del 39% al 46%. En paralelo el pago con las tarjetas de débito retrocedió del 34% al 27%, y el dinero en efectivo disminuyó del 20% al 16%.
– El Informe Mensual de Pagos Minoristas del Banco Central, registró, en diciembre anterior, el rechazo de 119.285 cheques por el motivo “sin fondos suficientes”, lo que implica un incremento interanual del 205,2%
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