El Foro de Periodismo Argentino consideró que el decreto firmado por Javier Milei “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”. Se destacó que el acceso a la información es fundamental para el ejercicio de otros derechos. En paralelo, diputados opositores aseguraron, que con esto “se debilita el funcionamiento de nuestra democracia”.
Frente a las nuevas restricciones que el presidente Javier Milei impuso esta semana sobre la ley de Acceso a la Información Pública, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su contundente rechazo calificándolas como “un grave retroceso democrático”. En este sentido, mediante un comunicado, el organismo sostuvo que el decreto 780/2024, reglamentario de la Ley N° 27.275, que introduce estos cambios “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.
El escrito presentado por FOPEA destaca que el decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial, establece restricciones que no están previstas por la ley original, como la exclusión de información sobre el ámbito privado de funcionarios, incluso cuando esta tiene relevancia pública. También cuestiona la limitación del término “documento”, la exclusión de deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo del acceso público.
Asimismo, el Foro alertó sobre un artículo que podría imponer indemnizaciones por solicitudes de información que no se consideren hechas de “buena fe”. También reafirma que toda información en poder de los órganos públicos debe ser accesible, recordando que los ciudadanos son los verdaderos dueños de esa información.
En este sentido, el Foro citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su escrito, y sostuvo: “El permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”. Además subrayó que en una sociedad democrática los funcionarios públicos deben estar expuestos al escrutinio y la crítica.
También el FOPEA mostró en su documento la fuerte preocupación de la creación de un registro para identificar a los solicitantes de información, su solicitud y la respuesta recibida, lo cual consideran que podría llevar a un control indebido sobre quienes ejercen su derecho de petición. El foro recuerda que según la ONU, en un Estado democrático no debería haber “secretos” ni informaciones privilegiadas que sirvan a intereses particulares.
En consonancia, la presidenta del FOPEA, Paula Moreno, manifestó su preocupación por la restricción al acceso a la información pública y criticó al presidente Javier Milei y a los legisladores por la avanzada contra el acceso a la información pública. “Estamos ante un desmadre, es muy difícil definir este momento. Si un Presidente quiere que los periodistas seamos personas expuestas para sentarse a dar una conferencia de prensa, estamos arrancando muy mal”, sostuvo Moreno.
En este contexto, la titular del Foro detalló: “Necesitamos audiencias críticas que miren y analicen todo. Me preocupa el grito constante y el silencio en espacios con responsabilidades institucionales. Los legisladores fueron parte de la limitación a la información pública, ellos deberían alertar sobre esto”.
Advertencia en el Congreso
Frente al avance del Gobierno nacional en la modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la redefinición de la terminología y con la limitante al acceso de la información privada, los diputados opositores consultaron “si el Poder Ejecutivo consultó expresamente a la Agencia de Acceso a la información Pública (AAIP) sobre la pertinencia, conveniencia y/o necesidad de instrumentar medidas que restringen el acceso a la información pública”.
En este sentido, en el escrito dirigido a la AAIP y a la Jefatura de Gabinete de Ministros señalaron: “En caso afirmativo, informar los fundamentos esgrimidos por la AAIP para acompañar o rechazar el Decreto 780/2024”. Y agregaron: “En caso de que la AAIP no haya sido consultada sobre los alcances del citado decreto, indique cuál es la postura de la Agencia frente al mismo”.
Por otro lado, solicitaron que se adjunte “copia de los dictámenes emitidos por organismos o dependencias públicas en el marco del expediente administrativo que dio origen al referido Decreto”, y también que se anexe “copia de las consultas realizadas a entidades u organismos de la sociedad civil referentes en la materia y obrantes en el expediente administrativo que dio origen al Decreto 780/2024”.
“Entendemos que con esta medida el Gobierno restringe el derecho de los ciudadanos a preguntar e informarse sobre los funcionarios públicos, quienes desde el momento en que toman la decisión de ejercer cargos en los que se administran recursos del Estado deben estar sometidos al control de la sociedad”, manifestaron los diputados opositores.
Finalmente, los funcionarios sostuvieron que “la reserva de información respecto del patrimonio, la agenda y los gastos de los funcionarios que plantea el Decreto 780/24 nos retrotrae a la opacidad del pasado, marcada por la corrupción y abusos de poder”. “De esta manera se debilita el funcionamiento de nuestra democracia y se genera una pérdida de confianza social en las instituciones”, concluyeron.
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