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La reciente ola de despidos en el sector público, ejecutada a mansalva por el gobierno de Javier Milei, ha puesto en jaque la estabilidad laboral de miles de trabajadores. Además, según los datos de la Asociación de Trabajadores del Estado la cifra podría superar las 10 mil cesantías. Hoy hubo manifestaciones en todos los organismos públicos afectados.
En el marco de una segunda ola de despidos en el Estado, a manos del Gobierno Nacional liderado por Javier Milei, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) registró 2.305 cesantías en el sector público, lo cual ha desatado una crisis sin precedentes en la administración estatal. En este sentido, el gremio llevó a cabo una serie de protestas en todos los organismos públicos y ministerios afectados.
Con respecto a los despidos previstos para esta ocasión, de acuerdo con fuentes del gobierno ultraderechista de Javier Milei, superarían los 10 mil cesantes. Desde ATE confirmaron que “se dieron de a cientos y van en la lógica de vaciar el Estado”. Además de afectar a los ministerios con sede en la Ciudad de Buenos Aires, también hubo despidos en las delegaciones que el Estado nacional tiene en las provincias.
En este sentido, este 1 de julio “todos los cuerpos de delegados y delegadas garantizarán las condiciones para el ingreso de los trabajadores despedidos, porque para el funcionamiento del Estado la única salida es la reincorporación y la renovación masiva de todos los contratos”, señalaron desde la entidad gremial.
En este contexto, desde ATE Capital le confirmaron a Trinchera que “este lunes hubo asambleas y protestas desde las 10 hs. en el INTI, Desarrollo Social, la Ex Esma, el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en la Secretaría de DD.HH., Parques Nacionales y otros organismos que atraviesan la desarticulación de sus sectores de trabajo”.
Frente al accionar del gobierno nacional, el Secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano sostuvo: “Cada despido del Estado debilita las herramientas que tiene la ciudadanía para tener una vida digna. Se siente en cada derecho que debe garantizar el Gobierno. No despiden casta ni ñoquis, te quitan tus derechos. Nosotros vamos a seguir peleando”.
“Miles de estatales han perdido su trabajo y se suman a los de estos últimos 6 meses en el sector público y privado. A gran parte de nuestro pueblo se le está hundiendo en la pobreza y hasta se le quitan las prestaciones básicas que daba el Estado. Además, el sector privado no está dinamizado y absorbiendo empleos como dice el gobierno. La etapa que nos toca es de lucha y resistencia, para alumbrar un lugar mejor en nuestro futuro”, prosiguió Catalano.
A su vez, en diálogo con Radio Trinchera, el delegado de ATE de la Secretaría de DDHH de la Nación, Octavio Rampoldi, declaró: “Detrás de cada despido hay una familia, y es una tarea específica que se deja de hacer. Están dejando afuera a personas que tienen más de 20 años de trabajo y en caso de la no renovación esa gente no va a cobrar ni siquiera indemnización”.
En tanto, la secretaría de Comunicación de ATE Capital, Romina Piccirillo, informó que los despidos “dejan descubiertas muchas políticas públicas. No sabemos, por ejemplo, cómo van a seguir dando sus servicios los programas de atención a las mujeres víctimas de violencia, ni cómo van a funcionar los sitios de la memoria”.
Con respecto a la manera en que se dieron los despidos, Piccirillo declaró: “Hay una reducción y vaciamiento que se está haciendo de manera masiva y arbitraria, porque no hubo una lógica de evaluación de desempeño, de control de presentismo o de antigüedad. Fueron despedidos compañeros y compañeras con muchísima trayectoria, formación y capacidades. Son despidos que responden sólo a reducir el gasto y hacer que áreas enteras del Estado dejen de funcionar”.
El viernes pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni había calificado a estos nuevos despidos como un operativo de “barrido y limpieza”, abonando al discurso sobre que los despedidos son ñoquis, que coexiste con el gran argumento libertario sobre las “ventajas” de hacer desaparecer al Estado. Incluso fuentes del gobierno dijeron que “cada ministerio se encargó de revelar quiénes son los que trabajan y quiénes no”.
