En una actualidad atravesada por despidos masivos en la administración pública nacional, esta semana la Justicia dio un nuevo revés al gobierno de Javier Milei: se ordenó una nueva reincorporación de unx trabajadorx trans. “Desde el mes de mayo logramos tres reincorporaciones que sientan precedente para la justicia”, sostuvieron desde ATE Capital.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la administración pública nacional atraviesa un escenario de despidos masivos junto con un cruel ataque contra las políticas públicas en general y, en particular, contra todos los avances y conquistas en materia de género y diversidad sexual. Sin embargo, esta semana la justicia ordenó la reincorporación de unx trabajadorx trans fundamentando la jerarquía de la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”.
En principio, la demanda judicial fue presentada por el Consejo Directivo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital y resuelta por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 que ordenó la reincorporación de unx trabajadorx trans despedidx en la secretaría de Educación, dependiente del ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovello.
De esta manera, el fallo constituye que “el daño generado por la forma intempestiva en que se realizó la desvinculación contractual excede al aspecto económico que la pérdida del salario puede provocar al demandante y trasciende a su aspecto espiritual y anímico, máxime cuando su acceso al contrato estuvo vinculado con la aplicación de la ley 27636 que protege sus derechos en virtud de la situación de vulnerabilidad en que su condición lo coloca dentro de la sociedad y que el Estado mediante la ley señalada procura proteger”.
Es decir, que se reconoce la responsabilidad del Estado nacional en el daño ocasionado por la desvinculación de lx trabajadorx, y se ordena su inmediata reincorporación, en el mismo puesto, tareas y funciones que venía desarrollando. Es así, que se le dicta el cumplimiento de las obligaciones del Estado argentino en materia de igualdad y no discriminación, ya que viene siendo sistemáticamente incumplida y desconocida por esta gestión.
Mediante un comunicado, la Secretaría de Género y Diversidad del sindicato sostuvo: “Desde ATE Capital nos pusimos al frente de esta pelea, en todos los ámbitos. Gracias al enorme trabajo de nuestro equipo jurídico hemos logrado, hasta el momento, tres fallos favorables para reincorporar a sus puestos de trabajo a compañeres del colectivo TTTNB”.
“Debemos seguir peleando día a día hasta conseguir el cumplimiento efectivo de la ley. Acá nadie se salva en soledad. Todavía falta mucho. Trabajadorxs somos todes”, prosigue el escrito.
Finalmente, la secretaria de Género y Diversidad, Clarisa Gambera, declaró: “Fue compleja la situación porque era necesario ser federales, recibir y acompañar personas de todo el país. Estamos ante una situación de discriminación por parte del Gobierno nacional, que parece enfocar sus ajustes en áreas relacionadas con género, diversidad y derechos humanos, lo que expresa una perspectiva discriminatoria”.
Cabe recordar que la Ley del Cupo Laboral Trans fue aprobada con el objetivo de que el Estado argentino cumpla sus responsabilidades. Según informaron desde ATE Capital, el fallo del Tribunal destaca la obligación estatal del cupo laboral travesti, transexual y transgénero, que debe ser de una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.
Además, señala que el objeto es “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.
Para finalizar, un dato no menor es que se trata del primer revés judicial de este tipo durante la gestión de Javier Milei, y se espera que en los próximos días se emitan nuevas cautelares en respuesta a las presentaciones judiciales realizadas por el sindicato. Estas acciones se suman a las medidas de fuerza dispuestas para enfrentar las políticas de ajuste y desmantelamiento del Estado.
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