También mencionaron que la sanción de la Ley Bases, que delegó facultades legislativas en el presidente, será una herramienta más para avanzar en la reducción, ya que permitirá hacer cambios en las dotaciones de los organismos y empresas estatales que quedaron exceptuadas de ser privatizadas.
“Cuando ahora se cumplan 3 meses (por el 1ro de julio) se va a ir una cantidad de gente, el próximo trimestre otra cantidad de gente y así hasta que lleguemos a la meta. Con la ley tenemos herramientas para que el proceso de despido no sea tan engorroso” detallaron las fuentes gubernamentales.
En tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se regodeó con la noticia y confirmó: “Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”. El “TODOS” alude a las políticas que buscaban reducir la violencia contra las mujeres y diversidades, que ahora quedaron totalmente desmanteladas.
Incluso, Milei se regocijó con tal liviandad al repostear a uno de los voceros de La Derecha Diario, que comentó sobre los despidos: “Javier Milei mantiene altos niveles de aprobación porque todo lo que prometió lo está cumpliendo”.
Relevamiento de despidos y políticas más afectadas
Tras las políticas de cesantías que el Gobierno impulsó desde el inicio de su gestión, ATE creó un Monitor de Despidos para contabilizar el impacto de estas medidas en todos los organismos estatales. El relevamiento se conformó mediante las comunicaciones fehacientes a través de telegramas de despidos, comunicaciones vía mail o whatsapp, e incluso comunicaciones verbales de instancias jerárquicas superiores.
El vaciamiento de distintas áreas de la Secretaría de Derechos Humanos afecta, por ejemplo, a los espacios y sitios de Memoria, donde no se renovaron 27 de las 42 contrataciones que vencían el 1 de julio. Además, hubo 700 despedidos en la Secretaría de Derechos Humanos.
El ex Ministerio de Desarrollo Social tuvo 370 despidos (tanto en sedes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en los Centros de Referencia en todas las provincias del país). En paralelo, el área de Parques Nacionales contabilizó 79 despidos y el INCAA sumó 20 despidos. En el INTI, la no renovación de 285 contratados mediante el monotributo fue acompañada del cierre de varias sedes del organismo en el interior del país.
En este sentido, una de las trabajadoras, señaló la gravedad de la quita de recursos y sostuvo: “En los centros de la Memoria somos alrededor de 65 trabajadores entre los ex centros de detención Olimpo, Orletti, Virrey Ceballos, Atlético, El Faro, la Escuelita de Famaillá y el Regimiento de Corrientes”.
El Ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tuvo 450 despidos (se trata del 85% del personal). De esta manera, la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, quedó desmantelada y otras áreas fueron muy afectadas, por ejemplo, la Línea 144 de asistencia a las mujeres víctimas de violencia, así como los hogares y programas que protegen a las diversidades, mujeres y niños que huyen de entornos violentos, y el equipo que debía aplicar la Ley Micaela destinada a formaciones contra la violencia de género.
Por el momento ya se registraron 2.305 despidos en todo el país desde el viernes 28 de junio. Aún falta reunir información de algunas provincias y organismos, además de las notificaciones que podrían llegar durante este lunes, por lo que el número podría aumentar en las próximas horas.
La agenda de protestas continuará el martes, a las 11 hs, con una asamblea frente al Ministerio de Justicia Sarmiento 329, mientras que el miércoles los delegados generales de ATE realizarán un plenario.
Sin dudas, esta nueva tanda se asienta sobre las históricas condiciones de precariedad de los trabajadores del Estado. Los cesanteados son parte de los 50 mil trabajadores con contratos a los que el gobierno de Milei prorrogó su duración por tres meses en marzo, cuando tuvo lugar la ola de despidos más grande de la gestión libertaria (unos 15 mil). En aquel momento el gobierno anunció que habría una “auditoría permanente”, un eufemismo para hacer saber que cada trimestre realizará estas olas de despidos.
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